Oda a la libertad

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Las antorchas que recorren el país cada 15 de septiembre son símbolo tanto de la iluminación intelectual y espiritual, como de la libertad.

¿Asimilaron los próceres centroamericanos los mensajes liberales del Barón Montesquieu, Adam Smith y Thomas Jefferson, entre otros pensadores de la Ilustración? A continuación, cuatro advertencias hechas por liberales clásicos que nuestros antepasados quizás desestimaron, pero que esta generación de guatemaltecos debe atender urgentemente.

1. Los abusos del poder son intolerables. Desligarnos de la monarquía no nos blindó contra los autoritarismos abusivos. De Montesquieu aprendimos las bondades de separar y balancear los poderes del Estado. Él advirtió en El espíritu de las leyes (1748) que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo…Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” Hoy vemos a representantes electos, como Nicolás Maduro, transformarse en dictadores, deformar las constituciones, controlar a los jueces e imponer leyes tiránicas. ¡Opongámonos tajantemente a tales prácticas!

2. El gasto público no se debe desbordar. “Coloco la economía como la primera y más importante virtud, y la deuda pública como el mayor peligro a temer,” escribió Thomas Jefferson. Vio claramente que perdemos nuestra libertad cuando los gobernantes contraen excesivas obligaciones. Adam Smith concluyó lo mismo: “no hay mayor impertinencia y, por lo tanto, presunción, en reyes y ministros, que pretender velar por la economía de las personas privadas para limitar sus gastos ya que ellos mismos, reyes y ministros, son siempre y sin excepción alguna, los más grandes derrochadores en la sociedad.” A Q.79.7 mil millones asciende la propuesta de presupuesto nacional más grande de nuestra historia, para el 2017, sin ancla en los ingresos correspondientes. ¡Pongámosle freno a la deuda pública!

3. Los impuestos son saqueo legal, en el peor de los casos, afirmó Frédéric Bastiat. Constituyen una transacción cuando el tributario transfiere su riqueza al gobierno a cambio de servicios púbicos. Sin embargo, algunos usan el mecanismo legal y coercitivo para vivir a costa de otros, y eso es inmoral. El hambre por más impuestos crecerá conforme aumentan los egresos, adivinó Jefferson. Previó que tasarán “nuestra carne y bebida, nuestra necesidad y nuestra comodidad, nuestro trabajo y nuestra diversión. Si podemos prevenir que el gobierno gaste lo que las personas ahorran, bajo pretexto de cuidar por ellas, entonces ellas serán felices.”

4. A mayor libertad, mayor crecimiento económico. Cuando Adam Smith dimensionó las secuelas dañinas del proteccionismo mercantilista, abogó por un marco institucional de paz, impuestos moderados y “una tolerable administración de justicia”. Un hábitat dentro del cual las personas pueden mejorar su propia condición, trabajando honestamente. La libertad comercial debe traspasar las fronteras nacionales, coincidió Bastiat con punzante humor: “Hay hombres al acecho a lo largo de toda la frontera, armados hasta los dientes, con el encargo de crear dificultades para el trasiego de bienes de un país a otro. Se llaman agentes aduaneros.” ¡Abrámonos completamente al libre comercio!
La libertad no es meramente un valor anticuado y romántico, o un quetzal surcando el cielo azul. Es un requisito para el florecimiento humano.

Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

¡No más impuestos!

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¿Puede reponerse el Presidente Morales de esta equivocación? ¿Bajo qué extrañas condiciones puede una reforma tributaria ser popular?

¡No más impuestos! Así reaccionamos ante la inoportuna movida del Organismo Ejecutivo de promover una nueva reforma tributaria. Malinterpretaron el sentir popular los asesores de la Administración Morales-Cabrera, sobre todo los extranjeros que no pagan impuestos en Guatemala. Cuando se destapó la olla de grillos de la corrupción, nos asombró la ubicuidad de la pobredumbre; las estructuras están totalmente apolilladas. Elegir a un empresario honrado como presidente y llevar a juicio a unos cuantos sospechosos no impacta sobre el modus operandi de miles de burócratas. Los funcionarios actuales temerán parar en una situación similar a la que enfrentan los chivos expiatorios acusados, y quizás se cuiden un poco, pero las reglas del juego siguen facilitando prácticas inmorales. Repudiaremos cualquier aumento tributario mientras exista certeza que nuestras contribuciones serán malgastadas.

