¿Qué ofrece el socialismo?

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En Guatemala, vemos pancartas o pintas callejeras con frases como “Cada generación necesita su revolución”, “Alto al saqueo del país” y “El pueblo manda”.

Los manifestantes socialistas gritan no al capitalismo y al empresariado, rechazando la minería y las hidroeléctricas, así como la palma africana, el azúcar y otras agroindustrias. Odian al ejército y, últimamente, a las iglesias.

La mentalidad socialista se debate entre el romanticismo y un brutal naturalismo. Las personas con un buen corazón lloran la suerte de niños malnutridos e ignorantes, de pacientes no tratados y de ancianos abandonados. Ofende la imagen de un soldado traicionero que comete “genocidio” contra su propia gente. La literatura socialista transforma la relación entre el empleador y el empleado en una lacerante esclavitud para el trabajador. Hasta la familia se interpreta como un escenario patriarcal para explotar a la mujer y a los hijos. Recogiendo trozos de verdad, estos lentes analíticos llevan a algunos a concluir que sólo destruyendo las instituciones sociales y económicas es posible superar la lucha de clases.

Sin embargo, ¿cuáles son los principios que sustentan el socialismo? ¿Cómo funciona una sociedad en la cual el Estado controla o regula la producción , la distribución y el intercambio de los bienes y servicios? Lawrence Reed, el presidente de la Fundación para la Educación Económica (FEE), un tanque de pensamiento estadounidense, destila cinco ideas medulares al enfoque socialista.

El primer síndrome del socialismo, escribe Reed, es la tendencia a pasar leyes para “curar” cualquier deficiencia diagnosticada. Los reguladores se empeñan en corregir lo que las personas libres hacemos mal, según su criterio. Tienen tal confianza en el intervencionismo estatal que incluso aprueban leyes para corregir el efecto de leyes anteriores, cuyas consecuencias negativas no fueron previstas. Las leyes son sinónimo de coerción. Implican el cobro de más impuestos para sustentar burocracias reguladoras, y penas fuertes para los infractores del voluminoso cuerpo legislativo.

El segundo principio es que el Gobierno debe darnos cosas. Reed nos recuerda que el gobierno sólo puede redistribuir lo que previamente quitó a alguien más. Siempre deberíamos hacernos las preguntas: ¿De qué bolsillo viene esto que me ofrece el Gobierno? ¿Y qué me quita a mí? Algo muy distinto a este mecanismo coercitivo es la transferencia voluntaria de bienes entre particulares.

El tercer principio es la evasión de la responsabilidad personal. Nuestros problemas ya no son nuestros, sino de la sociedad, y por ende el Gobierno está llamado a resolverlos. Nos brinda empleo y vivienda; mantiene a nuestros hijos. “Cuando las personas pierden su espíritu de independencia e iniciativa, su confianza en sí mismas, se convierten en barro en manos de tiranos y déspotas,” escribe Reed.

El cuarto principio es el complejo del sabelotodo. Quienes hacen gobierno creen saber lo que más nos conviene, y luego nos obligan a obrar de acuerdo a su visión. Los gobernantes incluso se empeñan en prohibir a los ciudadanos emprender proyectos que ellos no pensaron antes, o porque sus planes no están regulados.

Finalmente, el veneno de la envidia y la codicia de la riqueza ajena se convierte en la gasolina de la maquinaria redistributiva. Jamás reconocen los derechos de aquellos ciudadanos que clasifican en la clase de “los ricos”. Advierte Reed que “las civilizaciones se han desmoronado bajo el peso de la envidia y la falta de respeto a la propiedad que ella conlleva.”

La filosofía liberal supera al socialismo porque es regenerativa, motivante y creativa, mientras los cinco principios socialistas apelan a bajos instintos humanos, como la pereza, la dependencia y la destrucción. Concuerdo con Lawrence Reed: no tenemos que seguir la ruta socialista. No es inevitable.

Este artículo fue publicado el 24 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía NO ES PROPIA; fue tomada de este blog.

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Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Qué quieren los jóvenes?

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¿Qué exige la generación del milenio en materia política?

Un 53 por ciento de los nacidos entre 1981 y 2000 ve el socialismo con buenos ojos, según una encuesta realizada en Estados Unidos por las empresas Rupe y Reason, citada por Emily Ekins y Joy Pullman en un artículo para The Federalist. En contraste, sólo un cuarto de los mayores de 55 piensa igual, en parte porque conocen los horrores de los experimentos marxistas del siglo XX. Otra encuesta, levantada por YouGov, revela que el 43 por ciento de los menores de 30 años son partidarios del socialismo.

