¿Y ahora?

globo 2

¿Hacia dónde debe orientar su atención la ciudadanía?

Los memes y los mensajes breves, chistosos y sesudos, jugaron un papel determinante en estas elecciones generales. La frase #No le toca, por ejemplo, se convirtió en una auténtica cantaleta que caló en la opinión pública, contribuyendo a torpedear la candidatura presidencial de Manuel Baldizón. Los memes acompañaron la labor del Ministerio Público y las investigaciones de la CICIG; unificaron criterio respecto de la necesidad de pedir la renuncia del binomio compuesto por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina y motivaron la participación ciudadana en las protestas pacíficas. Los ciudadanos que ríen con los mensajes y los comparten con sus amistades se sienten empoderados y victoriosos, y creo que con razón. Luce ser una operación casera y descentralizada, un fenómeno espontáneo sin dirección central ni agenda oculta.

Entre los mensajes que celebran los logros cosechados, se eleva implícita, o explícita, la pregunta: ¿y ahora qué? Se me viene a la mente uno que decía algo así como: “ahora que ya fregamos a Roxana, Otto y Manuel, ¿a quién le toca?” El tono es crudo y un tanto agresivo, pero creo que encapsula una duda bastante generalizada: ¿hacia qué causas debe canalizarse esta energía ciudadana? ¿Qué hemos de promover de aquí en adelante? La dinámica consiste en lanzar globitos al aire para ver cuáles cautivan la imaginación y se popularizan, pero pienso que hay por lo menos tres temas prioritarios que merecen atención.

Primero, vale la pena subrayar el realismo frente al sistema político participativo. Los memes nos quitaron el velo romántico respecto del juego democrático. Es importante no pedir peras al olmo: la administración pública jamás funcionará como un perfecto relojito suizo ni estará siempre poblada por heroicos, desinteresados y omni-competentes ángeles. Tampoco se transformará de la noche a la mañana. Las expectativas ciudadanas deben mantenerse dentro del marco de lo factible. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tienen que partir de premisas realistas para que realmente constituyan mejoras, para que impidan que los seres humanos imperfectos que incursionan en la arena política nos hagan daño desde sus posiciones de poder.

Segundo, la ciudadanía puede ser propositiva respecto del combate a la corrupción. Debemos mantener el dedo en la yaga y seguir presionando a la clase política para transparentar la gestión pública, para que nuestros representantes y funcionarios electos rindan cuentas de una forma regular y eficiente. Por ejemplo, para gobiernos locales existen proyectos como www.opengov.com, una empresa que lleva la contabilidad a municipalidades y les permite acceder a las redes sociales para entablar una relación más directa con la ciudadanía. Chapinizar esta fórmula, y buscar otras innovaciones similares, puede agilizar el proceso de limpiar la casa gubernamental.

Tercero, el futuro o la futura presidente de Guatemala debe sentirse en deuda con el votante en la mediana, más que con grupos de interés, ideologías radicales o financistas. Ninguna otra elección en nuestra historia ha hecho tan visible al votante. Si el futuro presidente siente que se debe en primer lugar a una ciudadanía cuya prioridad es la lucha contra la corrupción, entonces quizás tenga miedo de operar turbiamente. Medirá sus decisiones según el barómetro de esa multitudinaria opinión pública que se ofende al ver cómo se rellenan los bolsillos con los tributos del pueblo y exige justicia para quienes abusan del poder temporal que nosotros les delegamos.

Una versión levemente modificada de este artículo fue publicada el 25  de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Advertisements

A mis futuros representantes

Slide1

Estimados integrantes de la VIII Legislatura (2016-2020): les comparto mis frustraciones y mis peticiones, en vísperas de las elecciones generales.

Estoy frustrada porque no puedo elegirlos por nombre. Ningún partido político fichó un “equipo soñado” para su listado nacional o distrital al cual respaldar con los ojos cerrados. Confío en pocos aspirantes a diputado que navegan bajo distintas banderas partidarias y compiten entre sí. Mi voto por un candidato favorito beneficia también a sus compañeros de dudosa reputación. Además, es baja la probabilidad de que algunos de ustedes accedan al puesto en el legislativo, ya sea porque no ocupan las primeras casillas de sus respectivos listados, o porque le apostaron a un candidato a presidente que va rezagado en las encuestas.

Estoy frustrada porque el proceso electoral es, irremediable y necesariamente, un juego de agregación. Yo soy una ínfima gota entre los 7,556,873 guatemaltecos declarados aptos para votar por el Tribunal Supremo Electoral el próximo domingo 6 de septiembre. Calmará mi conciencia el analizar detenidamente los listados de cada partido con el fin de emitir un voto concienzudo, pero dicha actitud casi no incidirá sobre la conformación de la coalición ganadora.

