El votante y la Ley Electoral

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Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de forma precipitada y sin ton ni son, perjudicará a los votantes.

Existe consenso: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe reformarse. Escándalos provocados por estafas, robos, corrupción y asesinatos han empañado la reputación de numerosas agrupaciones políticas. Además, notamos demagogia y populismo, una inestable oferta partidaria, la rotación de figuras entre los partidos, y poca transparencia. Llevan parte de la culpa las reglas del juego existentes, tanto cuando son violadas como cuando son acatadas.

Podemos cosechar mejores resultados cambiando las reglas, pero sólo si optamos por buenas reglas. Aprobar un revoltijo de propuestas promovidas por distintos grupos de interés puede enturbiar aún más el sistema. La percepción de que pronto se esfumará la ventanita de oportunidad abierta para reformar la LEPP, ha llevado al Congreso a aprobar, de urgencia nacional, varios parches que no han sido sosegadamente estudiados.

Tres nocivas consecuencias deben evitarse al modificar la LEPP: alejar el quehacer político aún más de la vista fiscalizadora de la ciudadanía, elevar las barreras de entrada a ciudadanos comunes y corrientes, y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un monstruo inoperante, recargándolo de atribuciones.

Los políticos no son clase aparte. Son guatemaltecos de carne y hueso que teóricamente nos sirven. Por eso es sana la alternancia en el poder y la cercanía del funcionario con sus representados. Los políticos electos laboran con transparencia cuando tienen un vínculo con su electorado, cuando su distrito es menos extenso y/o más homogéneo. Además, así se mitiga la dominante distorsión generada por la búsqueda de rentas. Los votantes podemos exigir cuentas cabales cuando sabemos a quién dirigirnos. Más que equidad de género y etnia dentro de listas cerradas, queremos ser libres de elegir a nuestros representantes por nombre. Importa menos que mi representante sea mujer y ladina a que confronte el incentivo de satisfacer mis preferencias.

Los procesos electorales son ineludiblemente competitivos. Será mejor transparentar la competencia que intentar restringirla por ley, elevando barreras de entrada al mercado político o estableciendo un cartel de pocos partidos poderosos. Distanciarnos del multipartidismo podría simplemente conducir a pugnas feroces tras bambalinas, ocultas a nuestra vista. ¿Porqué hacer distinción entre los partidos y los comités cívicos, y porqué evitar la posibilidad de que un Llanero Solitario sin organización alguna se someta a elección popular?

Los votantes indecisos nos quejamos porque ningún candidato llena nuestras expectativas. Si nuestra vacilación se debe a nuestro desconocimiento de los planes de gobierno, a un desprestigio generalizado del gremio político, o a nuestra tendencia a apostarle al caballo ganador, ganamos muy poco sacando del ring a los partidos chiquitos.

Garantizar la independencia y empoderar al Tribunal Supremo Electoral no es lo mismo que sobrecargarlo de atribuciones. Se corroerá su merecido prestigio si sus encargos son ambiguos o imposibles de cumplir. La credibilidad del TSE sufre cuando luce incapaz de someter a los actores políticos a ciertas normas que por su naturaleza están tentados a violar. También sufrirá si existe confusión respecto de asuntos como la validez del voto nulo. Si sumamos a las veintitrés funciones que ya pesan sobre los hombros de los magistrados la de ser banco o financista único de las campañas electorales, los incentivos perversos estarán de su lado. Debemos cuidar de no poner en aprietos o tentación al TSE con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Acaso no sería mejor propiciar un diálogo abierto y evitar aprobar atropelladamente unas enmiendas sin ton ni son?

Este artículo fue publicado el 7 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

 

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Campañas, dinero y transparencia

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¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.