Guatemala arde

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¿Podemos los guatemaltecos convivir en paz, aquí, en este pedazo de tierra que compartimos? ¿De qué depende?

Dejan muertos los motines en las cárceles y los ataques armados en Chimaltenango, Suchitepéquez, Boca del Monte y otras ciudades. Turbas armadas invaden propiedades privadas en Villa Nueva, Izabal, y quién sabe dónde más; operan con impunidad. Comunidades huyen del crimen organizado en el Triángulo Norte, advierte insightcrime.org. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) afirma que el primer trimestre del 2016 se registraron más muertes violentas que en el mismo período del año anterior. La Hora informa que Guatemala se ubica en la sexta casilla de 133, por la violencia registrada en el país, según el Índice de Progreso Social 2016. Guatemala corre peligro grave.

Frente a esta realidad, a veces nos sentimos como Nerón, quien supuestamente tocó el violín mientras Roma ardía en llamas, en julio del año 64. Los historiadores aclaran que Nerón no tocó el violín, un instrumento inventado en el siglo XI, ni ignoró el incendio. Quiso atender la crisis, pero ningún gesto sirvió para recuperar la confianza de sus súbditos. El emperador pasó a la historia como el inescrupuloso tirano que ciertamente fue.

¿Ignoro yo la crisis nacional, si uso este espacio semanal para reseñar un libro? Se trata de un libro titulado Economía para Sacerdotes (2016) que fue escrito por dos extranjeros, los filósofos argentinos Gabriel Zanotti y Mario Šilar. No lo creo, porque nos haría un inmenso bien asimilar las joyas de sabiduría contenidas en este texto hoy, cuando Guatemala arde. Me terminé de convencer de ello tras compartir la semana pasada con el Dr. Šilar, quien visitó nuestro país para impartir una serie de clases y conferencias.

La actividad económica, tal y como la describen Zanotti y Šilar, es un antídoto contra la violencia. Cuando Juan y Pedro llegan a un acuerdo voluntario, es porque ambos perciben ventajas de intercambiar. Ni Juan ni Pedro tienen incentivo de imponer su voluntad al otro con machetes, palos o pistolas. Todo lo contrario: el bienestar del prójimo es bien visto, sin envidias ni resentimientos. Los mercados libres son ciegos a las diferencias étnicas e ideológicas, a los títulos académicos y a las conexiones políticas. Cualquiera puede descubrir oportunidades, emprender, trabajar duro y crear riqueza. Incluso los que pueblan la “periferia” y los asalariados, que dicho sea de paso, nada tiene de malo ser empleado. Los forasteros que vienen a invertir y a comerciar nos hacen bien; quienes vienen a instigar pleitos y revoluciones, nos empobrecen. “Hay en la economía, verdaderamente, una auténtica opción preferencial por el pobre,” concluyen Zanotti y Šilar.

El título del libro es engañoso, pues los autores no conversan exclusivamente con sacerdotes. Se dirigen a aquellas personas que anhelan el progreso pacífico pero no terminan de comprender la actividad económica. “El texto supone abordar en clave diáfana problemas que requieren, para su mejor comprensión, de la sistematización de una cierta conceptografía (vocabulario específico y técnico) propia del análisis económico,” aclaran los autores.

Subrayan una y otra vez que nuestra participación en el mercado no riñe necesariamente con la ética. Los seres humanos no somos ángeles. Por ello, conviene edificar arreglos institucionales “que permitan a los agentes adoptar conductas responsables y prudentes”. Conviene contar con una “constitución limitante del poder, que obligue al gobierno al respeto a los derechos personales”. Sobre todo, el respeto al orden espontáneo, a los contratos y a la propiedad legítimamente adquirida.

Entre más guatemaltecos abracen estas lecciones, menos probabilidades tenemos de caer en manos de tiranos y criminales violentos.

Este artículo fue publicado el 2 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La foto de Mario Silar presentando su libro fue tomada por Ramón Parellada.

Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Año Nuevo, lucha nueva

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Una gran expectativa acompaña el inicio del año: ¿será el 2016 el año en que los guatemaltecos derrotemos al dragón llamado corrupción?

La ex Ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, estará en Guatemala a mediados de enero, coincidiendo su visita con la toma de posesión del nuevo presidente, Jimmy Morales. Nueva Zelanda es una buena referencia en materia de corrupción, ya que desde que arrancó el Índice de Percepción de Corrupción en 1995, consistentemente emerge como uno de los países más transparentes del mundo, si no el primero.

