Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

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La ética y el terrorismo

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A una civilización de Occidente acomplejada se le dificulta enfrentar el terrorismo barbárico.

La violencia contra civiles en Paris confrontó al Occidente con el terror absoluto, otra vez. El principal sospechoso de planificar los ataques, Abdelhamid Abaaoud, es un marroquí con pasaporte belga, miembro del Estado Islámico, quien se coló por entre los dedos de la policía de Bélgica. De hecho, la justicia belga lo condenó in abstentia a 20 años de prisión por liderar una red de reclutamiento para el yihad. Él aparentemente se encuentra en Siria, desde donde coordinó los múltiples ataques del 13 de noviembre.*

El joven Abaaoud, de 27 años, le pone cara al terrorismo moderno. Células pequeñas de radicales emplean medios ilegales e inmorales para perpetuar actos aleatorios que matan a inocentes. Son guerreros disciplinados y comprometidos, como lo demuestran los yihadistas suicidas, irrespetuosos de las reglas para la guerra. De allí que se condene el terrorismo como algo esencialmente malvado e injustificable. En palabras del profesor Peter Simpson, “una obra mala ejecutada por personas malas no puede ser justificada ni por la religión, ni por sus supuestas motivaciones.” Y la responsabilidad de estos actos desalmados debe depositarse a los pies de los atacantes, no de las víctimas o sus gobernantes. Por mucho que los regímenes políticos de Occidente, en este caso Francia, cometieran atropellos e injusticias contra los países árabes a lo largo de la historia, este tipo de respuesta vengativa se aparta claramente de la conducta ética.

¿Cómo debe responder el mundo civilizado frente a estos ataques terroristas? Existe un relativo consenso que los gobiernos tienen la grave obligación moral de proteger a ciudadanos inocentes. En el combate contra el terrorismo, explica el autor de International Ethics, Mark Amstutz, no funcionan el diálogo o la disuasión, por lo cual se recurre a estrategias defensivas y ofensivas. Unas buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades susceptibles de ser asaltadas, y las otras buscan destruir las redes operativas y el poder económico de los grupos terroristas. El anterior jefe del Partido Liberal de Canadá, Michael Ignatieff, identifica el dilema que maneja Occidente: “libramos una guerra cuyo premio esencial es preservar la identidad de la sociedad liberal misma, y evitar convertirnos en aquello que terroristas creen que somos.” Perdemos nuestra superioridad moral cuando se utilizan métodos que no son respetuosos de la dignidad humana y del Estado de Derecho.

¡Cero tolerancia con el terrorismo! Es engañosa esta exclamación que pretende reconfortarnos, sobre todo hoy que nos dolemos por cientos de muertos y heridos en Paris. Pero la mayoría de personas no estamos dispuestas a calzar cualquier costo para acabar con el terrorismo, sobre todo si la lucha antiterrorista transforma nuestras sociedades libres en regímenes represivos. Ya son bastante invasivas las escuchas, las redadas, los arrestos preventivos, las investigaciones policíacas, la censura y auto-censura periodística, la intolerancia a ciertas etnias y prácticas religiosas y las limitaciones a la libre locomoción. Además, existen costos económicos, difíciles de dimensionar, que resultan de impedir el libre intercambio entre las regiones y de desviar recursos de usos productivos hacia sistemas privados y públicos de protección y vigilancia. ¿Y qué decir del costo elevadísimo de sembrar el odio y alimentar la desconfianza entre personas de buena voluntad?

En este momento, es crucial que revaloremos los principios judeo-cristianos de libertad y respeto al individuo sobre los cuales se edificó la civilización occidental, para no perder de vista aquello que no debe arrebatarnos el brutal terrorismo del Estado Islámico.

Este artículo fue publicado el 20 de noviembre del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

*Este artículo fue publicado antes de que se conociera que las autoridades francesas le dieron muerte en un operativo después del atentado, en Paris.

Acabar con la corrupción

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Las lecciones aprendidas en Polonia, tras su exitosa transición hacia un sistema abierto con libertad económica y política, pueden orientar nuestra propia lucha contra la corrupción.

La semana pasada, impartió conferencias en la Universidad Francisco Marroquín el economista responsable por el Milagro Polaco: Leszek Balcerowicz. Cuando en 1990 el gobernante comunista Wojciech Jaruzelski convocó a elecciones, el modelo centralizado y represivo se habían agotado. De esa cuenta, salió victorioso el líder de oposición y cabeza del sindicato Solidaridad, Lech Walesa. La Unión Soviética, entonces inmersa en la perestroika de Mijael Gorbachev, no estaba en capacidad de intervenir a su país satélite para frenar los cambios. Dicha secuencia de eventos llevó al Dr. Balcerowicz al despacho del primer ministro, donde laboró entre 1989 y 1991; posteriormente, fungió como ministro de finanzas y presidente del banco central. El equipo de Balcerowicz estuvo listo para aprovechar la oportunidad cuando se presentó. Podemos aprender de Polonia que conviene actuar rápido, perseverar, crecer y defender nuestras libertades.

