Corrupción: ¿Enfermedad congénita?

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¿Cree Usted que se puede combatir la corrupción? ¿O estamos condenados a vivir con ella?

Los padres guatemaltecos suelen aleccionar a sus hijos: “La vida es así: juegas shuco o te vas feo.  Abuzáte, pero que no te atrapen.” Tendemos a pensar que la corrupción es una enfermedad congénita e irreversible. Siguiendo esta lógica, elegir el bien no sólo es pésima opción, sino va contra nuestra naturaleza. Un ciudadano no posee el poder suficiente para alterar tal gen o patrón ancestral.

Me inquieta esta hipótesis determinista sobre la raíz de la corrupción. En general, las personas elegimos entre el bien y el mal, y podemos torcernos. Pensar que es defecto de muchos nos endurece y consuela. Pero entonces veríamos a personas de cualquier nacionalidad pervertirse a través del tiempo. La descomposición avanzaría irremediablemente en todos los países. Y en la práctica hay países sanos y otros que se hacen más transparentes, por lo cual existe una explicación alterna al fenómeno.

Daniel Treisman, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en Los Ángeles, nos brinda una respuesta sofisticada en su afamado estudio empírico, “The causes of corruption: A cross-national study” (2000). Él tomó tres distintos índices de corrupción y comparó los resultados entre los países medidos. Detectó una correlación con seis factores. Primero, los países que fueron colonias británicas tienden a ser menos corruptos. Aclara que no basta con adoptar un sistema de derecho consuetudinario en sustitución del derecho napoleónico o positivo; la cultura jurídica que imprimió la corona británica en sus ex colonias incide en la calidad con que se imparte la justicia, así como el respeto que se tiene a la normatividad. Segundo, son menos corruptos los países de tradición protestante. Puede relacionarse con un implacable moralismo, la ética de trabajo weberiana y otros efectos sociales de la práctica religiosa.

El crecimiento económico es el tercer factor relacionado con la transparencia.  Aquí la causalidad es incierta: ¿son más prósperos los países transparentes, o más transparentes las naciones ricas? Treisman cree que es posible salir de la corrupción creciendo la economía. El cuarto factor es la democracia, pero solamente contribuye a la transparencia un sistema político abierto con por lo menos cuarenta años de trayectoria. Las democracias menos estables no asisten en el combate a dicho flagelo.

Treisman resalta la estructura federal como quinto punto. El federalismo acentúa la corrupción, presuntamente porque permite a las distintas capas de gobierno extraer rentas de los ciudadanos impunemente, mientras un sistema unitario es más controlable. Yo siempre sostuve que la descentralización ayudaría a transparentar la gestión pública acercándola al ciudadano-fiscalizador, pero Treisman detectó lo opuesto. Él mismo comenta, sin embargo, que una descentralización que faculta a los gobiernos locales competir unos con otros en calidad institucional sí podría contribuir a mermar la corruptela.

Finalmente, la apertura a las importaciones también modera los índices de corrupción.  Es decir que economías con fronteras abiertas tienden a generar entornos más cristalinos. Según Treisman, estos seis factores explican el 89% de las variaciones en los índices de percepción de corrupción, razón de sobra para tomar su estudio en serio.

La lección es que Guatemala puede combatir la corrupción enfocándose en liberalizar la economía y reducir las barreras al comercio internacional. Resulta más complejo operar cambios positivos en el aparato democrático y el sistema jurídico, aunque sí deben introducirse reformas conducentes a un Estado de Derecho maduro, característico del legado británico.

Este artículo fue publicado el 10 de enero del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.

Corruptissima republica, plurimae leges

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¿Cree Usted que el combate a la corrupción debe figurar en la agenda para el 2014?

El año 2013 arrancó con el anuncio presidencial que sería el “Año de la Transparencia”, y terminó con una bajísima calificación en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC).  Entre los 177 países incluidos en la medición, Guatemala se ubicó en el puesto 123; la nota descendió de 33 a 29, en una escala de 0 a 100.  ¿Cómo pudimos empeorar, siendo el combate a la corrupción una prioridad gubernamental?  ¿Y qué se puede hacer en el 2014 para alcanzar mejoras duraderas?

Las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados.  El “Año de la Transparencia” pudo ser un mero discurso demagógico, una iniciativa romántica, o un deficiente plan que acarreó consecuencias no intencionadas.

Las estrategias de combate a la corrupción suelen basarse en dos distintas premisas.  La primera se centra en el carácter de la persona: son viciosos los seres humanos débiles que ignoran o desprecian la rectitud y la moral.  La segunda explicación prioriza el marco institucional, pues incluso las personas virtuosas se corrompen si las reglas del juego les incentivan a hacerlo.  Según la primera premisa, los funcionarios públicos y la ciudadanía deben recibir clases de ética.  La segunda premisa invita a revisar los incentivos que imperan sobre las personas a fin de elevar los costos asociados al acto de corrupción.   Ambas explicaciones llevan verdad; no son mutuamente excluyentes.  Sin embargo, sospecho que la reforma institucional procura avances más notorios y más rápidos.

Un marco institucional sencillo y claro es transparente.  Los estudios demuestran la relación positiva entre libertad, transparencia y competitividad.  También asocian la complejidad y la arbitrariedad con la corrupción.  Guatemala debe seguir avanzando en la simplificación administrativa y la desregulación.  Es imperativo revocar leyes obsoletas y eliminar la tramitología engorrosa.  Así los ciudadanos no buscarán al político para que les conceda privilegios, protecciones y favores, y los funcionarios no extraerán rentas de recovecos legales y burocráticos.

No estamos descubriendo el agua azucarada.  Apunta en esta dirección el sabio y antiguo refrán “hecha la ley, hecha la trampa”.    La versión francesa es incluso más incisiva:  “las leyes son hechas para ser violadas”.  Se atribuye malicia tanto al legislador como al regulado, pues a veces quienes diseñan las leyes persiguen motivos que ocultan deliberadamente de la ciudadanía.  “Quien hace la ley, hace la trampa”, diríamos en castellano.   Y en la Antigüedad, Tácito planteó una visión macro: “Corruptissima republica, plurimae leges”. Es decir, los países más corrompidos son aquellos que más leyes tienen.

Tácito nos ayuda a comprender la deplorable calificación de Guatemala en el Índice de Percepción de Corrupción.  Existe una relación entre la calidad y la cantidad de regulaciones en un país, y la corrupción.  La excesiva legislación criminaliza actividades innecesariamente y pone obstáculos a las actividades lícitas de los ciudadanos.  Confrontados con una maraña impenetrable de regulaciones, los ciudadanos a veces ni siquiera saben si obran dentro del marco de la ley.  Además, la imprecisión y la discrecionalidad en la aplicación de las normas permite al funcionario público abusar de su poder para cosechar alguna ventaja personal.   Se erosiona el respeto a la normatividad y se borran las fronteras éticas.

Un buen propósito de año nuevo para las autoridades es actuar decisivamente en combatir la corrupción por la vía institucional.  Otros países han emergido de un severo estado de corrupción; este flagelo no tiene porqué ser una enfermedad crónica y terminal en Guatemala.

Este artículo se publicó el 3 de enero del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.