El plan Obama-Biden para América Central

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Si Estados Unidos invierte U.S. $ 1 millardo en un plan para América Central, ¿se reducirá efectivamente la criminalidad y la pobreza en la región?

El Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dirigirá un plan para Centroamérica. Así lo proclamó él mismo en una columna publicada el 30 de enero en The New York Times. Durante su visita a la región en junio del 2014, acordó apoyar a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala en sus esfuerzos por reducir el flujo de migrantes indocumentados hacia el norte. Propone repartir U.S.$ 1 millardo en tres rubros para combatir la violencia, palear la pobreza y fortalecer la gobernanza.

Sin reparos, Biden reconoce los límites al poder gubernamental. Su tono choca con el que acostumbran nuestros políticos. “Ningún cambio social ocurre meramente porque el gobierno actúa,” declaró en junio. En su columna reitera que los gobiernos no pueden hacer crecer las economías. “Las economías centroamericanas pueden crecer únicamente si se atrae la inversión internacional y se plantea un caso convincente para que sus ciudadanos inviertan en el país.” Retendremos a nuestros trabajadores cuando se invierta lo necesario para crear empleos estables.

Al gobierno le compete asegurar un marco institucional que permita la creación de riqueza en lugar de entorpecerla. Garantizar los derechos de propiedad, simplificar las regulaciones, hacer valer la justicia y desalentar la corrupción son algunas de las medidas que se sabe propician el crecimiento.

La seguridad es también vital, y una función primaria del Estado. Indirectamente, Biden reconoce la conexión entre la inseguridad ciudadana, la falta de inversión y los patrones migratorios. La pluma de Biden omite mencionar, sin embargo, el elevado costo, en vidas humanas e inestabilidad económica, atribuible a la guerra contra las drogas librada por Estados Unidos en América Latina.

Alude al Plan Colombia como un antecedente positivo; Biden confía que U.S.$ 9 millardos en quince años ayudaron a transformar el país. Más de 70% de la ayuda que recibió Colombia entre 1996 y el 2006 se destinó a gastos militares. También se ensayó con la controversial fumigación aérea que mató a cultivos tanto legales como ilegales. Los carteles de droga y la guerrilla elevaron los índices de criminalidad en ese país por décadas. La tasa de 30.8 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en el 2010 constituye una mejora, pero aún dista del promedio mundial de 6.9. (ONU) Y según varias fuentes, mientras el narcotráfico siga siendo un negocio millonario, persistirá la industria, la cual a su vez mantiene vivos a grupos como las FARC. El reportero de Wired, Joshua Davis, dice que ahora en Colombia se da una variedad de coca conocida como “Boliviana Negra” resistente a los venenos fumigados, la cual pone en entredicho el éxito de las políticas estadounidenses.

Va más allá el autor de El fuego a la vecindad: La violencia por drogas en México y el peligro para América (2012), Ted Galen Carpenter. Él opina que la guerra contra la droga incrementa los asesinatos y los crímenes, y corrompe a los funcionarios públicos en los países afectados. Aproximadamente 60,000 mexicanos perdieron la vida por dicha guerra durante la administración de Felipe Calderón. Carpenter es contundente: la política fracasó porque los carteles de droga no fueron debilitados. “La actual crisis de inmigración infantil es únicamente la más reciente atrocidad de los derechos humanos atribuible a la guerra contra las drogas de Estados Unidos,” concluye.

La oferta de millones de dólares podrá poner a bailar a nuestros mandatarios, pero los ciudadanos debemos oponernos a que inviertan dichos recursos en proyectos que, contrario a su promesa de brindar seguridad y prosperidad, incrementen la corrupción y la violencia en el país.

Este artículo se publicó el 6 de febrero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

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Niños viajando con niños

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Nuestra promesa, nuestro futuro, camina hacia el norte en busca de mejores oportunidades. ¿Vale la pena asumir tantos riesgos?

Es contrario a la naturaleza humana desamparar a un hijo. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Por eso, chocan las imágenes de niños cruzando la frontera solos. Dichos reportajes revelan ya no sólo a adolescentes devenidos adultos por una vida dura, sino niños de aproximadamente diez años de edad, y aún menores. Abandonados en la frontera por el coyote, esperan ser detectados por agentes estadounidenses y llevados a un centro de detención. Según algunas fuentes, el número de guatemaltecos menores que viajan al norte se incrementó en 1,200% en pocos meses; se estima que entre 35,000 y 42,000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado recientemente. Los centros de detención están sobrepoblados; han habilitado bases navales y escuelas para albergarlos.

El reportero de Fox News, Charles Krauthammer, señala con razón que la pobreza y la violencia no explican este nuevo fenómeno porque en los tres países centroamericanos los índices de pobreza y violencia han sido constantemente mayores que los de Estados Unidos. Las mediciones tendrían que reseñar un significativo repunte en la delincuencia como para explicar la oleada de niños, expuestos a múltiples riesgos en su trayecto hacia el norte. Según Charles Parkinson de www.insightcrime.org, las estadísticas sí muestran un alza moderada en la violencia, principalmente en Honduras, pero este aumento no es abrupto ni masivo. Además, al ser encuestados, los niños no señalan de forma abrumadora que vengan huyendo de agresiones terribles ni de la indigencia.

Entonces, ¿qué otras hipótesis podemos formular? Una poderosa motivación es reunificar a familias largamente separadas. Es el caso de Elva Marroquín, relatado en un artículo publicado por CNN.** Ella y su esposo llevan seis años trabajando ilegalmente en Estados Unidos, sin ver a sus hijos de 10 y 7 años. Los chicos emprendieron el viaje sin compañía adulta cuando sus papás los mandaron a llamar. Elva sufrió angustia porque les perdieron el rastro, hasta que recibieron una llamada de un supuesto oficial de migración de Texas. La llamada se cortó y no han vuelto a saber de ellos. Elva se alegró de saberlos con vida, pero está asustada porque intuye que pudieran estar en manos de personas inescrupulosas.

