¿Monopolios de Gobierno?

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¿Cómo sería Guatemala si las fincas, hidroeléctricas, minas, agua, bancos y otras empresas fueran propiedad del gobierno?

Algunas organizaciones, con tendencia socialista, quisieran legislar para debilitar o abolir la propiedad privada. Asumen que si los recursos estuvieran en manos del Gobierno, nadie carecería de nada. Sustituirían el sistema de precios por una redistribución basada en criterios políticos, no económicos, según las necesidades percibidas de los gobernados. O asegurarían precios subsidiados. Esa es la equidad imaginada.

En la vida real, el comunismo a gran escala fracasa en alcanzar el sueño. Entre los países más pobres del mundo destacan aquellos que optaron por modelos socialistas, como Mozambique, Eritrea y Corea del Norte. Los países con precarios derechos de propiedad también sufren: Venezuela, Bangladesh y Burundi, para mencionar algunos ejemplos.

Si el Gobierno se abrogara la propiedad monopólica del agua, o de las hidroeléctricas, o de las minas, una institución pública centralizada repartiría una cantidad racionada de agua, electricidad o minerales. Las tarjetas de raciones—tres onzas de arroz, dos horas de luz eléctrica— son característica de las economías centralmente planificadas. Excepcionalmente, el Gobierno nos dejaría producir bienes usufructuando pedazos de tierra, cedidos mediante permiso especial, pudiendo rescindirse el acuerdo en cualquier momento. Se crearían incentivos perversos, tanto para los usuarios como para los funcio- narios públicos. Los favorecidos con permisos temporales tendrían el incentivo de sobreexplotar los recursos durante los últimos años de su permiso; no les interesaría el futuro.

Cargaríamos a los funcionarios públicos con tres imposibles. Primero, tendrían que ser omniscientes conocedores de la disponibilidad de los recursos y de los procesos de producción. Segundo, los obligaríamos a deponer sus intereses personales. Y tercero, tendrían que ser de piedra para resistir presiones. ¡Tendrían el plenipotenciario poder de decidir quién accede a los insumos básicos, necesarios para sostener la vida! Ocurriría lo que sucedía con las líneas telefónicas en décadas pasadas: las conseguían quienes eran parientes y amigos de los gerentes de la empresa estatal, o los que pagaban mordida.

En 1968, el biólogo Garrett Hardin confirmó que “lo que es de todos, es de nadie”, y que inexorablemente tendemos a sobreexplotar todos aquellos recursos que usufructuamos en común con otras personas. Ni la comunalidad ni la existencia de un único dueño (Gobierno) propician la conservación o el ahorro. La principal causa de la contaminación de aguas superficiales, como los lagos, es precisamente el hecho de que, en papel, varias agencias estatales son las responsables de cuidar el recurso, pero en la práctica nadie lo es.

En contraste, el uso privado de los recursos acarrea beneficios insospechados para toda la comunidad. En el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde muchos estados son áridos, los derechos de agua se asignan en forma privada desde hace siglos. Allí, las personas poseen títulos sobre el agua, documentos legales que son transferidos libremente en el mercado. Así, el agua tiene un precio que refleja su escasez y se destina a los fines que son más valorados. Además, los usuarios pueden tomar riesgos en relación con un suministro variable de aguas. Los mercados superan a los sistemas altamente regulados porque son más flexibles, se adaptan a la información cambiante y los avances tecnológicos, y procuran usos congruentes con la conservación y la protección de los recursos naturales.

Los legisladores preocupados por la equidad y la pobreza harían bien en fortalecer los derechos de propiedad privada y desoír el canto de la sirena socialista.

Este artículo fue publicado el 29 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

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Ataques armados y ambientalismo

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El ecologista finlandés Pentti Linkola afirma que “todo lo que hemos desarrollado en los últimos cien años debe ser destruido”. ¿Explica esta mentalidad los actos delictivos contra ciertas inversiones en Guatemala?

