Guatemala arde

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¿Podemos los guatemaltecos convivir en paz, aquí, en este pedazo de tierra que compartimos? ¿De qué depende?

Dejan muertos los motines en las cárceles y los ataques armados en Chimaltenango, Suchitepéquez, Boca del Monte y otras ciudades. Turbas armadas invaden propiedades privadas en Villa Nueva, Izabal, y quién sabe dónde más; operan con impunidad. Comunidades huyen del crimen organizado en el Triángulo Norte, advierte insightcrime.org. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) afirma que el primer trimestre del 2016 se registraron más muertes violentas que en el mismo período del año anterior. La Hora informa que Guatemala se ubica en la sexta casilla de 133, por la violencia registrada en el país, según el Índice de Progreso Social 2016. Guatemala corre peligro grave.

Frente a esta realidad, a veces nos sentimos como Nerón, quien supuestamente tocó el violín mientras Roma ardía en llamas, en julio del año 64. Los historiadores aclaran que Nerón no tocó el violín, un instrumento inventado en el siglo XI, ni ignoró el incendio. Quiso atender la crisis, pero ningún gesto sirvió para recuperar la confianza de sus súbditos. El emperador pasó a la historia como el inescrupuloso tirano que ciertamente fue.

¿Ignoro yo la crisis nacional, si uso este espacio semanal para reseñar un libro? Se trata de un libro titulado Economía para Sacerdotes (2016) que fue escrito por dos extranjeros, los filósofos argentinos Gabriel Zanotti y Mario Šilar. No lo creo, porque nos haría un inmenso bien asimilar las joyas de sabiduría contenidas en este texto hoy, cuando Guatemala arde. Me terminé de convencer de ello tras compartir la semana pasada con el Dr. Šilar, quien visitó nuestro país para impartir una serie de clases y conferencias.

La actividad económica, tal y como la describen Zanotti y Šilar, es un antídoto contra la violencia. Cuando Juan y Pedro llegan a un acuerdo voluntario, es porque ambos perciben ventajas de intercambiar. Ni Juan ni Pedro tienen incentivo de imponer su voluntad al otro con machetes, palos o pistolas. Todo lo contrario: el bienestar del prójimo es bien visto, sin envidias ni resentimientos. Los mercados libres son ciegos a las diferencias étnicas e ideológicas, a los títulos académicos y a las conexiones políticas. Cualquiera puede descubrir oportunidades, emprender, trabajar duro y crear riqueza. Incluso los que pueblan la “periferia” y los asalariados, que dicho sea de paso, nada tiene de malo ser empleado. Los forasteros que vienen a invertir y a comerciar nos hacen bien; quienes vienen a instigar pleitos y revoluciones, nos empobrecen. “Hay en la economía, verdaderamente, una auténtica opción preferencial por el pobre,” concluyen Zanotti y Šilar.

El título del libro es engañoso, pues los autores no conversan exclusivamente con sacerdotes. Se dirigen a aquellas personas que anhelan el progreso pacífico pero no terminan de comprender la actividad económica. “El texto supone abordar en clave diáfana problemas que requieren, para su mejor comprensión, de la sistematización de una cierta conceptografía (vocabulario específico y técnico) propia del análisis económico,” aclaran los autores.

Subrayan una y otra vez que nuestra participación en el mercado no riñe necesariamente con la ética. Los seres humanos no somos ángeles. Por ello, conviene edificar arreglos institucionales “que permitan a los agentes adoptar conductas responsables y prudentes”. Conviene contar con una “constitución limitante del poder, que obligue al gobierno al respeto a los derechos personales”. Sobre todo, el respeto al orden espontáneo, a los contratos y a la propiedad legítimamente adquirida.

Entre más guatemaltecos abracen estas lecciones, menos probabilidades tenemos de caer en manos de tiranos y criminales violentos.

Este artículo fue publicado el 2 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La foto de Mario Silar presentando su libro fue tomada por Ramón Parellada.

