Demasiada competencia

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La competencia que es excesiva es la competencia por regular y regular y regular cada faceta de nuestras vidas.

La semana pasada concluyeron las audiencias convocadas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República para analizar la iniciativa de Ley de Competencia. Dicen que Guatemala es el único país en América Latina que aún no cuenta con semejante ley. Además, prometimos a la Unión Europea aprobarla. Es tal la presión que perdemos de vista el grave peligro de caer en la doble regulación, la redundancia y la turbiedad que generará confusión, corrupción y abusos.

Es un mal hábito afirmar que “no tenemos una ley ” para enmarcar esta o aquella actividad, cuando normas vigentes ya regulan la materia. Cada nueva iniciativa tendría que pasar un doble colador. Primero, la propuesta debe ser superior al ordenamiento vigente en calidad y claridad. La Constitución prohíbe los monopolios en el artículo 130, y el Código de Comercio contiene protecciones a la libre competencia. ¿Necesitamos otros 178 artículos para demarcar cómo competir unos con otros?

Segundo, los ponentes deben justificar los costos asociados con las nuevas disposiciones. Cada despacho estatal creado representa una carga adicional para los tributarios. Aquí se instituye una Superintendencia de Competencia con poderes discrecionales para castigar al actor económico que a su juicio es insuficientemente competitivo. El costo de mantener un nuevo despacho se suma a los costos ocultos, inmedibles, que impondrá a miles de emprendimientos susceptibles de ser sancionados.

¿Por qué, si el proyecto dice defender la competencia libre, tiene detractores liberales? Pues, pese a su nombre y a su poética prosa pro-libertad, la Ley de Competencia entorpecería la dinámica del mercado. Esa ha sido la experiencia con las leyes anti-monopolio y de competencia desde la aprobación en 1890 de la Ley Sherman en Estados Unidos. El profesor del derecho Sylvester Petro (1917-2007) afirma que las leyes anti-monopolio, tanto las federales como las estatales, restringen en lugar de preservar la competencia. Ello se debe a dudosas interpretaciones y a malas decisiones administrativas. Además, comportan subsidios que protegen a negocios ineficientes. La competencia de mercado es el resultado de la adecuada protección de los derechos de propiedad privada y de la inviolabilidad de los contratos, subraya Petro.

El mercado verdaderamente libre es un proceso cambiante. Crecen las empresas cuyos administradores son capaces y responden a las preferencias de los consumidores. En cualquier momento, sus competidores existentes y potenciales podrían robarles participación de mercado.

Si tenemos que tener una ley debido a la insistente presión extranjera, los diputados podrían aprobar una Ley de Competencia con tan solo cuatro artículos. Ellos servirían para reafirmar: los derechos de propiedad privada, la inviolabilidad de los contratos, la libertad de entrada a cualquier oferente, y finalmente, la ilegalidad de los monopolios artificiales creados, sostenidos y protegidos por el gobierno.

La Administración Morales-Cabrera y la Octava Legislatura debe despertar al hecho que, al abrirse tantos frentes y proponer tantos distintos cambios a las reglas del juego, alimentan una intolerable incertidumbre. La Ley de Competencia se suma a decenas de iniciativas, algunas de las cuales también abordan temas de envergadura, como la Ley de Aguas. Se acompaña de la amenaza de una cara reforma tributaria, una feroz persecución penal de personas sospechosas de evasión fiscal, una nula defensa de la propiedad privada, una deteriorada infraestructura vial, baja en la inversión extranjera directa, y más. Daños graves a la economía guatemalteca se traducirán en reveses políticos para los gobernantes de turno.

Este artículo fue publicado el 12 de agosto del 2016 por la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía es de una planta parásita que puede terminar matando a la planta de la cual obtiene sus nutrientes, porque la excesiva regulación en lugar de proteger, mata.

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Privado, privatización

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Es un error común, pero nefasto, satanizar lo privado.

Prendí el radio mientras conducía. No logré identificar a la voz masculina que hablaba por Radio María, por lo cual me referiré a él respetuosamente como La Voz. La parte de su locución que alcancé escuchar sigue rondando mi mente. Es malo convertirnos en católicos “privados”, y practicar la fe encerrados en nuestra habitación, dijo La Voz. Accedí con la cabeza. ¿Cómo no compartir el tesoro y la alegría de la fe con quienes nos rodean? Los creyentes damos testimonio de la Buena Nueva mediante la persuasión y el ejemplo. Pensé en los gobiernos que prohíben los crucifijos y otras manifestaciones de religiosidad en aras de la separación entre la Iglesia y el Estado. Coartan la libertad religiosa de sus ciudadanos al llevar a un extremo malsano dicha separación.