Con sus rostros ocultos por pasamontañas, hombres armados atacaron las instalaciones de una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, el pasado 5 de mayo. En una operación bien organizada, hirieron a cuatro personas. Horas antes, un ingeniero y su esposa fueron retenidos por bloqueos. Por años, las personas y los bienes relacionados con inversiones en hidroeléctricas, mineras y otras industrias cuestionadas han sido objeto de ataques criminales. El saldo: deleznables asesinatos, secuestros, amenazas de vida, baja inversión, una imagen internacional deteriorada y pérdidas millonarias.

Los vecinos de San Mateo Ixtatán explicaron que los vándalos no son oriundos del municipio. El ataque constituyó una represalia en su contra, pues los pobladores locales suscribieron acuerdos con la hidroeléctrica. Además, los intimidan para que se unan a las protestas. Distanciarse de los actos delictivos requiere tanto valentía como sensatez. Tales acciones dañan las causas que supuestamente enarbolan, entre ellas la bandera ambientalista.

Las primeras organizaciones ambientalistas se enfundaron en la chamarra ética de la no-violencia. En nuestra mente reside el entrañable estereotipo del amante de la naturaleza, medio científico y medio hippie, que abraza árboles, recicla, escucha el canto de las ballenas y come afrecho. No mata a una mosca. Nos cuesta creer que personalidades como Ira Einhorn, cofundador del Día de la Tierra y opositor a la guerra de Vietnam, pudieran ser violentas; causó revuelo el arresto de Einhorn por asesinar a su novia y guardarla en un baúl para convertirla en compost.

Es decir que pocos nos percatamos de la transición hacia el eco-terrorismo por parte de ciertas agrupaciones. Quizás fue porque los ambientalistas interpretaron su coyuntura como una guerra declarada en contra malvados intereses económicos depredadores. Quizás fue el creciente odio hacia la humanidad por el anhelo de restituir a la Madre Tierra a un estado intacto. Y así, hasta el Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, ha dicho que “si fuera reencarnado, quisiera regresar a la Tierra como un virus mortal para reducir los niveles de la población humana.” Frente a opositores avaros, sin conciencia, auxiliados por gobiernos indiferentes o cómplices, la salida pacífica luciría ilusoria a estos guerreros. El pequeño David ambientalista tenía que agredir a Goliat.

Para ellos, es válido bombardear barcos pesqueros, irrespetar la propiedad ajena y sembrar el terror entre inocentes. El fin justifica los medios. Según el FBI, el eco-terrorismo es una mayor amenaza terrorista que Al Queada dentro de los Estados Unidos. Los daños provocados por grupos como el Frente de Liberación de la Tierra (ELF) ascienden a más de $100 millones de dólares. Operan en células independientes y carecen de un liderazgo centralizador. Este modus operandi se ha internacionalizado.

La pregunta para Guatemala es: ¿Aquí existen eco-terroristas, o son usados como un frente? Si lo segundo es cierto, a los ambientalistas les ocurre lo que según Bruce Yandle ocurría a los religiosos bautistas en la época de la prohibición al alcohol: proveían argumentos morales y convincentes que, paradójicamente, servían los intereses de los contrabandistas del alcohol.

Los ambientalistas deben distanciarse de los criminales, siguiendo el ejemplo de los valientes pobladores de San Mateo Ixtatán. Permanecer callados frente a actos delictivos perjudica su prestigio y también daña al movimiento ecológico. ¡Somos más quienes quieren proteger los recursos naturales sin dañar el derecho ajeno ni el Estado de Derecho!

Este artículo fue publicado el 16 de mayo del 2014, en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto que ilustra este artículo NO es propia, sino es un collage compuesto por una foto tomada de Plaza Pública y una ilustración del blog thepeoplesvoice.org.

 

 

Ventajas de socializar el subsuelo

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¿Por qué la explotación del subsuelo se ha vuelto tan vilipendiada en Guatemala?  ¿Podríamos cosechar mejores resultados cambiando las reglas del juego?

