Año Nuevo, lucha nueva

IMG_5244
Una gran expectativa acompaña el inicio del año: ¿será el 2016 el año en que los guatemaltecos derrotemos al dragón llamado corrupción?

La ex Ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, estará en Guatemala a mediados de enero, coincidiendo su visita con la toma de posesión del nuevo presidente, Jimmy Morales. Nueva Zelanda es una buena referencia en materia de corrupción, ya que desde que arrancó el Índice de Percepción de Corrupción en 1995, consistentemente emerge como uno de los países más transparentes del mundo, si no el primero.

En la medición de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, la última estadística disponible, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una calificación de 91. Guatemala se ubica en la casilla 115 de un total de 175 países, con un abismal punteo de 32. “Las comparaciones son odiosas”, dice la frase proverbial, y podríamos inventar excusas. Históricamente, Nueva Zelanda la tuvo fácil, porque su población de ovejas no corruptibles excedió el número de seres humanos. Además, las islas habitadas por los Maorí, se convirtieron en colonia inglesa en 1840, con lo cual heredaron un sistema de derecho consuetudinario y un gobierno parlamentario. Finalmente, es un país rico: su Producto Interno Bruto per cápita nominal de US$ 35,966, mientras el nuestro es de US$ 3,477.89.

Es cierto. Pero la trayectoria de ambos países pudo ser distinta. El profesor Daniel Treisman realizó una investigación que reveló que las ex colonias británicas tienen una especie de protección contra el embate de la corrupción, pero luego Reyer Gerlagh y Lorenzo Pellegrini concluyeron lo contrario. No todos los territorios con dicho pasado se salvan del embate de la corrupción.

Sí existe un demostrado vínculo entre economías abiertas y prósperas y la transparencia. Nueva Zelanda es la tercera economía más libre del mundo gracias a un conjunto de reformas liberalizadoras que Ruth Richardson contribuyó a implantar entre 1984 y 1994. La descripción que hace el Índice de la Libertad Económica de la economía nuevo zelandesa es envidiable. La piedra angular de la reforma económica de los ochenta y noventa fue la apertura comercial: una liberalización de comercio unilateral redundó en bajas barreras no arancelarias y un arancel promedio de 1.6 por ciento. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria. La carga tributaria es relativamente baja: la tasa máxima del impuesto sobre la renta para individuos es de 33% y para corporaciones es de 28%. El país es más competitivo por el hecho de no tasar las herencia o las ganancias de capital. El sector financiero es altamente competitivo. Un empresario puede fundar su negocio en un día, completando un único trámite; tanto los reglamentos para los negocios como el mercado laboral son flexibles. Adicionalmente, se eliminaron los subsidios agrícolas. Nueva Zelanda tiene los subsidios más bajo de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sector agrario es ahora diversificado y competitivo.

Nueva Zelanda posee un fuerte Estado de Derecho. Garantiza la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. El soborno es fuertemente castigado; las leyes velan porque los funcionarios públicos presten un servicio transparente. En su libro Making a Difference (1995), Richardson confiesa que “la práctica de la política en Nueva Zelanda se distingue por dos libertades—la libertad de la corrupción y la libertad de movimiento. Ni una sola vez encontré una violación de la primera.”

La lección es contundente: entre más simples y directas sean las trabas gubernamentales, más bajos son los incentivos para el chantaje, soborno y el abuso del poder para ganancia personal. Esa debe ser la estrategia de la Administración Morales.

Este artículo fue publicado el 8 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Advertisements

Corrupción, cultura y diplomacia

Slide1

La corrupción es un crimen que daña a la sociedad. Así opina el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien se comprometió a apoyar esfuerzos por combatir este fenómeno.

La anterior afirmación aparece en una entrevista que le hizo Prensa Libre (3-XI-14) al Embajador Robinson. Él tiene experiencia conviviendo con dicho mal, pues residió en países con un posicionamiento poco halagador en el Índice de Percepción de Corrupción, el cual analizó 177 países en el 2013: Italia (69), El Salvador (83), Colombia (94), Bolivia (106), Albania (116), y República Dominicana (123). Además, ya laboró en Guatemala, empatada en el puesto 123 con República Dominicana. Lamentablemente Robinson no especifica cómo solucionaría el flagelo de la corrupción.

¿Están conectados el bienestar, la corrupción y la cultura? Recientemente, abordamos la cuestión durante la presentación del sexto episodio del documental Poverty Cure. Las sociedades poseen capital cultural, según Poverty Cure. Las personas exhiben conductas virtuosas, ahorran, innovan y emprenden, en contextos sociales donde existe la confianza mutua y se respetan los contratos, la propiedad privada y el imperio de la Ley, entre otros. Las culturas cerradas y desconfiadas, o con mentalidad de víctima pordiosera, tienden a permanecer subdesarrolladas. Es lógico asumir que habrá más corrupción en las segundas.

Pero el Barómetro Global de Corrupción, una encuesta levantada a 114,000 personas en 107 países, muestra que la corrupción aumenta en todas partes del mundo, aún en países libres, con un Estado de Derecho mejor cimentado y economías prósperas. Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y experto en estos temas, escribe que desde hace años Estados Unidos y la Europa Occidental están creciendo a un ritmo menor que países con peores indicadores de corrupción. Chafuen advierte que esta tendencia “está afectando varias de las instituciones esenciales para construir el Estado de Derecho en una sociedad libre.”

