Una gran expectativa acompaña el inicio del año: ¿será el 2016 el año en que los guatemaltecos derrotemos al dragón llamado corrupción?
La ex Ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, estará en Guatemala a mediados de enero, coincidiendo su visita con la toma de posesión del nuevo presidente, Jimmy Morales. Nueva Zelanda es una buena referencia en materia de corrupción, ya que desde que arrancó el Índice de Percepción de Corrupción en 1995, consistentemente emerge como uno de los países más transparentes del mundo, si no el primero.
En la medición de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, la última estadística disponible, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una calificación de 91. Guatemala se ubica en la casilla 115 de un total de 175 países, con un abismal punteo de 32. “Las comparaciones son odiosas”, dice la frase proverbial, y podríamos inventar excusas. Históricamente, Nueva Zelanda la tuvo fácil, porque su población de ovejas no corruptibles excedió el número de seres humanos. Además, las islas habitadas por los Maorí, se convirtieron en colonia inglesa en 1840, con lo cual heredaron un sistema de derecho consuetudinario y un gobierno parlamentario. Finalmente, es un país rico: su Producto Interno Bruto per cápita nominal de US$ 35,966, mientras el nuestro es de US$ 3,477.89.
Es cierto. Pero la trayectoria de ambos países pudo ser distinta. El profesor Daniel Treisman realizó una investigación que reveló que las ex colonias británicas tienen una especie de protección contra el embate de la corrupción, pero luego Reyer Gerlagh y Lorenzo Pellegrini concluyeron lo contrario. No todos los territorios con dicho pasado se salvan del embate de la corrupción.
Sí existe un demostrado vínculo entre economías abiertas y prósperas y la transparencia. Nueva Zelanda es la tercera economía más libre del mundo gracias a un conjunto de reformas liberalizadoras que Ruth Richardson contribuyó a implantar entre 1984 y 1994. La descripción que hace el Índice de la Libertad Económica de la economía nuevo zelandesa es envidiable. La piedra angular de la reforma económica de los ochenta y noventa fue la apertura comercial: una liberalización de comercio unilateral redundó en bajas barreras no arancelarias y un arancel promedio de 1.6 por ciento. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria. La carga tributaria es relativamente baja: la tasa máxima del impuesto sobre la renta para individuos es de 33% y para corporaciones es de 28%. El país es más competitivo por el hecho de no tasar las herencia o las ganancias de capital. El sector financiero es altamente competitivo. Un empresario puede fundar su negocio en un día, completando un único trámite; tanto los reglamentos para los negocios como el mercado laboral son flexibles. Adicionalmente, se eliminaron los subsidios agrícolas. Nueva Zelanda tiene los subsidios más bajo de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sector agrario es ahora diversificado y competitivo.
Nueva Zelanda posee un fuerte Estado de Derecho. Garantiza la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. El soborno es fuertemente castigado; las leyes velan porque los funcionarios públicos presten un servicio transparente. En su libro Making a Difference (1995), Richardson confiesa que “la práctica de la política en Nueva Zelanda se distingue por dos libertades—la libertad de la corrupción y la libertad de movimiento. Ni una sola vez encontré una violación de la primera.”
La lección es contundente: entre más simples y directas sean las trabas gubernamentales, más bajos son los incentivos para el chantaje, soborno y el abuso del poder para ganancia personal. Esa debe ser la estrategia de la Administración Morales.
Este artículo fue publicado el 8 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.
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