¿Los mileniales quieren, entonces, que los gobiernos asuman el control de los factores de producción? Eso es socialismo, ¿no? Planteada así la cuestión, los jóvenes contestan que no. Pullmann y Ekins afirman que “si los jóvenes tuvieran que pagar por todos los esquemas socialistas que aparentemente apoyan, su apoyo se evaporaría rápido.” Entre más ganan los mileniales, más odian que el gobierno se quede con una parte sustancial de sus ingresos.

Quizás resolvamos la paradoja analizando los adjetivos descriptivos de los mileniales. Diversos estudios cualitativos generan una amplia lista de características: son personas que sienten que tienen derecho a muchas cosas, de mente abierta, entusiastas, optimistas, flexibles, sofisticados, pragmáticos, vacilantes, renuentes a comprometerse con una postura ideológica, amantes de redes sociales, centrados en si mismos e inclusivos. A mi entender, algunos de estos epítetos son mutuamente excluyentes. No pocos jóvenes se ofenden al leerlos.

Sin embargo, el sentido de merecer, de tener derecho, sumado al afán por ser inclusivos, se traduce en un deseo de mejorar el bienestar propio y el de los demás. Ellos han sido programados con el chip de que pueden cambiar el mundo. Les gustan las empresas solidarias, movidas no sólo por el imán de las ganancias sino por una causa noble. De hecho, los empleadores en los países desarrollados notan que los mileniales renuncian a sus trabajos si éstos carecen de un sentido más alto que traer pan a la mesa. Según la revista Forbes, los mileniales han engrosado las filas del emprendimiento social: “El creciente énfasis en el bien de la sociedad está empoderando a los mileniales a balancear sus carreras profesionales con el karma…”. Curar el cáncer, terminar con el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza son algunas de sus aspiraciones.

Por tanto, para ellos ser socialista es más o menos igual a ser una persona empática, alguien que se preocupa por el prójimo y el planeta. En ese sentido, no son tan egoístas como se les retrata. Quieren aportar soluciones distintas, innovadoras, a los problemas de su tiempo.

¿Son distintas las perspectivas políticas de los jóvenes en América Latina, en comparación con los jóvenes en Estados Unidos? Yo esperaría que nuestros jóvenes fueran más suspicaces de los gobiernos. Nuestras experiencias con el abuso del poder y la corrupción bastan para curar a cualquiera de la ilusión según la cual los políticos populistas, demagogos y socialistas son los llamados a palear los males de la sociedad.

He allí el dilema para los jóvenes que salieron a la plaza el año pasado. Saben que también ellos serían tragados por el sistema corruptor si tomaran las riendas del gobierno; los cambios sustanciales no vendrán desde la arena política. Para alcanzar el bienestar social que tanto anhelan, deben desoír las sirenas socialistas y promover más libertad económica, confiando así en que las personas saldrán adelante con su ingenio y trabajo arduo. La plaza tiene que generar propuestas de políticas públicas para restringir, no fortalecer, el control gubernamental sobre los medios de producción.

Este artículo fue publicado el 3 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Crédito de foto para collage.

¿Monopolios de Gobierno?

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¿Cómo sería Guatemala si las fincas, hidroeléctricas, minas, agua, bancos y otras empresas fueran propiedad del gobierno?

Algunas organizaciones, con tendencia socialista, quisieran legislar para debilitar o abolir la propiedad privada. Asumen que si los recursos estuvieran en manos del Gobierno, nadie carecería de nada. Sustituirían el sistema de precios por una redistribución basada en criterios políticos, no económicos, según las necesidades percibidas de los gobernados. O asegurarían precios subsidiados. Esa es la equidad imaginada.

En la vida real, el comunismo a gran escala fracasa en alcanzar el sueño. Entre los países más pobres del mundo destacan aquellos que optaron por modelos socialistas, como Mozambique, Eritrea y Corea del Norte. Los países con precarios derechos de propiedad también sufren: Venezuela, Bangladesh y Burundi, para mencionar algunos ejemplos.

Si el Gobierno se abrogara la propiedad monopólica del agua, o de las hidroeléctricas, o de las minas, una institución pública centralizada repartiría una cantidad racionada de agua, electricidad o minerales. Las tarjetas de raciones—tres onzas de arroz, dos horas de luz eléctrica— son característica de las economías centralmente planificadas. Excepcionalmente, el Gobierno nos dejaría producir bienes usufructuando pedazos de tierra, cedidos mediante permiso especial, pudiendo rescindirse el acuerdo en cualquier momento. Se crearían incentivos perversos, tanto para los usuarios como para los funcio- narios públicos. Los favorecidos con permisos temporales tendrían el incentivo de sobreexplotar los recursos durante los últimos años de su permiso; no les interesaría el futuro.

