¿Y ahora?

globo 2

¿Hacia dónde debe orientar su atención la ciudadanía?

Los memes y los mensajes breves, chistosos y sesudos, jugaron un papel determinante en estas elecciones generales. La frase #No le toca, por ejemplo, se convirtió en una auténtica cantaleta que caló en la opinión pública, contribuyendo a torpedear la candidatura presidencial de Manuel Baldizón. Los memes acompañaron la labor del Ministerio Público y las investigaciones de la CICIG; unificaron criterio respecto de la necesidad de pedir la renuncia del binomio compuesto por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina y motivaron la participación ciudadana en las protestas pacíficas. Los ciudadanos que ríen con los mensajes y los comparten con sus amistades se sienten empoderados y victoriosos, y creo que con razón. Luce ser una operación casera y descentralizada, un fenómeno espontáneo sin dirección central ni agenda oculta.

Entre los mensajes que celebran los logros cosechados, se eleva implícita, o explícita, la pregunta: ¿y ahora qué? Se me viene a la mente uno que decía algo así como: “ahora que ya fregamos a Roxana, Otto y Manuel, ¿a quién le toca?” El tono es crudo y un tanto agresivo, pero creo que encapsula una duda bastante generalizada: ¿hacia qué causas debe canalizarse esta energía ciudadana? ¿Qué hemos de promover de aquí en adelante? La dinámica consiste en lanzar globitos al aire para ver cuáles cautivan la imaginación y se popularizan, pero pienso que hay por lo menos tres temas prioritarios que merecen atención.

Primero, vale la pena subrayar el realismo frente al sistema político participativo. Los memes nos quitaron el velo romántico respecto del juego democrático. Es importante no pedir peras al olmo: la administración pública jamás funcionará como un perfecto relojito suizo ni estará siempre poblada por heroicos, desinteresados y omni-competentes ángeles. Tampoco se transformará de la noche a la mañana. Las expectativas ciudadanas deben mantenerse dentro del marco de lo factible. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tienen que partir de premisas realistas para que realmente constituyan mejoras, para que impidan que los seres humanos imperfectos que incursionan en la arena política nos hagan daño desde sus posiciones de poder.

Segundo, la ciudadanía puede ser propositiva respecto del combate a la corrupción. Debemos mantener el dedo en la yaga y seguir presionando a la clase política para transparentar la gestión pública, para que nuestros representantes y funcionarios electos rindan cuentas de una forma regular y eficiente. Por ejemplo, para gobiernos locales existen proyectos como www.opengov.com, una empresa que lleva la contabilidad a municipalidades y les permite acceder a las redes sociales para entablar una relación más directa con la ciudadanía. Chapinizar esta fórmula, y buscar otras innovaciones similares, puede agilizar el proceso de limpiar la casa gubernamental.

Tercero, el futuro o la futura presidente de Guatemala debe sentirse en deuda con el votante en la mediana, más que con grupos de interés, ideologías radicales o financistas. Ninguna otra elección en nuestra historia ha hecho tan visible al votante. Si el futuro presidente siente que se debe en primer lugar a una ciudadanía cuya prioridad es la lucha contra la corrupción, entonces quizás tenga miedo de operar turbiamente. Medirá sus decisiones según el barómetro de esa multitudinaria opinión pública que se ofende al ver cómo se rellenan los bolsillos con los tributos del pueblo y exige justicia para quienes abusan del poder temporal que nosotros les delegamos.

Una versión levemente modificada de este artículo fue publicada el 25  de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Para combatir la corrupción

Slide1

Los miembros de La Línea sindicados de defraudación aduanera no serán los últimos oficiales corruptos, al menos que cambien las reglas del juego.

Las protestas pacíficas en la Plaza de la Constitución y en las redes sociales demuestran la urgencia que imprimimos al combate de la corrupción. Muchos guatemaltecos respaldarían la imagen evocada por Robert Cooter, profesor de derecho en Berkeley: la podredumbre actúa como las termitas que se carcomen los fundamentos de una casa desde adentro.

Guatemala no es el único país en vías de desarrollo que enfrenta una titánica batalla para mejorar en transparencia. Los investigadores describen una especie de triángulo infernal: la pobreza, las deficientes políticas públicas y las instituciones precarias tienden a incrementar la corrupción. Son parte del triángulo los poderes discrecionales, el robo y despilfarro producto de la inestabilidad del sistema, así como las autoridades “capturadas” por complejas estructuras de crimen organizado. Hasta la economía informal puede ser una reacción contra engorrosas regulaciones; los ciudadanos solamente logran mantenerse a flote infringiendo las reglas y pagando mordidas. No es que los países pobres sean más corruptos que los ricos, per se, pues existen ejemplos de países desarrollados con elevados índices de corrupción como Italia. La explicación más probable es la conjunción de malas políticas con letargo económico.

La corrupción no es una enfermedad incurable en los países pobres, pues dentro de una misma nación coexisten instituciones respetadas y contaminadas. En la India, señala Cooter, las elecciones son tan limpias como las de países desarrollados, y existen organizaciones, como la corte suprema de justicia y la agencia espacial, que gozan de buena reputación. Sin embargo, se produce el saqueo en los programas que subsidian alimentos para los pobres.