En la medición de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, la última estadística disponible, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una calificación de 91. Guatemala se ubica en la casilla 115 de un total de 175 países, con un abismal punteo de 32. “Las comparaciones son odiosas”, dice la frase proverbial, y podríamos inventar excusas. Históricamente, Nueva Zelanda la tuvo fácil, porque su población de ovejas no corruptibles excedió el número de seres humanos. Además, las islas habitadas por los Maorí, se convirtieron en colonia inglesa en 1840, con lo cual heredaron un sistema de derecho consuetudinario y un gobierno parlamentario. Finalmente, es un país rico: su Producto Interno Bruto per cápita nominal de US$ 35,966, mientras el nuestro es de US$ 3,477.89.

Es cierto. Pero la trayectoria de ambos países pudo ser distinta. El profesor Daniel Treisman realizó una investigación que reveló que las ex colonias británicas tienen una especie de protección contra el embate de la corrupción, pero luego Reyer Gerlagh y Lorenzo Pellegrini concluyeron lo contrario. No todos los territorios con dicho pasado se salvan del embate de la corrupción.

Sí existe un demostrado vínculo entre economías abiertas y prósperas y la transparencia. Nueva Zelanda es la tercera economía más libre del mundo gracias a un conjunto de reformas liberalizadoras que Ruth Richardson contribuyó a implantar entre 1984 y 1994. La descripción que hace el Índice de la Libertad Económica de la economía nuevo zelandesa es envidiable. La piedra angular de la reforma económica de los ochenta y noventa fue la apertura comercial: una liberalización de comercio unilateral redundó en bajas barreras no arancelarias y un arancel promedio de 1.6 por ciento. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria. La carga tributaria es relativamente baja: la tasa máxima del impuesto sobre la renta para individuos es de 33% y para corporaciones es de 28%. El país es más competitivo por el hecho de no tasar las herencia o las ganancias de capital. El sector financiero es altamente competitivo. Un empresario puede fundar su negocio en un día, completando un único trámite; tanto los reglamentos para los negocios como el mercado laboral son flexibles. Adicionalmente, se eliminaron los subsidios agrícolas. Nueva Zelanda tiene los subsidios más bajo de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sector agrario es ahora diversificado y competitivo.

Nueva Zelanda posee un fuerte Estado de Derecho. Garantiza la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. El soborno es fuertemente castigado; las leyes velan porque los funcionarios públicos presten un servicio transparente. En su libro Making a Difference (1995), Richardson confiesa que “la práctica de la política en Nueva Zelanda se distingue por dos libertades—la libertad de la corrupción y la libertad de movimiento. Ni una sola vez encontré una violación de la primera.”

La lección es contundente: entre más simples y directas sean las trabas gubernamentales, más bajos son los incentivos para el chantaje, soborno y el abuso del poder para ganancia personal. Esa debe ser la estrategia de la Administración Morales.

Este artículo fue publicado el 8 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Campañas, dinero y transparencia

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¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.

 

 

 

Para combatir la corrupción

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Los miembros de La Línea sindicados de defraudación aduanera no serán los últimos oficiales corruptos, al menos que cambien las reglas del juego.

Las protestas pacíficas en la Plaza de la Constitución y en las redes sociales demuestran la urgencia que imprimimos al combate de la corrupción. Muchos guatemaltecos respaldarían la imagen evocada por Robert Cooter, profesor de derecho en Berkeley: la podredumbre actúa como las termitas que se carcomen los fundamentos de una casa desde adentro.

Guatemala no es el único país en vías de desarrollo que enfrenta una titánica batalla para mejorar en transparencia. Los investigadores describen una especie de triángulo infernal: la pobreza, las deficientes políticas públicas y las instituciones precarias tienden a incrementar la corrupción. Son parte del triángulo los poderes discrecionales, el robo y despilfarro producto de la inestabilidad del sistema, así como las autoridades “capturadas” por complejas estructuras de crimen organizado. Hasta la economía informal puede ser una reacción contra engorrosas regulaciones; los ciudadanos solamente logran mantenerse a flote infringiendo las reglas y pagando mordidas. No es que los países pobres sean más corruptos que los ricos, per se, pues existen ejemplos de países desarrollados con elevados índices de corrupción como Italia. La explicación más probable es la conjunción de malas políticas con letargo económico.