Cargaríamos a los funcionarios públicos con tres imposibles. Primero, tendrían que ser omniscientes conocedores de la disponibilidad de los recursos y de los procesos de producción. Segundo, los obligaríamos a deponer sus intereses personales. Y tercero, tendrían que ser de piedra para resistir presiones. ¡Tendrían el plenipotenciario poder de decidir quién accede a los insumos básicos, necesarios para sostener la vida! Ocurriría lo que sucedía con las líneas telefónicas en décadas pasadas: las conseguían quienes eran parientes y amigos de los gerentes de la empresa estatal, o los que pagaban mordida.

En 1968, el biólogo Garrett Hardin confirmó que “lo que es de todos, es de nadie”, y que inexorablemente tendemos a sobreexplotar todos aquellos recursos que usufructuamos en común con otras personas. Ni la comunalidad ni la existencia de un único dueño (Gobierno) propician la conservación o el ahorro. La principal causa de la contaminación de aguas superficiales, como los lagos, es precisamente el hecho de que, en papel, varias agencias estatales son las responsables de cuidar el recurso, pero en la práctica nadie lo es.

En contraste, el uso privado de los recursos acarrea beneficios insospechados para toda la comunidad. En el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde muchos estados son áridos, los derechos de agua se asignan en forma privada desde hace siglos. Allí, las personas poseen títulos sobre el agua, documentos legales que son transferidos libremente en el mercado. Así, el agua tiene un precio que refleja su escasez y se destina a los fines que son más valorados. Además, los usuarios pueden tomar riesgos en relación con un suministro variable de aguas. Los mercados superan a los sistemas altamente regulados porque son más flexibles, se adaptan a la información cambiante y los avances tecnológicos, y procuran usos congruentes con la conservación y la protección de los recursos naturales.

Los legisladores preocupados por la equidad y la pobreza harían bien en fortalecer los derechos de propiedad privada y desoír el canto de la sirena socialista.

Este artículo fue publicado el 29 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Amiguismo

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La opinión pública exige capturas de empresarios corruptos, pues no basta con encarcelar a los funcionarios públicos involucrados en actividades criminales.

¡Que rueden las cabezas de empresarios! El grito brota de bandos aparentemente opuestos. Gritan quienes desdeñan lo económico, por considerarlo inevitablemente mundano, sucio, o explotador. Y vociferan quienes lamentan que la mala conducta de algunas personas desencadene el rechazo de los mercados libres.

Los empresarios y los funcionarios públicos que abusan del poder para enriquecerse ilícitamente desprestigian tanto la actividad política como la empresarial. Hoy se habla de un sistema de capitalismo crony, amiguismo, o capitalismo de amiguetes o compinches. Incluso aparece una definición en Wikipedia: “describe una economía en la cual el éxito empresarial depende de una relación cercana entre los empresarios y los funcionarios públicos. Puede exhibirse en el favoritismo al distribuir permisos legales, ayudas gubernamentales, exoneraciones de impuestos y otras formas de intervencionismo estatal.” El ubicuo mal ataca tanto a economías desarrolladas como a economías en vías de desarrollo.

¿Hay amiguismo en Guatemala? Claro que sí. Allí donde el gobierno y el mercado se intersectan, no acumulan riqueza quienes realmente lo merecen por su arduo trabajo, afán de servicio, destrezas mercantiles, manejo transparente de los recursos, eficiencia o competitividad. Se enriquecen quienes pueden manipular el poder del estado, y lo hacen a costa de actores económicos honrados con menos conexiones. A veces, causas nobles como la protección del ambiente y hasta la lucha contra la corrupción sirven de justificación para la colusión gobernante-empresario. Quienes ostentan el poder político eligen a los ganadores y los perdedores en el mercado. Los tomadores de decisión poseen gustos, tendencias ideológicas y preferencias por amigos que distorsionan las elecciones económicas.