La circulación de mala información también explica este fenómeno. Guisela Roldán, de la Asociación Pro Migrantes Centroamericanos (AMI), me contó que algunas familias creen, erróneamente, que será más fácil conseguir un estatus legal si tienen hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso, quienes viven indocumentados en Estados Unidos mandan a llamar a sus niños, y quienes anhelan irse, los mandan de avanzada. Adicionalmente, los coyotes cobran más por transportar a menores porque los chicos centroamericanos no son deportados automáticamente. En efecto, la legislación creó un limbo para los pequeños porque ni los deportan ni los entregan a sus parientes que se encuentran laborando allá ilegalmente.

Esta crisis pone de relieve una realidad nacional: la desintegración familiar no siempre se debe a maldad, ignorancia o negligencia. A veces se desarticula el núcleo por amor al hijo, porque migrar se considera superior a las alternativas. Considerando el valor que tiene para un niño crecer en un hogar unido, junto a su padre y su madre, duele el hecho que muchas familias guatemaltecas apuesten por la separación. ¿Cuán responsables son las legislaciones guatemaltecas y estadounidenses de provocar estos antinaturales incentivos? ¿Qué podríamos estar haciendo para cambiar la ecuación de costo-beneficio para estas familias, para que pudieran permanecer unidas y prosperar económicamente en el lugar de su escogencia?

Este artículo fue publicado el 27 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

**Según el Nuevo Herald, Elva Marroquín y su esposo ya están reunidos con sus hijos Angel y Dulce.

 

Peligra la libertad de prensa

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Escribió Ludwig von Mises que “la libertad sólo puede ser ganada por hombres incondicionalmente comprometidos con los principios de la libertad.  El primer requisito para un mejor orden social es el retorno a una irrestricta libertad de pensamiento y de expresión.” 

Esta historia ilustra una alarmante realidad.  Cuentan que Pancho Sales era un aclamado reportero de El Globo Vigilante, un ficticio matutino latinoamericano. Pancho había avergonzado a sucesivos gobiernos con sus reportajes sobre cuestionables programas y servicios estatales, abusos de poder y corrupción.   Un buen día, sus cuentas bancarias amanecieron congeladas.  Allanaron su oficina y su hogar buscando evidencia para acusarlo de un delito inventado.  Regaron rumores sobre su vida privada.  El presidente de turno salió en la televisión acusándolo de evadir impuestos y de ser un mentiroso, ladrón y traidor a la patria; además, solicitó al Congreso aprobar un proyecto de ley que subrepticiamente le permitiría censurar a los medios de comunicación.  Bajo presión, los anunciantes retiraron sus pautas publicitarias de El Globo Vigilante.  Luego, amigos del partido reinante ofrecieron comprar el matutino.  Finalmente, se llevaron a Pancho a media noche y lo metieron a la cárcel sin explicarle el motivo de su captura.

En la obscuridad de su celda, el cabizbajo Pancho entendió que su profesión estaba bajo acecho del gobierno en muchos países latinoamericanos.   En su mente se agolparon imágenes del presidente de Ecuador, Rafael Correa, demandando a El Universo y despedazando con furia un ejemplar de La Hora;  de Nicolás Maduro, mandamás de Venezuela, denunciando de manipulación a la “prensa burguesa”; de Cristina Fernández de Argentina, hablando de nacionalizar a los medios privados.   En algunos países se intentaba aprobar una “ley mordaza” como la que está vigente en Ecuador, así como leyes para debilitar financieramente a medios noticiosos.   Pancho se recordó del informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y lloró de nuevo a 45 colegas suyos asesinados en el 2012; México, Brasil y Honduras encabezaron la lista con 17, 10 y 9 periodistas fallecidos, respectivamente.    Nuestro amigo Sales suspiró, agradeciendo a Dios el hecho de seguir con vida.

Son demasiados los periodistas que atraviesan situaciones similares a la de Pancho Sales.  Reporteros Sin Fronteras elabora un índice de libertad de prensa que compara a 179 países.   La medición es generada a partir de encuestas sobre el clima de independencia, pluralismo, auto-censura y transparencia, tanto en medios tradicionales como electrónicos, entre otros factores.  Este año, Costa Rica, ubicada en la casilla 18, es la única nación iberoamericana con una clasificación libre.   Uruguay ocupa la casilla 27 y El Salvador, la 38.  A través de los años, el posicionamiento de Guatemala ha fluctuado desde un bajísimo ranking de 106, en el 2010,  hasta un mediocre 66, en el 2004.

Claro está que también en el gremio periodístico hay conglomerados poderosos y actores ideologizados o faltos de ética.  Pero la historia de Pancho Sales nos enseña que el poder de la voz y de la pluma palidecen frente al poder coercitivo del Estado.  La libertad de prensa es una cara de la libertad que amerita ser tratada como absoluta, defendida hasta el extremo y preciada sobre otros valores, así nos gusten las opiniones de los demás conciudadanos o no.  Los mejores antídotos contra excesos cometidos tanto por reporteros como por gobernantes son un mercado informático verdaderamente competitivo y libre, y un Estado de Derecho funcional que lo apuntale.  En un debate limpio aflora la verdad y se delata la mentira.  Como advirtió George Washington hace siglos, “si nos quitan la libertad de expresión, entonces, tontos y silenciados, nos podrán llevar como ovejas al matadero”.

Este artículo fue publicado el 30 de agosto del 2013 en CEES y la Revista Contra Poder.  La foto de George Washington tomada del sitio History fue adaptada para una presentación.