¡Leyes peligrosas!

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Ya empiezan a circular noticias sobre iniciativas de ley, decretos y acuerdos ministeriales que perjudican a la ciudadanía.

Se percibe un febril activismo legislativo y ministerial desde principio de año. A los guatemaltecos nos cuesta mantenernos al día. Quienes no somos abogados, tenemos dificultad en aprehender los alcances de ciertas disposiciones, ya sea porque no comprendemos los tecnicismos o porque los autores usan nebulosos eufemismos. Sin embargo, tenemos la certeza de que nuestras autoridades nos imponen costos directos o indirectos.

Una búsqueda rápida en el sitio del Congreso de la República revela los diputados han conocido por lo menos 16 iniciativas de ley en lo que va del año. Su numeración, desde 4885 hasta 5020, indicaría la existencia de por lo menos 135 iniciativas, algunas quizás ya convertidas en decretos aprobados. Adicionalmente, están desengavetando proyectos viejos y controversiales. La iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud, por ejemplo, es una propuesta tan dañina como innecesaria, porque la Constitución ya protege los derechos de los jóvenes. Otra iniciativa resucitada es Ley de Desarrollo Rural Integral (No. 4084), cuyos graves defectos se discutieron fuertemente hace cuatro años.

No se han publicado los decretos aprobados en el 2016 en el sitio del Congreso, pero noticias periodísticas cubren algunos de ellos, siendo el Decreto 14-2016 el más sonado. Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Legislativo provocaron una ola de transfuguismo, pues los costos de cambiar la afiliación partidaria serán más elevados una vez entre en vigor la ley.

Algunas leyes contravienen o cambian el sentido de disposiciones anteriores y otras contienen inconstitucionalidades. Es alarmante la facilidad con que se vulneran nuestros derechos básicos, como el derecho a la propiedad. Tal es el caso de los Acuerdos Ministeriales 14 y 15 emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, que atentan contra la propiedad privada de los bienes arqueológicos y del patrimonio cultural. Otras disposiciones tienden a inmiscuir al Gobierno en el seno del hogar y minar la patria potestad, muchas veces con efectos destructivos de la unidad del núcleo familiar. No bastan las buenas intenciones de los legisladores que ambicionan, de un plumazo, erradicar los problemas de salud que causa el tabaco, o la violencia intrafamiliar, o la pobreza. A veces lo dispuesto cosecha resultados diametralmente opuestos a los que anuncian los títulos de las iniciativas.

Este activismo genera, por supuesto, presión sobre el gasto público, porque se crean dependencias o se suman atribuciones a las entidades existentes. Los legisladores tienden a proponer impuestos nuevos o tasas impositivas más altas. No pocas veces, la búsqueda de fondos lleva a los diputados a caer en la doble imposición fiscal, en violación de los principios elementales de la tributación. Uno de los argumentos en contra de la Ley de la Juventud, por ejemplo, es que propone costear la secretaría de la juventud inflando en un uno por ciento el pago sobre las utilidades o ganancias empresariales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Hace un año, Prensa Libre reportó la existencia de 60 mil leyes vigentes, muchas de las cuales son obsoletas; las más antiguas datan de 1873. Leí otro estimado según el cual los guatemaltecos debemos acatar alrededor de 70,000 disposiciones legales. Imagino que ya suman más…

Las leyes son reglas del juego que inciden sobre nuestras decisiones de ahorrar, invertir, comprar, generar empleos, emigrar, formar familias, y más. Los cambios bruscos crean altísimos costos para los gobernados. Se erosiona el respeto que nos merecen las normativas, y su valor, en la medida en que sean demasiadas, se contradigan unas con otras, y debiliten los principios que deben regir la convivencia pacífica.

Este artículo fue publicado el 12 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

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Corrupción, cultura y diplomacia

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La corrupción es un crimen que daña a la sociedad. Así opina el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien se comprometió a apoyar esfuerzos por combatir este fenómeno.