El mal no se corrige incrementando el poder en manos de los funcionarios públicos, pasando más regulaciones y leyes, o contratando a un batallón de fiscalizadores para controlar a quienes controlan a los agentes aduaneros. La termita corrosiva puede reproducirse tanto en gobiernos débiles como fuertes y grandes. Basta recordar los excesos confiscatorios del régimen del dictador Mugabe en Zimbabue para percatarnos que la solución va en dirección contraria.

¿Qué debemos hacer? Tres soluciones emergen del análisis hecho por economistas y abogados. La primera es desregular—entre más libres son las economías, más crean riqueza y por ende, disminuye la corrupción. Se recaudan más impuestos en contextos prósperos y, en consecuencia, los funcionarios públicos son mejor pagados. Los gobiernos cuentan con recursos para combatir el crimen y asegurar la certeza del castigo. Así, el oficial rechaza la mordida por temor a ser detectado y ajusticiado, y perder un buen empleo. Por otra parte, tanto las malas leyes como la tolerancia a los actos delictivos reducen el respeto a la legalidad; nos hacen desconfiar de los demás y del sistema.

Segundo, los marcos regulatorios y las burocracias pueden competir unos con otros. Los funcionarios públicos tendrán menos incentivos de ser corruptos o tolerar la corrupción cuando vean que el distrito político vecino está prosperando gracias a su transparencia.

Finalmente, podemos romper el vínculo de confianza entre quien pide la mordida y quien la paga. Ambos se benefician si su intercambio pasa inadvertido. Pero si se recompensa suficientemente al oficial por delatar al corruptor, o al extorsionado por delatar al oficial, entonces se destruye la confianza entre ambos. Tenderán a desdeñar el acto corrupto porque les cuesta caro.

En suma, los esfuerzos por combatir la corrupción pasan por remover los obstáculos al crecimiento económico e incrementar el costo de actos perversos.

Este artículo fue publicado el 22 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

 

Lecciones ciudadanas

Slide1

El caso de corrupción de La Línea fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia ciudadana. Queremos protegernos de futuros abusos por parte de los políticos.

De lo sucedido destilamos por lo menos 7 lecciones claras.

  1. Es importante asegurar la institucionalidad frente a la crisis, pero hay instituciones buenas y malas. Está institucionalizada la corrupción, y buscamos reducir su efecto corrosivo en la administración pública. ¿Qué instituciones concretas debemos proteger? Es pésima alternativa retornar lo antes posible a la mediocre normalidad, mandando a los pacíficos manifestantes a sus casas. Una ciudadanía indignada brinda la oportunidad de analizar desapasionadamente los cambios que urge ejecutar dentro del Organismo Judicial, en el sistema tributario y aduanero, a la Ley electoral y de partidos políticos, entre otros. Obliguemos a la clase política a fortalecer las instituciones congruentes con un verdadero Estado de Derecho y con las garantías a la libertad personal.
  2. Para reducir la corrupción en las aduanas, exijamos un arancel único y bajo, así como la eliminación de los demás obstáculos al comercio que otorgan un poder discrecional a los funcionarios. Para terminar con la corrupción, cerremos las aduanas. No seríamos el primer territorio liberado de ese yugo: el intercambio dentro de la Unión Europea, así como el comercio interestatal en Estados Unidos, se produce ordenadamente sin control aduanero. ¿Cuánto ahorraría el Gobierno de Guatemala si desmantela el oneroso y burocrático sistema aduanero?
  3. Eliminar las aduanas no nos convertiría en un país paria con criminalidad desbordada. ¡Hasta podría disminuir la inseguridad y la violencia! Las actividades lícitas, como el trasiego de alimentos, ya no serían tachadas de contrabando, ni distraerían la atención de las autoridades de crímenes serios; podrían enfocar todos sus esfuerzos en combatir el terrible tráfico de humanos y de armas, por ejemplo.
  4. Estamos hastiados de las mentiras, la demagogia y el populismo. Los partidos políticos fueron los grandes perdedores del escándalo que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Comprendimos que supuestos aliados y opositores dudaron en sacrificar a un miembro de la clase política, porque ello implica que cada uno de ellos podría correr similar suerte, desde el despojo de su inmunidad hasta la cárcel.
  5. Existen personas honradas que incursionan en la arena política, pero les cuesta hacer mella en su medio. Los buenos políticos son marginados o corrompidos en el camino. Se nos cayó el velo romántico de los ojos y vimos claramente los incentivos perversos que imperan sobre los actores. Los engranajes de esta gran maquinaria pervierten. Para tener una administración pública transparente, no basta con cambiar a las personas que pueblan la arena política.
  6. Las reglas del juego deben diseñarse siguiendo las recomendaciones de David Hume: “Al definir los controles de cualquier sistema de gobierno, y fijar los varios pesos y contrapesos de la constitución, debemos asumir que cada hombre es un bellaco, cuyas acciones no obedecen a otro fin más que el de servir sus intereses privados.” Con límites al poder adecuados, tanto los gobernantes ángeles como los gobernantes demonios, serán incapaces de pasar una costosa factura a los ciudadanos.
  7. Contra mis expectativas, las redes sociales y las organizaciones cívicas incidieron sobre las decisiones tomadas por nuestras autoridades. Completan así la mínima e insuficiente información que trasladan nuestros votos válidos en las urnas. Sigamos comunicando a los políticos que nuestras preferencias están alineadas con la transparencia, la justicia, y los límites al poder arbitrario. Si se comprometen con reformas en esta línea, no sólo les irá mejor en las urnas sino harán un bien a Guatemala.

Este artículo fue publicado el 15 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.