La corrupción no es una enfermedad incurable en los países pobres, pues dentro de una misma nación coexisten instituciones respetadas y contaminadas. En la India, señala Cooter, las elecciones son tan limpias como las de países desarrollados, y existen organizaciones, como la corte suprema de justicia y la agencia espacial, que gozan de buena reputación. Sin embargo, se produce el saqueo en los programas que subsidian alimentos para los pobres.

El mal no se corrige incrementando el poder en manos de los funcionarios públicos, pasando más regulaciones y leyes, o contratando a un batallón de fiscalizadores para controlar a quienes controlan a los agentes aduaneros. La termita corrosiva puede reproducirse tanto en gobiernos débiles como fuertes y grandes. Basta recordar los excesos confiscatorios del régimen del dictador Mugabe en Zimbabue para percatarnos que la solución va en dirección contraria.

¿Qué debemos hacer? Tres soluciones emergen del análisis hecho por economistas y abogados. La primera es desregular—entre más libres son las economías, más crean riqueza y por ende, disminuye la corrupción. Se recaudan más impuestos en contextos prósperos y, en consecuencia, los funcionarios públicos son mejor pagados. Los gobiernos cuentan con recursos para combatir el crimen y asegurar la certeza del castigo. Así, el oficial rechaza la mordida por temor a ser detectado y ajusticiado, y perder un buen empleo. Por otra parte, tanto las malas leyes como la tolerancia a los actos delictivos reducen el respeto a la legalidad; nos hacen desconfiar de los demás y del sistema.

Segundo, los marcos regulatorios y las burocracias pueden competir unos con otros. Los funcionarios públicos tendrán menos incentivos de ser corruptos o tolerar la corrupción cuando vean que el distrito político vecino está prosperando gracias a su transparencia.

Finalmente, podemos romper el vínculo de confianza entre quien pide la mordida y quien la paga. Ambos se benefician si su intercambio pasa inadvertido. Pero si se recompensa suficientemente al oficial por delatar al corruptor, o al extorsionado por delatar al oficial, entonces se destruye la confianza entre ambos. Tenderán a desdeñar el acto corrupto porque les cuesta caro.

En suma, los esfuerzos por combatir la corrupción pasan por remover los obstáculos al crecimiento económico e incrementar el costo de actos perversos.

Este artículo fue publicado el 22 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

 

Lecciones ciudadanas

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El caso de corrupción de La Línea fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia ciudadana. Queremos protegernos de futuros abusos por parte de los políticos.

De lo sucedido destilamos por lo menos 7 lecciones claras.

  1. Es importante asegurar la institucionalidad frente a la crisis, pero hay instituciones buenas y malas. Está institucionalizada la corrupción, y buscamos reducir su efecto corrosivo en la administración pública. ¿Qué instituciones concretas debemos proteger? Es pésima alternativa retornar lo antes posible a la mediocre normalidad, mandando a los pacíficos manifestantes a sus casas. Una ciudadanía indignada brinda la oportunidad de analizar desapasionadamente los cambios que urge ejecutar dentro del Organismo Judicial, en el sistema tributario y aduanero, a la Ley electoral y de partidos políticos, entre otros. Obliguemos a la clase política a fortalecer las instituciones congruentes con un verdadero Estado de Derecho y con las garantías a la libertad personal.
  2. Para reducir la corrupción en las aduanas, exijamos un arancel único y bajo, así como la eliminación de los demás obstáculos al comercio que otorgan un poder discrecional a los funcionarios. Para terminar con la corrupción, cerremos las aduanas. No seríamos el primer territorio liberado de ese yugo: el intercambio dentro de la Unión Europea, así como el comercio interestatal en Estados Unidos, se produce ordenadamente sin control aduanero. ¿Cuánto ahorraría el Gobierno de Guatemala si desmantela el oneroso y burocrático sistema aduanero?
  3. Eliminar las aduanas no nos convertiría en un país paria con criminalidad desbordada. ¡Hasta podría disminuir la inseguridad y la violencia! Las actividades lícitas, como el trasiego de alimentos, ya no serían tachadas de contrabando, ni distraerían la atención de las autoridades de crímenes serios; podrían enfocar todos sus esfuerzos en combatir el terrible tráfico de humanos y de armas, por ejemplo.
  4. Estamos hastiados de las mentiras, la demagogia y el populismo. Los partidos políticos fueron los grandes perdedores del escándalo que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Comprendimos que supuestos aliados y opositores dudaron en sacrificar a un miembro de la clase política, porque ello implica que cada uno de ellos podría correr similar suerte, desde el despojo de su inmunidad hasta la cárcel.
  5. Existen personas honradas que incursionan en la arena política, pero les cuesta hacer mella en su medio. Los buenos políticos son marginados o corrompidos en el camino. Se nos cayó el velo romántico de los ojos y vimos claramente los incentivos perversos que imperan sobre los actores. Los engranajes de esta gran maquinaria pervierten. Para tener una administración pública transparente, no basta con cambiar a las personas que pueblan la arena política.
  6. Las reglas del juego deben diseñarse siguiendo las recomendaciones de David Hume: “Al definir los controles de cualquier sistema de gobierno, y fijar los varios pesos y contrapesos de la constitución, debemos asumir que cada hombre es un bellaco, cuyas acciones no obedecen a otro fin más que el de servir sus intereses privados.” Con límites al poder adecuados, tanto los gobernantes ángeles como los gobernantes demonios, serán incapaces de pasar una costosa factura a los ciudadanos.
  7. Contra mis expectativas, las redes sociales y las organizaciones cívicas incidieron sobre las decisiones tomadas por nuestras autoridades. Completan así la mínima e insuficiente información que trasladan nuestros votos válidos en las urnas. Sigamos comunicando a los políticos que nuestras preferencias están alineadas con la transparencia, la justicia, y los límites al poder arbitrario. Si se comprometen con reformas en esta línea, no sólo les irá mejor en las urnas sino harán un bien a Guatemala.