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Yo pagué mordida…

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La lucha ciudadana contra la corrupción pasa por efectivos sitios para reportar el pago de mordidas.

Los esposos Swati y Ramesh Ramanathan se mudaron de Estados Unidos a la India para contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades hindús. Fundaron una asociación no lucrativa, Janaagraha, que intenta incrementar la participación ciudadana en la administración pública, incluso en la elaboración de los presupuestos. Pronto tomaron conciencia del costo que padecen los habitantes de su nuevo hogar por causa de la “corrupción al detalle”, como le llama Swati. Ello los motivó a lanzar el sitio ipaidabribe.com (Yo pagué una mordida). Allí los ciudadanos pueden reportar anónimamente qué pagaron, a quién y cuando. Ahora sabemos que en Hyderabad, India, para recibir un reembolso del fisco al cual tienen derecho, las personas deben pagar 10,000 rupias. O que en Karachi, Paquistán, es necesario pagar 3,000 rupias por la licencia de conducir, después de haber aprobado el examen. En Nairobi, Kenia, los padres de familia tienen que pasar dinero bajo la mesa a oficiales con poder discrecional para admitir a sus hijos en la secundaria.

Ipaidabribe.org cosecha resultados novedosos. Usualmente, se castiga tanto al corrompido como al corruptor, por lo cual ninguno de los dos delata la transacción. Dicho silencio es dañino: nos impide dimensionar el fenómeno. El cúmulo de reportes en este sitio genera estadísticas que permiten conocer a fondo cómo se llevan a cabo los principales abusos de poder, cuáles patrones se repiten, el tipo de mordidas que se extraen, la concentración en una u otra dependencia, y más. También es posible reportar que se detectó un funcionario honesto, o que no se pagó la mordida solicitada. Es como una foto de este mundo antes secreto.

El sitio hindú anuncia que ha recibido 71,050 informes de 1,068 ciudades. Organizaciones no lucrativas y gobiernos de más de 17 países han contactado a la Sra. Ramanathan para replicar el proyecto, y ya existen páginas electrónicas similares. En América Latina se implantó el programa en Guyana y Colombia, y pronto estará disponible para los ciudadanos de Brasil y Argentina. En Guatemala existe algo parecido: guatemalasincorrupcion.org. Con la información recaba, la asociación cívica puede solicitar a las autoridades que pongan en marcha mejores sistemas y que hagan cumplir la ley.

El anonimato del informante tiene una desventaja: no se puede verificar la veracidad del reclamo. La gran mayoría de usuarios del sitio hindú, sin embargo, son honestos. Además, cuando el río truena es porque piedras lleva. Múltiples quejas sobre un oficial confirman un problema.

No existen garantías de que las delaciones, por sí mismas, tendrán impacto. A veces, un funcionario puede mejorar la calidad de su servicio por el mero temor a ser señalado, pero algunos se podrían resistir a cambiar su conducta inmoral aún después de ser detectados, nombrados y avergonzados públicamente.

La esperanza es que esta información conduzca a eliminar trabas y discrecionalidades, o a reformar los procedimientos defectuosos. El comisionado del transporte de un estado de Bangalore promovió una reforma del departamento de tránsito sobre la base de la información provista por el sitio. Ahora, la aplicación para obtener una licencia se completa en línea y los exámenes de conducir son automatizados. El comisionado buscó eliminar las decisiones caprichosas y discrecionales de los inspectores del tránsito. Tuvo que despedir a algunos oficiales maleados y también filmar a todos los que laboran en la oficina, para asegurar un manejo transparente de su trabajo.

Guatemala Sin Corrupción y otros sitios similares, como Ipaidabribe, pueden aumentar el control ciudadano sobre sus servidores públicos haciendo visible la corrupción.

Este artículo fue publicado el 29 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Beato Óscar Romero

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¿Reivindica a la teología de la liberación esta beatificación?

