Impuestos y democracia

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Los vicios, combinados con un abuso de la democracia, conducen a malos resultados.
Había una vez una pequeña comunidad llamada Demo que decidió darse un gobierno para que los protegiera de potenciales agresores. Los ciudadanos podían así ocupar su tiempo en asuntos productivos. El grupito gobernante, sin embargo, no creaba riqueza. Reunidos, los habitantes de Demo acordaron unánimemente sufragar su manutención con pequeñas transferencias monetarias, vistas como el pago por un servicio valioso.

Pasó el tiempo y Demo creció. Algunos ciudadanos querían endilgar a los políticos algunas responsabilidades que les resultaban cargantes. Unas almas compasivas querían ayudar a los indigentes con subsidios estatales en lugar de ejercitar la caridad. Ambos sectores propusieron rebanar otra tajada de los ingresos de los ciudadanos para financiar los nuevos gastos. A los políticos les gustó la idea de amasar dinero y poder. Se acordó tomar la decisión por mayoría, porque varias personas vociferaron en contra de la moción. Los demoltecos productivos salieron esquilados por la coalición compuesta por las minorías de vividores, altruistas y políticos. La transferencia voluntaria se convirtió en impuesto, y se decretaron castigos para quienes no pagaran.

Tristes, unos productivos demoltecos emigraron. La recaudación bajó, y los gobernantes reaccionaron subiendo aún más la carga tributaria, de plumazo. Se hizo realidad la advertencia de John Stuart Mill: “Aquellos que no pagan impuestos, disponiendo con sus votos del dinero de otras personas, tienen todo el incentivo de ser espléndidos y ningún incentivo para economizar.” No cayeron en cuenta que debilitaban la democracia empleando el poder para la expoliación.

La economía de Demo languidecía y los servicios públicos eran deficientes, incluidos los servicios de defensa y seguridad nacional. Un forastero que pasaba por Demo le contó a los angustiados demoltecos que en su país natal, Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaba una reducida base de 704,553 contribuyentes activos. Es tan solo el 4.7 por ciento del total de los guatemaltecos, explicó el forastero, porque en Guatemala hay una economía informal gigantesca. Sería más estable y sano contar con una amplia base de contribuyentes, concluyeron los atentos demoltecos. Lo que es más, narró el chapín, la SAT no trata como evasores a los miles de trabajadores no registrados, pero sí persigue, justa o injustamente, a algunos de los contribuyentes activos. Unos enfrentan juicios y son encarcelados por evasión.

Un forastero rubio y alto se rió. Exclamó, “¡Eso no es nada!”. Concedió que la base tributaria en su país, Estados Unidos, es más amplia que en Guatemala, pero su preocupación era otra. En un estudio publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), el estadounidense leyó que el ejército involucrado en el cobro de impuestos es tres veces más grande que las Fuerzas Armadas. Cada año, los tributarios invierten 8.9 mil millones de horas en completar formularios de impuestos; es como si 4.3 millones de personas trabajaran todo el año, tiempo completo, dedicados exclusivamente a esta tarea. Enojado, el extranjero rubio agregó que la Tax Foundation estimaba el costo anual del papeleo por impuestos federales en U.S.$ 409 mil millones.

Bastaron las historias y la experiencia para convencer a los demoltecos de enmarcar las políticas fiscales dentro de un marco constitucional. Demo adoptó la norma recomendada por Dan Mitchell, según la cual la economía privada debe crecer más que el sector público. De lo contrario, el gobierno se comporta como los peces dorados, que teniendo acceso a ilimitada comida, comen hasta morir.

Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2016 en la revista Contra Poder y el CEES.

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Mandantes y exigentes

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El equipo de Libertópolis usa la palabra mandante cuando se refiere al ciudadano promedio. En nuestra calidad de votantes, delegamos el poder en quienes temporalmente hacen gobierno, no para que hagan lo que les apetezca, sino para que hagan nuestra voluntad.

Yo raramente me siento mandante. La mayoría de los guatemaltecos llevamos una existencia alejada de la clase política. Ni siquiera cuando los políticos se esmeran por captar más votos, durante el tiempo de campaña, intuyo que me coquetean. En parte se debe a la naturaleza del juego. Es imposible satisfacer siempre a todos, porque no coincidimos en cuestiones como el monto ideal para el salario mínimo, la forma adecuada de educar a nuestra juventud o cuáles deben ser las prioridades del Ministerio Público. El proceso electoral nos recordó que la participación en eventos cívicos no se traduce instantáneamente en el resultado anhelado. El candidato de nuestra predilección puede perder y el Congreso puede aprobar leyes que consideramos dañinas. Aunque junto con los organismos internacionales y los gobiernos prestamistas, los tributarios financiamos la fiesta, en la práctica no escogemos ni a los invitados, ni la música, ni la comida servida.

