Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

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Cambio en Venezuela

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Después de la euforia, viene la reflexión realista. ¿Qué podrá hacer la oposición del chavismo con su victoria en las elecciones parlamentarias?

El domingo 6 de diciembre los venezolanos votaron contundentemente a favor del cambio. Días antes, el presidente Nicolás Maduro prometió bravuconamente salir a las calles si perdía el oficialismo. Las masivas manifestaciones en contra del régimen dejaron como saldo muertos y encarcelados políticos: la amenaza de Maduro era creíble. La Conferencia Episcopal de Venezuela emitió un comunicado rogando que se respetara la vida y la integridad física de los ciudadanos en vista de “los últimos hechos de violencia”. Un 60% de los venezolanos creía que el Consejo Nacional Electoral (CNE) era parcial al Gobierno. La oposición emitió alertas durante la jornada electoral, sobre todo cuando las urnas permanecieron abiertas pasada la hora prevista y se retrasó el anuncio oficial de los resultados.

Al final, el “tenemos que ganar como sea” de Maduro se transformó en “esto es una bofetada para despertar”. El castigado mandatario atribuye el revés a una “guerra económica” sin conceder que simboliza el fracaso del socialismo del siglo XXI. Pero es fácil explicar el sentir popular, según Chris Wright de la revista Forbes. Hasta los correligionarios del chavismo pasan hambre por desabastecimientos crónicos, en un país rico en reservas petroleras y recursos naturales. Las personas forman larguísimas colas intentando pescar escasos alimentos y medicinas. Estimados colocan la inflación entre 200-600 por ciento. Junto con Corea del Norte y Cuba, Venezuela ocupa los últimos lugares al nivel mundial en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage y The Wall Street Journal. Es una de las cuatro peores economías del mundo según Forbes: el PIB se encogió 4% en el año, las exportaciones cayeron y el desempleo empieza a crecer. Como acota la bloguera cubana Yoani Sánchez, “el hartazgo llegó”.

¿Puede la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hacer cambios en la economía con una mayoría en la Asamblea Nacional? Depende del número de escaños ganados y de la cohesión entre los diputados de la coalición. La MUD engloba a una variedad de tendencias ideológicas. El secretario general de la Mesa, Jesús Torrealba, perteneció al partido comunista; Henrique Capriles, candidato presidencial y fundador de Primero Justicia, se autodefine como “humanista”; Voluntad Popular de Leopoldo López se identifica como progresista y centrista. La plataforma ha evitado pronunciamientos sobre la economía precisamente por carecer de unidad de criterio. El barco venezolano virará de rumbo, pero no sabemos a ciencia cierta si los políticos electos lucharán por la libertad.

Escribo esta nota estando pendientes de anunciar los resultados para 2 de los 167 escaños en la asamblea, la cual fue completamente renovada en estos comicios. A partir del 5 de enero, los diputados tendrán cinco años para implementar reformas dentro del marco establecido por la bolivariana Constitución de 1999. Habiendo superado los 101 escaños, los diputados de MUD suman por primera vez en 17 años, una mayoría calificada o más del 69 por ciento de las plazas en el parlamento. Eso quiere decir que pueden aprobar o no el presupuesto, autorizar el enjuiciamiento del presidente o diputados, aprobar un estado de excepción o una reforma constitucional. También pueden sancionar leyes habilitantes y remover o vetar a ministros o al vicepresidente. Si hubiesen logrado 112 curules, podrían haber revisado tratados internacionales como Petrocaribe e incluso promover una asamblea constituyente.

La zozobra en Venezuela es tal que la sola posibilidad de provocar un impasse en la asamblea genera optimismo. Por el bien del país, espero que la oposición logre además revertir los daños provocados por el socialismo.

