Justicia para los pobres

SONY DSC

En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

Advertisements

¡Avance la libertad!

photo-43

Ya salió la edición 2014 del Índice de Libertad Económica.  ¿Qué nos enseña respecto del avance de la libertad en Guatemala?

Hace veinte años, la Fundación Heritage, basada en Washington, D.C., y el prestigioso periódico The Wall Street Journal se aliaron para producir un índice de libertad económica. Cuando empezaron, la noción de hacer comparaciones cuantitativas entre naciones sonaba descabellada. Y es que los números siempre son limitados. ¿Cómo sabemos que los factores evaluados son determinantes, y que no se excluye de la fórmula algún dato importante? ¿Son equiparables las estadísticas generadas en cada nación? Con el tiempo, los investigadores han ido afinando su herramienta. Han surgido otras mediciones enfocadas en las libertades civiles y políticas, la libertad de prensa, el desarrollo humano, la felicidad, la percepción de corrupción y más. Las investigaciones se complementan entre sí y nutren una viva discusión académica. En última instancia, contar con estos índices y con la serie de datos a través de dos décadas resulta útil para economistas, periodistas, formuladores de políticas públicas y políticos.

¿Cómo le fue a Guatemala este año? Ocupamos la casilla 83 de 186 países, y la casilla 17 en la lista regional de 29 países latinoamericanos y caribeños. Nuestro punteo es 61.2, levemente arriba del promedio mundial y regional. Los autores reflexionan que “a lo largo del la historia de veinte años del índice, la libertad económica de Guatemala ha permanecido mayormente estancada”. Esta realidad se evidencia en una gráfica que coteja nuestro avance contra el promedio anual desde 1995. Mientras que de 1995 hasta el 2003 nuestro rendimiento fue visiblemente superior, en años sucesivos se niveló y no ha logrado distanciarse del promedio mundial.

Del año pasado para ahora, Guatemala mejoró levemente en seis de los diez rubros evaluados. Estos incluyen la libertad para hacer negocios, invertir y comerciar. También ascendieron los indicadores de política monetaria, laboral y de corrupción política. Sin embargo, una expansión del gasto público y de la carga tributaria se unen a precarios derechos de propiedad para reducir la libertad económica de los guatemaltecos. Las victorias en la lucha por la transparencia son insuficientes. Persisten serios problemas, sobre todo en el sector de justicia, empañado por la corruptela y la ineficiencia, así como por la intimidación de jueces, fiscales y testigos. El país carece de un verdadero Estado de Derecho. Llama la atención que, al nivel global, también cayeron por 0.3 puntos, cada uno, los indicadores para Estado de Derecho, derechos de propiedad y corrupción.

El principal logro se obtuvo en la reducción de la tramitología para aprobar nuevos negocios, realidad reflejada en el índice Haciendo Negocios del Banco Mundial. No obstante, los inversionistas extranjeros pueden experimentar dificultades sorteando las trabas regulatorias y legales existentes.

Los países más libres experimentan un rápido crecimiento económico. Sus servicios de salud y educación son de calidad. Reducen a un ritmo mayor los niveles de pobreza. Protegen con mayor eficacia el ambiente.  Sus habitantes tienen ingresos per cápita más altos y gozan de bienestar.

¿Qué hicieron otros países para salir del hoyo? Conviene estudiar la trayectoria de dos países con mentalidad reformadora: Chile y las Islas Mauricio.  Ocupan el séptimo y octavo lugar en la lista mundial, y son los dos países en vías de desarrollo que más éxito han cosechado en estos años.  Fortalecieron sus instituciones, cuentan con buena gobernanza y redujeron el crimen.

Vivimos en la época más próspera de la historia de la humanidad, y realmente no hay motivo por el cual Guatemala no pueda convertirse en el próximo milagro económico.

—–

Este artículo fue publicado el 24 de enero del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia, de una instalación titulada “Full Body Scan”, por Guo-Qiang Cai (2013). La escogí porque trata sobre la seguridad y el peligro, así como la vulnerabilidad del individuo, tanto frente al crimen como los servicios de seguridad.  Me pareció ilustrativo de los incentivos que enfrentan los inversionistas en un país con un Estado de Derecho débil, con corrupción y ausencia de derechos de propiedad.