Estoy frustrada porque aún suponiendo que resultaran victoriosos todos mis candidatos predilectos, les costaría implementar las reformas que les pido. Anticipo que serán como Llaneros Solitarios en sus respectivos grupos. Su jefe de bancada les dictará cómo votar. Se les dificultará leer cada inciso de cada artículo de cada iniciativa de ley que pasará por su escritorio. Será confuso descifrar las contradictorias posturas ciudadanas, y algunos actores les ofrecerán jugosas y tentadoras recompensas a cambio de que prevalezcan sus intereses. Tarde o temprano, algunos se convertirán en tránsfugas. Pero sus oportunidades de marcar un rumbo positivo dentro y desde el Congreso serán escasas, incluso cuando motivaciones éticas les impulsen a cambiar de bando.

Estoy frustrada porque la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no privilegia el interés del ciudadano representado, sino alimenta la partidocracia. Dicha ley diseña una competencia política tal que contribuye a la corrupción del sistema, a debilitar los mandatos constitucionales y el Estado de Derecho, y a minar los valores y principios de la democracia.

A pesar de mis frustraciones, que he de admitir son extremadamente realistas, una parte idealista de mí se atreve a hacerles unas peticiones, futuros diputados. Les ruego que lleguen al poder con el propósito de reducirse, ustedes mismos, el poder discrecional. Obrar así riñe con su interés propio en el corto plazo, pero conviene al interés de largo plazo de la política en general. Un primer paso es aprobando una LEPP que efectivamente ponga una flexible y abierta oferta política al servicio del ciudadano.

La reforma a la LEPP se debe acompañar de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Servicio Civil para contribuir a la transparencia de la administración pública. Ya no cuela prometer, abarcar y gastar cada vez más: les pedimos humildad, sobriedad y honradez.

La pasional confrontación entre gobernado y gobernante que hoy se palpa en las manifestaciones cívicas y las redes sociales exige un esfuerzo sincero por relegitimar a quienes gobiernan. La llamada clase política está compuesta por personas de carne y hueso, iguales que los demás ciudadanos. Teóricamente, ocupan cargos por un tiempo limitado y en atención a prioridades enunciadas por sus respectivos electores. Quienes asuman el poder en enero del 2016 pueden empezar a recuperar su devastada reputación si se fijan unos pocos compromisos claros y prioritarios, se apegan a la Constitución y rinden cuentas cabales.

Este artículo fue publicado el 4 de septiembre en la Revista Contra Poder y el CEES.

El totomontaje fue elaborado con base en una fotografía tomada por Mesa Redonda 

 

 

 

 

 

El votante y la Ley Electoral

Elections

Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de forma precipitada y sin ton ni son, perjudicará a los votantes.

Existe consenso: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe reformarse. Escándalos provocados por estafas, robos, corrupción y asesinatos han empañado la reputación de numerosas agrupaciones políticas. Además, notamos demagogia y populismo, una inestable oferta partidaria, la rotación de figuras entre los partidos, y poca transparencia. Llevan parte de la culpa las reglas del juego existentes, tanto cuando son violadas como cuando son acatadas.

Podemos cosechar mejores resultados cambiando las reglas, pero sólo si optamos por buenas reglas. Aprobar un revoltijo de propuestas promovidas por distintos grupos de interés puede enturbiar aún más el sistema. La percepción de que pronto se esfumará la ventanita de oportunidad abierta para reformar la LEPP, ha llevado al Congreso a aprobar, de urgencia nacional, varios parches que no han sido sosegadamente estudiados.

Tres nocivas consecuencias deben evitarse al modificar la LEPP: alejar el quehacer político aún más de la vista fiscalizadora de la ciudadanía, elevar las barreras de entrada a ciudadanos comunes y corrientes, y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un monstruo inoperante, recargándolo de atribuciones.

Los políticos no son clase aparte. Son guatemaltecos de carne y hueso que teóricamente nos sirven. Por eso es sana la alternancia en el poder y la cercanía del funcionario con sus representados. Los políticos electos laboran con transparencia cuando tienen un vínculo con su electorado, cuando su distrito es menos extenso y/o más homogéneo. Además, así se mitiga la dominante distorsión generada por la búsqueda de rentas. Los votantes podemos exigir cuentas cabales cuando sabemos a quién dirigirnos. Más que equidad de género y etnia dentro de listas cerradas, queremos ser libres de elegir a nuestros representantes por nombre. Importa menos que mi representante sea mujer y ladina a que confronte el incentivo de satisfacer mis preferencias.

Los procesos electorales son ineludiblemente competitivos. Será mejor transparentar la competencia que intentar restringirla por ley, elevando barreras de entrada al mercado político o estableciendo un cartel de pocos partidos poderosos. Distanciarnos del multipartidismo podría simplemente conducir a pugnas feroces tras bambalinas, ocultas a nuestra vista. ¿Porqué hacer distinción entre los partidos y los comités cívicos, y porqué evitar la posibilidad de que un Llanero Solitario sin organización alguna se someta a elección popular?

Los votantes indecisos nos quejamos porque ningún candidato llena nuestras expectativas. Si nuestra vacilación se debe a nuestro desconocimiento de los planes de gobierno, a un desprestigio generalizado del gremio político, o a nuestra tendencia a apostarle al caballo ganador, ganamos muy poco sacando del ring a los partidos chiquitos.