Crecí pensando que el Arzobispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, ahora beato, había militado en el movimiento de extrema izquierda, promoviendo activamente el comunismo marxista. Después de todo, fue asesinado por un franco-tirador asociado con los anticomunistas escuadrones de la muerte. Yo asociaba a Romero con figuras como Ernesto (Ché) Guevara, Salvador Allende y Camilo Torres, el sacerdote colombiano que empuñó las armas; para estas tres figuras, el fin justificó los medios violentos. Mis impresiones pueden deberse a la rápida usurpación de su figura por parte de la izquierda. Romero es aclamado como mártir de la revolución, motivado por una ideología política y una ambición terrenal. ¿Es veraz esa apreciación?

Con motivo de la beatificación de Monseñor Romero el 23 de mayo, releí el libro de Phillip Berryman, The Religious Roots of Rebellion. (1986) Berryman es un teólogo de la liberación que abandonó el sacerdocio para casarse y que, por cierto, vivió un tiempo en Guatemala. Esta relectura me abrió los ojos: Berryman hace esfuerzos extremos por pintar a Romero como su aliado. Es como si Berryman quisiera poner palabras en boca de un reacio arzobispo. Según Berryman, Romero se “convirtió” de conservador en socialista tras el asesinato de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, en 1977. Romero lamenta la muerte violenta de su amigo, pero en sus declaraciones no llama a derrocar el gobierno ni a empuñar las armas. Pide a las autoridades que se esclarezca el crimen y que cese la violencia.

Berryman se lamenta que las cartas y los sermones de Monseñor Romero sean formales y de un contenido doctrinal. En su carta pastoral sobre la iglesia y las organizaciones políticas populares (1978), Romero enfatiza que la política y la fe no deben confundirse. No hay que creer con fe religiosa en los fines de la organización terrenal, ni afirmar que sólo participando en estas organizaciones podemos manifestar nuestra fe. Berryman retuerce lo anterior y traduce así: las organizaciones marxistas son sinónimas de la Iglesia. Y es que Berryman estuvo involucrado con las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) de los Maryknoll, que hicieron su parte por involucrar a cristianos, muchos de ellos campesinos, en las actividades guerrilleras.

A Berryman tampoco le agrada el análisis que hace Romero de la violencia. Siguiendo los lineamientos del documento producido por el Consejo Episcopal Latinoamericano en Medellín (1968), el Arzobispo distingue entre violencia institucional, represiva, espontánea, de defensa personal, y terrorista o sediciosa. Berryman se centra en el lógico rechazo del pastor a la represión gubernamental; minimiza el hecho de que también acusa a la guerrilla de violencia sediciosa o terrorista.

Eric M. Johnson (2000) escribió que “el Arzobispo Romero no fue marxista, ni fue principalmente un animal político, aunque su trayectoria sugiere que pudo haber terminado así. Al final, demandó que las manifestaciones no profanaran las iglesias, y fue por todos los relatos un excelente pastor para su pueblo…” La turbulenta época que le tocó vivir, apunta Johnson, llevó a Romero a comprender que El Salvador había entrado en una guerra civil ideológica y a pensar que tenían que producirse cambios sociales para alcanzar la paz.

Aún y si Romero hubiera estado usando el púlpito para difundir propaganda comunista, no merecía morir asesinado a media misa. Quizás debamos verlo como un hombre que, dado el país y el momento histórico que le tocó vivir, intentó proteger a la Iglesia Católica de la fría guerra ideológica. En su mensaje a los salvadoreños, el Papa Francisco resaltó que Romero permaneció fiel al Evangelio y a la Iglesia.

Este artículo fue publicado el 29 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La ilustración contiene una fotografía de la carátula del libro citado en el artículo y de Monseñor Romero tomadas de estos sitios:http://www.pastoral-vocacional.org/cadames_modelo/romero.html; http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C3VAGZRPL._SY344_BO1,204,203,200_.jpg

Lecciones ciudadanas

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El caso de corrupción de La Línea fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia ciudadana. Queremos protegernos de futuros abusos por parte de los políticos.