Algunos lectores pensarán que la tendencia mundial imita la historia guatemalteca, en cuya cultura arraiga la corrupción desde hace décadas. Tanta evidencia negativa nos podría sumir en la desesperanza determinista, o bien llevar a la fatal conclusión que poco nos beneficiaría fortalecer el Estado de Derecho o promover la libertad económica. El documental de Poverty Cure nos presenta una cara de la moneda más alentadora: las personas (y las culturas) cambian. Quizás sean más las historias de horror que las historias de éxito, pero existen organizaciones, comunidades y despachos públicos que se han vuelto más transparentes. Individuos y agrupaciones, sobre todo de índole religiosa, han motivado a otras personas para que salgan adelante haciendo gala de laboriosidad, esfuerzo, perseverancia y honradez.

Es preciso además reorientar las políticas públicas. Estamos tan acostumbrados a pensar que el Gobierno es la madre de todas las soluciones a nuestros problemas, que perdemos de vista los males que emanan de él. Las instituciones más desprestigiadas al nivel mundial son precisamente aquellas asociadas con el ejercicio del poder. El Barómetro Global revela que los partidos políticos y los policías son los peor percibidos, seguidos de los jueces, los diputados y los burócratas. Más de la mitad de los entrevistas consideran que estos cuerpos se han vuelto más corruptos en dos años.

Cabría recordar la advertencia que hacía el economista Gary Becker: la criminalidad es cuestión incentivos. A veces excesivos trámites y regulaciones, y la prevalencia de entes estatales corruptos, invitan en lugar de desalentar conductas turbias entre los ciudadanos. Tirarle más fondos al sistema perverso no resolverá la cuestión al menos que se opere un cambio tal que los premios de ser corrupto palidezcan ante los castigos, y que los castigos sean certeros.

Este artículo fue publicado el viernes 7 de noviembre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía es una imagen tomada del sitio de la organización Transparencia Internacional e ilustra los países con problemas de percepción de corrupción en los partidos políticos, según la encuesta Barómetro Global del 2013. (Ver enlace arriba)

 

Corruptissima republica, plurimae leges

photo-91

¿Cree Usted que el combate a la corrupción debe figurar en la agenda para el 2014?

El año 2013 arrancó con el anuncio presidencial que sería el “Año de la Transparencia”, y terminó con una bajísima calificación en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC).  Entre los 177 países incluidos en la medición, Guatemala se ubicó en el puesto 123; la nota descendió de 33 a 29, en una escala de 0 a 100.  ¿Cómo pudimos empeorar, siendo el combate a la corrupción una prioridad gubernamental?  ¿Y qué se puede hacer en el 2014 para alcanzar mejoras duraderas?

Las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados.  El “Año de la Transparencia” pudo ser un mero discurso demagógico, una iniciativa romántica, o un deficiente plan que acarreó consecuencias no intencionadas.

Las estrategias de combate a la corrupción suelen basarse en dos distintas premisas.  La primera se centra en el carácter de la persona: son viciosos los seres humanos débiles que ignoran o desprecian la rectitud y la moral.  La segunda explicación prioriza el marco institucional, pues incluso las personas virtuosas se corrompen si las reglas del juego les incentivan a hacerlo.  Según la primera premisa, los funcionarios públicos y la ciudadanía deben recibir clases de ética.  La segunda premisa invita a revisar los incentivos que imperan sobre las personas a fin de elevar los costos asociados al acto de corrupción.   Ambas explicaciones llevan verdad; no son mutuamente excluyentes.  Sin embargo, sospecho que la reforma institucional procura avances más notorios y más rápidos.

Un marco institucional sencillo y claro es transparente.  Los estudios demuestran la relación positiva entre libertad, transparencia y competitividad.  También asocian la complejidad y la arbitrariedad con la corrupción.  Guatemala debe seguir avanzando en la simplificación administrativa y la desregulación.  Es imperativo revocar leyes obsoletas y eliminar la tramitología engorrosa.  Así los ciudadanos no buscarán al político para que les conceda privilegios, protecciones y favores, y los funcionarios no extraerán rentas de recovecos legales y burocráticos.

No estamos descubriendo el agua azucarada.  Apunta en esta dirección el sabio y antiguo refrán “hecha la ley, hecha la trampa”.    La versión francesa es incluso más incisiva:  “las leyes son hechas para ser violadas”.  Se atribuye malicia tanto al legislador como al regulado, pues a veces quienes diseñan las leyes persiguen motivos que ocultan deliberadamente de la ciudadanía.  “Quien hace la ley, hace la trampa”, diríamos en castellano.   Y en la Antigüedad, Tácito planteó una visión macro: “Corruptissima republica, plurimae leges”. Es decir, los países más corrompidos son aquellos que más leyes tienen.

Tácito nos ayuda a comprender la deplorable calificación de Guatemala en el Índice de Percepción de Corrupción.  Existe una relación entre la calidad y la cantidad de regulaciones en un país, y la corrupción.  La excesiva legislación criminaliza actividades innecesariamente y pone obstáculos a las actividades lícitas de los ciudadanos.  Confrontados con una maraña impenetrable de regulaciones, los ciudadanos a veces ni siquiera saben si obran dentro del marco de la ley.  Además, la imprecisión y la discrecionalidad en la aplicación de las normas permite al funcionario público abusar de su poder para cosechar alguna ventaja personal.   Se erosiona el respeto a la normatividad y se borran las fronteras éticas.

Un buen propósito de año nuevo para las autoridades es actuar decisivamente en combatir la corrupción por la vía institucional.  Otros países han emergido de un severo estado de corrupción; este flagelo no tiene porqué ser una enfermedad crónica y terminal en Guatemala.

Este artículo se publicó el 3 de enero del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.