Los ponentes deben pensar que jamás es buen momento para proponer alzas tributarias, pues nadie quieren pagar impuestos. Quizás creen que pueden aplacar las voces enfurecidas con argumentos sobre las bondades de su propuesta, pero ésta básicamente recicla ideas viejas y juega con porcentajes en lugar de ser una reforma para limpiar, simplificar y armonizar el panorama impositivo. Quizás creen que no tienen capital político que perder, pero un exasperado pueblo puede volver a protestar y reclamar la renuncia de los actuales funcionarios. Dichos asesores deberían leer la obra del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), quien analizó los impuestos con un enfoque microeconómico, según el interés del contribuyente.

Wicksell concluyó que el tributario prefiere pagar lo mismo que recibe de vuelta en servicios gubernamentales. En otras palabras, los ingresos tributarios deben igualar al gasto público. Wicksell elaboró este planteamiento en una época durante la cual la nobleza dominaba el ámbito político tanto en Alemania como en Suecia. Los nobles gozaban de los beneficios de lo recaudado sin cargar con el costo. Por ejemplo, se cobraba un impuesto de hasta 200% al rapé (un tabaco que se aspira) o a las salchichas, bienes preferidos por la clase media. Wicksell fue lo suficientemente inteligente para reconocer que cuando la clase obrera asumiera el control, haría exactamente lo mismo, promoviendo impuestos que recayeran sobre una minoría rica.

Por ello, el economista insistió en la necesidad de limitar el poder político en lo que respecta al diseño y la aprobación de impuestos. Propuso que sólo se crearan impuestos para fines específicos y anunciados. Esto implica identificar las necesidades ciudadanas, evaluar los costos probables de satisfacerlas, y posteriormente proponer el tributo correspondiente. Las contribuciones por mejoras que pagamos a la municipalidad se apegan a esta visión. Para la aprobación de cada impuesto, se requeriría del voto favorable de una super-mayoría (Wicksell recomendaba usar la regla de la unanimidad), otorgada mediante consulta popular directa o por medio de nuestros representantes ante el Congreso. Así se evita la tiranía de la mayoría y la redistribución hacia grupos políticamente hábiles que extraen privilegios del gobierno. Finalmente, cada impuesto tendría una vida máxima de cinco años. Este sistema redundaría en una democracia vital, cuyo gobierno tendría funciones claramente delimitadas y gozaría de una envidiable credibilidad por corresponder a las preferencias de casi la totalidad de los ciudadanos.

Presidente Morales, mejor gaste su capital político proponiendo medidas wickselianas que aseguren mejores condiciones de vida a los guatemaltecos de aquí a futuro.

Este artículo fue publicado el 19 de agosto del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía de Knut Wicksell es adaptada del sitio http://www.eumed.net.

Impuestos y democracia

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Los vicios, combinados con un abuso de la democracia, conducen a malos resultados.
Había una vez una pequeña comunidad llamada Demo que decidió darse un gobierno para que los protegiera de potenciales agresores. Los ciudadanos podían así ocupar su tiempo en asuntos productivos. El grupito gobernante, sin embargo, no creaba riqueza. Reunidos, los habitantes de Demo acordaron unánimemente sufragar su manutención con pequeñas transferencias monetarias, vistas como el pago por un servicio valioso.

Pasó el tiempo y Demo creció. Algunos ciudadanos querían endilgar a los políticos algunas responsabilidades que les resultaban cargantes. Unas almas compasivas querían ayudar a los indigentes con subsidios estatales en lugar de ejercitar la caridad. Ambos sectores propusieron rebanar otra tajada de los ingresos de los ciudadanos para financiar los nuevos gastos. A los políticos les gustó la idea de amasar dinero y poder. Se acordó tomar la decisión por mayoría, porque varias personas vociferaron en contra de la moción. Los demoltecos productivos salieron esquilados por la coalición compuesta por las minorías de vividores, altruistas y políticos. La transferencia voluntaria se convirtió en impuesto, y se decretaron castigos para quienes no pagaran.

Tristes, unos productivos demoltecos emigraron. La recaudación bajó, y los gobernantes reaccionaron subiendo aún más la carga tributaria, de plumazo. Se hizo realidad la advertencia de John Stuart Mill: “Aquellos que no pagan impuestos, disponiendo con sus votos del dinero de otras personas, tienen todo el incentivo de ser espléndidos y ningún incentivo para economizar.” No cayeron en cuenta que debilitaban la democracia empleando el poder para la expoliación.