Este artículo fue publicado el 15 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

O’Grady: periodista amante de la libertad

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Yo admiro a Mary Anastasia O’Grady por su honestidad intelectual, su sentido de ética y su gran corazón. Tiende a levantar olas todos los lunes a través de su columna, publicada en el prestigioso medio The Wall Street Journal.

El sábado 9 de mayo, Mary O’Grady se convirtió en la cuarta mujer en recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Su nombre se suma así al de Bettina Bien Greaves, Jean Kirkpatrick y Deirdre McCloskey, quienes ya recibieron la distinción. La trayectoria de O’Grady demuestra a los estudiantes graduandos que los ideales de la libertad pueden moldear una carrera profesional exitosa.

Cada semana, Mary analiza la compleja situación económica y política de América Latina y Canadá. Consciente del impacto que pueden tener sus escritos en la región, es a la vez prudente y valiente. Evita simplificar la realidad, se esfuerza por comprender nuestras idiosincrasias y examina críticamente incluso las confesiones de los presidentes y de otros personajes poderosos a quienes tiene acceso directo.

Tres ejemplos concretos ilustran su estilo investigativo. Cuando el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, violó la ley  y fue destituido por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, O’Grady fue una de las pocas voces estadounidenses que no etiquetó el suceso de golpe de estado. De hecho, criticó duramente a su propio gobierno por colocarse del lado de la impunidad en ese caso. Más recientemente, señaló cómo fondos malversados de Petrobras se invirtieron en la campaña presidencial de la reelecta Dilma Rousseff. El tercer ejemplo actual tiene que ver con su osado cuestionamiento de los intransigentes métodos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en las negociaciones con el gobierno: teme que la institucionalidad democrática en Colombia esté en peligro.

Cubrir el continente entero le brinda a Mary una panorámica visión de conjunto. De sus escritos emanan lecciones importantes. El Estado de Derecho es frágil. Se puede construir o destruir. Tienden a prosperar y a ser menos corruptos aquellos países que optan por respetar las garantías individuales y participar del comercio libre. Para Mary, es inaudito que alguien admire el modelo cubano-venezolano, porque el mismo ha acarreado pobreza, violencia y desesperanza para los habitantes de esas naciones, al tiempo que provoca estragos en los países vecinos que reproducen algunas políticas públicas socialistas. Acusa a los funcionarios de Estados Unidos de anteponer su interés personal y partidista a los intereses de los latinoamericanos, y consecuentemente cargarnos altos costos, a raíz de la guerra contra las drogas, la imposición de estrictas leyes anti-adopciones, y el trato a los migrantes, entre otras medidas.