Actuar rápido: El Plan Balcerowicz reemplazó velozmente la dictadura comunista con un sistema abierto y un Estado de Derecho. A Balcerowicz no le gusta que describan su plan como una “terapia de shock”, porque la frase tiene connotaciones negativas y médicas. Pero, pregunta el reformador, ¿porqué no hacer lo correcto si sabemos lo que debemos hacer? ¿Porqué hablamos del precio político de la reforma, y no del mayor costo implicado en seguir haciendo mal las cosas? Quienes se benefician del estatus quo, a costillas del resto de la sociedad, pretenden que temamos el cambio porque son ellos quienes tienen mucho que perder, explicó Balcerowicz.

Perseverar: Los reformadores polacos abolieron a la policía secreta y la censura. Eliminaron los controles de precios, los monopolios estatales y los subsidios al carbón, la electricidad y el petróleo. Combatieron la inflación, que ascendía a una tasa de 640% en 1989, logrando reducirla a 37.3% para 1993. Inicialmente, 1.1 millones de trabajadores del gobierno perdieron su empleo, pero Balcerowicz se mantuvo firme y no retrocedió. En tan sólo dos años, ya se habían creado más de 600,000 empresas privadas que generaron 1.5 millones de trabajos nuevos. Entre 1989 y 2000, el crecimiento económico anual de la economía polaca superó el crecimiento de las otras economías post-soviéticas.

Crecer: La prioridad para una economía en vías de desarrollo, particularmente si es pequeña, es crecer. Debemos abrir la economía al comercio internacional. Todos los países empezaron pobres y sin Estado Benefactor, incluyendo Suecia, subrayó Balcerowicz. Un país relativamente pobre no puede recetarse el lujo de montar y financiar onerosos programas estatales. Guatemala no logrará crecer si se empeña en sostener un pesado aparato benefactor.

A mayor libertad, menos corrupción: La búsqueda de rentas corrupta prospera en ambientes con excesivas regulaciones, secretividad y arbitrariedad. Entre menos obstáculos ponga el gobierno al mercado, menos corrupción incentivará. Balcerowicz nos advirtió que permaneciéramos en guardia porque hay dos tipos de amantes del estatismo: los grupos de interés y los intelectuales. Los primeros presionan por más intervención porque “les gusta el dinero ajeno”, mientras los segundos promueven doctrinas caducas. Entre paréntesis, el economista comentó que en Polonia no habían comunistas de verdad, y que muchos, como él, se afiliaron al partido porque era la única forma de estar en posición de hacer reformas desde adentro. La mala información es peor que la ignorancia, sentenció Balcerowicz. Aconsejó que en Guatemala la sociedad civil defienda celosamente la libertad frente a las presiones que ejercen los buscadores de rentas.

Este artículo fue publicado el 13 de noviembre del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Leszek Balcerowicz recibió el Premio Milton Friedman en 2014 que otorga el Cato Institute. La foto es tomada de la presentación que hicieron en homenaje suyo.

Campañas, dinero y transparencia

Elections

¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.

 

 

 

Para combatir la corrupción

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Los miembros de La Línea sindicados de defraudación aduanera no serán los últimos oficiales corruptos, al menos que cambien las reglas del juego.

Las protestas pacíficas en la Plaza de la Constitución y en las redes sociales demuestran la urgencia que imprimimos al combate de la corrupción. Muchos guatemaltecos respaldarían la imagen evocada por Robert Cooter, profesor de derecho en Berkeley: la podredumbre actúa como las termitas que se carcomen los fundamentos de una casa desde adentro.

Guatemala no es el único país en vías de desarrollo que enfrenta una titánica batalla para mejorar en transparencia. Los investigadores describen una especie de triángulo infernal: la pobreza, las deficientes políticas públicas y las instituciones precarias tienden a incrementar la corrupción. Son parte del triángulo los poderes discrecionales, el robo y despilfarro producto de la inestabilidad del sistema, así como las autoridades “capturadas” por complejas estructuras de crimen organizado. Hasta la economía informal puede ser una reacción contra engorrosas regulaciones; los ciudadanos solamente logran mantenerse a flote infringiendo las reglas y pagando mordidas. No es que los países pobres sean más corruptos que los ricos, per se, pues existen ejemplos de países desarrollados con elevados índices de corrupción como Italia. La explicación más probable es la conjunción de malas políticas con letargo económico.

La corrupción no es una enfermedad incurable en los países pobres, pues dentro de una misma nación coexisten instituciones respetadas y contaminadas. En la India, señala Cooter, las elecciones son tan limpias como las de países desarrollados, y existen organizaciones, como la corte suprema de justicia y la agencia espacial, que gozan de buena reputación. Sin embargo, se produce el saqueo en los programas que subsidian alimentos para los pobres.

El mal no se corrige incrementando el poder en manos de los funcionarios públicos, pasando más regulaciones y leyes, o contratando a un batallón de fiscalizadores para controlar a quienes controlan a los agentes aduaneros. La termita corrosiva puede reproducirse tanto en gobiernos débiles como fuertes y grandes. Basta recordar los excesos confiscatorios del régimen del dictador Mugabe en Zimbabue para percatarnos que la solución va en dirección contraria.

