Campañas, dinero y transparencia

Elections

¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.

 

 

 

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Siglos de mercantilismo

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Nos cuestan caro las etiquetas mal empleadas. Cometen un grave error quienes etiquetan como capitalismo o liberalismo al sistema económico vigente—mercantilista—caracterizado por la competencia política y el privilegio del Estado.

Me intrigaron dos reacciones a la columna “Los libertarios chapines” por Federico Bauer (2-IV-14). Un lector escribió “los libertarios sólo ven el interés de ellos mismos”, y otro agregó que “el libre mercado beneficia a un grupúsculo de oligarcas nada más, y qué decir de la corrupción económica gubernamental y privada que no permite el gran despegue y desarrollo del país.” Quienes defendemos al mercado libre haremos pocos amigos mientras persista la creencia que protegemos intereses para enriquecernos a costillas de los demás.

Comparto la segunda opinión: es odioso un régimen que otorga prerrogativas a los allegados al poder político y a los corruptos. Efectivamente, el exceso de trabas impiden el bienestar. Sin embargo, el sistema existente se denomina mercantilismo o crony capitalism, es decir, capitalismo entre amiguetes; no es liberalismo o capitalismo a secas.

América Latina sigue siendo mercantilista, explican Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El Otro Sendero (1986). Llevamos siglos tratando de hacer funcionar el mismo modelo, condenándonos irónicamente a la pobreza. Adam Smith, padre de la economía, escribió La Riqueza de las Naciones (1776) precisamente para resaltar los peligros de las estructuras mercantilistas de la Europa colonial. Nuestros gobiernos ya no son monarquías ansiosas de acumular metales preciosos, pero sí son maquinarias burocráticas que dirigen detalladamente los procesos económicos, concediendo permisos para operar negocios, organizando gremios-carteles o creando monopolios artificiales que restringen la competencia. Además, la cámara legislativa diseña leyes y regulaciones en anticipación de todas las posibles eventualidades en la vida social y económica de los ciudadanos, a tal grado que las personas no pueden dar un paso sin asesoría jurídica, y un abogado no puede conocer la totalidad de las leyes en el país.

El uso y abuso del poder gubernamental es vital al mercantilismo. La ganancia de uno es la pérdida de otro porque nos encajonamos en un esquema redistributivo de suma cero. Sale adelante el que mejor juega política, no el más productivo. Sospecho que los críticos de Bauer se aferrarían al engranaje actual, pero repartirían las tajadas del pastel a sectores sociales distintos. ¿Podríamos hablar de un mercantilismo socialista, o son las propuestas socialistas por definición mercantilistas? Yo preferiría transitar hacia un Estado de Derecho donde impere la igualdad ante la ley. Es el marco propicio para el florecimiento de un mercado imparcial, sin restricciones de entrada ni salida, que genere riqueza. El crecimiento económico vendrá cuando se establezcan escenarios de gana-gana basados en transacciones no coactivas.

Según De Soto y Ghersi, el mercantilismo europeo se derrumbó debido al incremento de la actividad económica informal, un fenómeno que también hoy es notorio. Las migraciones hacia las urbes, la innovación y creatividad de los nuevos empresarios y comerciantes urbanos, y el desacato al orden legal del momento, condujeron a la inestabilidad política y eventualmente a la violencia. Ante estos cambios, España, Francia y Rusia vivieron soluciones sangrientas, mientras que Inglaterra gestó una solución pacífica. En 1825, por ejemplo, las leyes británicas permitieron a cualquiera operar un negocio lícito. Inglaterra incorporó a la población productiva al sistema político y económico formal, y se convirtió en la primera potencial mundial. Es palpable la inestabilidad social y el agotamiento del modelo económico latinoamericano vigente, pero tristemente, la prosperidad nos seguirá eludiendo hasta que aprendamos a distinguir entre mercantilismo y libre mercado.

Este artículo fue publicado el 11 de abril del 2014 por la revista Contra Poder y por el CEES.

La imagen se titula English Ships at Bristol y fue tomada de http://www.landofthebrave.info/mercantilism.htm