Estas cavilaciones me alejaron del argumento desarrollado por La Voz. Hemos privatizado la religión, se quejó vehementemente, y pretenden privatizar la tierra, las hidroeléctricas y las minas….Algunos quieren las cosas privadas, prosiguió La Voz, para disfrute personal, para negárselas a otros, por egoísmo. Pero Jesucristo y la tierra son para todos, y hemos de tenerlos en comunidad…en comunismo. Moví la cabeza en triste desacuerdo.

¿Conoce Usted la película de terror La mancha voraz, de 1958? La Mancha era una plasma depredadora sin forma, sin corazón y sin mente. Supuestamente, era superior a los seres humanos. ¿Se aproximará la Mancha al ser ideal de La Voz? ¿Debemos vaciarnos, y sepultar nuestras particularidades para vivir en comunión con otros? No lo creo. Dios ama a cada persona única e irrepetible. Para fraguar nuestro camino de salvación, debemos crecer en vida interior. Si no hacemos esa carpintería hacia adentro, no podemos darnos a los demás con generosidad. Al no tener nada que dar, la Mancha destruía. Así, ese rato a solas con Dios, frente al oratorio o en nuestra habitación, no es necesariamente sinónimo de individualismo.

Poseer bienes tampoco nos transforma ipso facto en codiciosos y ensimismados idólatras de lo material. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes recoge la postura tradicional de la Iglesia a favor de la propiedad privada. Ésta “contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía…La propiedad privada…asegura a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y debe ser considerada como ampliación de la libertad humana.” (71) En cierto modo, la generosidad depende de la libertad y la propiedad privada, porque no podemos ceder voluntariamente aquello que no nos pertenece. Carece de mérito moral repartir bienes ajenos o comunales.

La propiedad privada es un instrumento social adecuado para asegurar el racional y óptimo uso de los bienes que Dios puso a disposición universal de la humanidad. Samuel Gregg lo expresa así: “la propiedad privada es un medio normativo para realizar el principio del uso común de los bienes”. La propiedad privada desarrolla nuestra autonomía y personalidad. Nos incentiva a trabajar, y a ser creativos y productivos.

La Voz podría sostener que los propietarios automáticamente dañan al prójimo. Ocurre lo contrario. Las personas productivas emplean su condición de dueños para proveer a los demás de alimentos, ropa, zapatos, ollas, electricidad y más. Satisfacen nuestras necesidades básicas. Los regímenes comunistas entorpecen esta dinámica de mercado, mutuamente beneficiosa.

Finalmente, los derechos de propiedad claramente definidos garantizan la paz. Sólo cuando sabemos quién tiene derecho a qué podemos encontrar una solución a los conflictos de interés entre los miembros de la comunidad.

Este artículo fue publicado el 22 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía fue adaptada de este sitio. No es original.

Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Monopolios de Gobierno?

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¿Cómo sería Guatemala si las fincas, hidroeléctricas, minas, agua, bancos y otras empresas fueran propiedad del gobierno?

Algunas organizaciones, con tendencia socialista, quisieran legislar para debilitar o abolir la propiedad privada. Asumen que si los recursos estuvieran en manos del Gobierno, nadie carecería de nada. Sustituirían el sistema de precios por una redistribución basada en criterios políticos, no económicos, según las necesidades percibidas de los gobernados. O asegurarían precios subsidiados. Esa es la equidad imaginada.

En la vida real, el comunismo a gran escala fracasa en alcanzar el sueño. Entre los países más pobres del mundo destacan aquellos que optaron por modelos socialistas, como Mozambique, Eritrea y Corea del Norte. Los países con precarios derechos de propiedad también sufren: Venezuela, Bangladesh y Burundi, para mencionar algunos ejemplos.

Si el Gobierno se abrogara la propiedad monopólica del agua, o de las hidroeléctricas, o de las minas, una institución pública centralizada repartiría una cantidad racionada de agua, electricidad o minerales. Las tarjetas de raciones—tres onzas de arroz, dos horas de luz eléctrica— son característica de las economías centralmente planificadas. Excepcionalmente, el Gobierno nos dejaría producir bienes usufructuando pedazos de tierra, cedidos mediante permiso especial, pudiendo rescindirse el acuerdo en cualquier momento. Se crearían incentivos perversos, tanto para los usuarios como para los funcio- narios públicos. Los favorecidos con permisos temporales tendrían el incentivo de sobreexplotar los recursos durante los últimos años de su permiso; no les interesaría el futuro.

