Año Nuevo, lucha nueva

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Una gran expectativa acompaña el inicio del año: ¿será el 2016 el año en que los guatemaltecos derrotemos al dragón llamado corrupción?

La ex Ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, estará en Guatemala a mediados de enero, coincidiendo su visita con la toma de posesión del nuevo presidente, Jimmy Morales. Nueva Zelanda es una buena referencia en materia de corrupción, ya que desde que arrancó el Índice de Percepción de Corrupción en 1995, consistentemente emerge como uno de los países más transparentes del mundo, si no el primero.

En la medición de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, la última estadística disponible, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una calificación de 91. Guatemala se ubica en la casilla 115 de un total de 175 países, con un abismal punteo de 32. “Las comparaciones son odiosas”, dice la frase proverbial, y podríamos inventar excusas. Históricamente, Nueva Zelanda la tuvo fácil, porque su población de ovejas no corruptibles excedió el número de seres humanos. Además, las islas habitadas por los Maorí, se convirtieron en colonia inglesa en 1840, con lo cual heredaron un sistema de derecho consuetudinario y un gobierno parlamentario. Finalmente, es un país rico: su Producto Interno Bruto per cápita nominal de US$ 35,966, mientras el nuestro es de US$ 3,477.89.

Es cierto. Pero la trayectoria de ambos países pudo ser distinta. El profesor Daniel Treisman realizó una investigación que reveló que las ex colonias británicas tienen una especie de protección contra el embate de la corrupción, pero luego Reyer Gerlagh y Lorenzo Pellegrini concluyeron lo contrario. No todos los territorios con dicho pasado se salvan del embate de la corrupción.

Sí existe un demostrado vínculo entre economías abiertas y prósperas y la transparencia. Nueva Zelanda es la tercera economía más libre del mundo gracias a un conjunto de reformas liberalizadoras que Ruth Richardson contribuyó a implantar entre 1984 y 1994. La descripción que hace el Índice de la Libertad Económica de la economía nuevo zelandesa es envidiable. La piedra angular de la reforma económica de los ochenta y noventa fue la apertura comercial: una liberalización de comercio unilateral redundó en bajas barreras no arancelarias y un arancel promedio de 1.6 por ciento. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria. La carga tributaria es relativamente baja: la tasa máxima del impuesto sobre la renta para individuos es de 33% y para corporaciones es de 28%. El país es más competitivo por el hecho de no tasar las herencia o las ganancias de capital. El sector financiero es altamente competitivo. Un empresario puede fundar su negocio en un día, completando un único trámite; tanto los reglamentos para los negocios como el mercado laboral son flexibles. Adicionalmente, se eliminaron los subsidios agrícolas. Nueva Zelanda tiene los subsidios más bajo de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sector agrario es ahora diversificado y competitivo.

Nueva Zelanda posee un fuerte Estado de Derecho. Garantiza la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. El soborno es fuertemente castigado; las leyes velan porque los funcionarios públicos presten un servicio transparente. En su libro Making a Difference (1995), Richardson confiesa que “la práctica de la política en Nueva Zelanda se distingue por dos libertades—la libertad de la corrupción y la libertad de movimiento. Ni una sola vez encontré una violación de la primera.”

La lección es contundente: entre más simples y directas sean las trabas gubernamentales, más bajos son los incentivos para el chantaje, soborno y el abuso del poder para ganancia personal. Esa debe ser la estrategia de la Administración Morales.

Este artículo fue publicado el 8 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

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¡Discriminación!

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¿Qué significa para Usted igualdad, discriminación, y derechos humanos?

En el 2003, Jon Hammer entabló una demanda contra el Club Canino de América por discriminación contra su perro pura raza, un Spaniel de Bretaña llamado Spooner. El reglamento de dicho club fija como estándar de belleza para esa raza una cola de menos de cuatro pulgadas, natural o cortada. La cola de Spooner medía diez pulgadas. Ante la corte de Nueva York, Hammer acusó al club de incitar la crueldad contra los animales. El Club Canino de América y sus defensores respondieron que sus parámetros de belleza perruna no constituían una crueldad, como tampoco lo es remover las garras a los gatos.

La jueza desestimó la demanda de Hammer por considerar que ningún crimen había sido cometido. El demandante admitió no estar dispuesto a cumplir los requerimientos del club canino; reconoció además que la organización demandada no mutila ni hiere a perros de forma cruel.

Más que analizar los derechos de las plantas y los animales, me gustaría examinar el asunto de la discriminación. Hammer consideró que Spooner era víctima de una injusticia porque un atributo físico le impedía ganar un concurso de belleza. Él expuso su anhelo de un premio para su mascota en términos de un derecho adquirido, y negado. ¿Es este caso emblemático de los excesos que hoy se cometen en aras de erradicar la discriminación? ¿Estamos dispuestos a atropellar la libertad del prójimo, y a aguar el concepto de “derechos” humanos?