Poco sorprende que Mary irrite a funcionarios y reporteros de izquierda, quienes la tildan dramáticamente de fascista, oligarca y conservadora. ¡No! Curiosamente, O’Grady llegó al periodismo por la puerta trasera. De Assumption College y Pace University recibió títulos en Inglés y Administración Financiera, respectivamente. Tras completar su maestría, invirtió más de diez años en el sector financiero, prestando sus servicios en las empresas Advest, Thomson McKinnon Securities y Merrill Lynch. Abandonó ese mundo en 1995 para incorporarse a The Wall Street Journal (WSJ), y tan sólo cuatro años más tarde fue ascendida a redactora de las páginas editoriales. Se ha hecho acreedora de varios premios a lo largo de su carrera periodística, entre ellos el Premio Thomas Jefferson de la Association of Private Enterprise Education (2009) y el Premio de la Libertad Walter Judd de The Fund of American Studies (2012). Mary es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y del consejo directivo de Liberty Fund.

Hoy tenemos oportunidad de agradecer a Mary O’Grady los beneficios visibles e invisibles que ha generado para la región gracias a su trabajo.

Este artículo fue publicado el 8 de mayo del 2015 en Contra Poder y en CEES.

La foto es original de New Media, UFM.

 

 

 

 

 

 

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Corrupción en Guatemala y Venezuela

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La visita de empresarios venezolanos a Guatemala coincidió con el anuncio de las capturas por corrupción en la SAT y las aduanas. ¿Qué une estos eventos?

La compleja red de defraudación aduanera que involucra a funcionarios públicos nos sorprendió menos que la captura de veintiún personas por su presunta vinculación con La Línea, como se llama la organización criminal. No esperábamos ver a figuras como Omar Franco y Carlos Muñoz en esposas, pero todos sabíamos que dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas había corrupción. La Administración Pérez anunció que la combatiría. Se aprobó una nueva Ley Nacional de Aduanas en el 2013 y se ordenó a miembros del ejército y la PNC que vigilaran las operaciones en dichas entidades. Estas publicitadas medidas no obstante, millones de quetzales destinados al erario público se han desviado a cuentas personales; Acción Ciudadana describió la corrupción como una “enfermedad viral” a principios de año.

En paralelo, los venezolanos Marcel Granier y Luis Alfonso Herrera hablaron sobre la podredumbre dentro de su gobierno y la erosión de las libertades civiles de las cuales han sido testigos. En un panel foro organizado por la Universidad Francisco Marroquín, advirtieron que el trágico deterioro experimentado por Venezuela puede repetirse en cualquier nación latinoamericana. Granier, presidente y Gerente General de Radio Caracas Televisión (RCTV) y 1BC, ha vivido en carne propia la censura contra los medios de comunicación independientes por parte del represivo régimen bolivariano. Herrera, abogado y filósofo asociado al tanque de pensamiento CEDICE, describió cómo al irrespetar los derechos de propiedad privada, se violan también las otras libertades individuales.

Si en Venezuela falta papel de baño y otros insumos básicos, es realmente debido a la destrucción del mercado, así como a la lenta muerte de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Herrera comentó que en Venezuela no hay expropiaciones enmarcadas por el derecho, sino expoliación antojadiza. Al identificar la democracia con programas redistributivos populistas, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad.

Explicaron los expositores que en un principio, la ciudadanía no se percató del peligro que corría. Unos permanecían apáticos a los abusos contra otros. Se adaptaban para mantener su estilo de vida. El viciado modus operandi va atrapando nuevos cómplices que por tener la cola machucada y por proteger sus intereses, no denuncian lo que ocurre ni promueven reformas. Además, las autoridades hacen gala de la legalidad de su ilegítimo actuar, ya que han ido cambiando la constitución y las leyes para hacer caber sus desmanes, al tiempo que criminalizan actos cotidianos, antes libres, como vender, comprar, opinar y educar.

Es famosa la frase de Lord Acton sobre la corrupción asociada con el poder absoluto, pero casi nunca se cita la oración siguiente: “Los grandes hombres casi siempre son malos hombres, aún cuando ejercen influencia y no autoridad; todavía más cuando agregas la tendencia de la certeza de la corrupción por la autoridad”. Mientras las complejas burocracias y los reglamentos permitan a las autoridades tomar posesión de bienes ajenos, no importa quién asuma el poder. Con probabilidad se corromperá. Los excesos en la SAT, las aduanas y en los despachos del gobierno revolucionario bolivariano no cesarán cuando los cargos sean ocupados por personas éticas. Hace falta implantar reglas que prohíban los abusos inclusive a los pícaros.