La anterior afirmación aparece en una entrevista que le hizo Prensa Libre (3-XI-14) al Embajador Robinson. Él tiene experiencia conviviendo con dicho mal, pues residió en países con un posicionamiento poco halagador en el Índice de Percepción de Corrupción, el cual analizó 177 países en el 2013: Italia (69), El Salvador (83), Colombia (94), Bolivia (106), Albania (116), y República Dominicana (123). Además, ya laboró en Guatemala, empatada en el puesto 123 con República Dominicana. Lamentablemente Robinson no especifica cómo solucionaría el flagelo de la corrupción.

¿Están conectados el bienestar, la corrupción y la cultura? Recientemente, abordamos la cuestión durante la presentación del sexto episodio del documental Poverty Cure. Las sociedades poseen capital cultural, según Poverty Cure. Las personas exhiben conductas virtuosas, ahorran, innovan y emprenden, en contextos sociales donde existe la confianza mutua y se respetan los contratos, la propiedad privada y el imperio de la Ley, entre otros. Las culturas cerradas y desconfiadas, o con mentalidad de víctima pordiosera, tienden a permanecer subdesarrolladas. Es lógico asumir que habrá más corrupción en las segundas.

Pero el Barómetro Global de Corrupción, una encuesta levantada a 114,000 personas en 107 países, muestra que la corrupción aumenta en todas partes del mundo, aún en países libres, con un Estado de Derecho mejor cimentado y economías prósperas. Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y experto en estos temas, escribe que desde hace años Estados Unidos y la Europa Occidental están creciendo a un ritmo menor que países con peores indicadores de corrupción. Chafuen advierte que esta tendencia “está afectando varias de las instituciones esenciales para construir el Estado de Derecho en una sociedad libre.”

Algunos lectores pensarán que la tendencia mundial imita la historia guatemalteca, en cuya cultura arraiga la corrupción desde hace décadas. Tanta evidencia negativa nos podría sumir en la desesperanza determinista, o bien llevar a la fatal conclusión que poco nos beneficiaría fortalecer el Estado de Derecho o promover la libertad económica. El documental de Poverty Cure nos presenta una cara de la moneda más alentadora: las personas (y las culturas) cambian. Quizás sean más las historias de horror que las historias de éxito, pero existen organizaciones, comunidades y despachos públicos que se han vuelto más transparentes. Individuos y agrupaciones, sobre todo de índole religiosa, han motivado a otras personas para que salgan adelante haciendo gala de laboriosidad, esfuerzo, perseverancia y honradez.

Es preciso además reorientar las políticas públicas. Estamos tan acostumbrados a pensar que el Gobierno es la madre de todas las soluciones a nuestros problemas, que perdemos de vista los males que emanan de él. Las instituciones más desprestigiadas al nivel mundial son precisamente aquellas asociadas con el ejercicio del poder. El Barómetro Global revela que los partidos políticos y los policías son los peor percibidos, seguidos de los jueces, los diputados y los burócratas. Más de la mitad de los entrevistas consideran que estos cuerpos se han vuelto más corruptos en dos años.

Cabría recordar la advertencia que hacía el economista Gary Becker: la criminalidad es cuestión incentivos. A veces excesivos trámites y regulaciones, y la prevalencia de entes estatales corruptos, invitan en lugar de desalentar conductas turbias entre los ciudadanos. Tirarle más fondos al sistema perverso no resolverá la cuestión al menos que se opere un cambio tal que los premios de ser corrupto palidezcan ante los castigos, y que los castigos sean certeros.

Este artículo fue publicado el viernes 7 de noviembre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía es una imagen tomada del sitio de la organización Transparencia Internacional e ilustra los países con problemas de percepción de corrupción en los partidos políticos, según la encuesta Barómetro Global del 2013. (Ver enlace arriba)

 

La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.