Amiguismo

Slide1
La opinión pública exige capturas de empresarios corruptos, pues no basta con encarcelar a los funcionarios públicos involucrados en actividades criminales.

¡Que rueden las cabezas de empresarios! El grito brota de bandos aparentemente opuestos. Gritan quienes desdeñan lo económico, por considerarlo inevitablemente mundano, sucio, o explotador. Y vociferan quienes lamentan que la mala conducta de algunas personas desencadene el rechazo de los mercados libres.

Los empresarios y los funcionarios públicos que abusan del poder para enriquecerse ilícitamente desprestigian tanto la actividad política como la empresarial. Hoy se habla de un sistema de capitalismo crony, amiguismo, o capitalismo de amiguetes o compinches. Incluso aparece una definición en Wikipedia: “describe una economía en la cual el éxito empresarial depende de una relación cercana entre los empresarios y los funcionarios públicos. Puede exhibirse en el favoritismo al distribuir permisos legales, ayudas gubernamentales, exoneraciones de impuestos y otras formas de intervencionismo estatal.” El ubicuo mal ataca tanto a economías desarrolladas como a economías en vías de desarrollo.

¿Hay amiguismo en Guatemala? Claro que sí. Allí donde el gobierno y el mercado se intersectan, no acumulan riqueza quienes realmente lo merecen por su arduo trabajo, afán de servicio, destrezas mercantiles, manejo transparente de los recursos, eficiencia o competitividad. Se enriquecen quienes pueden manipular el poder del estado, y lo hacen a costa de actores económicos honrados con menos conexiones. A veces, causas nobles como la protección del ambiente y hasta la lucha contra la corrupción sirven de justificación para la colusión gobernante-empresario. Quienes ostentan el poder político eligen a los ganadores y los perdedores en el mercado. Los tomadores de decisión poseen gustos, tendencias ideológicas y preferencias por amigos que distorsionan las elecciones económicas.

Curiosamente, esta intervención de los mercados se asocia menos con socialismo que con capitalismo. Como el socialismo, el amiguismo implica privilegio, dirigismo y redistribución, e incluso gusta retratarse como un medio necesario para atender al pobre. Un caso estudiado es el de los cupones de alimentos en Estados Unidos, distribuidos a más de de 47 millones de ciudadanos, en principio para permitir el acceso a alimentos baratos o gratis a personas de escasos recursos. Con el tiempo, no obstante, el programa pasó a otorgar subsidios masivos a productores de gaseosas y comida chatarra. Los restaurantes de comida rápida y otros productores de alimentos quieren ser receptores de los cupones. El gobierno perjudica la salud de los usuarios de cupones, alertan los médicos, porque consumen en exceso alimentos dañinos. A veces, lo que ocurre tras poner en marca los planes dista del fin enunciado. Las regulaciones aprobadas crean incentivos para negocios turbios. Debemos intentar prever las consecuencias no intencionadas, y no conformarnos con el romanticismo de las buenas intenciones. Debemos anticipar que los beneficios se concentrarán en manos de ciertos actores no contemplados por quienes diseñaron el plan, y que los costos elevados se distribuirán entre el resto de ciudadanos.

¿Cómo podemos sanear las instituciones socio-económicas pervertidas y dañinas? Los socialistas quisieran abolir los mercados y desaparecer a todos los capitalistas, mientras los defensores de los mercados libres piden limpiar la administración pública. Vilificar indiscriminadamente al sector empresarial y al mercado es un error, es como tirar al bebé con todo y el agua en que lo hemos bañado. Centremos energías en combatir la búsqueda de rentas, los incentivos perversos y las oportunidades de corrupción que propicia el ejercicio del poder.

Este artículo fue publicado el 26 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Advertisements

¡No vengan a Dinamarca!

IMG_0988
Para asilarse en Dinamarca, Usted tiene que entregar su patrimonio por encima de 1,340 Euros para sufragar los gastos de su manutención.

“Dos males no hacen un bien,” subrayaba mi papá cuando, por ejemplo, sus hijos devolvíamos un golpe por otro, o cuando mentíamos para encubrir una falta previa. Los diputados de Dinamarca me recordaron el refrán, cuando la semana pasada aprobaron una ley que permite a las autoridades confiscar las posesiones de los inmigrantes refugiados. El parasitismo de generosos programas estatales no se corrige violando el derecho a la propiedad privada.

Quienes huyen del Oriente Medio, África del Norte y otros lugares conflictivos y solicitan asilo en Dinamarca podrán quedarse con sus argollas matrimoniales y joyas de valor sentimental, pero deberán entregar otros bienes. ¿Quién decidirá qué y cuánto entregan? ¿Bastará lo confiscado para costear su permanencia en dicho país? La medida pone de manifiesto el temor que invade a los europeos debido al masivo influjo de hordas de extranjeros, que amenazan su estilo de vida. El año pasado, Dinamarca recibió un número récord de 20,000 personas. En Suecia y Alemania estiman una oleada de 190,000 y 1.5 millones de refugiados anuales, respectivamente.

Se dice que la migración obedece a tres móviles principales: huir del peligro, buscar mejoras económicas y aprovechar jugosos beneficios sociales. Las crisis humanitarias ablandan el corazón. En cambio, genera un recelo nacionalista el mito según el cual los foráneos vienen a “robar” empleos escasos. Más indignación sienten los concienzudos tributarios al ver copados los servicios gubernamentales, incluyendo los servicios policíacos, por gente extraña que no paga impuestos. En la práctica, es complejo identificar el móvil de un migrante, porque hasta los más desesperados buscan radicarse allí donde se prometen mejores condiciones.

La crisis migratoria evidencia los incentivos perversos que crean los Estados Benefactores que otrora orgullecían a los alemanes, suecos y daneses. Los esquemas redistributivos, como otras tantas regulaciones, producen injusticias y costos ocultos. ¿Cómo no va a resultar un imán la promesa de salud y educación garantizada y gratuita en Dinamarca? En tanto, las autoridades de Lituania declaran que han abierto sus puertas de par en par, pero los refugiados no van allá porque recibirían menos subsidios. Un periódico sueco reportó que más de 30 personas buscando asilo rehusaron ser albergados temporalmente en un parque de diversiones, porque no querían residir en el campo. “Venimos a vivir, no a trabajar,” dijo claramente un migrante caradura.

¿Y qué si el escaso patrimonio que lograron sacar consigo los inmigrantes a Europa, iba a ser invertido en actividades productivas? Años atrás, migrantes aventureros y emprendedores construyeron Estados Unidos y Argentina, entre otros países. Llegaron a convivir en paz; a sembrar raíces, produciendo y creando riqueza, sin ninguna expectativa de depender de regalos o protecciones. Para atraer ese perfil de migrante, es necesario eliminar las oportunidades para parasitar.

Por otra parte, Otto von Bismarck diseñó el Estado Benefactor en 1883 para una sociedad con una abundante fuerza laboral joven y una población que moría antes de los 45 años. Hoy, los sistemas de bienestar están quebrados por el invierno demográfico y sucesivas debacles económicas. Es decir que aún antes de la crisis de refugiados, los europeos tendrían que haber empezado a reformar sus sistemas de seguro social y demás programas sociales.

Quizás los políticos tengan más pavor de confrontar esta realidad que de los refugiados. Están acostumbrados a prometer el bienestar general y la redistribución a las masas votantes, y ellas a su vez se habituaron a reclamar los programas sociales como derechos adquiridos.

Este artículo fue publicado el 5 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Campañas, dinero y transparencia

Elections

¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.