Este artículo fue publicado el 11 de diciembre del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

O’Grady: periodista amante de la libertad

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Yo admiro a Mary Anastasia O’Grady por su honestidad intelectual, su sentido de ética y su gran corazón. Tiende a levantar olas todos los lunes a través de su columna, publicada en el prestigioso medio The Wall Street Journal.

El sábado 9 de mayo, Mary O’Grady se convirtió en la cuarta mujer en recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Su nombre se suma así al de Bettina Bien Greaves, Jean Kirkpatrick y Deirdre McCloskey, quienes ya recibieron la distinción. La trayectoria de O’Grady demuestra a los estudiantes graduandos que los ideales de la libertad pueden moldear una carrera profesional exitosa.

Cada semana, Mary analiza la compleja situación económica y política de América Latina y Canadá. Consciente del impacto que pueden tener sus escritos en la región, es a la vez prudente y valiente. Evita simplificar la realidad, se esfuerza por comprender nuestras idiosincrasias y examina críticamente incluso las confesiones de los presidentes y de otros personajes poderosos a quienes tiene acceso directo.

Tres ejemplos concretos ilustran su estilo investigativo. Cuando el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, violó la ley  y fue destituido por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, O’Grady fue una de las pocas voces estadounidenses que no etiquetó el suceso de golpe de estado. De hecho, criticó duramente a su propio gobierno por colocarse del lado de la impunidad en ese caso. Más recientemente, señaló cómo fondos malversados de Petrobras se invirtieron en la campaña presidencial de la reelecta Dilma Rousseff. El tercer ejemplo actual tiene que ver con su osado cuestionamiento de los intransigentes métodos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en las negociaciones con el gobierno: teme que la institucionalidad democrática en Colombia esté en peligro.

Cubrir el continente entero le brinda a Mary una panorámica visión de conjunto. De sus escritos emanan lecciones importantes. El Estado de Derecho es frágil. Se puede construir o destruir. Tienden a prosperar y a ser menos corruptos aquellos países que optan por respetar las garantías individuales y participar del comercio libre. Para Mary, es inaudito que alguien admire el modelo cubano-venezolano, porque el mismo ha acarreado pobreza, violencia y desesperanza para los habitantes de esas naciones, al tiempo que provoca estragos en los países vecinos que reproducen algunas políticas públicas socialistas. Acusa a los funcionarios de Estados Unidos de anteponer su interés personal y partidista a los intereses de los latinoamericanos, y consecuentemente cargarnos altos costos, a raíz de la guerra contra las drogas, la imposición de estrictas leyes anti-adopciones, y el trato a los migrantes, entre otras medidas.

Poco sorprende que Mary irrite a funcionarios y reporteros de izquierda, quienes la tildan dramáticamente de fascista, oligarca y conservadora. ¡No! Curiosamente, O’Grady llegó al periodismo por la puerta trasera. De Assumption College y Pace University recibió títulos en Inglés y Administración Financiera, respectivamente. Tras completar su maestría, invirtió más de diez años en el sector financiero, prestando sus servicios en las empresas Advest, Thomson McKinnon Securities y Merrill Lynch. Abandonó ese mundo en 1995 para incorporarse a The Wall Street Journal (WSJ), y tan sólo cuatro años más tarde fue ascendida a redactora de las páginas editoriales. Se ha hecho acreedora de varios premios a lo largo de su carrera periodística, entre ellos el Premio Thomas Jefferson de la Association of Private Enterprise Education (2009) y el Premio de la Libertad Walter Judd de The Fund of American Studies (2012). Mary es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y del consejo directivo de Liberty Fund.

Hoy tenemos oportunidad de agradecer a Mary O’Grady los beneficios visibles e invisibles que ha generado para la región gracias a su trabajo.

Este artículo fue publicado el 8 de mayo del 2015 en Contra Poder y en CEES.

La foto es original de New Media, UFM.

 

 

 

 

 

 

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Corrupción en Guatemala y Venezuela

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La visita de empresarios venezolanos a Guatemala coincidió con el anuncio de las capturas por corrupción en la SAT y las aduanas. ¿Qué une estos eventos?

