Acuerdo del Manifestante

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Imitemos a Martin Luther King, quien dijo “no dudamos en llamar ejército a nuestro movimiento. Pero era un ejército especial, sin más que su sinceridad por suministros, ningún uniforme más que su determinación, ningún arsenal más que su fe, ninguna moneda más que su conciencia.”

¿Qué pasó en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, el 19 y 20 de septiembre? Los medios reportan un trágico saldo: por lo menos ocho personas muertas, varias de ellas pertenecientes a la familia Pajoc Guamuche; otras personas hospitalizadas con heridas y quemaduras; cinco vehículos y tres casas incendiadas. Aunque los aterrorizados habitantes de la aldea se niegan a dar informaciones, algunos medios publicaron que un altercado respecto de la construcción de la planta cementera San Gabriel y el Anillo Regional detonó la violencia. La organización Convergencia por los Derechos Humanos afirmó que trabajadores de Cementos Progreso provocaron el incidente, pero el comunicado oficial de la empresa no sólo condena los hechos sino que afirma que las familias de sus colaboradores son las víctimas en este caso.

Aparentemente, nadie quiere asumir responsabilidad del atropello. Ninguna causa justifica a un tropel enmascarado prender fuego a familias completas, e impedir el ingreso a rescatistas que pudieran haber salvado unas de las vidas en peligro. Acierta el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando declara que “el Gobierno está a favor de las marchas, del derecho de petición ciudadana, pero no de los actos vandálicos y de violencia.” El Gobierno debe hacer valer los derechos básicos de los guatemaltecos, entre ellos el derecho a la vida y la propiedad. Quienes agreden a sus conciudadanos merecen el calificativo de terroristas, no manifestantes.

Este incidente nos obliga a replantear los límites a la protesta y la libertad de expresión. Carece de legitimidad cualquier movimiento que emplea medios barbáricos. Como demostraron Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Lech Walesa y otros líderes de protestas sociales, son más exitosas las agrupaciones que cuidan la legitimidad de sus métodos y de sus metas, y ello implica necesariamente renunciar a la violencia.

Propongo que los guatemaltecos nos obliguemos unos a otros a suscribir el siguiente Acuerdo del Manifestante:

  1. No mataré ni heriré a mis enemigos o amigos. No los atacaré con navajas o machetes, no los quemaré vivos, no los asesinaré con armas de fuego. No les lanzaré piedras, palos, granadas o bombas.
  2. No atentaré contra la propiedad privada. No invadiré terrenos y no destruiré viviendas, vehículos, negocios, puestos de venta, siembras, ganado, ni otros bienes. No toleraré el vandalismo.
  3. No cometeré actos vandálicos contra la propiedad gubernamental, incluyendo municipalidades, carreteras, puentes, puertos y más.
  4. No robaré. No me apropiaré de las pertenencias del prójimo, ni consentiré que una manifestación o protesta sirva de excusa para saquear casas o comercios.
  5. No extorsionaré a mis compatriotas para financiar mis actividades.
  6. No emplearé amenazas para obligar a las personas a abandonar su hogar, su trabajo o su pacífico estilo de vida.
  7. No mentiré. Me haré responsable de mis actos. Evitaré exagerar, distorsionar, encubrir o de otras formas falsear los hechos para avanzar mi causa. Renunciaré al cobarde anonimato. Recurriré al debate sano para persuadir a la ciudadanía de mi postura.
  8. Evitaré provocar disturbios sociales o sembrar el miedo en lugares públicos como estadios o cines, sobre todo si mi provocación es mediante un lenguaje que alienta un odio divisivo. Una turba irreflexiva y fuera de control es mi peor pesadilla.
  9. No pondré obstáculos a la libre locomoción de mis compatriotas. Mis manifestaciones no provocarán pérdidas económicas, daños al bienestar o a la vida de otras personas.
  10. Pediré que se castigue con todo el peso de la ley cualquier acto delictivo, aunque sus autores lo comentan en nombre de mi causa.

Este artículo fue publicado el viernes 26 de septiembre del 2014 en la revista Contra Poder y el CEES.