La economía de Demo languidecía y los servicios públicos eran deficientes, incluidos los servicios de defensa y seguridad nacional. Un forastero que pasaba por Demo le contó a los angustiados demoltecos que en su país natal, Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaba una reducida base de 704,553 contribuyentes activos. Es tan solo el 4.7 por ciento del total de los guatemaltecos, explicó el forastero, porque en Guatemala hay una economía informal gigantesca. Sería más estable y sano contar con una amplia base de contribuyentes, concluyeron los atentos demoltecos. Lo que es más, narró el chapín, la SAT no trata como evasores a los miles de trabajadores no registrados, pero sí persigue, justa o injustamente, a algunos de los contribuyentes activos. Unos enfrentan juicios y son encarcelados por evasión.

Un forastero rubio y alto se rió. Exclamó, “¡Eso no es nada!”. Concedió que la base tributaria en su país, Estados Unidos, es más amplia que en Guatemala, pero su preocupación era otra. En un estudio publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), el estadounidense leyó que el ejército involucrado en el cobro de impuestos es tres veces más grande que las Fuerzas Armadas. Cada año, los tributarios invierten 8.9 mil millones de horas en completar formularios de impuestos; es como si 4.3 millones de personas trabajaran todo el año, tiempo completo, dedicados exclusivamente a esta tarea. Enojado, el extranjero rubio agregó que la Tax Foundation estimaba el costo anual del papeleo por impuestos federales en U.S.$ 409 mil millones.

Bastaron las historias y la experiencia para convencer a los demoltecos de enmarcar las políticas fiscales dentro de un marco constitucional. Demo adoptó la norma recomendada por Dan Mitchell, según la cual la economía privada debe crecer más que el sector público. De lo contrario, el gobierno se comporta como los peces dorados, que teniendo acceso a ilimitada comida, comen hasta morir.

Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2016 en la revista Contra Poder y el CEES.

Mandantes y exigentes

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El equipo de Libertópolis usa la palabra mandante cuando se refiere al ciudadano promedio. En nuestra calidad de votantes, delegamos el poder en quienes temporalmente hacen gobierno, no para que hagan lo que les apetezca, sino para que hagan nuestra voluntad.

Yo raramente me siento mandante. La mayoría de los guatemaltecos llevamos una existencia alejada de la clase política. Ni siquiera cuando los políticos se esmeran por captar más votos, durante el tiempo de campaña, intuyo que me coquetean. En parte se debe a la naturaleza del juego. Es imposible satisfacer siempre a todos, porque no coincidimos en cuestiones como el monto ideal para el salario mínimo, la forma adecuada de educar a nuestra juventud o cuáles deben ser las prioridades del Ministerio Público. El proceso electoral nos recordó que la participación en eventos cívicos no se traduce instantáneamente en el resultado anhelado. El candidato de nuestra predilección puede perder y el Congreso puede aprobar leyes que consideramos dañinas. Aunque junto con los organismos internacionales y los gobiernos prestamistas, los tributarios financiamos la fiesta, en la práctica no escogemos ni a los invitados, ni la música, ni la comida servida.

El año pasado, vivimos unos días en que gloriosamente percibíamos recobrar el control como mandantes. Se logró la renuncia y encarcelamiento de altos funcionarios, símbolos de corrupción y abuso de poder. Aunque sea un gigantesco paso, el hecho que los mandantes, con mucho esfuerzo, seamos capaces de hacer rodar cabezas no resuelve el problema del fondo.

¿Habrá una forma de garantizar el buen comportamiento de los funcionarios electos que no requiera llevar al país al borde de la zozobra, y que se traduzca en una razonable satisfacción de los mandantes?

Primero, debemos recuperar control del gasto público. ¿Qué pasaría si las dependencias estatales administraran sus presupuestos como lo hace una empresa comercial, siguiendo estrictos estándares de contabilidad? Podríamos entonces medir su desempeño con base en resultados concretos. Podríamos aprehender los derroches y los errores. Recompensar a los funcionarios por cuadrar los egresos con los ingresos, y hasta generar ganancias, los obligaría a buscar la eficiencia en su gestión. Los gerentes procurarían estirar al máximo sus asignaciones presupuestarias, como se acostumbra en el mercado económico. Eso se traduciría en un cuidado mayor de nuestras contribuciones al fisco. Hemos insistido por años en una constitución fiscal con reglas prácticas, duraderas y estables, por el rigor que dichas normas imprimen al Gobierno.

Hoy ciertos guatemaltecos están dispuestos incluso a pagar por una plaza pública. Compran la inamovilidad en el cargo y un chorro constante de ingresos, así cumplan con sus obligaciones o no. Nos afligen las planillas onerosas, el peso de la mediocridad, y las plazas fantasmas. Incluso los presidentes y ministros están maniatados por los pactos colectivos y por rígidas trabas. Una segunda forma de mejorar los incentivos en beneficio de los mandantes, es promoviendo el servicio civil por contrato, por un tiempo definido, sujeto a renovación con base en mérito. No hablamos aquí de usar estructuras paralelas que se suman a la planilla pétrea, sino de unificar, simplificar y transparentar las reglas para todos el servicio civil. Así tendrían efecto las revisiones periódicas del trabajo realizado, las metas de corto y mediano plazo, e incluso las recompensas a empleados ejemplares. La agilidad y apertura son rasgos que pueden poseer los mercados laborales estatales tanto como los privados.