La compleja red de defraudación aduanera que involucra a funcionarios públicos nos sorprendió menos que la captura de veintiún personas por su presunta vinculación con La Línea, como se llama la organización criminal. No esperábamos ver a figuras como Omar Franco y Carlos Muñoz en esposas, pero todos sabíamos que dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas había corrupción. La Administración Pérez anunció que la combatiría. Se aprobó una nueva Ley Nacional de Aduanas en el 2013 y se ordenó a miembros del ejército y la PNC que vigilaran las operaciones en dichas entidades. Estas publicitadas medidas no obstante, millones de quetzales destinados al erario público se han desviado a cuentas personales; Acción Ciudadana describió la corrupción como una “enfermedad viral” a principios de año.

En paralelo, los venezolanos Marcel Granier y Luis Alfonso Herrera hablaron sobre la podredumbre dentro de su gobierno y la erosión de las libertades civiles de las cuales han sido testigos. En un panel foro organizado por la Universidad Francisco Marroquín, advirtieron que el trágico deterioro experimentado por Venezuela puede repetirse en cualquier nación latinoamericana. Granier, presidente y Gerente General de Radio Caracas Televisión (RCTV) y 1BC, ha vivido en carne propia la censura contra los medios de comunicación independientes por parte del represivo régimen bolivariano. Herrera, abogado y filósofo asociado al tanque de pensamiento CEDICE, describió cómo al irrespetar los derechos de propiedad privada, se violan también las otras libertades individuales.

Si en Venezuela falta papel de baño y otros insumos básicos, es realmente debido a la destrucción del mercado, así como a la lenta muerte de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Herrera comentó que en Venezuela no hay expropiaciones enmarcadas por el derecho, sino expoliación antojadiza. Al identificar la democracia con programas redistributivos populistas, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad.

Explicaron los expositores que en un principio, la ciudadanía no se percató del peligro que corría. Unos permanecían apáticos a los abusos contra otros. Se adaptaban para mantener su estilo de vida. El viciado modus operandi va atrapando nuevos cómplices que por tener la cola machucada y por proteger sus intereses, no denuncian lo que ocurre ni promueven reformas. Además, las autoridades hacen gala de la legalidad de su ilegítimo actuar, ya que han ido cambiando la constitución y las leyes para hacer caber sus desmanes, al tiempo que criminalizan actos cotidianos, antes libres, como vender, comprar, opinar y educar.

Es famosa la frase de Lord Acton sobre la corrupción asociada con el poder absoluto, pero casi nunca se cita la oración siguiente: “Los grandes hombres casi siempre son malos hombres, aún cuando ejercen influencia y no autoridad; todavía más cuando agregas la tendencia de la certeza de la corrupción por la autoridad”. Mientras las complejas burocracias y los reglamentos permitan a las autoridades tomar posesión de bienes ajenos, no importa quién asuma el poder. Con probabilidad se corromperá. Los excesos en la SAT, las aduanas y en los despachos del gobierno revolucionario bolivariano no cesarán cuando los cargos sean ocupados por personas éticas. Hace falta implantar reglas que prohíban los abusos inclusive a los pícaros.

A mayor libertad, menos corrupción. Entre más sencillos y claros sean los impuestos y los trámites aduaneros, menos corrupción. ¿Porqué? Porque es más fácil fiscalizar a las autoridades y porque el poder está disperso.

Este artículo fue publicado en la edición electrónica de la Revista Contra Poder el 20 de abril del 2015.

Tomé la fotografía que acompaña este artículo en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, el miércoles 15, durante el Foro de Libertad de Expresión y Propiedad Privada organizado por el Centro Henry Hazlitt. Los panelistas que aparecen en la foto son Marcel Granier y Luis Alfredo Herrera, ambos de Venezuela.