De lo sucedido destilamos por lo menos 7 lecciones claras.

  1. Es importante asegurar la institucionalidad frente a la crisis, pero hay instituciones buenas y malas. Está institucionalizada la corrupción, y buscamos reducir su efecto corrosivo en la administración pública. ¿Qué instituciones concretas debemos proteger? Es pésima alternativa retornar lo antes posible a la mediocre normalidad, mandando a los pacíficos manifestantes a sus casas. Una ciudadanía indignada brinda la oportunidad de analizar desapasionadamente los cambios que urge ejecutar dentro del Organismo Judicial, en el sistema tributario y aduanero, a la Ley electoral y de partidos políticos, entre otros. Obliguemos a la clase política a fortalecer las instituciones congruentes con un verdadero Estado de Derecho y con las garantías a la libertad personal.
  2. Para reducir la corrupción en las aduanas, exijamos un arancel único y bajo, así como la eliminación de los demás obstáculos al comercio que otorgan un poder discrecional a los funcionarios. Para terminar con la corrupción, cerremos las aduanas. No seríamos el primer territorio liberado de ese yugo: el intercambio dentro de la Unión Europea, así como el comercio interestatal en Estados Unidos, se produce ordenadamente sin control aduanero. ¿Cuánto ahorraría el Gobierno de Guatemala si desmantela el oneroso y burocrático sistema aduanero?
  3. Eliminar las aduanas no nos convertiría en un país paria con criminalidad desbordada. ¡Hasta podría disminuir la inseguridad y la violencia! Las actividades lícitas, como el trasiego de alimentos, ya no serían tachadas de contrabando, ni distraerían la atención de las autoridades de crímenes serios; podrían enfocar todos sus esfuerzos en combatir el terrible tráfico de humanos y de armas, por ejemplo.
  4. Estamos hastiados de las mentiras, la demagogia y el populismo. Los partidos políticos fueron los grandes perdedores del escándalo que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Comprendimos que supuestos aliados y opositores dudaron en sacrificar a un miembro de la clase política, porque ello implica que cada uno de ellos podría correr similar suerte, desde el despojo de su inmunidad hasta la cárcel.
  5. Existen personas honradas que incursionan en la arena política, pero les cuesta hacer mella en su medio. Los buenos políticos son marginados o corrompidos en el camino. Se nos cayó el velo romántico de los ojos y vimos claramente los incentivos perversos que imperan sobre los actores. Los engranajes de esta gran maquinaria pervierten. Para tener una administración pública transparente, no basta con cambiar a las personas que pueblan la arena política.
  6. Las reglas del juego deben diseñarse siguiendo las recomendaciones de David Hume: “Al definir los controles de cualquier sistema de gobierno, y fijar los varios pesos y contrapesos de la constitución, debemos asumir que cada hombre es un bellaco, cuyas acciones no obedecen a otro fin más que el de servir sus intereses privados.” Con límites al poder adecuados, tanto los gobernantes ángeles como los gobernantes demonios, serán incapaces de pasar una costosa factura a los ciudadanos.
  7. Contra mis expectativas, las redes sociales y las organizaciones cívicas incidieron sobre las decisiones tomadas por nuestras autoridades. Completan así la mínima e insuficiente información que trasladan nuestros votos válidos en las urnas. Sigamos comunicando a los políticos que nuestras preferencias están alineadas con la transparencia, la justicia, y los límites al poder arbitrario. Si se comprometen con reformas en esta línea, no sólo les irá mejor en las urnas sino harán un bien a Guatemala.

Este artículo fue publicado el 15 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Acuerdo del Manifestante

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Imitemos a Martin Luther King, quien dijo “no dudamos en llamar ejército a nuestro movimiento. Pero era un ejército especial, sin más que su sinceridad por suministros, ningún uniforme más que su determinación, ningún arsenal más que su fe, ninguna moneda más que su conciencia.”