Curiosamente, esta intervención de los mercados se asocia menos con socialismo que con capitalismo. Como el socialismo, el amiguismo implica privilegio, dirigismo y redistribución, e incluso gusta retratarse como un medio necesario para atender al pobre. Un caso estudiado es el de los cupones de alimentos en Estados Unidos, distribuidos a más de de 47 millones de ciudadanos, en principio para permitir el acceso a alimentos baratos o gratis a personas de escasos recursos. Con el tiempo, no obstante, el programa pasó a otorgar subsidios masivos a productores de gaseosas y comida chatarra. Los restaurantes de comida rápida y otros productores de alimentos quieren ser receptores de los cupones. El gobierno perjudica la salud de los usuarios de cupones, alertan los médicos, porque consumen en exceso alimentos dañinos. A veces, lo que ocurre tras poner en marca los planes dista del fin enunciado. Las regulaciones aprobadas crean incentivos para negocios turbios. Debemos intentar prever las consecuencias no intencionadas, y no conformarnos con el romanticismo de las buenas intenciones. Debemos anticipar que los beneficios se concentrarán en manos de ciertos actores no contemplados por quienes diseñaron el plan, y que los costos elevados se distribuirán entre el resto de ciudadanos.

¿Cómo podemos sanear las instituciones socio-económicas pervertidas y dañinas? Los socialistas quisieran abolir los mercados y desaparecer a todos los capitalistas, mientras los defensores de los mercados libres piden limpiar la administración pública. Vilificar indiscriminadamente al sector empresarial y al mercado es un error, es como tirar al bebé con todo y el agua en que lo hemos bañado. Centremos energías en combatir la búsqueda de rentas, los incentivos perversos y las oportunidades de corrupción que propicia el ejercicio del poder.

Este artículo fue publicado el 26 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La propuesta de Correa

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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso a los guatemaltecos adoptar el socialismo del siglo XXI en un discurso dictado durante el V Foro Regional Esquipulas. Aquí comparto lo que me gustó y disgustó de su discurso.

Pese a la prosa poética y adulatoria con que Rafael Correa adornó sus palabras, éstas fueron claras y sustanciosas, alejadas de la vacía verborrea demagógica que caracteriza a otros políticos latinoamericanos. Es de admirar la dicción y gracia del orador.

Resulta imposible en este espacio desmenuzar la totalidad de la alocución, pero detecté, para mi sorpresa, que comparto por lo menos tres premisas y tres propuestas. Es cierto que en América Latina, las instituciones sociales, políticas y económicas han tendido a privilegiar a unos y excluir a otros. Es decir, el acceso a los círculos de productividad y riqueza ha sido restringido artificialmente. También es verdad que para el desarrollo es más importante el capital humano que los recursos físicos. Sin embargo, son las economías abiertas las que potencian el capital humano y crean riqueza, no así el socialismo. La tercera hipótesis acertada es que la mentalidad de víctima que plaga nuestras culturas retrasa el progreso. Correa hizo además tres recomendaciones de políticas públicas sensatas en lo que respecta a la guerra contra las drogas, la explotación de los recursos mineros y el necesario escepticismo con relación a los espejitos que nos venden algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, Correa reveló porqué rechaza lo que él denomina despectivamente la ideología neoliberal. Se apropia de la tesis del economista John Kenneth Galbraith, a quien citó en su discurso. En su libro Capitalismo americano (1952), Galbraith recomienda compensar o balancear el poder del mercado con el poder del gobierno. Dejados a sus anchas, los agentes económicos acumulan poderes “masivos” y excesivos, en perjuicio de los obreros y los consumidores. Por eso, Galbraith y Correa concluyen que es tarea del gobierno regular los mercados, imponer salarios “dignos” e implantar otras medidas supuestamente beneficiosas. Correa incluso habló de redefinir drásticamente los derechos de propiedad privada, uno de los fundamentales derechos individuales.

El poder económico, no obstante, es muy distinto del poder político. El gobierno ostenta, tanto en una democracia como en una dictadura, el poder monopólico para coaccionar a los ciudadanos adultos. Las autoridades pueden encarcelar a quien evade impuestos. Un empresario recurre a la persuasión y no a la fuerza para convencernos de consumir sus productos. Entre más libre y más competitiva sea una economía, más disperso está el poder entre los millones de consumidores y oferentes. Los actores económicos sólo logran imponerse cuando tienen acceso al poder político. La exclusión en América Latina origina en la arena política: las prebendas se otorgan a los allegados y amiguetes del gobernante. Sustituir a unos privilegiados por otros no resuelve el problema, sólo apila injusticia sobre injusticia.