A mayor libertad, menos corrupción. Entre más sencillos y claros sean los impuestos y los trámites aduaneros, menos corrupción. ¿Porqué? Porque es más fácil fiscalizar a las autoridades y porque el poder está disperso.

Este artículo fue publicado en la edición electrónica de la Revista Contra Poder el 20 de abril del 2015.

Tomé la fotografía que acompaña este artículo en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, el miércoles 15, durante el Foro de Libertad de Expresión y Propiedad Privada organizado por el Centro Henry Hazlitt. Los panelistas que aparecen en la foto son Marcel Granier y Luis Alfredo Herrera, ambos de Venezuela.

200 años de la Catedral Metropolitana

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El arzobispo Ramón Casáus y Torres decidió inaugurar el templo justo antes del Domingo de Resurrección, el 15 de marzo de 1815, a pesar de que aún estaba incompleta la estructura.

El bicentenario de la Catedral Metropolitana se celebró la semana pasada. La Arquidiócesis de Guatemala lanzó un Año Jubilar bajo el lema “200 años celebrando la Pascua del Señor”, que abarca una muestra conmemorativa de la construcción en el Museo Arquidiocesano, concursos de pintura y fotografía, eventos culturales y otras actividades. La meta es acercar a los fieles a la imponente edificación para que, según el sitio oficial, descubramos “la dimensión teológica y didáctica que encierra la Catedral en la Iglesia Arquidiocesana y en la sociedad guatemalteca”.

Efectivamente, la Catedral Metropolitana ha sido testigo de nuestra historia. El octavo arzobispo de Guatemala, quien la inauguró, es emblemático de su época. Nacido en Jaca, Aragón, fue un doctor dominico, famoso por sus conocimientos y su enorme biblioteca. Al trasladarse al nuevo continente, llegó primero a Oaxaca, México, en 1788, y por azares del destino rápidamente pasó de ser arzobispo auxiliar de Oaxaca a arzobispo de Guatemala. Únicamente llevaba dos años auxiliando al arzobispo de Oaxaca cuando murió el arzobispo de Guatemala, Rafael de la Vara. Notificado de su nueva asignatura, Casáus viajó en caravana a Guatemala y arribó a finales de julio de 1811. Se confirmó su nombramiento en 1814; tomó posesión en septiembre de 1815.

La historia lo etiqueta como conservador. Cruzó plumas con José Cecilio del Valle, entre otros, pues aunque simpatizaba con algunas ideas liberales, rechazó los alzamientos contra la monarquía. Enfrentó directamente al cura Miguel Hidalgo, autor del “Grito de Dolores”, en México, a los sacerdotes guatemaltecos que participaron en la conjura de Belén, y al sacerdote José Matías Delgado, quien apoyó a Manuel José Arce en la rebelión de El Salvador. Por tanto, es comprensible que Casáus quisiera celebrar solemnemente la Semana Santa de 1815 en la nueva catedral, para dar a los católicos un sentido de estabilidad en medio de un clima político incierto. El autor Agustín Estrada Monroy afirma que el arzobispo buscaba producir “un enfervorizamiento de la religión, ya que tanto evento en que se habían encontrado mezclados muchos sacerdotes había ocasionado un grave daño y desconcierto entre los fieles.”

La fachada de la nueva catedral estaba inconclusa. Las torres no se habían construido. Pero el miércoles 15 de marzo, Nuestra Señora del Socorro fue trasladada en procesión desde la Iglesia de Santa Rosa, que sirvió como catedral provisional entre 1787 y 1815, hasta su sede actual. Habían transcurrido para entonces 33 años desde la colocación de la primera piedra, bendita por el arzobispo Cayetano Francos y Monroy, en un acto presidido por el Presidente Gobernador Matías de Gálvez, celebrado el día 25 de julio, dedicado a Santiago el Mayor, patrono de Guatemala. Los trabajos de construcción de las criptas, las paredes y columnas arrancaron en 1783. En el momento de la inauguración, el Altar Mayor era más grande que el actual y de madera dorada; el de mármol que hoy adorna el templo fue instalado posteriormente. Las torres para colocar las campanas se empezaron a construir en 1821.