Cargaríamos a los funcionarios públicos con tres imposibles. Primero, tendrían que ser omniscientes conocedores de la disponibilidad de los recursos y de los procesos de producción. Segundo, los obligaríamos a deponer sus intereses personales. Y tercero, tendrían que ser de piedra para resistir presiones. ¡Tendrían el plenipotenciario poder de decidir quién accede a los insumos básicos, necesarios para sostener la vida! Ocurriría lo que sucedía con las líneas telefónicas en décadas pasadas: las conseguían quienes eran parientes y amigos de los gerentes de la empresa estatal, o los que pagaban mordida.

En 1968, el biólogo Garrett Hardin confirmó que “lo que es de todos, es de nadie”, y que inexorablemente tendemos a sobreexplotar todos aquellos recursos que usufructuamos en común con otras personas. Ni la comunalidad ni la existencia de un único dueño (Gobierno) propician la conservación o el ahorro. La principal causa de la contaminación de aguas superficiales, como los lagos, es precisamente el hecho de que, en papel, varias agencias estatales son las responsables de cuidar el recurso, pero en la práctica nadie lo es.

En contraste, el uso privado de los recursos acarrea beneficios insospechados para toda la comunidad. En el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde muchos estados son áridos, los derechos de agua se asignan en forma privada desde hace siglos. Allí, las personas poseen títulos sobre el agua, documentos legales que son transferidos libremente en el mercado. Así, el agua tiene un precio que refleja su escasez y se destina a los fines que son más valorados. Además, los usuarios pueden tomar riesgos en relación con un suministro variable de aguas. Los mercados superan a los sistemas altamente regulados porque son más flexibles, se adaptan a la información cambiante y los avances tecnológicos, y procuran usos congruentes con la conservación y la protección de los recursos naturales.

Los legisladores preocupados por la equidad y la pobreza harían bien en fortalecer los derechos de propiedad privada y desoír el canto de la sirena socialista.

Este artículo fue publicado el 29 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Nuestro futuro, según Gianca

 

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Sumo mis gotas al caudaloso río de emotivas despedidas a Giancarlo Ibárgüen (1963-2016), pues fue un referente intelectual y un ejemplo de vida para mí, desde que trabamos amistad hace más de 35 años.

Giancarlo falleció el miércoles 9 de marzo, tras llevar con elegancia la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Muchos guatemaltecos y extranjeros le han rendido tributos, perfilando a un amigo y mentor que brilló por su inteligencia, humildad, valentía, integridad, optimismo y visión de futuro. Fue un motor incansable propulsado por el ideal de la libertad. ¿Cómo portaremos su antorcha? Ante tanto alboroto, ¿desearán las autoridades de turno ajustar su gestión a la visionaria misión de este sabio compatriota?

La última pregunta arrancaría una cariñosa mirada de desaprobación de Gianca, porque lo incomodaban los cumplidos y porque no se estilaba como asesor político o patriota, aunque amó a Guatemala. Él no creía en las fronteras políticas que separan artificialmente a las personas. Y, si al final de su vida recibió homenajes, seguramente esperaba que ellos avanzaran su misión de vida. En ese espíritu quijotesco, me atrevo a esbozar tres grandes lineamientos que Gianca nos legó para redirigir el rumbo del país (y de la humanidad).

Primero, Gianca nos pediría que confiáramos en la persona: somos capaces de elegir lo que más nos conviene a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. ¡Laissez faire, sin atropellar la dignidad humana! Las personas libres innovan, invierten, construyen, emprenden e intercambian en un juego de suma positiva. Constituye una fatal arrogancia suponer que unos pocos poseen el conocimiento suficiente para controlar las vidas de los demás.

Segundo, Gianca insistiría en el resguardo de los derechos de propiedad privada como un medio imprescindible para vivir con responsabilidad y libertad. Su propuesta de usufructuar el espectro radioeléctrico a través de subastas imparciales resultó efectivísima, porque aclara quién tiene derecho a hacer qué con el espectro. Podríamos abordar de forma similar el subsuelo, el agua y otros bienes que la Constitución pone en manos del Estado. Definir y garantizar los derechos de propiedad privada reduciría la conflictividad que ahora se vive por actividades mineras, el uso de los ríos y lagos, y más.

