Justicia Social

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Sorprende el discurso que dirigió el magistrado afro-americano de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Clarence Thomas, a los graduandos de Hillsdale College.

En el acto, el sábado 14 de mayo, Clarence Thomas dijo: no los motivo a luchar contra la injusticia social. En su lugar, los exhortó a ser buenos ciudadanos y a preservar la libertad. No tardan en acusar a Thomas de traicionar a su clase o a su etnia, a la luz de sus recomendaciones políticamente incorrectas. ¿Cómo osa el magistrado oponerse al mantra salvador de los marginados, dada su humilde cuna en un pueblo agrario del estado de Georgia?

Quizás Clarence Thomas ya leyó el nuevo libro por Michael Novak, Paul Adams y Elizabeth Shaw, Justicia Social no es lo que usted cree que es (2015). El filósofo Novak y sus coautores argumentan que las connotaciones modernas del concepto no coinciden con el uso original de la frase. La buena ciudadanía que recomienda el magistrado Thomas podría cuadrar con el sentido verdadero de la justicia social.

Novak afirma que la frase aparece por primera vez en un libro por el sacerdote conservador Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), quien se propuso rescatar el concepto de “justicia general” esbozado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Testigo de los efectos de la Revolución Industrial, Taparelli se preocupó por la unidad familiar. El sacerdote creía que la sociedad tiene su fundamento en las “pequeñas sociedades”, es decir, las familias y las organizaciones locales, y no en “la gran sociedad” o el Estado. Le inquietaba que las familias migraran, completas o desmembradas, hacia pueblos y ciudades. No sólo abandonaban la subsistencia agraria para convertirse en obreros asalariados, sino quizás también costumbres familiares importantes.

En contraste, el gobierno cobra primacía en la nueva concepción de justicia social. Ésta pretende corregir la mala distribución de los recursos en la sociedad. Crecemos en circunstancias distintas, y cosechamos resultados diferentes producto de nuestro ingenio, trabajo y entorno. El gobierno, concebido como un imparcial agente externo, capaz de asignar los bienes disponibles con más tino que la naturaleza, es requerido para nivelar el desbalance. Además, Michael Novak se lamenta que la acepción francesa de égalité ha llevado a una obsesión por una uniformidad casi aritmética, inalcanzable sin ejercer la coacción.

Sumada a la responsabilidad por la igualdad y la redistribución, recae en los gobernantes la tarea de definir qué es el “bien común”. Novak pone un ejemplo. Los ciudadanos soviéticos tenían prohibido fijar residencia en otro país, porque al hacerlo dejarían de tributar. En aras del bien común, los oficiales buscaban maximizar las contribuciones al erario manteniendo cautivos a los nacidos en el territorio bajo su control. El bien común se transforma en una peligrosa excusa para aplastar libertades personales.

Al gobierno no le compete definir el bien común ni redistribuir los bienes, escribió el Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (1891). Como Taparelli, León XIII se ocupa de la familia y la justicia social, pero se distancia de la lectura socialista de la industrialización. Se opone al totalitarismo. Clamando respeto por “la condición humana”, el pontífice declara como vana la pugna socialista contra las desigualdades naturales. “No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna,” versa la encíclica.

Conviviendo en pueblos y ciudades, las personas emplean sus sanas y constructivas diferencias. Se asocian unos con otros para solucionar por si mismos los problemas que les atañen directamente. He allí el buen ciudadano del que habla Clarence Thomas.

Este artículo fue publicado el 20 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue tomada de la publicación College Fix.

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¿Eso es justicia social?

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“No deje que nadie le diga que las corporaciones y los negocios crean empleos,” afirmó Hillary Clinton en un mitin político en Boston la semana pasada.

A veces hablamos sin pensar, pero otras veces nuestras palabras revelan un razonamiento incoherente. Esto ocurrió el 24 de octubre a Hillary Clinton, ex canciller de Estados Unidos y posible candidata a la presidencia en del 2016, cuando hacía campaña a favor de Martha Coakley, postulada para el cargo de gobernador de Massachusetts.

El Gobierno de Estados Unidos no funge como el empleador único ni propietario monopólico de todo bien. En dicho país existen personas innovadoras y esforzadas que originan unidades productivas llamadas empresas, negocios o corporaciones. Éstas generan oportunidades de trabajo. ¿Hillary Clinton miente conscientemente o sostiene sinceramente esta absurda posición?

La frase luce como una ventana al pensamiento progresista del primer mundo. La Sra. Clinton supone que sólo del Gobierno proceden cosas buenas; que el Gobierno es la fuente primaria de todos los beneficios disponibles a los ciudadanos: salud, educación, vivienda, bienestar, recreación, empleo y más. Pero el Gobierno ensalzado por Clinton no es totalitario, sino paternalista. Es el director de la orquesta y el policía plenipotenciario.

La ex canciller confía en la motivación y los resultados que se cosechan en la arena política y rechaza aquello que surge de la interacción libre y voluntaria entre las personas. Piensa que dejados a nuestras anchas, abusaríamos unos de otros. A Clinton no le basta creer saber lo que más conviene a la ciudadanía, sino que siente el deber moral de imponer su criterio a la fuerza.

Ella navega bajo la bandera de la justicia social, entendida en un sentido secular y revisionista. Una documental biográfica describe a Hillary Clinton como una “vociferante promotora de la justicia social”. Jean F. Blashfield, autora de una biografía sobre la afamada política, escribe que “ella empezó a ver que una creencia en la justicia social era un asunto político, no meramente religioso, y que la justicia social puede alcanzarse a través de la acción política.”