La sociedad cosecharía muchos beneficios si el subsuelo perteneciera a quien posee la superficie, es decir, al superficiario.  Así opina el economista y empresario Guillermo Yeatts, autor argentino de más de una docena de libros.   Yeatts estuvo en Guatemala la semana pasada para recibir el doctorado honoris causa de parte de la Universidad Francisco Marroquín.

En América Latina, el subsuelo ha sido propiedad del Estado desde época colonial.   Narra Yeatts que la Corona Española se adueñó, desde el siglo XII, de toda la riqueza mineral en su territorio, y amplió este reclamo cuando descubrió minerales preciosos en el nuevo continente.  Tras la independencia, los gobiernos perpetuaron dicho esquema.   En cambio, en Estados Unidos, los dueños de la superficie poseen también el subsuelo, y ello explica la riqueza generada por la explotación privada de diversos minerales, gas y petróleo.

El contraste se aprecia en una sucinta caricatura, explicó Yeatts.  Ésta retrata a un norteamericano y un sudamericano que perforan pozos en sus respectivas parcelas.   De ambos pozos emana petróleo, pero el sudamericano ve con tristeza cómo fluye el líquido negro, mientras el norteamericano celebra su buena suerte.

El primer beneficio de socializar la propiedad del subsuelo es que revelará el verdadero valor de los bienes subterráneos escasos.    El subsuelo es valioso.  Daremos un uso más eficiente a los bienes de la superficie y del subsuelo.

En segundo lugar, las decisiones respecto del uso de los recursos se tomarían con base en criterios económicos, reemplazando una asignación política que suele ser arbitraria y corrupta.   La asignación política invita a la búsqueda de rentas y a la concesión de monopolios, subsidios y otras protecciones que a la larga empobrecen al grueso de la población.

Una tercer ventaja es que desvanecerá la conflictividad que genera la indefinición de derechos.   Socializar el subsuelo equivale a clarificar quién tiene derecho a qué, con lo cual las partes que entren en conflicto pueden negociar entre sí de una forma constructiva.

Un cuarto logro consiste en permitir a las comunidades cosechar los beneficios derivados de la generación de riqueza en su localidad.   Usualmente, las tierras con riqueza mineral, petrolera y de gas no se prestan para usos agrícolas y ganaderos.  Muchos habitantes en estas regiones viven en condiciones paupérrimas, cuando sus pueblos podrían ser polos de desarrollo prósperos.

En quinto lugar, se imputarían los costos de los daños provocados a terceros directamente a los actores responsables.  Ellos también cargarían personalmente con las pérdidas en caso fracase su proyecto de inversión.  Hoy día, los gobiernos en América Latina trasladan a los tributarios costos altos, frecuentemente ocultos, por exploraciones millonarias infructuosas.

Finalmente, la socialización del subsuelo mejora el cuidado del medio ambiente y del patrimonio arqueológico,  pues los dueños buscan la sostenibilidad tanto de la superficie como del subsuelo en el futuro.  Se comportan en forma contraria a un ente estatal o un concesionario que no tiene lazos permanentes con el recurso, y cuyo permiso para explotar es temporal.

En Guatemala,  una reorganización institucional de este tipo requeriría modificar el artículo 121 de la Constitución Política de la República, lo cual no es fácil.   Y quienes están acostumbrados a trabajar bajo el conjunto de reglas actuales no necesariamente lucharán por cambiar la normativa, pues ello siempre implica recalcular  los costos y beneficios de sus operaciones.  Sin embargo, esta solución aliviaría numerosos problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad.

Este artículo fue publicado el 15 de noviembre del 2013 en la revista Contra Poder y en el CEES.  Fue reproducido en HACER Latin American News el 19 de noviembre.  También fue reproducido por la Red de Amigos de la Naturaleza (RANA) en su página en Facebook, y en la página Libertad, Prosperidad y Democracia.

La foto es tomada de New Media de la Universidad Francisco Marroquin.