No votamos nulo

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El voto nulo se ubica entre los grandes perdedores de la competencia electoral realizada el 6 de septiembre.

Son votos válidos el 90.81% de los votos emitidos el 6 de septiembre, con base en los resultados que arrojaban casi la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En la contienda para elegir al binomio presidencial, únicamente 4.18% de los votos emitidos fueron nulos, y 5.01% fueron votos en blanco. Es poco dramática la diferencia entre estos resultados y los de procesos electorales anteriores. En las elecciones del 2011, el voto nulo sumó 4.24% del total y el voto en blanco fue de 7.61%; en las elecciones del 2007 se emitieron 5.74% votos nulos y 3.57% votos en blanco; en 2003, se depositaron 4.75% votos nulos y 3.88% en blanco.

El alza en los votos nulos tendría que haber sido espectacular, dadas las múltiples campañas que activamente promovieron esta opción. Además de pegar carteles en espacios públicos, algunas organizaciones usaron blogs y etiquetas en las redes sociales, tales como Revolucióninteligente#unmovimientoconsciente, Todos por el voto nulo, #nohayporquienvotar y Yo voto nulo. Esta postura fue defendida por personas de distintas ideologías. Mis amigos Ricardo Rivera y Marta Yolanda Díaz Durán motivaron el voto nulo como señal de protesta. Marta Yolanda enfatizó que falsean sus preferencias quienes emiten un voto de rechazo o se decantan por el “menos peor”. Marco Antonio Garavito, psicólogo social y catedrático de la USAC, calificó el voto nulo como una “oportunidad para replantear el sistema fallido”. El abstencionismo, sumado a abundantes votos nulos, expresarían la indignación ciudadana y deslegitimizarían al sistema político, pronosticó Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac).  El Movimiento Semilla, a su vez, formalmente llamó a suspender las elecciones para establecer un gobierno de transición. Incluso se rumoró que, al evidenciarse la caída en las encuestas de Manuel Baldizón, los partidos políticos Líder y Corazón Nueva Nación trocaron sus vallas rojas por vallas con el lema “¡En estas condiciones no queremos elecciones!”. En pocas palabras, se invirtieron recursos humanos y financieros en esta plataforma.

Días antes de las elecciones, en su columna El pequeño gran país, Samuel Pérez imaginó un glorioso boicot de las elecciones orquestado por los voluntarios y funcionarios del TSE, conjuntamente con los votantes. Si este es el sueño dorado de Pérez, ¿será la realidad su peor pesadilla? Porque lo que se produjo fue una afluencia masiva en casi todos los departamentos del país.

Un 70.28% de los ciudadanos empadronados acudieron a las urnas el domingo y, como ya se observó, la gran mayoría de éstos emitieron votos válidos, excepto quizás en lo que respecta al Parlamento Centroamericano. Se superó así la presencia en la primera vuelta en las tres elecciones generales previas, donde el porcentaje de empadronados que participó ascendió a 57.9%, 60.2%, y 69.38%, respectivamente.

Comprendimos que bajo las reglas del juego actuales, los votos nulos ni castigan ni premian a los candidatos. Si 50 de 100 electores anulan su voto, el resultado lo fijará la mitad restante. Quienes votan nulo son llanamente invisibles.

Los ciudadanos, motivados por los efectos de las pacíficas manifestaciones recientes, encontramos más lógica en el llamado #VotarEsManifestar que en el llamado a deliberadamente anular nuestro voto o a abstenernos. Al favorecer a candidatos no tradicionales para ocupar la presidencia, las alcaldías y el Congreso, enviamos un mensaje en contra de la corrupción a la clase política. Los nuevos diputados deberán contemplar reformas al sistema electoral, entre ellas la conveniencia de redefinir el peso de los votos válidos y los votos nulos.

Este artículo fue publicado el 11 de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES. He corregido un error de la versión original.

 

 

 

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El votante y la Ley Electoral

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Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de forma precipitada y sin ton ni son, perjudicará a los votantes.

Existe consenso: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe reformarse. Escándalos provocados por estafas, robos, corrupción y asesinatos han empañado la reputación de numerosas agrupaciones políticas. Además, notamos demagogia y populismo, una inestable oferta partidaria, la rotación de figuras entre los partidos, y poca transparencia. Llevan parte de la culpa las reglas del juego existentes, tanto cuando son violadas como cuando son acatadas.

Podemos cosechar mejores resultados cambiando las reglas, pero sólo si optamos por buenas reglas. Aprobar un revoltijo de propuestas promovidas por distintos grupos de interés puede enturbiar aún más el sistema. La percepción de que pronto se esfumará la ventanita de oportunidad abierta para reformar la LEPP, ha llevado al Congreso a aprobar, de urgencia nacional, varios parches que no han sido sosegadamente estudiados.

Tres nocivas consecuencias deben evitarse al modificar la LEPP: alejar el quehacer político aún más de la vista fiscalizadora de la ciudadanía, elevar las barreras de entrada a ciudadanos comunes y corrientes, y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un monstruo inoperante, recargándolo de atribuciones.

Los políticos no son clase aparte. Son guatemaltecos de carne y hueso que teóricamente nos sirven. Por eso es sana la alternancia en el poder y la cercanía del funcionario con sus representados. Los políticos electos laboran con transparencia cuando tienen un vínculo con su electorado, cuando su distrito es menos extenso y/o más homogéneo. Además, así se mitiga la dominante distorsión generada por la búsqueda de rentas. Los votantes podemos exigir cuentas cabales cuando sabemos a quién dirigirnos. Más que equidad de género y etnia dentro de listas cerradas, queremos ser libres de elegir a nuestros representantes por nombre. Importa menos que mi representante sea mujer y ladina a que confronte el incentivo de satisfacer mis preferencias.

Los procesos electorales son ineludiblemente competitivos. Será mejor transparentar la competencia que intentar restringirla por ley, elevando barreras de entrada al mercado político o estableciendo un cartel de pocos partidos poderosos. Distanciarnos del multipartidismo podría simplemente conducir a pugnas feroces tras bambalinas, ocultas a nuestra vista. ¿Porqué hacer distinción entre los partidos y los comités cívicos, y porqué evitar la posibilidad de que un Llanero Solitario sin organización alguna se someta a elección popular?

Los votantes indecisos nos quejamos porque ningún candidato llena nuestras expectativas. Si nuestra vacilación se debe a nuestro desconocimiento de los planes de gobierno, a un desprestigio generalizado del gremio político, o a nuestra tendencia a apostarle al caballo ganador, ganamos muy poco sacando del ring a los partidos chiquitos.

Garantizar la independencia y empoderar al Tribunal Supremo Electoral no es lo mismo que sobrecargarlo de atribuciones. Se corroerá su merecido prestigio si sus encargos son ambiguos o imposibles de cumplir. La credibilidad del TSE sufre cuando luce incapaz de someter a los actores políticos a ciertas normas que por su naturaleza están tentados a violar. También sufrirá si existe confusión respecto de asuntos como la validez del voto nulo. Si sumamos a las veintitrés funciones que ya pesan sobre los hombros de los magistrados la de ser banco o financista único de las campañas electorales, los incentivos perversos estarán de su lado. Debemos cuidar de no poner en aprietos o tentación al TSE con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Acaso no sería mejor propiciar un diálogo abierto y evitar aprobar atropelladamente unas enmiendas sin ton ni son?

Este artículo fue publicado el 7 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.