¿Qué pasó en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, el 19 y 20 de septiembre? Los medios reportan un trágico saldo: por lo menos ocho personas muertas, varias de ellas pertenecientes a la familia Pajoc Guamuche; otras personas hospitalizadas con heridas y quemaduras; cinco vehículos y tres casas incendiadas. Aunque los aterrorizados habitantes de la aldea se niegan a dar informaciones, algunos medios publicaron que un altercado respecto de la construcción de la planta cementera San Gabriel y el Anillo Regional detonó la violencia. La organización Convergencia por los Derechos Humanos afirmó que trabajadores de Cementos Progreso provocaron el incidente, pero el comunicado oficial de la empresa no sólo condena los hechos sino que afirma que las familias de sus colaboradores son las víctimas en este caso.

Aparentemente, nadie quiere asumir responsabilidad del atropello. Ninguna causa justifica a un tropel enmascarado prender fuego a familias completas, e impedir el ingreso a rescatistas que pudieran haber salvado unas de las vidas en peligro. Acierta el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando declara que “el Gobierno está a favor de las marchas, del derecho de petición ciudadana, pero no de los actos vandálicos y de violencia.” El Gobierno debe hacer valer los derechos básicos de los guatemaltecos, entre ellos el derecho a la vida y la propiedad. Quienes agreden a sus conciudadanos merecen el calificativo de terroristas, no manifestantes.

Este incidente nos obliga a replantear los límites a la protesta y la libertad de expresión. Carece de legitimidad cualquier movimiento que emplea medios barbáricos. Como demostraron Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Lech Walesa y otros líderes de protestas sociales, son más exitosas las agrupaciones que cuidan la legitimidad de sus métodos y de sus metas, y ello implica necesariamente renunciar a la violencia.

Propongo que los guatemaltecos nos obliguemos unos a otros a suscribir el siguiente Acuerdo del Manifestante:

  1. No mataré ni heriré a mis enemigos o amigos. No los atacaré con navajas o machetes, no los quemaré vivos, no los asesinaré con armas de fuego. No les lanzaré piedras, palos, granadas o bombas.
  2. No atentaré contra la propiedad privada. No invadiré terrenos y no destruiré viviendas, vehículos, negocios, puestos de venta, siembras, ganado, ni otros bienes. No toleraré el vandalismo.
  3. No cometeré actos vandálicos contra la propiedad gubernamental, incluyendo municipalidades, carreteras, puentes, puertos y más.
  4. No robaré. No me apropiaré de las pertenencias del prójimo, ni consentiré que una manifestación o protesta sirva de excusa para saquear casas o comercios.
  5. No extorsionaré a mis compatriotas para financiar mis actividades.
  6. No emplearé amenazas para obligar a las personas a abandonar su hogar, su trabajo o su pacífico estilo de vida.
  7. No mentiré. Me haré responsable de mis actos. Evitaré exagerar, distorsionar, encubrir o de otras formas falsear los hechos para avanzar mi causa. Renunciaré al cobarde anonimato. Recurriré al debate sano para persuadir a la ciudadanía de mi postura.
  8. Evitaré provocar disturbios sociales o sembrar el miedo en lugares públicos como estadios o cines, sobre todo si mi provocación es mediante un lenguaje que alienta un odio divisivo. Una turba irreflexiva y fuera de control es mi peor pesadilla.
  9. No pondré obstáculos a la libre locomoción de mis compatriotas. Mis manifestaciones no provocarán pérdidas económicas, daños al bienestar o a la vida de otras personas.
  10. Pediré que se castigue con todo el peso de la ley cualquier acto delictivo, aunque sus autores lo comentan en nombre de mi causa.

Este artículo fue publicado el viernes 26 de septiembre del 2014 en la revista Contra Poder y el CEES.