Otro ejemplo es la nueva disposición de la Universidad de Vanderbilt según la cual las organizaciones estudiantiles están obligadas a permitir a cualquier persona acceder a cargos de gobierno dentro de su agrupación. So pretexto de combatir la discriminación ideológica, en Vanderbilt un ateo puede exigir presidir un club cristiano y un misógino puede hacer cabeza en una comunidad feminista. Tish Harrison, afiliada a InterVarsity, una de las entidades perjudicadas por el dictamen, explica que todos son bienvenidos en su grupo, pero que los líderes deben albergar creencias ortodoxas cristianas. Harrison opina que lejos de fomentar un entorno plural, la universidad cerró espacios a personas con convicciones definidas que no se conforman con una ideología relativista políticamente correcta.

Ana y Beto jamás unificarán criterio si ella cree firmemente que los extraterrestres son diabólicos y él sostiene que son seres angelicales. Sin pensar o actuar de forma igual, Ana y Beto pueden intercambiar bienes, suscribir contratos y coexistir armoniosamente. El problema comienza cuando Ana acusa a Beto de discriminarla por no invitarla a su casa, darle un empleo o venderle un pastel. Es peor si recurre al Estado para obligar a Beto a hacer su voluntad, porque está en “su derecho”. De repente Beto se convirtió en un monstruoso discriminador. Basta con que Ana argumente que su esencia como persona es materialmente su creencia, y que lo que le acontece atenta contra su convicción.

En libertad, muchas personas nos ofenderán con sus opiniones y conductas. Coexistirán los Donald Trumps xenofóbicos con los neo-nazis antisemitas y los comunistas. Una sociedad verdaderamente libre no es inmune a los conflictos de interés ni a ciertos tipos de sana discriminación: es por definición diversa y desigual.

Los creyentes en la libertad individual tenemos que despertar: quienes promueven la coacción para sambutirnos sus preferencias, no están de nuestro lado, aunque usen nuestro lenguaje. Conviene hacer un concienzudo trabajo para resucitar la concepción clásica del derecho natural, y reafirmar claras reglas de propiedad. Rescatemos el magistral discernimiento encapsulado en la frase de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Este artículo fue publicado el 10 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Más gobierno es igual a menos pobreza?

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En vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Oxfam circuló un impactante titular: en el 2016, el 1% más rico controlará más riqueza que el restante 99% de la humanidad. La controversial confederación de ONGs originaria de Oxford, Inglaterra, tuvo un impacto masivo pues su mensaje ha sido repetido hasta la saciedad.

¿Tiene razón Oxfam? Sí y no. El estudio afirma que las personas más ricas del mundo, el 1% en la cúspide, controlaba el 48% de la riqueza mundial disponible en el 2014, mientras que en el 2009 controlaba el 44%. La organización predice que dentro de un año los mega-ricos poseerán más de la mitad de la riqueza disponible. Oxfam toma sus datos del Credit Suisse Global Wealth Datebook (2013-14) y de la revista Forbes.

El cálculo de Oxfam es cortoplacista, opina el director del Instituto para Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Yale, Jacob Hacker. Los años recientes favorecieron a los multimillonarios, pero la tendencia de largo plazo es más ambigua. Por otra parte, es debatible cómo define riqueza Oxfam, según varios analistas financieros, incluyendo el sitio Money. Credit Suisse toma como riqueza únicamente “el valor de mercado de los valores financieros más los valores no financieros (principalmente vivienda y tierra) menos deudas.” Con base en este criterio, una persona con un salario alto pero con deudas, como por ejemplo una hipoteca, emerge más pobre que un campesino que no debe nada. El analista financiero Felix Salmon ilustra el punto: una niña que acaba de recibir su mesada de 50 centavos de dólar, tiene más dinero que el ingreso combinado de los 2 millardos más pobres en el mundo. Y ese 2% de supuestos indigentes podría incluir a la octava persona más rica del mundo en el 2012, Eike Batista, quien hoy tiene un ingreso neto negativo.

Es engañoso agregar a las personas con base en los bienes netos que poseen, concluye Salmon. Las mediciones de riqueza comparada pueden ser útiles a cierto nivel, pero la agregación oculta más de lo que revelan respecto de la calidad de vida de las personas incluidas en cada grupo. Obscurece el hecho que en los países más prósperos, hasta los menos afortunados viven mejor que los acomodados en países en vías de desarrollo.

Pero para mí cobra más relevancia evaluar la agenda política de Oxfam. ¿Qué pretenden al crear una mentalidad de crisis global respecto de la desigualdad? Por décadas, la solución preferida por Oxfam para todo ha sido más gobierno coactivo y menos mercado libre. Y esta vez no es la excepción. Oxfam recomienda cobrar más impuestos al capital y a los ricos, evitar la evasión de impuestos por parte de los ricos, aumentar los salarios mínimos, invertir en servicios públicos gratuitos de educación y salud y crear más programas estatales. Su fe en la acción gubernamental para sanar la pobreza ignora décadas de ineficiencia, despilfarro y corrupción.