¿Qué debemos hacer? Tres soluciones emergen del análisis hecho por economistas y abogados. La primera es desregular—entre más libres son las economías, más crean riqueza y por ende, disminuye la corrupción. Se recaudan más impuestos en contextos prósperos y, en consecuencia, los funcionarios públicos son mejor pagados. Los gobiernos cuentan con recursos para combatir el crimen y asegurar la certeza del castigo. Así, el oficial rechaza la mordida por temor a ser detectado y ajusticiado, y perder un buen empleo. Por otra parte, tanto las malas leyes como la tolerancia a los actos delictivos reducen el respeto a la legalidad; nos hacen desconfiar de los demás y del sistema.

Segundo, los marcos regulatorios y las burocracias pueden competir unos con otros. Los funcionarios públicos tendrán menos incentivos de ser corruptos o tolerar la corrupción cuando vean que el distrito político vecino está prosperando gracias a su transparencia.

Finalmente, podemos romper el vínculo de confianza entre quien pide la mordida y quien la paga. Ambos se benefician si su intercambio pasa inadvertido. Pero si se recompensa suficientemente al oficial por delatar al corruptor, o al extorsionado por delatar al oficial, entonces se destruye la confianza entre ambos. Tenderán a desdeñar el acto corrupto porque les cuesta caro.

En suma, los esfuerzos por combatir la corrupción pasan por remover los obstáculos al crecimiento económico e incrementar el costo de actos perversos.

Este artículo fue publicado el 22 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

 

La propuesta de Correa

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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso a los guatemaltecos adoptar el socialismo del siglo XXI en un discurso dictado durante el V Foro Regional Esquipulas. Aquí comparto lo que me gustó y disgustó de su discurso.

Pese a la prosa poética y adulatoria con que Rafael Correa adornó sus palabras, éstas fueron claras y sustanciosas, alejadas de la vacía verborrea demagógica que caracteriza a otros políticos latinoamericanos. Es de admirar la dicción y gracia del orador.

Resulta imposible en este espacio desmenuzar la totalidad de la alocución, pero detecté, para mi sorpresa, que comparto por lo menos tres premisas y tres propuestas. Es cierto que en América Latina, las instituciones sociales, políticas y económicas han tendido a privilegiar a unos y excluir a otros. Es decir, el acceso a los círculos de productividad y riqueza ha sido restringido artificialmente. También es verdad que para el desarrollo es más importante el capital humano que los recursos físicos. Sin embargo, son las economías abiertas las que potencian el capital humano y crean riqueza, no así el socialismo. La tercera hipótesis acertada es que la mentalidad de víctima que plaga nuestras culturas retrasa el progreso. Correa hizo además tres recomendaciones de políticas públicas sensatas en lo que respecta a la guerra contra las drogas, la explotación de los recursos mineros y el necesario escepticismo con relación a los espejitos que nos venden algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, Correa reveló porqué rechaza lo que él denomina despectivamente la ideología neoliberal. Se apropia de la tesis del economista John Kenneth Galbraith, a quien citó en su discurso. En su libro Capitalismo americano (1952), Galbraith recomienda compensar o balancear el poder del mercado con el poder del gobierno. Dejados a sus anchas, los agentes económicos acumulan poderes “masivos” y excesivos, en perjuicio de los obreros y los consumidores. Por eso, Galbraith y Correa concluyen que es tarea del gobierno regular los mercados, imponer salarios “dignos” e implantar otras medidas supuestamente beneficiosas. Correa incluso habló de redefinir drásticamente los derechos de propiedad privada, uno de los fundamentales derechos individuales.

El poder económico, no obstante, es muy distinto del poder político. El gobierno ostenta, tanto en una democracia como en una dictadura, el poder monopólico para coaccionar a los ciudadanos adultos. Las autoridades pueden encarcelar a quien evade impuestos. Un empresario recurre a la persuasión y no a la fuerza para convencernos de consumir sus productos. Entre más libre y más competitiva sea una economía, más disperso está el poder entre los millones de consumidores y oferentes. Los actores económicos sólo logran imponerse cuando tienen acceso al poder político. La exclusión en América Latina origina en la arena política: las prebendas se otorgan a los allegados y amiguetes del gobernante. Sustituir a unos privilegiados por otros no resuelve el problema, sólo apila injusticia sobre injusticia.

Invocar el poder monopólico del gobierno para intervenir el mercado es peligroso. La función del gobierno debe ser velar por el Estado de Derecho que viabiliza la cooperación social en armonía. Jugar a Dios dirigiendo los destinos de cada ciudadano inevitablemente confronta intereses, en lugar de cosechar el bien común, tal y como lo entiende un iluminado déspota como Correa. Así como los organismos internacionales, que son entes políticos, se equivocan, así también los políticos toman decisiones para maximizar votos y otros cálculos de interés propio, no por consideraciones técnicas ni sociales. Sería mejor abrir de par en par el acceso a los productivos círculos de intercambio a quienes han sido históricamente excluidos de los mercados domésticos e internacionales.

Este artículo fue publicado el 29 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.