Centremos nuestra atención en instaurar tales reglas que no importe si el cargo público es ocupado por un ángel o un diablo. Pedro y Perico de los Palotes ajustarán su actuar a incentivos que los impulsan a cumplir con sus obligaciones para con los mandantes, sin despilfarrar nuestros tributos.

Este artículo fue publicado el 15 de enero del 2016 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Información, mercado y política

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Cuando la Casa de los Comunes del Reino Unido decretó la estatización de los faros, en 1834, los diputados emitieron un reporte justificando su decisión. El reporte es tan actual hoy como hace 180 años: los políticos alrededor del mundo siguen dictando este discurso.

Los diputados británicos explicaron en 1834 que tenían que confiscar los faros*, primero para imponer la homogeneización de las tarifas y las reglas. Cuando cada inversionista que construye y opera un faro establece su propio régimen de cobro a los navegantes, reina el caos y la confusión. Segundo, los diputados adujeron que los servidores públicos toman mejores decisiones que los agentes privados. Fijan políticas uniformes con base en información completa, y por tanto cosechan resultados eficientes y evitan naufragios y tragedias. Tercero, los dueños privados buscan cobrar altas tarifas movidos por su afán de lucro, pero conviene a la nación atraer más barcos, cobrando un impuesto bajo, o incluso eliminando el cobro. ¿Cómo no van a preferir los navíos atracar en costas inglesas, si pueden hacerlo gratuitamente?

Este ejemplo histórico revela porqué el discurso político nos conquista. El político nos ablanda susurrando: descanse tranquilo, porque yo vengo a cargar su yugo y velar por sus intereses, que conozco perfectamente. La alternativa a su suave promesa es asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones propias, lo cual luce más oneroso.

Es un espejismo, ya que no se reducen los costos al trasladar las decisiones del plano económico al plano político. En ambos campos se asignan recursos escasos. La autoridad central que construye y opera los faros eroga millones de libras esterlinas, pero distribuye los gastos entre miles de tributarios. En el mercado quien compra un artículo lo paga directamente, pero en el mercado político el pago queda diluido, oculto o diferido. Estudios en distintos países han revelado, por ejemplo, que las escuelas privadas tienen costos inferiores a las escuelas gubernamentales por niño atendido, pero el estudiante dentro del aparato público cree que le atienden gratuitamente porque nunca se deletrea el costo real de sus estudios. Aunque se conocen mecanismos más eficaces para surtir servicios a personas de escasos recursos, se perpetúan programas y proyectos ineficientes.

Una falacia subyacente al razonamiento de los congresistas británicos se relaciona con la información. Centralizar las decisiones en un ente oficial centraliza la generación de datos. Idealmente, los especialistas gubernamentales tendrían acceso a todo conocimiento, pero en la práctica es evidente que los tecnócratas no necesariamente saben más que los actores económicos. De hecho, el monopolio estatal mata una importante fuente de información: el sistema de precios producto del voluntario intercambio entre oferentes y demandantes. En ausencia de un dinámico y libre sistema de precios, se seca la retroalimentación sobre las preferencias y la demanda de bienes y servicios. Un tecnócrata que intenta proveer bienes públicos a la sociedad pronto constata que no logra discernir a ciencia cierta, por muchas encuestas que levante, qué producir, en qué cantidades y a qué precio.

La falta de innovación y de creatividad es otra grave pérdida que asume la sociedad como resultado de la centralización y la estatización del servicio. El aparente caos de la diversidad trae consigo la posibilidad de comparar métodos administrativos y productos de variada calidad. Los faros que prestan una excelente atención pronto son imitados y hasta superados por competidores. Se motiva la mejora en la prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías. En cambio, los entes monopólicos gubernamentales operan con base en la tecnología existente al momento de centralizar, pues carecen de incentivos para experimentar.

Ciento ochenta años más tarde, uno pensaría que los ciudadanos seríamos capaces de resistir a los cantos de sirenas políticos.

*El comunicado oficial de la Casa de los Comunes es citado por Ronald Coase en su épico artículo The Lighthouse in Economics (1974).

Este artículo fue publicado el 25 de julio del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.