La solución es emprender

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Aceptemos el reto: lograr que un mayor número de los guatemaltecos soñando con emprender, se lancen al agua y creen negocios estables.
Guatemala es un país de emprendedores, y eso es bueno. El emprendedor identifica con ojo clínico las necesidades insatisfechas de los demás. Detecta en ellas una oportunidad de crecimiento, y a pesar de la incertidumbre, invierte arduas horas de trabajo, así como ahorros propios y ajenos. Es usual que este personaje persevere sin desfallecer ante el fracaso, y sigua innovando hasta triunfar. Lo admiramos porque su productividad crea riqueza y mejora la sociedad. La pregunta clave es: ¿Cómo logramos que más emprendimientos fructifiquen y prendan el motor de la economía?
Dos estudios distintos pero coincidentes nos brindan algunas luces: el Reporte Nacional de Emprendimiento GEM para el 2014-2015 y la serie Poverty Cure. El GEM ofrece una radiografía de la situación actual en Guatemala. Permite evaluar los avances conquistados por el país en comparación con otros países y a través del tiempo, dado que el estudio se ha realizado por seis años consecutivos. Al igual que GEM, la documental Poverty Cure reconoce el valor del emprendimiento para aliviar la pobreza mundial. Poverty Cure analiza las instituciones socio-económicas y políticas que estimulan o desalientan la actividad económica.
Según el GEM, Guatemala tiene una alta tasa de emprendimiento temprano si se le compara con el resto de la región latinoamericana. Los guatemaltecos menores de 35 años protagonizan el 60% de los emprendimientos en etapa temprana. De estos, 43% arranca con menos de Q. 10 mil quetzales de capital. La mayoría de iniciativas se orientan al consumo: su producción demanda una reducida inversión en tecnología y no transforma significativamente el producto ofertado. El emprendimiento en Guatemala tiende a ser auto-empleo. Algunas personas cierran el negocio cuando acceden a un puesto seguro en el mercado laboral formal, o emprenden para complementar un salario. Desde el 2009, más de la mitad de los nuevos negocios son puestos en marcha por mujeres. Idealmente, un negocio se establece y crece con el paso de los años, generando empleos e ingresos constantes, pero no todos los nuevos negocios en Guatemala llegan a esta etapa.
Un discernimiento medular de la investigación elaborada por el equipo del GEM queda plasmado en una gráfica que revela una tasa mayor de emprendimiento en economías en vías de desarrollo que en economías desarrolladas. Se retrata así a quienes emprenden por necesidad, desde la pobreza y a veces desde la informalidad, porque otras vías alternas de subsistencia les resultan menos accesibles.
Leer el estudio del GEM trae a la memoria un mensaje subyacente a la serie Poverty Cure: es un mito que los pobres son perezosos, dependientes y poco creativos. Al contrario, el verdadero problema reside en las reglas del juego paternalistas que desestiman sus potenciales aportes a los mercados globales.
Más que clamar por caridad o subsidios, los guatemaltecos deberíamos exigir la posibilidad de trabajar con libertad de entrada y salida en mercados dinámicos, tanto nacionales como internacionales. Ello implica derrumbar barreras, simplificar regulaciones y mejorar el acceso al crédito. Segundo, necesitamos una adecuada protección de nuestras vidas y propiedad. El estudio del GEM corrobora las conclusiones de otros estudios: la corrupción, las extorsiones y una defectuosa y lenta defensa de nuestros más básicos derechos en las cortes del sistema obstaculizan y encarecen el desarrollo de la empresarialidad. Finalmente, requerimos una cultura que reivindique y premie la innovación, el ahorro, la laboriosidad, la responsabilidad, la honestidad y todas las demás virtudes necesarias para prosperar en un mercado libre.

Este artículo fue publicado el viernes 17 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La ilustración es propiedad de la UFM y muestra un detalle del Lienzo Q que narra la conquista de Guatemala.  El lienzo contiene escenas de comercio.

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¿Más gobierno es igual a menos pobreza?

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En vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Oxfam circuló un impactante titular: en el 2016, el 1% más rico controlará más riqueza que el restante 99% de la humanidad. La controversial confederación de ONGs originaria de Oxford, Inglaterra, tuvo un impacto masivo pues su mensaje ha sido repetido hasta la saciedad.

¿Tiene razón Oxfam? Sí y no. El estudio afirma que las personas más ricas del mundo, el 1% en la cúspide, controlaba el 48% de la riqueza mundial disponible en el 2014, mientras que en el 2009 controlaba el 44%. La organización predice que dentro de un año los mega-ricos poseerán más de la mitad de la riqueza disponible. Oxfam toma sus datos del Credit Suisse Global Wealth Datebook (2013-14) y de la revista Forbes.

El cálculo de Oxfam es cortoplacista, opina el director del Instituto para Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Yale, Jacob Hacker. Los años recientes favorecieron a los multimillonarios, pero la tendencia de largo plazo es más ambigua. Por otra parte, es debatible cómo define riqueza Oxfam, según varios analistas financieros, incluyendo el sitio Money. Credit Suisse toma como riqueza únicamente “el valor de mercado de los valores financieros más los valores no financieros (principalmente vivienda y tierra) menos deudas.” Con base en este criterio, una persona con un salario alto pero con deudas, como por ejemplo una hipoteca, emerge más pobre que un campesino que no debe nada. El analista financiero Felix Salmon ilustra el punto: una niña que acaba de recibir su mesada de 50 centavos de dólar, tiene más dinero que el ingreso combinado de los 2 millardos más pobres en el mundo. Y ese 2% de supuestos indigentes podría incluir a la octava persona más rica del mundo en el 2012, Eike Batista, quien hoy tiene un ingreso neto negativo.