¿Y qué pasó con el Arzobispo Casáus luego de inaugurada la catedral? Pues, al cabo de los años él y otros delegados de la Iglesia participaron en el plan pacífico para la independencia. Sin embargo, en la sesión del 15 de septiembre, se pronunció en contra de la emancipación y fue contrariado por José Cecilio del Valle y por su propio vicario general. Casáus se retiró del recinto antes de que firmaran el acta de la independencia. Mariano Gálvez expulsó a Casáus del país en 1829 y pasaron quince años antes de que fuera sucedido por Francisco de Paula García Peláez.

Este artículo fue publicado el 20 de marzo del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto es adaptada del sitio: http://www.fotosdemitierra.com/fotos/IMG_9364.jpg

El plan Obama-Biden para América Central

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Si Estados Unidos invierte U.S. $ 1 millardo en un plan para América Central, ¿se reducirá efectivamente la criminalidad y la pobreza en la región?

El Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, dirigirá un plan para Centroamérica. Así lo proclamó él mismo en una columna publicada el 30 de enero en The New York Times. Durante su visita a la región en junio del 2014, acordó apoyar a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala en sus esfuerzos por reducir el flujo de migrantes indocumentados hacia el norte. Propone repartir U.S.$ 1 millardo en tres rubros para combatir la violencia, palear la pobreza y fortalecer la gobernanza.

Sin reparos, Biden reconoce los límites al poder gubernamental. Su tono choca con el que acostumbran nuestros políticos. “Ningún cambio social ocurre meramente porque el gobierno actúa,” declaró en junio. En su columna reitera que los gobiernos no pueden hacer crecer las economías. “Las economías centroamericanas pueden crecer únicamente si se atrae la inversión internacional y se plantea un caso convincente para que sus ciudadanos inviertan en el país.” Retendremos a nuestros trabajadores cuando se invierta lo necesario para crear empleos estables.

Al gobierno le compete asegurar un marco institucional que permita la creación de riqueza en lugar de entorpecerla. Garantizar los derechos de propiedad, simplificar las regulaciones, hacer valer la justicia y desalentar la corrupción son algunas de las medidas que se sabe propician el crecimiento.

La seguridad es también vital, y una función primaria del Estado. Indirectamente, Biden reconoce la conexión entre la inseguridad ciudadana, la falta de inversión y los patrones migratorios. La pluma de Biden omite mencionar, sin embargo, el elevado costo, en vidas humanas e inestabilidad económica, atribuible a la guerra contra las drogas librada por Estados Unidos en América Latina.

Alude al Plan Colombia como un antecedente positivo; Biden confía que U.S.$ 9 millardos en quince años ayudaron a transformar el país. Más de 70% de la ayuda que recibió Colombia entre 1996 y el 2006 se destinó a gastos militares. También se ensayó con la controversial fumigación aérea que mató a cultivos tanto legales como ilegales. Los carteles de droga y la guerrilla elevaron los índices de criminalidad en ese país por décadas. La tasa de 30.8 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en el 2010 constituye una mejora, pero aún dista del promedio mundial de 6.9. (ONU) Y según varias fuentes, mientras el narcotráfico siga siendo un negocio millonario, persistirá la industria, la cual a su vez mantiene vivos a grupos como las FARC. El reportero de Wired, Joshua Davis, dice que ahora en Colombia se da una variedad de coca conocida como “Boliviana Negra” resistente a los venenos fumigados, la cual pone en entredicho el éxito de las políticas estadounidenses.

Va más allá el autor de El fuego a la vecindad: La violencia por drogas en México y el peligro para América (2012), Ted Galen Carpenter. Él opina que la guerra contra la droga incrementa los asesinatos y los crímenes, y corrompe a los funcionarios públicos en los países afectados. Aproximadamente 60,000 mexicanos perdieron la vida por dicha guerra durante la administración de Felipe Calderón. Carpenter es contundente: la política fracasó porque los carteles de droga no fueron debilitados. “La actual crisis de inmigración infantil es únicamente la más reciente atrocidad de los derechos humanos atribuible a la guerra contra las drogas de Estados Unidos,” concluye.

La oferta de millones de dólares podrá poner a bailar a nuestros mandatarios, pero los ciudadanos debemos oponernos a que inviertan dichos recursos en proyectos que, contrario a su promesa de brindar seguridad y prosperidad, incrementen la corrupción y la violencia en el país.

Este artículo se publicó el 6 de febrero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.