Tercero, Gianca creía en la competencia. Admiraba a los emprendedores que detectan oportunidades donde nadie más las ve. Gustaba hablar de las bondades de la disrupción, porque cuando estamos abiertos al cambio se puede mejorar. Recomendaba poner a competir a las unidades administrativas (municipalidades y ciudades), dejándolas ensayar con reglas particulares para atraer a diversos pobladores. La descentralización, y sobre todo la descentralización fiscal, fueron dos de sus causas en los noventa. Más recientemente, abogó por ciudades libres porque acelerarían la detección de buenas prácticas en la administración pública y la aplicación de la justicia.

Por las mismas razones, Giancarlo sugirió a las autoridades en el Ministerio de Educación facilitar un sistema plural donde coexistieran los colegios acreditados, con colegios no acreditada por el ministerio. Imaginaba una Guatemala con abundante oferta educativa para todos los gustos, cara y barata, tradicional y vanguardista, formal y de garaje. Asimismo, recomendaba abolir la colegiación obligatoria para profesionales. El mercado distingue entre la excelencia y la mediocridad más ágilmente que los burócratas.

Aplicando la libertad, la propiedad y la competencia como principios elementales, Giancarlo recomendó soluciones a otros problemas como la conservación de los recursos ambientales, la guerra contra las drogas, los sistemas de justicia y policíacos, y más.

Descansa en paz, Gianca, reconfortado en la certeza que libraste la buena batalla. Intercede por quienes seguimos luchando por todo lo que siembre la paz.

Este artículo fue publicado el 18 de marzo del 2016 por la Revista Contra Poder y el CEES.

 

Identidad latinoamericana

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¿Existe una identidad o unos compromisos comunes que unen a Estados Unidos y América Latina?

El reto es planteado por una amiga historiadora estadounidense. Mi primera respuesta, quizás cliché, fue que los procesos de colonización diferentes rinden distintas identidades. John H. Elliott defiende esta tesis en su libro Imperios del Mundo Atlántico. Contrasta a dos figuras emblemáticas: Hernán Cortés y Chistopher Newport. El conquistador español logra en 1519 hacer un traslado del poder imperial de Montezuma a la Corona Española. El marinero inglés es empleado de una compañía privada y arriba en 1606 en pos de aventura. El encuentro con avanzadas civilizaciones indígenas en el continente americano acarreó consecuencias chocantes; produjo una catástrofe demográfica debido a enfermedades y conflictos, pero también suscitó un debate sobre los derechos de los salvajes, considerados seres humanos e hijos de Dios. Además, los conquistadores se garantizaron tributos y mano de obra mediante el sistema de encomienda. Al Norte, las tribus indias fueron dejadas al margen del proceso colonizador; no aportaron tributos ni mano de obra. Los dueños de las grandes plantaciones importaron campesinos contratados y esclavos.

Relevante a la pregunta inicial es la relativa fuerza del poder político de las monarquías. Según Elliott, el fuerte imperio español en el Nuevo Mundo duró tres siglos e instauró una identidad compleja, anclada en unas leyes, una burocracia, un idioma y una religión. En contraste, la debilidad de la dinastía Estuardo y el arraigado derecho consuetudinario permitieron una colonización libre y plural.

Con Elliott descartamos la construcción de una identidad americana común durante la época colonial. El siguiente paso es escudriñar los movimientos de independencia. Se adelanta Estados Unidos con su proclama de 1776, que junto con la revolución francesa de 1789, influye sobre el pensamiento libertador en América Latina. El rechazo a la tiranía y los ideales republicanos pudieran ser dos conceptos compartidos. ¿Pero será que en el Norte y el Sur empleamos los términos tiranía, república, indepencia y liberalismo en el mismo sentido?

Nos recuerda Carlos Sabino, en El Amanecer de la Libertad, que la independencia vino a las diversas colonias españolas cargada de matices, luchas por el poder y debates ideológicos. Ya para 1826, el republicanismo lucía ser el sistema político preferido por los libertadores. Observa Sabino que los latinoamericanos no nos deshicimos del tirano, pues pronto emergieron las dictaduras caudillistas, frecuentemente opresivas. Sabino detecta en nuestra evolución política un fenómeno cíclico entre dictadura y caos.

Otro debate propio de la época concierne a los conservadores y los liberales. ¿Qué querría conservar un estadounidense, en contraposición a un hispanoamericano, en el siglo XIX? ¿Y de qué querrían liberarse? Irónicamente, algunos antepasados nuestros quisieron conservar reglas y tradiciones monárquicas anteriores a la liberal Constitución de Cádiz (1812). Otros pretendían reemplazar a la élite gobernante sin alterar las estructuras sociales.

