¿Y ahora?

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¿Hacia dónde debe orientar su atención la ciudadanía?

Los memes y los mensajes breves, chistosos y sesudos, jugaron un papel determinante en estas elecciones generales. La frase #No le toca, por ejemplo, se convirtió en una auténtica cantaleta que caló en la opinión pública, contribuyendo a torpedear la candidatura presidencial de Manuel Baldizón. Los memes acompañaron la labor del Ministerio Público y las investigaciones de la CICIG; unificaron criterio respecto de la necesidad de pedir la renuncia del binomio compuesto por Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina y motivaron la participación ciudadana en las protestas pacíficas. Los ciudadanos que ríen con los mensajes y los comparten con sus amistades se sienten empoderados y victoriosos, y creo que con razón. Luce ser una operación casera y descentralizada, un fenómeno espontáneo sin dirección central ni agenda oculta.

Entre los mensajes que celebran los logros cosechados, se eleva implícita, o explícita, la pregunta: ¿y ahora qué? Se me viene a la mente uno que decía algo así como: “ahora que ya fregamos a Roxana, Otto y Manuel, ¿a quién le toca?” El tono es crudo y un tanto agresivo, pero creo que encapsula una duda bastante generalizada: ¿hacia qué causas debe canalizarse esta energía ciudadana? ¿Qué hemos de promover de aquí en adelante? La dinámica consiste en lanzar globitos al aire para ver cuáles cautivan la imaginación y se popularizan, pero pienso que hay por lo menos tres temas prioritarios que merecen atención.

Primero, vale la pena subrayar el realismo frente al sistema político participativo. Los memes nos quitaron el velo romántico respecto del juego democrático. Es importante no pedir peras al olmo: la administración pública jamás funcionará como un perfecto relojito suizo ni estará siempre poblada por heroicos, desinteresados y omni-competentes ángeles. Tampoco se transformará de la noche a la mañana. Las expectativas ciudadanas deben mantenerse dentro del marco de lo factible. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tienen que partir de premisas realistas para que realmente constituyan mejoras, para que impidan que los seres humanos imperfectos que incursionan en la arena política nos hagan daño desde sus posiciones de poder.

Segundo, la ciudadanía puede ser propositiva respecto del combate a la corrupción. Debemos mantener el dedo en la yaga y seguir presionando a la clase política para transparentar la gestión pública, para que nuestros representantes y funcionarios electos rindan cuentas de una forma regular y eficiente. Por ejemplo, para gobiernos locales existen proyectos como www.opengov.com, una empresa que lleva la contabilidad a municipalidades y les permite acceder a las redes sociales para entablar una relación más directa con la ciudadanía. Chapinizar esta fórmula, y buscar otras innovaciones similares, puede agilizar el proceso de limpiar la casa gubernamental.

Tercero, el futuro o la futura presidente de Guatemala debe sentirse en deuda con el votante en la mediana, más que con grupos de interés, ideologías radicales o financistas. Ninguna otra elección en nuestra historia ha hecho tan visible al votante. Si el futuro presidente siente que se debe en primer lugar a una ciudadanía cuya prioridad es la lucha contra la corrupción, entonces quizás tenga miedo de operar turbiamente. Medirá sus decisiones según el barómetro de esa multitudinaria opinión pública que se ofende al ver cómo se rellenan los bolsillos con los tributos del pueblo y exige justicia para quienes abusan del poder temporal que nosotros les delegamos.

Una versión levemente modificada de este artículo fue publicada el 25  de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

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No votamos nulo

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El voto nulo se ubica entre los grandes perdedores de la competencia electoral realizada el 6 de septiembre.

Son votos válidos el 90.81% de los votos emitidos el 6 de septiembre, con base en los resultados que arrojaban casi la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En la contienda para elegir al binomio presidencial, únicamente 4.18% de los votos emitidos fueron nulos, y 5.01% fueron votos en blanco. Es poco dramática la diferencia entre estos resultados y los de procesos electorales anteriores. En las elecciones del 2011, el voto nulo sumó 4.24% del total y el voto en blanco fue de 7.61%; en las elecciones del 2007 se emitieron 5.74% votos nulos y 3.57% votos en blanco; en 2003, se depositaron 4.75% votos nulos y 3.88% en blanco.

El alza en los votos nulos tendría que haber sido espectacular, dadas las múltiples campañas que activamente promovieron esta opción. Además de pegar carteles en espacios públicos, algunas organizaciones usaron blogs y etiquetas en las redes sociales, tales como Revolucióninteligente#unmovimientoconsciente, Todos por el voto nulo, #nohayporquienvotar y Yo voto nulo. Esta postura fue defendida por personas de distintas ideologías. Mis amigos Ricardo Rivera y Marta Yolanda Díaz Durán motivaron el voto nulo como señal de protesta. Marta Yolanda enfatizó que falsean sus preferencias quienes emiten un voto de rechazo o se decantan por el “menos peor”. Marco Antonio Garavito, psicólogo social y catedrático de la USAC, calificó el voto nulo como una “oportunidad para replantear el sistema fallido”. El abstencionismo, sumado a abundantes votos nulos, expresarían la indignación ciudadana y deslegitimizarían al sistema político, pronosticó Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac).  El Movimiento Semilla, a su vez, formalmente llamó a suspender las elecciones para establecer un gobierno de transición. Incluso se rumoró que, al evidenciarse la caída en las encuestas de Manuel Baldizón, los partidos políticos Líder y Corazón Nueva Nación trocaron sus vallas rojas por vallas con el lema “¡En estas condiciones no queremos elecciones!”. En pocas palabras, se invirtieron recursos humanos y financieros en esta plataforma.

