Privado, privatización

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Es un error común, pero nefasto, satanizar lo privado.

Prendí el radio mientras conducía. No logré identificar a la voz masculina que hablaba por Radio María, por lo cual me referiré a él respetuosamente como La Voz. La parte de su locución que alcancé escuchar sigue rondando mi mente. Es malo convertirnos en católicos “privados”, y practicar la fe encerrados en nuestra habitación, dijo La Voz. Accedí con la cabeza. ¿Cómo no compartir el tesoro y la alegría de la fe con quienes nos rodean? Los creyentes damos testimonio de la Buena Nueva mediante la persuasión y el ejemplo. Pensé en los gobiernos que prohíben los crucifijos y otras manifestaciones de religiosidad en aras de la separación entre la Iglesia y el Estado. Coartan la libertad religiosa de sus ciudadanos al llevar a un extremo malsano dicha separación.

Estas cavilaciones me alejaron del argumento desarrollado por La Voz. Hemos privatizado la religión, se quejó vehementemente, y pretenden privatizar la tierra, las hidroeléctricas y las minas….Algunos quieren las cosas privadas, prosiguió La Voz, para disfrute personal, para negárselas a otros, por egoísmo. Pero Jesucristo y la tierra son para todos, y hemos de tenerlos en comunidad…en comunismo. Moví la cabeza en triste desacuerdo.

¿Conoce Usted la película de terror La mancha voraz, de 1958? La Mancha era una plasma depredadora sin forma, sin corazón y sin mente. Supuestamente, era superior a los seres humanos. ¿Se aproximará la Mancha al ser ideal de La Voz? ¿Debemos vaciarnos, y sepultar nuestras particularidades para vivir en comunión con otros? No lo creo. Dios ama a cada persona única e irrepetible. Para fraguar nuestro camino de salvación, debemos crecer en vida interior. Si no hacemos esa carpintería hacia adentro, no podemos darnos a los demás con generosidad. Al no tener nada que dar, la Mancha destruía. Así, ese rato a solas con Dios, frente al oratorio o en nuestra habitación, no es necesariamente sinónimo de individualismo.

Poseer bienes tampoco nos transforma ipso facto en codiciosos y ensimismados idólatras de lo material. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes recoge la postura tradicional de la Iglesia a favor de la propiedad privada. Ésta “contribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía…La propiedad privada…asegura a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y debe ser considerada como ampliación de la libertad humana.” (71) En cierto modo, la generosidad depende de la libertad y la propiedad privada, porque no podemos ceder voluntariamente aquello que no nos pertenece. Carece de mérito moral repartir bienes ajenos o comunales.

La propiedad privada es un instrumento social adecuado para asegurar el racional y óptimo uso de los bienes que Dios puso a disposición universal de la humanidad. Samuel Gregg lo expresa así: “la propiedad privada es un medio normativo para realizar el principio del uso común de los bienes”. La propiedad privada desarrolla nuestra autonomía y personalidad. Nos incentiva a trabajar, y a ser creativos y productivos.

La Voz podría sostener que los propietarios automáticamente dañan al prójimo. Ocurre lo contrario. Las personas productivas emplean su condición de dueños para proveer a los demás de alimentos, ropa, zapatos, ollas, electricidad y más. Satisfacen nuestras necesidades básicas. Los regímenes comunistas entorpecen esta dinámica de mercado, mutuamente beneficiosa.

Finalmente, los derechos de propiedad claramente definidos garantizan la paz. Sólo cuando sabemos quién tiene derecho a qué podemos encontrar una solución a los conflictos de interés entre los miembros de la comunidad.

Este artículo fue publicado el 22 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía fue adaptada de este sitio. No es original.

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¿Monopolios de Gobierno?

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¿Cómo sería Guatemala si las fincas, hidroeléctricas, minas, agua, bancos y otras empresas fueran propiedad del gobierno?

Algunas organizaciones, con tendencia socialista, quisieran legislar para debilitar o abolir la propiedad privada. Asumen que si los recursos estuvieran en manos del Gobierno, nadie carecería de nada. Sustituirían el sistema de precios por una redistribución basada en criterios políticos, no económicos, según las necesidades percibidas de los gobernados. O asegurarían precios subsidiados. Esa es la equidad imaginada.

En la vida real, el comunismo a gran escala fracasa en alcanzar el sueño. Entre los países más pobres del mundo destacan aquellos que optaron por modelos socialistas, como Mozambique, Eritrea y Corea del Norte. Los países con precarios derechos de propiedad también sufren: Venezuela, Bangladesh y Burundi, para mencionar algunos ejemplos.

Si el Gobierno se abrogara la propiedad monopólica del agua, o de las hidroeléctricas, o de las minas, una institución pública centralizada repartiría una cantidad racionada de agua, electricidad o minerales. Las tarjetas de raciones—tres onzas de arroz, dos horas de luz eléctrica— son característica de las economías centralmente planificadas. Excepcionalmente, el Gobierno nos dejaría producir bienes usufructuando pedazos de tierra, cedidos mediante permiso especial, pudiendo rescindirse el acuerdo en cualquier momento. Se crearían incentivos perversos, tanto para los usuarios como para los funcio- narios públicos. Los favorecidos con permisos temporales tendrían el incentivo de sobreexplotar los recursos durante los últimos años de su permiso; no les interesaría el futuro.

Cargaríamos a los funcionarios públicos con tres imposibles. Primero, tendrían que ser omniscientes conocedores de la disponibilidad de los recursos y de los procesos de producción. Segundo, los obligaríamos a deponer sus intereses personales. Y tercero, tendrían que ser de piedra para resistir presiones. ¡Tendrían el plenipotenciario poder de decidir quién accede a los insumos básicos, necesarios para sostener la vida! Ocurriría lo que sucedía con las líneas telefónicas en décadas pasadas: las conseguían quienes eran parientes y amigos de los gerentes de la empresa estatal, o los que pagaban mordida.

En 1968, el biólogo Garrett Hardin confirmó que “lo que es de todos, es de nadie”, y que inexorablemente tendemos a sobreexplotar todos aquellos recursos que usufructuamos en común con otras personas. Ni la comunalidad ni la existencia de un único dueño (Gobierno) propician la conservación o el ahorro. La principal causa de la contaminación de aguas superficiales, como los lagos, es precisamente el hecho de que, en papel, varias agencias estatales son las responsables de cuidar el recurso, pero en la práctica nadie lo es.

En contraste, el uso privado de los recursos acarrea beneficios insospechados para toda la comunidad. En el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde muchos estados son áridos, los derechos de agua se asignan en forma privada desde hace siglos. Allí, las personas poseen títulos sobre el agua, documentos legales que son transferidos libremente en el mercado. Así, el agua tiene un precio que refleja su escasez y se destina a los fines que son más valorados. Además, los usuarios pueden tomar riesgos en relación con un suministro variable de aguas. Los mercados superan a los sistemas altamente regulados porque son más flexibles, se adaptan a la información cambiante y los avances tecnológicos, y procuran usos congruentes con la conservación y la protección de los recursos naturales.

Los legisladores preocupados por la equidad y la pobreza harían bien en fortalecer los derechos de propiedad privada y desoír el canto de la sirena socialista.

Este artículo fue publicado el 29 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.