La foto fue tomada del sitio http://twadl.com/Guatemala/Pajoques/1/.

 

 

 

 

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La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

¿Por qué no hacemos lo que debemos?

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Los países fracasan en alcanzar la prosperidad debido a resistentes instituciones políticas que inhiben el crecimiento, según Acemoglu y Robinson. ¿Cómo podemos transitar hacia un marco institucional más sano?

Los economistas han gritado a los cuatro vientos que las deficientes instituciones económicas crean incentivos perversos y obstaculizan la prosperidad.  Lo reconocen desde que descartaron las teorías lineales y deterministas del crecimiento.  Ellos entienden una institución como “una limitación de diseño humano que estructura las interacciones políticas, económicas y sociales”, según la definición acuñada por el premio Nobel en economía de 1993, Douglass North.

La pregunta lógica que se sigue es: ¿Por qué cuesta tanto hacer lo que sabemos que deberíamos hacer en materia económica?  Daron Acemoglu y James A. Robinson, coautores de Por qué fracasan los países (2012),  responsabilizan a la política.  “Son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país,” afirman.  Acemoglu y Robinson escribieron un libro accesible, repleto de ejemplos tomados de investigaciones y vivencias personales.  Acemoglu nació en Turquía y reside en Estados Unidos, donde imparte clases en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  James Robinson es politólogo y economista experto en África y América Latina, y catedrático en la Universidad de Harvard.

Los autores trazan la diferencia entre un círculo virtuoso inclusivo y un círculo vicioso extractivo.  Las instituciones inclusivas descansan sobre derechos de propiedad garantizados y un sistema legal imparcial.  En dicho paradigma los partícipes gozan de libertad de entrada y de salida del mercado, y pueden forjar relaciones contractuales y comerciales.   Aunque usualmente pasan desapercibidas, las instituciones políticas vigentes en Inglaterra en el Siglo XVIII, de carácter inclusivo, fueron factores determinantes de la Revolución Industrial.  En contraste, las instituciones extractivas están diseñadas para transferir ingresos y rentas de un sector social a otro.  Obviamente, el régimen extractivo subsiste merced al uso y aplicación de la fuerza.   El caso extremo, el colonialismo latifundista y esclavista, requirió de la protección coercitiva de la élite.   Y a pesar de que algunas élites, como la de Corea del Sur, han abierto sus economías alcanzando mayor prosperidad, es indiscutiblemente preferible vivir en un entorno francamente inclusivo.

La sinergia entre las reglas económicas y políticas en una sociedad redundan en un círculo virtuoso o uno vicioso.  Los países que fracasan en el presente son aquellos cuyas instituciones políticas fortalecen el poder de algunos sectores y así desincentivan el ahorro, la inversión y la innovación.   El círculo vicioso es perseverante pero no absoluto, y algunas naciones han logrado pasar a una realidad más inclusiva.   Según los autores, la transición suele acompañarse de “coyunturas críticas” o cambios disruptivos, tales como la peste negra o la apertura de rutas comerciales hacia el Atlántico.

Advierten que la ingeniería de la prosperidad es imposible, y, aunque no hay recetas, abogan por empoderar a amplios sectores de la sociedad.  De lo contrario, las reformas no alterarán el sustrato institucional y los avances serán perecederos.    ¿Pero cómo se llega a diluir el poder, sabiendo que los políticos gravitan hacia el autoritarismo como hacia un irresistible imán?

Me parece que el libro es una invitación para el análisis de las decisiones públicas (Public Choice), pues si la raíz del problema es la política, tenemos que entender los incentivos que imperan sobre los actores políticos.  Acemoglu y Robinson no citan esta escuela de pensamiento, y sin embargo su trabajo se asoma a su territorio.  Debemos adentrarnos en esta veta investigativa para elaborar propuestas realistas.

Este artículo fue publicado el 23 de agosto del 2013 en CEES y la Revista Contra Poder.

La foto de Buzz Lightyear (“¡Al infinito y más allá!”) la tomó uno de mis hijos.