El liberalismo y el afán del progreso pegó también, y antes, en el Viejo Continente. Sin embargo, no pareció florecer en tierras hispanohablantes el ideario clásico liberal con la contundencia con que figura en textos por James Madison, Thomas Jefferson y otros fundadores de la patria estadounidense. La defensa de la propiedad privada, la inviolabilidad de los contratos y otras nociones imprescindibles para el buen funcionamiento del mercado figuran poco en los textos latinoamericanos.

En resumen, el republicanismo parece ser el único eslabón entre América Latina y Estados Unidos.

Este artículo fue publicado el 21 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

 

800 años de libertades constitucionales

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La Magna Carta de Inglaterra fue suscrita el 15 de junio de 1215. Por vez primera, un contrato social, una Ley, estaba por encima del poder temporal y de los hombres. 

Celebramos el 800 aniversario de la constitución inglesa debido a su impacto en la sociedad moderna. La Magna Charta Libertatum asentó, quizás por vez primera, la libertad individual. Cuenta Daniel Hannan, representante británico ante el parlamento europeo, que el acuerdo se pactó a orillas de un río al sur de Inglaterra, en Runnymede. (The Wall Street Journal, 29-V-2015) Los obispos y nobles que obligaron al rey Juan sin Tierra (Sans-Terre) a reconocer las libertades a los hombres libres (free men) querían afianzar sus privilegios. Los nobles, que constituían apenas la séptima parte de la población, ya poseían derechos: el rey los reconoció. Juan se comprometió a no confiscar sus bienes y a no encarcelar ni matar a alguien sin que antes fuera juzgado por sus pares. Es decir que no usaría más su poder para inventar reglas a su antojo.

La llamaron Magna Carta por su extensión y no por su trascendencia, ignorada por sus autores. Sin embargo, gracias a esa histórica renuncia al uso del poder arbitrario, quienes hoy vivimos en regímenes políticos abiertos y constitucionales contamos, en mayor o menor grado, con periódicos no censurados, la igualdad ante la ley, derechos de propiedad reconocidos y garantizados, habeas corpus, elecciones regulares, libertad de religión y de culto, libertad de asociación, contratos inviolables, y juicios en tribunales.

La constitución adquirió nuevas dimensiones tras la colonización de América, pues los ingleses que arribaron al Nuevo Mundo reinterpretaron su alcance. Los británicos sostenían que la Magna Carta colocaba al parlamento por encima del monarca, mientras que en las nuevas colonias se asumió la primacía de la Ley sobre el parlamento y el rey. En 1687, William Penn explicó que este documento distinguía a los ingleses del resto del mundo, porque en la mayoría de naciones, “el príncipe es la Ley, su palabra decapita a cualquiera, promulga impuestos, o confisca la tierra de un hombre…”. Los ingleses nacen con derechos fundamentales, agrega Penn, pues tienen libertades de las cuales no pueden ser privados sin su consentimiento.

Hannan hace hincapié en un hecho ignorado: la revolución americana contra la corona era esencialmente patriótica. Cuando exigían que debían contar con representación en el parlamento como una condición previa al cobro de impuestos, los rebeldes reafirmaban sus libertades plasmadas en la Magna Carta. Era el Rey Jorge III quien se había apartado del espíritu de la constitución, y por consiguiente, merecía la etiqueta de tirano.

La Magna Carta no inventó la libertad, ni fundó la primera democracia, ni fue la primera constitución. Ya los egipcios y los sumarios habían codificado leyes y los griegos habían experimentado con la democracia. Su originalidad descansa en caracterizar la libertad de la persona como superior y anterior al Estado, en amarrar la libertad con la propiedad privada, y en afirmar la “libertad bajo la ley”.

Tomemos nota, guatemaltecos. Las manifestaciones cívicas comulgan con el sentir de la Magna Carta inglesa pues rechazamos la tiranía: el uso arbitrario del poder para robar y confiscar nuestros tributos y bienes. Nuestra Constitución, que dista mucho de ser perfecta, no es la causa de la deleznable corrupción. Los voraces corruptos más bien desacatan la legalidad, nublados por sus poderío temporal. No nos dejemos robar este momento. De una Asamblea Nacional Constituyente integrada por diputados partidistas podemos esperar cualquier cosa, menos una constitución de principios generales, abstractos e impersonales. No le demos cancha a agendas que devalúen nuestra constitución y reduzcan nuestras libertades, en lugar de fortalecerlas.

Este artículo fue publicado el 5 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La ilustración fue tomada del sitio http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2015/04/magna-carta.jpg 

NOTA: una mejor alternativa es la reforma parcial de la constitución para el sistema de justicia, la Propuesta de Acuerdos de Seguridad (PAS). ¡Examínela!