El populismo y la corrupción

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Abramos los ojos: las incoherencias en el discurso, la falta de transparencia y los vínculos de Podemos podrían ser emulados por políticos guatemaltecos.

El partido Podemos de España es una encarnación reciente del populismo. El partido se convirtió en la segunda agrupación política por número de afiliados al poco tiempo de su fundación. Hoy cuenta con más de 348 mil miembros y captó el 8% del voto en las elecciones para diputados al Parlamento Europeo. Su discurso de izquierda parece cautivar a la porción de la juventud española desempleada y desmotivada por la situación económica de Europa. Muchos se sienten defraudados por la oferta política de partidos establecidos, como el conservador Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aprovecha el espacio esta irreverente alternativa, hábil en el manejo de las redes.

El fundador, Pablo Iglesias Turrión, militante de la Unión de Juventudes Comunistas de España, porta el mismo nombre que quien fundó el PSOE en 1879. Sorprende que el nuevo Pablo adquiera compromisos tan radicales, habiendo sido profesor de ciencias políticas de la Complutense. Debido a su preparación, debería saber que los gobiernos difícilmente pueden aliviar la pobreza, menos aún si ahuyentan la creación de riqueza e inversión aumentando la carga tributaria. Retroceder a una economía agraria prácticamente autárquica, liderada por pequeños y medianos agricultores, suena romántico pero en la práctica empobrece a todos. Y si estas verdades escapan a Iglesias, quizás no deberían escapar a su mano derecha, Juan Carlos Monedero, también politólogo y ensayista.

Curiosamente, el ideario socialista suena refrescante cuando ofrece “convertir la indignación en cambio político” y reclama la manutención del Estado Benefactor como una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, quizás el gancho más atractivo de Podemos fue su promesa de combatir la corrupción. Llegaron a ofrecer tal transparencia que, si Podemos no triunfaba en las elecciones, invertirían las donaciones recibidas para financiar sus campañas en diferentes movimientos sociales.

El escándalo de corrupción que desde hace semanas envuelve a Podemos cobra relevancia por este antecedente. El diario ABC publicó que Juan Carlos Monedero recibió 250,000 bolívares (35,000 euros) por asesorar al venezolano Hugo Chávez en el 2010; también trascendió que recibió 425,150 euros a finales del 2013. De hecho, El País estima que en el transcurso de 10 años, desde el 2002, el gobierno de Chávez pagó 3.7 millones de euros a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), encabezada por dirigentes de Podemos. Si esto es cierto, los aportes de Venezuela constituyeron la principal fuente de financiamiento para CEPS en algunos años.

Cuando Esperanza Aguirre, Presidenta de Madrid del PP, acusó el año pasado a directivos de Podemos de ser castristas, chavistas y pro-ETA, Iglesias y Monedero amenazaron con demandarla por calumnia. Pero es una verdad escandalosa, y por tres motivos. Primero, porque cobraron jugosas sumas por consultorías cuando el pueblo venezolano moría de hambre. Segundo, porque aparentemente Monedero evadió impuestos dada la fórmula que usó para reportar (o no) sus ingresos. La Universidad Complutense inició una investigación “reservada” porque siendo profesor prestó asesorías a gobiernos latinoamericanos por montos no reportados. Y tercero, porque Iglesias y Monedero hicieron enojar a la Administración de Nicolás Maduro: negar sus vínculos a la revolución bolivariana luce como una traición a sus ojos. Como si para aclarar la estrecha amistad, según ABC, Maduro amenazó con expropiar propiedades españolas en Venezuela si no cesan las indagaciones respecto de Podemos.

Moraleja: si los políticos no son transparentes antes y durante la campaña, entonces poco harán para combatir la corrupción una vez en el poder.

Este artículo fue publicado el 20 de febrero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

 

 

¿Qué pasará en Cuba?

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Por primera vez desde 1980, una oficial de alto rango de Estados Unidos visitará Cuba para discutir cambios en las políticas migratorias entre ambos países.