Garantizar la independencia y empoderar al Tribunal Supremo Electoral no es lo mismo que sobrecargarlo de atribuciones. Se corroerá su merecido prestigio si sus encargos son ambiguos o imposibles de cumplir. La credibilidad del TSE sufre cuando luce incapaz de someter a los actores políticos a ciertas normas que por su naturaleza están tentados a violar. También sufrirá si existe confusión respecto de asuntos como la validez del voto nulo. Si sumamos a las veintitrés funciones que ya pesan sobre los hombros de los magistrados la de ser banco o financista único de las campañas electorales, los incentivos perversos estarán de su lado. Debemos cuidar de no poner en aprietos o tentación al TSE con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Acaso no sería mejor propiciar un diálogo abierto y evitar aprobar atropelladamente unas enmiendas sin ton ni son?

Este artículo fue publicado el 7 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

 

Campañas, dinero y transparencia

Elections

¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.

 

 

 

¿Campañas políticas a destiempo?

photo-126

La legislación debería dejar en libertad a los partidos políticos para realizar campañas electorales desde el día después de las elecciones hasta 36 horas antes de los próximos comicios.

Es poco realista estipular un plazo para el inicio de las campañas políticas. Previo a la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 4 de julio de suspender a once partidos políticos, regularmente se irrespetaban los términos establecidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las llamadas de atención y las multas lucían risibles. En noviembre del 2013, el entonces presidente en funciones del TSE, Hélder Ulises Gómez, afirmó que cuatro partidos habían recibido más de 570 sanciones. Acción Ciudadana estimó que nueve partidos invirtieron Q.5.3 millones en publicidad y proselitismo de enero a julio de este año, en tanto el Gobierno gastó Q. 42.6 millones en publicidad. En mayo, un TSE al borde del descrédito emitió un ultimátum: tienen treinta días para retirar sus campañas anticipadas. Un equipo integrado por cientos de personas verificó la existencia de tal propaganda por todo el país y, al vencer el plazo, el TSE interrumpió la vigencia de los partidos culpables hasta por seis meses.

Desde entonces, los impávidos políticos han ideado formas creativas para promocionarse. En lugar de vallas publicitarias y mítines al aire libre, organizan sesiones en salones y visitas de puerta en puerta. Bellas edecanes reparten publicidad y los regalos distribuidos carecen de logotipos. Y nos dejó boquiabiertos el intento por Manuel Baldizón de desafiliarse de su partido, aparentemente para eludir los efectos de la suspensión.

Incluso quienes observamos el acontecer político desde la banqueta, podemos imaginar algunos trucos: difuminar la frontera entre el proselitismo y la campaña; pintar muros del color del partido sin siglas; publicidad a cargo de terceros; campañas negras de desprestigio y más. En resumen, es una regla difícil de hacer cumplir.

Dicho esto, considero que existen tres razones de peso por las cuales no se han modificado los linderos temporales. Primero, se cree que dicha norma es parte integral del ejercicio democrático, pues casi todos los países de América Latina establecen un plazo de inicio para las campañas políticas. Pero las autoridades en otros países también enfrentan problemas haciendo valer esta disposición, porque los políticos son ocurrentes aquí, en Honduras y en Brasil. Guatemala podría liderar el abandono de una exigencia un tanto fantasiosa.

La segunda justificación para los tiempos de campaña es que la publicidad política constituye contaminación visual y auditiva. En muchos casos es cierto. Sin embargo, los límites establecidos por los derechos de propiedad son más efectivos que los requisitos temporales. Mientras la publicidad sea autorizada por el propietario de la casa, pared o predio, existirán límites a su ubiquidad, durabilidad y extensión. El verdadero problema es que las autoridades responsables no ejercen la dueñez que les compete sobre los postes, puentes y monumentos, y sobre los árboles y las piedras a lo largo de las calles y los caminos, que, dicho sea de paso, no tenemos ni tendríamos permiso de pintarrajear.

Finalmente, algunos consideran que encajonar la campaña dentro de un bloque de tres o cuatro meses permite a los contendientes pequeños competir contra los partidos mejor financiados. Sin embargo, la capacidad de recaudación de los candidatos en la contienda es una muestra de su relativa popularidad entre el electorado. Además, no siempre gana el que más gasta. Los partidos pueden malgastar sus fondos antes de tiempo, y sus repugnantes excesos pueden incluso cosechar más rechazo que votos. Basta con cuidar que los partidos no acepten fondos de narcotraficantes y otros criminales, prohibir los actos contra la moral y dejar que la competencia abierta surta su efecto.

Este artículo fue publicado el 22 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La foto es mía.  Da tristeza ver esta bellísima ceiba en el camino a Monterrico, Santa Rosa, pintada por partidarios del Partido Líder. Nótese la franja verde que asoma sobre el rojo: residuos de una pinta por otro partido político.