Días antes de las elecciones, en su columna El pequeño gran país, Samuel Pérez imaginó un glorioso boicot de las elecciones orquestado por los voluntarios y funcionarios del TSE, conjuntamente con los votantes. Si este es el sueño dorado de Pérez, ¿será la realidad su peor pesadilla? Porque lo que se produjo fue una afluencia masiva en casi todos los departamentos del país.

Un 70.28% de los ciudadanos empadronados acudieron a las urnas el domingo y, como ya se observó, la gran mayoría de éstos emitieron votos válidos, excepto quizás en lo que respecta al Parlamento Centroamericano. Se superó así la presencia en la primera vuelta en las tres elecciones generales previas, donde el porcentaje de empadronados que participó ascendió a 57.9%, 60.2%, y 69.38%, respectivamente.

Comprendimos que bajo las reglas del juego actuales, los votos nulos ni castigan ni premian a los candidatos. Si 50 de 100 electores anulan su voto, el resultado lo fijará la mitad restante. Quienes votan nulo son llanamente invisibles.

Los ciudadanos, motivados por los efectos de las pacíficas manifestaciones recientes, encontramos más lógica en el llamado #VotarEsManifestar que en el llamado a deliberadamente anular nuestro voto o a abstenernos. Al favorecer a candidatos no tradicionales para ocupar la presidencia, las alcaldías y el Congreso, enviamos un mensaje en contra de la corrupción a la clase política. Los nuevos diputados deberán contemplar reformas al sistema electoral, entre ellas la conveniencia de redefinir el peso de los votos válidos y los votos nulos.

Este artículo fue publicado el 11 de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES. He corregido un error de la versión original.

 

 

 

¿Golpe o elecciones?

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El naufragio de la Administración Pérez-Baldetti alineó los intereses de los futuros gobernantes con los del gobernado a favor de la transparencia. 

Un gobierno en ruinas sugiere la posibilidad de posponer las elecciones generales e instalar un gobierno de transición. Tal extremo equivaldría a dar un golpe de Estado técnico.

Los procesos entablados contra políticos acusados de cometer actos criminales desató una tormenta pero no creó una crisis institucional: se han seguido pasos especificados en ley. El nombramiento del doctor Alejandro Maldonado como vicepresidente así lo demuestra. Sospecho que los guatemaltecos veríamos pocos efectos en nuestra vida si llegara a faltar Otto Pérez. ¿Se acuerda del llamado secuestro (sequestration) del presupuesto federal del gobierno de Estados Unidos? El Presidente Obama advirtió que el paro del gobierno federal causaría estragos en la cotidianeidad estadounidense, pero nada pasó.

Nuestra legislación ordena la alternancia en el poder mediante la realización de elecciones generales cada cuatro años. La convocatoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral y la inscripción de aproximadamente 30 mil candidatos se ajustan a las normas. No así un triunvirato o gobierno de transición.

¿Quién nombraría a los líderes, por cuánto tiempo y sobre qué bases? ¿Qué poderes tendrían? ¿Concedería esta medida a personajes de izquierda un poder que no conquistan mediante el voto? Al ceder poderes arbitrarios a un grupito de “intelectuales iluminados” o “déspotas benévolos”, ellos podrían imponer las políticas públicas que les apetecen sin consulta, al margen del escrutinio ciudadano. Cualquier iniciativa para refundar la patria y alterar la Constitución, incluso si se trata de una modificación parcial, exige una consulta popular.

Tal triunvirato tendría que hacer cogobierno con el Congreso actual. La próxima asamblea legislativa tiene más posibilidades de aprobar reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a otras leyes que regulan la administración pública, aún si un porcentaje de los diputados actuales son reelectos. No sólo porque tendrán más tiempo y podrán debatir propuestas bien formuladas, como la iniciativa electoral presentada por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sino porque a raíz de lo ocurrido al binomio Pérez-Baldetti, enfrentarán fuertísimos incentivos para preferir la transparencia. El desprestigio que acarreó el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder, solamente puede subsanarse haciendo cambios profundos. Y estos cambios serán legítimos si se producen dentro de las reglas establecidas.

Ciertamente, los candidatos que hoy compiten por el poder son imperfectos. Describe nuestro sentir la caricatura que ilustra nuestras opciones como una posa de tiburones, otra de cocodrilos y un vacío desconocido. Tendremos que hacer un concienzudo tin marín de dos pingüe entre las opciones disponibles. Pero también es verdad que el menú no mejoraría dramáticamente si aplazamos la decisión. La mayoría de los conciudadanos que se postulan a cargos gubernamentales llevan años preparándose para llegar al poder. No emergerá por arte de magia una oferta más calificada. La calidad de la oferta política mejora en el largo plazo con la sostenida fiscalización ciudadana y con la aprobación de reglas del juego que alineen correctamente los incentivos de los políticos.

“El espectáculo debe continuar” significa, en el mundo de la farándula, que la función de teatro o circo debe presentarse contra viento y marea. Si se enferma la actriz principal o se fuga el conductor de la orquesta, los responsables de la función evitan el pánico y honran el compromiso contraído con los espectadores. Eso esperamos del Tribunal Supremo Electoral: llevar a cabo las elecciones generales del 2015 precisamente para resguardar la institucionalidad.

Este artículo fue publicado el 28 de agosto del 2015 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto adaptada de fotos subidas a las redes sociales por familiares.

 

 

Campañas, dinero y transparencia

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¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.