Acostumbrados a décadas de una tensa coexistencia entre Cuba y Estados Unidos, nos cuesta asimilar los viajes a la isla de la Sra. Roberta Jacobson y de una delegación de representantes del Congreso del Partido Demócrata, liderada por el veterano Patrick Leahy de Vermont. Más nos extraña enterarnos que Raúl Castro liberó a 53 prisioneros políticos como paso previo a la “normalización” de relaciones entre ambos países. Aún resuenan en nuestros oídos las consignas de los manifestantes cubano-americanos en la Pequeña Habana, en Miami: Obama es un traidor, coreaban, porque concedió a los hermanos Castro lo que ellos pedían, a cambio de la liberación del prisionero Alan Gross. Mientras tanto, los simpatizantes de la izquierda celebraron el acuerdo. Pero, como escribe la bloguera Yoani Sánchez, el hito histórico se produjo “sin gritos de “viva Cuba libre”, ni botellas descorchadas. La vida nos escamotea ese punto de inflexión que guardaríamos para siempre en el calendario.” Para Yoani, faltó el desenlace definitivo; los discursos de ambos bandos sonaron a capitulación.

¿Es éste el principio del final para la dictadura castrista? Esa es la expectativa entre líneas del escrito de Yoani Sánchez. Es lo que muchos observadores esperamos ocurra una vez fluyan más remesas, más comunicaciones y más bienes y servicios de Estados Unidos hacia la isla. De hecho, la maniobra Obama-Castro pone en evidencia dos hipótesis contrarias. Algunos creen que para provocar el colapso del modelo comunista es preciso excluir a Cuba del mercado estadounidense y de círculos diplomáticos. Otros creen que una mayor apertura logrará el mismo objetivo. Parece ganar terreno la segunda hipótesis, pues el mundo lleva más de 53 años anticipando la implosión que produciría el ostracismo.

La resiliencia de la dinastía castrista es un fenómeno complejo, y guarda las claves para predecir el futuro. Por un lado, el rígido control dictatorial obedece a factores geográficos y a la brutal violencia que aplica el régimen contra los opositores. Los disidentes han sido hostigados, vapuleados y encarcelados. Las pocas iniciativas de reforma política que han surgido, como el proyecto Varela del 2002, fueron aplastadas. Tras años de límites para la libre asociación y expresión, ¿podrán emerger un sistema político libre y abierto?

Por otra parte, la economía se mantuvo merced a subsidios y ayudas provenientes de Rusia, Venezuela, China y algunas naciones europeas, así como de Estados Unidos. ¡Así es! Desde la presidencia de Bill Clinton, Cuba recibe más alimentos, bienes humanitarios y medicinas de Estados Unidos que de sus demás socios comerciales. A partir del 2009, se relajaron los límites a las remesas y viajes, de tal suerte que las remesas ascienden a entre $1.4 y $2 millardos anuales.

Una Cuba libre seguirá eludiéndonos al menos que allí se autorice y garantice la propiedad privada. ¿Comprenderán este hecho personalidades como Jacobson, Leahy y compañía? Yo lo dudo. Actualmente el gobierno administra la mayoría de los medios de producción. Contrata casi el 90 por ciento de la mano de obra en la isla. Desde 1995, los inversionistas extranjeros debe invertir en empresas controladas por el gobierno. No basta con aprobar algunas cooperativas y dispersos negocios por cuenta propia. Los estudios demuestran que la estatización de la propiedad propicia la corrupción, pues los actos delictivos de burócratas y ciudadanos conciernen impersonales bienes estatales. Sin propiedad privada y un Estado de Derecho, la movida Obama-Castro podría brindar más oportunidades a la privilegiada clase política, mientras el pueblo sigue esperando el momento propicio para descorchar la botella.

