Cacería de brujas

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¿Quiere sacar de la arena a un contrincante político o a un competidor en el mercado? Es fácil hacerle daño a un adversario en Guatemala.

Usted puede escarbar en su pasado y detectar algo que luzca ilegal para accionar en su contra. Mejor si su investigación revela algo real, como haber laborado de una empresa o ente estatal cuyos ejecutivos obraron turbiamente, con o sin su consentimiento. Si su opositor tuviera una trayectoria intachable, sin embargo, lo puede acusar falsamente. Puede inventar que lavó dinero, contaminó un río o defraudó al fisco. A golpe dado no hay quite, dice el refrán. Aún si los reporteros emplean palabras como “supuesto” o “presunto”, la reputación del atacado quedará enlodada.

Los medios de comunicación transmitirán imágenes de su enemigo angustiado, sus manos engrilletadas, siendo transportado a prisión preventiva por policías. O su adversario será proclamado “prófugo de la justicia”. Si con el tiempo y a un elevado costo personal el sujeto limpia su nombre, la nota periodística será breve. En cambio, levantar un dedo acusatorio, sobre todo si maniobramos desde el anonimato, prácticamente no tiene costo. Supongo que es natural confiar más en quien delata que en el difamado. Incluso dudamos de algunas víctimas: sospechamos que se entraron en su oficina o lo asesinaron porque estaba inmiscuido en algo siniestro.

Entiendo la sed de justicia entre los guatemaltecos. El Organismo Judicial no ha resuelto millones de casos. Cabe sentirse desesperanzado respecto de los juzgados, sobre todo tras oír que es posible comprar veredictos. No logramos seguir los intrincados y técnicos argumentos entre abogados, mientras que el tono noticioso es relativamente accesible. ¿Quién no recuerda la sensacional Power Point de Carlos Castresana armando la acusación de auto-suicidio de Rodrigo Rosenberg? Pero, ¿cuántos hemos seguido los enredados pasos posteriores para establecer si Castrena acertó? Librar la batalla en el campo mediático es un pobre sustituto para el sistema judicial, pero preferimos que los medios de comunicación combatan el mal, incluso si se llevan de corbata a uno que otro inocente.

Otro motivo para preferir la lucha mediática es el desprestigio de las leyes mismas. Abundantes regulaciones contradictorias y obscuras tienden a “criminalizar” muchos actos lícitos, al punto que muchos hemos infringido leyes que quizás ni siquiera conocemos.

El clima que vivimos es propicio para una cacería de brujas. La sociedad emitió un ultimátum a los corruptos y tenemos ansias de reformar el sistema político y judicial. Cuando la corrupción está tan afincada en las instituciones gubernamentales, no basta con una leve barrida superficial. No tenemos tiempo ni paciencia para largos juicios individuales. Así, el legítimo fervor ciudadano puede abrir la puerta a unos cuantos operadores cuyo verdadero objetivo sea eliminar a sus enemigos.

Quizás debamos recordar a Joseph McCarthy. El macartismo, una palabra derivada del apellido de este senador americano, consiste en acusar de traición o subversión, con débiles pruebas o métodos injustos, sin que se respete el derecho del acusado. McCarthy llevaba razón: en los años cincuenta, los comunistas querían usurpar el poder y transformar el sistema democrático abierto en uno totalitario. El problema es que tachó de comunistas a algunos que no lo eran.

¿Cuántos inocentes han sido injustamente perseguidos en Guatemala? Quién sabe. Sé que cualquiera de nosotros podría figurar en El Peladero o en una vergonzosa primera plana. Somos vulnerables. Seguramente, por eso desde la época de Justiniano se delineó el principio de presunción de inocencia, según el cual asumimos la inocencia de la persona hasta que se pruebe lo contrario. No podemos construir una mejor sociedad prescindiendo de estas garantías individuales.

Este artículo fue publicado el 19 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto de Joseph McCarthy fue editada a partir de la original tomada del blog de Kerry Bolton.

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¿Podemos elegir imparcialmente a funcionarios públicos?

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Preocupa la politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

El proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desató un encendido debate nacional…otra vez. La discusión es la comidilla de abogados que citan leyes aparentemente contradictorias o por lo menos, sujetas a interpretación, dejando perplejo al ciudadano atento. Los señalamientos empezaron desde que se conformó la Comisión de Postulación encargada de someter al Congreso de la República una nómina para la selección final de los magistrados. ¿Procede la suspensión de la elección por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC)? ¿Esta decisión implica un “borrón y cuenta nueva”? ¿Es ilegal que los magistrados salientes permanezcan en su puesto? ¿Se usarían las mismas reglas si se repite el proceso? ¿O hay que reformar la mecánica para elegir magistrados? ¿Qué efectos positivos y negativos tendrá la quijotesca denuncia hecha por la reelecta magistrada, Claudia Escobar? ¿Qué implicaciones tiene para el país que la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, señalara que la elección no se apegó a estándares internacionales y que debía repetirse?

Aunque no podamos responder a las preguntas anteriores, nos queda claro que las reglas actuales cosechan resultados sub-óptimos. Queremos magistrados éticos, independientes y capaces, alejados del vaivén partidista; queremos confiar en los mecanismos establecidos para elegir a dichas figuras públicas. El barullo confirma que fracasamos en alcanzar las dos metas, y nos rememora vivencias pasadas, también tildadas de viciadas, que involucran a Comisiones de Postulación.

Cada vez dimensionamos mejor la dañina politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. La Constitución de 1985 estableció este mecanismo con la expectativa que los profesionales alejados del mundo político contribuiría a la selección de candidatos idóneos. Pero la estrategia de involucrar en la decisión a ciudadanos probos e informados no resultó mucho mejor que la designación a dedo. Los bien intencionados promotores de las comisiones no anticiparon la actividad de búsqueda de rentas asociada a las reglas del juego.

