Captura, no cooptación

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bautiza sus casos con nombres sugerentes, pero ¿qué es cooptación?

Los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre los casos investigados por la CICIG. Éstos portan nombres llamativos, como Caso negociantes de salud, La Línea, La Cooperacha, Impunidad y Defraudación, Corrupción TCQ, y el sonado Caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Cabe preguntar, ¿cómo se coopta a un Estado? Un amigo exclamó recientemente que la palabra no significa lo que por ella entienden el comisionado Iván Velásquez y la prensa. Efectivamente, el Diccionario de la Real Academia dice que cooptar es “llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella.” Wikipedia ilustra esta definición. El primer ejemplo refiere a un período particular durante el imperio romano, cuando los emperadores podían adoptar como hijo (cooptado) al hombre que elegían para sucederles. La segunda instancia es el ascenso a un grado superior por oficiales de las Fuerzas Armadas, el cual ocurre por cooptación.

Empero la CICIG acusan a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de liderar una red criminal que se enriqueció ilícitamente tras “cooptar el poder”. Conformaron una compleja “maquinaria de lavado de activos” desde que el Partido Patriota empezó a hacer campaña. En inglés, una acepción del vocablo “coopt” alude a tomar algo como propio. Justo eso hicieron los integrantes de esta mafia gobernante. Pero en español, sus actividades serían mejor descritas como captura y no cooptación.

La teoría de la captura es atribuida al economista de la Universidad de Chicago, George Stigler. Ganó el premio Nobel en 1982 precisamente por investigar el efecto de las regulaciones públicas en la estructura de la industria. Stigler encontró que los regulados, supuestos perjudicados por la regulación, realmente se benefician de ella. Contrario a nuestras expectativas, las trabas diseñadas por funcionarios dañan a los consumidores. Los regulados incluso cabildean a los legisladores para que aprueben leyes que elevan el costo de entrada a sus respectivos mercados, garantizándoles así condiciones casi monopólicas. La comisión que regula los taxis de Washington, D.C., por ejemplo, es un regulador capturado. Su fin es garantizar “una experiencia en taxi segura, cómoda, eficiente y barata en vehículos bien equipados”, pero en la práctica protege los intereses de las compañías de taxis. Han obligado al servicio Uber a cobrar hasta cinco veces más que un taxi para prevenir que sus cómodos vehículos compitan con el servicio tradicional.

La CICIG sostiene que Pérez Molina, Baldetti y sus amiguetes, muchos de los cuales ocupaban cargos públicos, eran simultáneamente dueños o controlaban empresas, asociaciones y cuentas bancarias hacia las cuales trasladaban fondos públicos. Lo dramático de esta red es que la captura ocurre desde dentro del foro político, pues fue orquestada por políticos y no por empresarios mercantilistas o corruptos.

Es cierto que los gobernantes inescrupulosos que abusan del poder político atraen a figuras corrompibles, pero también arrastran a partícipes reacios. Ahora, la difícil tarea del Organismo Judicial es separar a la hierba verdaderamente mala, de las personas que siempre hubieran preferido una dinámica transparente.

No es razonable suponer que cualquier ciudadano que interactúa con políticos es responsable de captura. Acusar de corruptores a cientos de ciudadanos, de forma indiscriminada, provocará una costosa desaceleración de la economía nacional. El costo de dejar atrás ese turbio juego al cual nos habíamos acostumbrados no debe exceder el beneficio de institucionalizar una interacción civilizada, basada en la honradez y demás virtudes.

Este artículo fue publicado el 1 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

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La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.