La foto fue tomada del sitio http://twadl.com/Guatemala/Pajoques/1/.

 

 

 

 

Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

Niños viajando con niños

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Nuestra promesa, nuestro futuro, camina hacia el norte en busca de mejores oportunidades. ¿Vale la pena asumir tantos riesgos?

Es contrario a la naturaleza humana desamparar a un hijo. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Por eso, chocan las imágenes de niños cruzando la frontera solos. Dichos reportajes revelan ya no sólo a adolescentes devenidos adultos por una vida dura, sino niños de aproximadamente diez años de edad, y aún menores. Abandonados en la frontera por el coyote, esperan ser detectados por agentes estadounidenses y llevados a un centro de detención. Según algunas fuentes, el número de guatemaltecos menores que viajan al norte se incrementó en 1,200% en pocos meses; se estima que entre 35,000 y 42,000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado recientemente. Los centros de detención están sobrepoblados; han habilitado bases navales y escuelas para albergarlos.

El reportero de Fox News, Charles Krauthammer, señala con razón que la pobreza y la violencia no explican este nuevo fenómeno porque en los tres países centroamericanos los índices de pobreza y violencia han sido constantemente mayores que los de Estados Unidos. Las mediciones tendrían que reseñar un significativo repunte en la delincuencia como para explicar la oleada de niños, expuestos a múltiples riesgos en su trayecto hacia el norte. Según Charles Parkinson de www.insightcrime.org, las estadísticas sí muestran un alza moderada en la violencia, principalmente en Honduras, pero este aumento no es abrupto ni masivo. Además, al ser encuestados, los niños no señalan de forma abrumadora que vengan huyendo de agresiones terribles ni de la indigencia.

Entonces, ¿qué otras hipótesis podemos formular? Una poderosa motivación es reunificar a familias largamente separadas. Es el caso de Elva Marroquín, relatado en un artículo publicado por CNN.** Ella y su esposo llevan seis años trabajando ilegalmente en Estados Unidos, sin ver a sus hijos de 10 y 7 años. Los chicos emprendieron el viaje sin compañía adulta cuando sus papás los mandaron a llamar. Elva sufrió angustia porque les perdieron el rastro, hasta que recibieron una llamada de un supuesto oficial de migración de Texas. La llamada se cortó y no han vuelto a saber de ellos. Elva se alegró de saberlos con vida, pero está asustada porque intuye que pudieran estar en manos de personas inescrupulosas.

La circulación de mala información también explica este fenómeno. Guisela Roldán, de la Asociación Pro Migrantes Centroamericanos (AMI), me contó que algunas familias creen, erróneamente, que será más fácil conseguir un estatus legal si tienen hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso, quienes viven indocumentados en Estados Unidos mandan a llamar a sus niños, y quienes anhelan irse, los mandan de avanzada. Adicionalmente, los coyotes cobran más por transportar a menores porque los chicos centroamericanos no son deportados automáticamente. En efecto, la legislación creó un limbo para los pequeños porque ni los deportan ni los entregan a sus parientes que se encuentran laborando allá ilegalmente.

Esta crisis pone de relieve una realidad nacional: la desintegración familiar no siempre se debe a maldad, ignorancia o negligencia. A veces se desarticula el núcleo por amor al hijo, porque migrar se considera superior a las alternativas. Considerando el valor que tiene para un niño crecer en un hogar unido, junto a su padre y su madre, duele el hecho que muchas familias guatemaltecas apuesten por la separación. ¿Cuán responsables son las legislaciones guatemaltecas y estadounidenses de provocar estos antinaturales incentivos? ¿Qué podríamos estar haciendo para cambiar la ecuación de costo-beneficio para estas familias, para que pudieran permanecer unidas y prosperar económicamente en el lugar de su escogencia?

Este artículo fue publicado el 27 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

**Según el Nuevo Herald, Elva Marroquín y su esposo ya están reunidos con sus hijos Angel y Dulce.