El análisis económico de las decisiones públicas advierte que mientras las personas perciban que pueden usar medios políticos para conseguir beneficios personales, existirá la búsqueda de rentas. Y que empobrece a la sociedad la inversión que hacen los ciudadanos para acceder a esas ventajas.

Son poderosos los servidores públicos como el Contralor General de Cuentas, el magistrado y el Fiscal General. Pueden hacer favores a unos y dañar a otros. Los primeros interesados en influir sobre el proceso son quienes ambicionan ocupar el cargo; ellos promueven sus candidaturas políticamente. Además, suponiendo que yo quiero proteger mis intereses por la vía política, me convendrá sellar una amistad con dichos funcionarios. Intentaré influir en la cadena de decisión: en los electores de los integrantes de la comisión, en las deliberaciones de la comisión y, en este caso, en los diputados al Congreso que tienen la última palabra. Siempre es posible acercarme a la figura que ya fue electa, pero es tanto mejor comprometer sus lealtades antes de que asuma el cargo.

Dos formas de reducir la búsqueda de rentas son: a) guardar en secreto los nombres de los electores y b) reducir el poder discrecional del elector. Dado que el recurso al secreto parece reñir con la transparencia, debemos centrar atención en la segunda alternativa. Ello implica fijar estándares objetivos de calificación, pero además ensayar con reglas imparciales, como por ejemplo sacar los nombres de candidatos competentes de un sombrero, al azar.

Este artículo salió publicado el 17 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y CEES.

 

Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Defina Justicia Social

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¿Está Usted a favor de la justicia social?  Si pausa unos segundos antes de responder, le lloverán epítetos tan detestables como discriminador, egoísta, desalmado o antidemocrático.   El eslogan es el Superman de la retórica, el as que sella cualquier discusión, porque nadie defiende la injusticia, ni desea ser percibido como antisocial.

En Guatemala, como en el resto de América Latina, los dirigentes y los generadores de opinión pública se ven obligados a enarbolar la justicia social.  No hacerlo sería suicida.   Sin embargo, titubeamos si nos exigen una definición exacta de la frase.  Parece un enorme paraguas que cobija a diferentes políticas públicas, desde precios tope para la gasolina y la legalización del aborto, hasta regulaciones para frenar el calentamiento global (justicia climática).   Es más preciso preguntar: ¿cuál de los significados de justicia social suscribe Usted?

Puede elegir su sabor favorito del siguiente menú, o elaborar un brebaje propio.  Los primeros tres significados le resultarán más familiares que los dos restantes.

1. La agenda progresista:  En sus orígenes, el programa esbozado por la socialdemocracia y la centroizquierda se centró en temas laborales y políticos, pero ahora abarca un abanico de reclamos progresistas.  De esa cuenta, las más variopintas medidas se encasquetan la camiseta de la justicia social, expresión relacionada con estas corrientes políticas desde el inicio.

2. La equidad:  El proceso de nivelación para hacernos iguales también recibe el nombre de justicia social.   Trasciende la igualdad en dignidad o en derechos ante la ley, pues sostiene que todos merecemos acceder a las mismas cosas, que deberíamos tener idénticos ingresos, posesiones materiales y estatus social.   El filósofo John Rawls equiparó la justicia con la ecuanimidad (fairness). Así, la vara de la equidad determina lo que es justo o injusto.

3.  La redistribución:  Al gobierno se asigna, como prioridad, la tarea de enmendar la distribución natural o de mercado, redistribuyendo la riqueza, idealmente, hacia ciudadanos necesitados.  En este sentido, justicia social es quitar a unos para dar a otros.

4. El populismo peronista-fascista: En el emblema de Benito Mussolini figuraban las “fasces” que portaban los litorales o escoltas de los magistrados romanos, explica el columnista Alejandro Chafuen.  Las fasces son, pues, símbolo de justicia.  Cuando fundó el Partido Justicialista en 1947, Juan Domingo Perón seguía el consejo de su admirado Mussolini de renombrar el fascismo.  Desde entonces, asociamos el populismo, no con autoritarismo, sino con justicia social.

5.  La justicia general:  Quien acuñó la frase justicia social fue el jesuita Luigi Taparelli d’Azelgio (1793-1862). Ni en el tratado sobre derecho natural de Taparelli, ni en escritos posteriores de la Iglesia, se habla de la redistribución. Más bien resucita el concepto de justicia general, de justicia como virtud, presente en la tradición aristotélica de Santo Tomás de Aquino.  Aquí la justicia tiene que ver con el trato que nos debemos unos a otros, y con las condiciones sociales propicias para el florecimiento de la persona humana.   El bienestar material y espiritual del individuo implica el bienestar de la colectividad.   Velar por el bien común no es análogo, por lo tanto, a liderar planes redistributivos coactivos.

Este menú es revelador, aunque no exhaustivo.   Evidentemente, las primeras tres acepciones se mezclan; se aboga en un aliento por programas redistributivos y progresistas, que procuren la equidad.   La nebulosidad es aliada del discurso político.  Si el votante asocia la justicia social únicamente con bellas intenciones, el político sale favorecido.  Mas cuando llegue al poder, no creará un marco institucional abierto y libre dentro del cual cada persona pueda superarse, sino buscará un resultado particular, colectivo.  Necesito profundizar más en el tema, pero por de pronto, sólo Taparelli me persuade.  ¿Y a Usted?

Publicado en Contra Poder y en CEES el viernes 21 de junio del 2013.