Según este paradigma, el Gobierno es indispensable para procurar la justicia social. Obvia dos alternativas que documentó Alexis de Tocqueville cuando visitó Estados Unidos en 1831. La primera es que las personas racionales, libres y responsables son capaces de gestionar su propio bienestar y el de sus seres queridos. Y la segunda es que las personas suelen asociarse con otros para atender asuntos que rebasan sus capacidades e intereses individuales, concernientes a la familia, la comunidad, el municipio y más. Históricamente, el progreso es resultado de la ayuda mutua voluntaria y la autogestión, más que de la planificación estatal. Tocqueville y otros intelectuales infieren por tanto que al Gobierno compete un rol más limitado: hacer valer el Estado de Derecho, garantizando los derechos básicos, los contratos, y la seguridad.

Hillary ignora las instancias intermedias entre ciudadano y Gobierno. Adicionalmente, ve al ciudadano promedio como desvalido o incompetente, necesitado de la tutela del político de turno. En un discurso del año pasado, la Sra. Clinton afirmó que “cuando los ciudadanos están alienados de su gobierno, la democracia sufre.” Tras abandonar el Departamento de Estado, ella realizó una gira para restaurar la “fe en el gobierno”. Nuevamente entrevemos su mentalidad: debemos depositar nuestra fe en los políticos pues desconfiar de la “democracia” nos hace sentir alienados y desgarra el tejido social.

Pero la realidad es otra. Cuando el Gobierno se entromete demasiado en nuestras vidas, desplaza sanas y atinadas iniciativas privadas y comunitarias. Dichas intromisiones no son justas, no causan prosperidad, ni tampoco promueven la paz social.

Este artículo fue publicado el viernes 31 de octubre del 2014 por la Revista Contra Poder y CEES.

Defina Justicia Social

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¿Está Usted a favor de la justicia social?  Si pausa unos segundos antes de responder, le lloverán epítetos tan detestables como discriminador, egoísta, desalmado o antidemocrático.   El eslogan es el Superman de la retórica, el as que sella cualquier discusión, porque nadie defiende la injusticia, ni desea ser percibido como antisocial.

En Guatemala, como en el resto de América Latina, los dirigentes y los generadores de opinión pública se ven obligados a enarbolar la justicia social.  No hacerlo sería suicida.   Sin embargo, titubeamos si nos exigen una definición exacta de la frase.  Parece un enorme paraguas que cobija a diferentes políticas públicas, desde precios tope para la gasolina y la legalización del aborto, hasta regulaciones para frenar el calentamiento global (justicia climática).   Es más preciso preguntar: ¿cuál de los significados de justicia social suscribe Usted?

Puede elegir su sabor favorito del siguiente menú, o elaborar un brebaje propio.  Los primeros tres significados le resultarán más familiares que los dos restantes.

1. La agenda progresista:  En sus orígenes, el programa esbozado por la socialdemocracia y la centroizquierda se centró en temas laborales y políticos, pero ahora abarca un abanico de reclamos progresistas.  De esa cuenta, las más variopintas medidas se encasquetan la camiseta de la justicia social, expresión relacionada con estas corrientes políticas desde el inicio.

2. La equidad:  El proceso de nivelación para hacernos iguales también recibe el nombre de justicia social.   Trasciende la igualdad en dignidad o en derechos ante la ley, pues sostiene que todos merecemos acceder a las mismas cosas, que deberíamos tener idénticos ingresos, posesiones materiales y estatus social.   El filósofo John Rawls equiparó la justicia con la ecuanimidad (fairness). Así, la vara de la equidad determina lo que es justo o injusto.

3.  La redistribución:  Al gobierno se asigna, como prioridad, la tarea de enmendar la distribución natural o de mercado, redistribuyendo la riqueza, idealmente, hacia ciudadanos necesitados.  En este sentido, justicia social es quitar a unos para dar a otros.

4. El populismo peronista-fascista: En el emblema de Benito Mussolini figuraban las “fasces” que portaban los litorales o escoltas de los magistrados romanos, explica el columnista Alejandro Chafuen.  Las fasces son, pues, símbolo de justicia.  Cuando fundó el Partido Justicialista en 1947, Juan Domingo Perón seguía el consejo de su admirado Mussolini de renombrar el fascismo.  Desde entonces, asociamos el populismo, no con autoritarismo, sino con justicia social.

5.  La justicia general:  Quien acuñó la frase justicia social fue el jesuita Luigi Taparelli d’Azelgio (1793-1862). Ni en el tratado sobre derecho natural de Taparelli, ni en escritos posteriores de la Iglesia, se habla de la redistribución. Más bien resucita el concepto de justicia general, de justicia como virtud, presente en la tradición aristotélica de Santo Tomás de Aquino.  Aquí la justicia tiene que ver con el trato que nos debemos unos a otros, y con las condiciones sociales propicias para el florecimiento de la persona humana.   El bienestar material y espiritual del individuo implica el bienestar de la colectividad.   Velar por el bien común no es análogo, por lo tanto, a liderar planes redistributivos coactivos.

Este menú es revelador, aunque no exhaustivo.   Evidentemente, las primeras tres acepciones se mezclan; se aboga en un aliento por programas redistributivos y progresistas, que procuren la equidad.   La nebulosidad es aliada del discurso político.  Si el votante asocia la justicia social únicamente con bellas intenciones, el político sale favorecido.  Mas cuando llegue al poder, no creará un marco institucional abierto y libre dentro del cual cada persona pueda superarse, sino buscará un resultado particular, colectivo.  Necesito profundizar más en el tema, pero por de pronto, sólo Taparelli me persuade.  ¿Y a Usted?

Publicado en Contra Poder y en CEES el viernes 21 de junio del 2013.