Muchos piensan que los guatemaltecos debemos repudiar el derecho de propiedad, porque la propiedad privada solamente sirve para atropellar los derechos humanos. Esto no es cierto.
La oposición hacia la minería, las hidroeléctricas y otras inversiones suele enfundarse en la bandera de los derechos humanos. Se afirma que las comunidades tienen derecho a decidir qué actividades económicas pueden desarrollarse en todas las propiedades privadas y públicas de su localidad. Bajo esta óptica, el derecho a la propiedad es visto como una herramienta de explotación, un privilegio, o una institución dañina.
¿Se contraponen los derechos humanos y el derecho de propiedad? No, responde Paul L. Poirot. En un artículo publicado originalmente en 1962 por la Fundación para la Educación Económica (FEE), Poirot aclara que “el término propiedad carece de significado al menos que se aplique a algo poseído por alguien. La propiedad en sí no tiene ni derechos ni valor, si no involucra intereses humanos. No hay derechos que no sean humanos.”
Siendo el derecho de propiedad un derecho humano, entonces, ¿cuál es su importancia con relación a otros derechos? Es un derecho básico reconocido desde tiempos ancestrales, recuerda Poirot. Podemos hacer valer nuestra vida si el producto de nuestro trabajo es apropiable. En palabras de Murray Rothbard, “el derecho humano de todo hombre a su propia vida implica el derecho a encontrar y transformar recursos: a producir lo que sostiene y avanza la vida. Ese producto es la propiedad.”
La pérdida del derecho de propiedad acarrea la pérdida de los demás derechos. Si el gobierno se adueña de todos los medios de comunicación, no tendríamos derecho a la libre expresión, ejemplifica Rothbard. Lo que es más: todos los derechos humanos son derechos de propiedad. Difícilmente podríamos sobrevivir o alcanzar nuestro máximo potencial si no nos auto-gobernáramos. Sólo somos libres si somos dueños de nosotros mismos. Y solamente cuando nos aseguran que serán respetados nuestra libertad y los frutos de nuestro trabajo, tenemos el incentivo para buscar mejorar nuestra condición económica.
Poirot señala que los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son indivisibles e inviolables, y así lo reconocen tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Guatemala, entre otras. La protección constitucional del derecho es imperativa, porque asiste a todas las personas por igual y nos blinda contra los abusos por terceros; subraya que ningún Estado debe infringir aquello que es esencial a la vida de cada persona.
Si todos los derechos humanos son en el fondo derechos de propiedad, entonces los aparentes conflictos entre derechos pueden deberse a la pretensión de adueñarse de bienes ajenos. Eso sucede cuando exijo, por medio del gobierno, que otros me doten de una vivienda o paguen mi educación. Tales exigencias son transferencias, privilegios, subsidios o protecciones, pero no derechos.
También surgen conflictos cuando los derechos están mal definidos. Si el derecho que asiste a unos manifestantes se contrapone al derecho a la libre locomoción de los demás, explica Rothbard, es porque el dueño de la calle (en este caso la municipalidad) no ejerce claramente su dueñez. Si la calle perteneciera a los manifestantes, los conductores no dirían que sus derechos fueron atropellados. Negociarían con los propietarios un horario para circular o buscarían rutas alternas. Lo que es más, el economista Ronald Coase vislumbró que cuando una inversión genera externalidades, entonces los derechos de propiedad claramente establecidos resuelven los conflictos. Las partes únicamente se pueden poner de acuerdo si saben quién tiene derecho a qué.
En conclusión, le hacen un daño atroz a las comunidades guatemaltecas quienes predisponen a sus pobladores en contra de un derecho humano básico como lo es el derecho de propiedad.
Este artículo fue publicado el 20 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y en CEES.
La foto que ilustra este artículo es propia, un detalle de un montaje por el artista Jean Dubuffet.
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