Es engañoso agregar a las personas con base en los bienes netos que poseen, concluye Salmon. Las mediciones de riqueza comparada pueden ser útiles a cierto nivel, pero la agregación oculta más de lo que revelan respecto de la calidad de vida de las personas incluidas en cada grupo. Obscurece el hecho que en los países más prósperos, hasta los menos afortunados viven mejor que los acomodados en países en vías de desarrollo.

Pero para mí cobra más relevancia evaluar la agenda política de Oxfam. ¿Qué pretenden al crear una mentalidad de crisis global respecto de la desigualdad? Por décadas, la solución preferida por Oxfam para todo ha sido más gobierno coactivo y menos mercado libre. Y esta vez no es la excepción. Oxfam recomienda cobrar más impuestos al capital y a los ricos, evitar la evasión de impuestos por parte de los ricos, aumentar los salarios mínimos, invertir en servicios públicos gratuitos de educación y salud y crear más programas estatales. Su fe en la acción gubernamental para sanar la pobreza ignora décadas de ineficiencia, despilfarro y corrupción.

“La pobreza tiene su raíz en la desigualdad” lee el credo de Oxfam. ¡Falso, falso, falso! La humanidad entera fue pobre en términos económicos hasta que descubrío cómo crear, producir, innovar y emprender. Solamente obtienen su riqueza a expensas de otros quienes gozan de privilegios y proteccionismos estatales, en sistemas mercantilistas y corruptos. En los mercados libres, sin barreras de entrada, cualquiera puede superarse sin perjudicar al prójimo, haciendo crecer la riqueza disponible con su trabajo honrado. Los programas redistributivos estatales solamente son la panacea para la llamada “industria de la pobreza”: las burocracias, ONGs y los anti-Robin Hoods que cosechan beneficios personales de la miseria.

Este artículo fue publicado el 13 de febrero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía fue tomada por A.L. Rodríguez en Uganda.

Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

El comunicado de la Conferencia Episcopal

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La humanidad aprendió cómo generar el progreso y el florecimiento personal, pero se interponen en el camino complejos obstáculos políticos, legales e ideológicos. ¿Cómo podemos los guatemaltecos crear un entorno pacífico, libre y próspero?

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala titulado “Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia”, emitido el 1 de julio, invita a los fieles laicos a analizar algunos preocupantes problemas nacionales. El comunicado está compuesto por un listado de siete dilemas, seguido de seis propuestas de acción, que giran en torno a los patrones recientes de migración, el desempleo, la violencia, el elevado costo de la energía eléctrica y las medicinas, los disturbios por la minería y, en el ámbito jurídico, el abuso a los amparos.

Al estudiar el documento salta a la vista que los problemas sociales son, en el fondo, problemas económicos. ¡Qué importante es comprender cómo funcionan los mercados! Además, las situaciones descritas por los obispos presentan aristas legales y políticas: el conjunto de reglas que enmarca la actividad económica afecta los resultados cosechados.

Considero que la Conferencia Episcopal pone el dedo en la llaga al enfocarse en la necesidad de generar más y mejores condiciones para prosperar. La única vía para salir del pozo de la pobreza es generando riqueza. Cuando los guatemaltecos confronten una amplia oferta de trabajos, las tasas de desempleo y subempleo descenderán, y la sana competencia pujará los salarios para arriba. No arriesgaremos la vida y la unidad familiar migrando a tierras lejanas en busca de oportunidades. En palabras del sacerdote Robert Sirico, “la creación y la conquista de un empleo remunerado acaba con el círculo vicioso de la dependencia y empieza el círculo virtuoso de la participación en la economía de mercado. Los trabajos son el mejor programa anti-pobreza en el mundo.”

El trabajo es una vocación, no un castigo, predica la Iglesia Católica. El trabajo nos dignifica, así cosechemos café, procesemos metales o desarrollemos software. Como pastores, los sacerdotes comparten la desesperación de los padres cuando no pueden proveer el sustento a sus familias. Es preciso reconocer el valor de la creatividad, el ahorro y la inversión que facultan al empresario crear empleos. Debemos potenciar las relaciones laborales contractuales, cordiales y claras, dentro de un mercado abierto y dinámico, al tiempo que evitamos las políticas y leyes que entrampan el surgimiento de nuevas plazas. La Conferencia Episcopal señala acertadamente que “la migración solo disminuiría si en el país crecieran las oportunidades de ingreso, se facilitara mayor inversión de capital y se dieran políticas públicas orientadas no solo al gasto público, al derroche clientelar o a la corrupción pura y dura sino al favorecimiento de generación de empleos productivos.”

La infraestructura energética contribuye a atraer la inversión. De allí que los obispos se pronuncien a favor de las hidroeléctricas. La violencia, en cambio, ahuyenta el emprendimiento económico. Siendo el combate al crimen una tarea prioritaria del gobierno, “la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia” queda evidenciada por los índices altos de violencia en Guatemala. No se originaron en la región dos fuertes lastres—la guerra contra las drogas y las maras—pero cabe admitir que lejos de producir la paz, las estrategias gubernamentales adoptadas a la fecha para resolver estos males han cobrado vidas y causado más zozobra. Caminaremos en la dirección correcta si se convence a la ciudadanía que los linchamientos, los bochinches, los ataques a la propiedad ajena y otros medios violentos aumentan, no reducen, la conflictividad.

Pese a nuestros graves problemas, como los obispos, yo albergo la esperanza de vivir en una sociedad que propicie el florecimiento de toda persona humana.

Este artículo fue publicado el 11 de julio del 2014 en la Revista Contra Poder y en CEES.

La foto es mía.