“La pobreza tiene su raíz en la desigualdad” lee el credo de Oxfam. ¡Falso, falso, falso! La humanidad entera fue pobre en términos económicos hasta que descubrío cómo crear, producir, innovar y emprender. Solamente obtienen su riqueza a expensas de otros quienes gozan de privilegios y proteccionismos estatales, en sistemas mercantilistas y corruptos. En los mercados libres, sin barreras de entrada, cualquiera puede superarse sin perjudicar al prójimo, haciendo crecer la riqueza disponible con su trabajo honrado. Los programas redistributivos estatales solamente son la panacea para la llamada “industria de la pobreza”: las burocracias, ONGs y los anti-Robin Hoods que cosechan beneficios personales de la miseria.

Este artículo fue publicado el 13 de febrero del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía fue tomada por A.L. Rodríguez en Uganda.

¿Eso es justicia social?

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“No deje que nadie le diga que las corporaciones y los negocios crean empleos,” afirmó Hillary Clinton en un mitin político en Boston la semana pasada.

A veces hablamos sin pensar, pero otras veces nuestras palabras revelan un razonamiento incoherente. Esto ocurrió el 24 de octubre a Hillary Clinton, ex canciller de Estados Unidos y posible candidata a la presidencia en del 2016, cuando hacía campaña a favor de Martha Coakley, postulada para el cargo de gobernador de Massachusetts.

El Gobierno de Estados Unidos no funge como el empleador único ni propietario monopólico de todo bien. En dicho país existen personas innovadoras y esforzadas que originan unidades productivas llamadas empresas, negocios o corporaciones. Éstas generan oportunidades de trabajo. ¿Hillary Clinton miente conscientemente o sostiene sinceramente esta absurda posición?

La frase luce como una ventana al pensamiento progresista del primer mundo. La Sra. Clinton supone que sólo del Gobierno proceden cosas buenas; que el Gobierno es la fuente primaria de todos los beneficios disponibles a los ciudadanos: salud, educación, vivienda, bienestar, recreación, empleo y más. Pero el Gobierno ensalzado por Clinton no es totalitario, sino paternalista. Es el director de la orquesta y el policía plenipotenciario.

La ex canciller confía en la motivación y los resultados que se cosechan en la arena política y rechaza aquello que surge de la interacción libre y voluntaria entre las personas. Piensa que dejados a nuestras anchas, abusaríamos unos de otros. A Clinton no le basta creer saber lo que más conviene a la ciudadanía, sino que siente el deber moral de imponer su criterio a la fuerza.

Ella navega bajo la bandera de la justicia social, entendida en un sentido secular y revisionista. Una documental biográfica describe a Hillary Clinton como una “vociferante promotora de la justicia social”. Jean F. Blashfield, autora de una biografía sobre la afamada política, escribe que “ella empezó a ver que una creencia en la justicia social era un asunto político, no meramente religioso, y que la justicia social puede alcanzarse a través de la acción política.”

Según este paradigma, el Gobierno es indispensable para procurar la justicia social. Obvia dos alternativas que documentó Alexis de Tocqueville cuando visitó Estados Unidos en 1831. La primera es que las personas racionales, libres y responsables son capaces de gestionar su propio bienestar y el de sus seres queridos. Y la segunda es que las personas suelen asociarse con otros para atender asuntos que rebasan sus capacidades e intereses individuales, concernientes a la familia, la comunidad, el municipio y más. Históricamente, el progreso es resultado de la ayuda mutua voluntaria y la autogestión, más que de la planificación estatal. Tocqueville y otros intelectuales infieren por tanto que al Gobierno compete un rol más limitado: hacer valer el Estado de Derecho, garantizando los derechos básicos, los contratos, y la seguridad.

Hillary ignora las instancias intermedias entre ciudadano y Gobierno. Adicionalmente, ve al ciudadano promedio como desvalido o incompetente, necesitado de la tutela del político de turno. En un discurso del año pasado, la Sra. Clinton afirmó que “cuando los ciudadanos están alienados de su gobierno, la democracia sufre.” Tras abandonar el Departamento de Estado, ella realizó una gira para restaurar la “fe en el gobierno”. Nuevamente entrevemos su mentalidad: debemos depositar nuestra fe en los políticos pues desconfiar de la “democracia” nos hace sentir alienados y desgarra el tejido social.

Pero la realidad es otra. Cuando el Gobierno se entromete demasiado en nuestras vidas, desplaza sanas y atinadas iniciativas privadas y comunitarias. Dichas intromisiones no son justas, no causan prosperidad, ni tampoco promueven la paz social.

Este artículo fue publicado el viernes 31 de octubre del 2014 por la Revista Contra Poder y CEES.