Un índice de los índices

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Nos desilusionamos cuando Guatemala ocupa uno de los últimos puestos en un ranking mundial, y nos alegramos cuando sale bien evaluada. ¿Qué tan acertados son los dictámenes de estas populares mediciones?

Los índices sirven para destilar lecciones sobre cómo sacar adelante a Guatemala. Mis favoritos son los dos índices de la libertad económica, elaborados por el Instituto Fraser y el Instituto Heritage conjuntamente con el Wall Street Journal, y el Índice Haciendo Negocios del Banco Mundial.

Sin embargo, no todos los índices son iguales, según una evaluación de índices realizada por The Economist (8-XI-14) con base en la investigación de Beth Simmons de la Universidad de Harvard y Judith Kelley de la Universidad de Duke. Ellas afirman que en los últimos veinte años se produjo una explosión de índices. Esto puede deberse al hecho que los números brindan un aparente respaldo a distintas causas. Como dijo Bill Gates una vez, si no puedes medir un fenómeno, no existe. Con el advenimiento del internet, se facilitó la difusión de las mediciones; unos estudios han sido citados millones de veces. Kelley y Simmons fijan el despegue a finales de la década de los setenta, con la introducción de dos o tres índices activos. Ya para el 2004, existía una centena. Y esa cifra se duplicó en diez años, aunque de los 200 instrumentos creados, cincuenta ya no están activos.

La cautela es necesaria, empero, porque la confiabilidad de los índices varía. Los mejores son meticulosos y cuidan la estandarización de múltiples indicadores de país en país, como sería el caso del índice educativo Programa para la Evaluación International de Alumnos de la OCDE, mejor conocido como PISA, por sus siglas en inglés. Pero algunos países no tienen la disposición o la capacidad de levantar estadísticas objetivas, o bien usan parámetros distintos para medir una misma cosa. Adicionalmente, no todo es cuantificable, por lo que se recurre a encuestas para aproximarse a asuntos como la felicidad, la democracia o la corrupción, por ejemplo.

Un vistazo a los índices de la felicidad en competencia, revela la subjetividad en el diseño de las fórmulas. El mismo país puede sobresalir en el Índice del Planeta Feliz y obtener una nota desfavorable en el Índice Mundial de la Felicidad. The Economist lo resume así: “seleccionar qué incluir en la fórmula con frecuencia significa tratar de aislar conceptos escurridizos e inyectar criterios subjetivos.”

Más interesante me pareció la observación de Kelley y Simmons respecto de la motivación para crear índices: más y más, los gobiernos, las ONGs y otros grupos de interés diseñan estas herramientas para lograr la aprobación de nuevas leyes o programas. Aquí ocurre lo que George Stigler previó para la regulación de la industria: una captura por parte del regulado. Stigler entrevió que aunque la regulación surge para controlar o restringir a la industria, ésta pronto aprende a emplear la regulación como un escudo protector de sus intereses. Los primeros índices pretendían ayudar a juzgar la conveniencia de ciertas políticas públicas, pero ahora los formuladores de políticas públicas usan las mediciones para apuntalar sus planes.

Un ejemplo es el informe sobre el tráfico de personas (TIP), el cual, según algunos observadores, es elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos con base de datos poco confiables. The Economist señala que el índice se ha convertido en un arma de poder suave, porque excusa la remoción de la cooperación internacional y otras inversiones en los países que coloca en la lista negra.

En resumen, iniciativas bien intencionadas pueden premiar o castigar a países e individuos a partir de datos poco firmes. Como sucede en otros mercados competitivos, esperaríamos que prosperen únicamente los índices más exactos y veraces, y que sus lectores mantengamos un ojo crítico.

Este artículo fue publicado el 21 de noviembre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto propia de la portada del artículo de The Economist.

 

 

 

 

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Maduro: amor y odio obrero

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Es inimaginable que un líder sindical convertido en sucesor de Hugo Chávez pierda el apoyo de su base obrera.  Pero así es: ni los empresarios ni los sindicatos están contentos con las políticas laborales de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro se describe a si mismo como el primer trabajador-presidente de Venezuela. Debe estar enojadísimo porque ha perdido el apoyo de su base, las masas obreras. Y es que sus decisiones no siempre mejoran la vida del trabajador. La más reciente edición de la prestigiosa revista The Economist reseña la impopularidad de las políticas laborales de Venezuela. El socialismo del Siglo XXI defrauda a empresarios y a trabajadores, según el escrito. Así lo corroboraron ambos bandos, e incluso los legisladores, cuando airearon sus quejas ante una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó Venezuela la semana pasada.

El régimen bolivariano ha pasado incontables regulaciones laborales, siendo de mayor jerarquía el decreto titulado “Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras” (LOTTT), aprobado en abril del 2012. Precisamente una queja esgrimida ante la OIT es que LOTTT fue impuesta sin discusión por Hugo Chávez. El código laboral se compromete a luchar por la redistribución de la riqueza mediante estrictos requerimientos como menos horas de trabajo, más feriados, mejores planes de maternidad.  El decreto literalmente garantiza el empleo pasado el primer mes de labores.

La consecuencia ha sido el ausentismo y la mediocridad, informaron los empleadores a los delegados de la OIT. Dependiendo de la temporada y el tipo de industria, la tasa de ausentismo oscila entre 15 y 40 por ciento. Las empresas temen contratar nuevo personal, y la improductividad de los trabajadores ha quebrado muchas empresas. Luis Alfredo Araque, de la federación de gremios empresariales Fedecámaras, afirma que incluso hay quienes pagan a empleados de bajo rendimiento para que se queden en casa o para que se retiren.

Los sindicalistas tampoco están felices. Por lo menos 2.6 millones de empleados tienen un patrón poderoso: el gobierno. Ese patrono sí despide cuando quiere. Días antes de Navidad, despidió a Iván Freites de Petróleos de Venezuela (PDVSA), supuestamente por irrespetar al patrono. Freites, Secretario Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela, denunció irregularidades y falta de mantenimiento en la refinería Amuay previo a la devastadora explosión en agosto del 2012 que provocó 55 muertes y 156 heridos. Freites opina que su crimen fue culpar a PDVSA de la tragedia. La OIT también da seguimiento a un caso sobre el cual se pronunció en el 2010: Rubén González, hoy secretario general de Sintraferrominera, pasó 17 meses en prisión por organizar una huelga en el 2009. La raíz del conflicto entre el gobierno y los sindicatos es el afán de Chávez, y ahora de Maduro, por centralizar y controlar el movimiento sindical dentro del seno del partido socialista.

Maduro dice que libra una guerra contra voraces capitalistas. Sus declaraciones a finales de año provocaron saqueos en tiendas de productos electrónicos y otros establecimientos. La verdad es que escasean muchos bienes y servicios, incluyendo alimentos básicos. Ahora intenta deshacer con un decreto lo que hizo con otro, creando una oficina estatal encargada de “combatir la escasez de bienes básicos”.

Su verdadero enemigo no es el empresario capitalista sino la contradicción socialista.  Maduro quiere una economía pujante poblada por trabajadores que casi no trabajan pero que ganan bien, y generadores de trabajo que no pueden tomar sus propias decisiones de producción, ahorro, inversión, contratación, salarios y más. Las cuantiosas e impenetrables barreras gubernamentales oprimen la creatividad y productividad de la economía y evitan la creación de riqueza, y eso no se remedia promulgando otro decreto.

Este artículo fue publicado el 7 de febrero del 2014 por la Revista Contra Poder y el CEES.