Invocar el poder monopólico del gobierno para intervenir el mercado es peligroso. La función del gobierno debe ser velar por el Estado de Derecho que viabiliza la cooperación social en armonía. Jugar a Dios dirigiendo los destinos de cada ciudadano inevitablemente confronta intereses, en lugar de cosechar el bien común, tal y como lo entiende un iluminado déspota como Correa. Así como los organismos internacionales, que son entes políticos, se equivocan, así también los políticos toman decisiones para maximizar votos y otros cálculos de interés propio, no por consideraciones técnicas ni sociales. Sería mejor abrir de par en par el acceso a los productivos círculos de intercambio a quienes han sido históricamente excluidos de los mercados domésticos e internacionales.

Este artículo fue publicado el 29 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Siglos de mercantilismo

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Nos cuestan caro las etiquetas mal empleadas. Cometen un grave error quienes etiquetan como capitalismo o liberalismo al sistema económico vigente—mercantilista—caracterizado por la competencia política y el privilegio del Estado.

Me intrigaron dos reacciones a la columna “Los libertarios chapines” por Federico Bauer (2-IV-14). Un lector escribió “los libertarios sólo ven el interés de ellos mismos”, y otro agregó que “el libre mercado beneficia a un grupúsculo de oligarcas nada más, y qué decir de la corrupción económica gubernamental y privada que no permite el gran despegue y desarrollo del país.” Quienes defendemos al mercado libre haremos pocos amigos mientras persista la creencia que protegemos intereses para enriquecernos a costillas de los demás.

Comparto la segunda opinión: es odioso un régimen que otorga prerrogativas a los allegados al poder político y a los corruptos. Efectivamente, el exceso de trabas impiden el bienestar. Sin embargo, el sistema existente se denomina mercantilismo o crony capitalism, es decir, capitalismo entre amiguetes; no es liberalismo o capitalismo a secas.

América Latina sigue siendo mercantilista, explican Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El Otro Sendero (1986). Llevamos siglos tratando de hacer funcionar el mismo modelo, condenándonos irónicamente a la pobreza. Adam Smith, padre de la economía, escribió La Riqueza de las Naciones (1776) precisamente para resaltar los peligros de las estructuras mercantilistas de la Europa colonial. Nuestros gobiernos ya no son monarquías ansiosas de acumular metales preciosos, pero sí son maquinarias burocráticas que dirigen detalladamente los procesos económicos, concediendo permisos para operar negocios, organizando gremios-carteles o creando monopolios artificiales que restringen la competencia. Además, la cámara legislativa diseña leyes y regulaciones en anticipación de todas las posibles eventualidades en la vida social y económica de los ciudadanos, a tal grado que las personas no pueden dar un paso sin asesoría jurídica, y un abogado no puede conocer la totalidad de las leyes en el país.

El uso y abuso del poder gubernamental es vital al mercantilismo. La ganancia de uno es la pérdida de otro porque nos encajonamos en un esquema redistributivo de suma cero. Sale adelante el que mejor juega política, no el más productivo. Sospecho que los críticos de Bauer se aferrarían al engranaje actual, pero repartirían las tajadas del pastel a sectores sociales distintos. ¿Podríamos hablar de un mercantilismo socialista, o son las propuestas socialistas por definición mercantilistas? Yo preferiría transitar hacia un Estado de Derecho donde impere la igualdad ante la ley. Es el marco propicio para el florecimiento de un mercado imparcial, sin restricciones de entrada ni salida, que genere riqueza. El crecimiento económico vendrá cuando se establezcan escenarios de gana-gana basados en transacciones no coactivas.

Según De Soto y Ghersi, el mercantilismo europeo se derrumbó debido al incremento de la actividad económica informal, un fenómeno que también hoy es notorio. Las migraciones hacia las urbes, la innovación y creatividad de los nuevos empresarios y comerciantes urbanos, y el desacato al orden legal del momento, condujeron a la inestabilidad política y eventualmente a la violencia. Ante estos cambios, España, Francia y Rusia vivieron soluciones sangrientas, mientras que Inglaterra gestó una solución pacífica. En 1825, por ejemplo, las leyes británicas permitieron a cualquiera operar un negocio lícito. Inglaterra incorporó a la población productiva al sistema político y económico formal, y se convirtió en la primera potencial mundial. Es palpable la inestabilidad social y el agotamiento del modelo económico latinoamericano vigente, pero tristemente, la prosperidad nos seguirá eludiendo hasta que aprendamos a distinguir entre mercantilismo y libre mercado.

Este artículo fue publicado el 11 de abril del 2014 por la revista Contra Poder y por el CEES.

La imagen se titula English Ships at Bristol y fue tomada de http://www.landofthebrave.info/mercantilism.htm