Este artículo se publicó el 23 de enero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

Yo manifiesto, tú manifiestas, todos manifestamos

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La mayoría de nosotros prefiere vivir en sociedades que garantizan la libertad de asociación y de expresión.  Ello implica poder protestar pacíficamente, en espacios públicos, conjuntamente con otros.

No querríamos vivir bajo un régimen opresivo que severamente restrinja las manifestaciones. Aún nos choca recordar la Masacre de Tian’anmen en 1989, por ejemplo, cuando el Ejército Popular de Liberación de la China asesinó a jóvenes desarmados que manifestaban contra el gobierno. A veces, el plante es el único vehículo para hacer valer los derechos humanos básicos. Hoy lamentamos la violenta represión contra ciudadanos tanto en Venezuela como en Ucrania, donde la remoción del Presidente Yanukóvich no bastó para restaurar la calma.

Idealmente, una protesta debe ser pacífica, respetar el derecho ajeno y reflejar la sincera preferencia de las personas reunidas voluntariamente. Tal evento informa sobre la relativa popularidad de una causa. Transparenta los criterios diferentes y contribuye a formar opinión pública a través del diálogo.

En la práctica, sin embargo, nos percatamos que no todas las protestas son como las de Venezuela y Ucrania. No todas son ideales. Se desvirtúa la herramienta en por lo menos cuatro formas: se recurre a la extorsión como método, se buscan privilegios, se falsean las preferencias y se siembran los incentivos perversos.

La manifestación-chantaje exige, incluso con amenaza de fuerza, hasta que la autoridad concede el interés particular al grupo manifestante. Los políticos se pliegan porque no quieren antagonizar al grupo de presión políticamente organizado, incluso cuando quienes protestan son funcionarios públicos. Además, temen el caos y descontento social que genera el plantón. En un video proselitista, la activista de izquierda Naomi Wolf aconseja realizar protestas que “paren el tráfico”. Sólo se logran resultados infringiendo la ley y alterando el orden público, o bien, reuniendo a las masas, afirma Wolf. Los demás ciudadanos nos sentimos rehenes impotentes: la protesta nos impone costos que no nos podemos sacudir.

Dicha extorsión es posible porque el gobierno tiene la potestad de conceder privilegios y prebendas a sectores sociales. Los altisonantes pronunciamientos que esgrimen el interés general realmente esconden motivaciones mezquinas. Se movilizan para conseguir ventajas en la arena política que no podrían granjearse de otra forma. Y si todos los demás quieren acceder también a una tajada del presupuesto nacional, tienen que formar un movimiento y salir a las calles también…Como intuyó Frederic Bastiat, convertimos el Estado en “la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo”.

El falseo de las preferencias está implícito en esta dinámica rentista, pues trae cuenta organizar protestas con personas acarreadas, pagadas o timadas. Surgen los organizadores profesionales de manifestaciones y quienes alquilan “gente” que ignora porqué marcha. Hoy se oponen a la hidroeléctrica, mañana abogan por los salubristas. Cuando la participación no es libre y voluntaria, el reclamo no es sincero.

Finalmente, persisten incentivos perversos porque otras vías de acción resultan menos rentables que la manifestación. Los costos (visibles, ocultos y de oportunidad) que una demostración llega a imponer a la sociedad pueden superan con creces los costos de montar la demostración.  Los costos sociales pueden superar también los beneficios concentrados que obtiene el grupo demandante.

En suma, somos testigos de la deformación de un derecho del ciudadano libre. ¿Pueden los regímenes políticos abiertos respetar la libertad de expresión y de asociación, y al mismo tiempo evitar que se corrompan las manifestaciones?  Tenemos que revisar la estructura de incentivos que impera sobre los gobernantes y los manifestantes, e intentar despolitizar a las sociedades modernas.

Este artículo fue publicado el 14 de marzo del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.

Ver el artículo 33 que regula el derecho de manifestación en la Constitución Política de Guatemala aquí.