El año pasado, vivimos unos días en que gloriosamente percibíamos recobrar el control como mandantes. Se logró la renuncia y encarcelamiento de altos funcionarios, símbolos de corrupción y abuso de poder. Aunque sea un gigantesco paso, el hecho que los mandantes, con mucho esfuerzo, seamos capaces de hacer rodar cabezas no resuelve el problema del fondo.

¿Habrá una forma de garantizar el buen comportamiento de los funcionarios electos que no requiera llevar al país al borde de la zozobra, y que se traduzca en una razonable satisfacción de los mandantes?

Primero, debemos recuperar control del gasto público. ¿Qué pasaría si las dependencias estatales administraran sus presupuestos como lo hace una empresa comercial, siguiendo estrictos estándares de contabilidad? Podríamos entonces medir su desempeño con base en resultados concretos. Podríamos aprehender los derroches y los errores. Recompensar a los funcionarios por cuadrar los egresos con los ingresos, y hasta generar ganancias, los obligaría a buscar la eficiencia en su gestión. Los gerentes procurarían estirar al máximo sus asignaciones presupuestarias, como se acostumbra en el mercado económico. Eso se traduciría en un cuidado mayor de nuestras contribuciones al fisco. Hemos insistido por años en una constitución fiscal con reglas prácticas, duraderas y estables, por el rigor que dichas normas imprimen al Gobierno.

Hoy ciertos guatemaltecos están dispuestos incluso a pagar por una plaza pública. Compran la inamovilidad en el cargo y un chorro constante de ingresos, así cumplan con sus obligaciones o no. Nos afligen las planillas onerosas, el peso de la mediocridad, y las plazas fantasmas. Incluso los presidentes y ministros están maniatados por los pactos colectivos y por rígidas trabas. Una segunda forma de mejorar los incentivos en beneficio de los mandantes, es promoviendo el servicio civil por contrato, por un tiempo definido, sujeto a renovación con base en mérito. No hablamos aquí de usar estructuras paralelas que se suman a la planilla pétrea, sino de unificar, simplificar y transparentar las reglas para todos el servicio civil. Así tendrían efecto las revisiones periódicas del trabajo realizado, las metas de corto y mediano plazo, e incluso las recompensas a empleados ejemplares. La agilidad y apertura son rasgos que pueden poseer los mercados laborales estatales tanto como los privados.

Centremos nuestra atención en instaurar tales reglas que no importe si el cargo público es ocupado por un ángel o un diablo. Pedro y Perico de los Palotes ajustarán su actuar a incentivos que los impulsan a cumplir con sus obligaciones para con los mandantes, sin despilfarrar nuestros tributos.

Este artículo fue publicado el 15 de enero del 2016 por la Revista Contra Poder y el CEES.

No votamos nulo

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El voto nulo se ubica entre los grandes perdedores de la competencia electoral realizada el 6 de septiembre.

Son votos válidos el 90.81% de los votos emitidos el 6 de septiembre, con base en los resultados que arrojaban casi la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En la contienda para elegir al binomio presidencial, únicamente 4.18% de los votos emitidos fueron nulos, y 5.01% fueron votos en blanco. Es poco dramática la diferencia entre estos resultados y los de procesos electorales anteriores. En las elecciones del 2011, el voto nulo sumó 4.24% del total y el voto en blanco fue de 7.61%; en las elecciones del 2007 se emitieron 5.74% votos nulos y 3.57% votos en blanco; en 2003, se depositaron 4.75% votos nulos y 3.88% en blanco.

El alza en los votos nulos tendría que haber sido espectacular, dadas las múltiples campañas que activamente promovieron esta opción. Además de pegar carteles en espacios públicos, algunas organizaciones usaron blogs y etiquetas en las redes sociales, tales como Revolucióninteligente#unmovimientoconsciente, Todos por el voto nulo, #nohayporquienvotar y Yo voto nulo. Esta postura fue defendida por personas de distintas ideologías. Mis amigos Ricardo Rivera y Marta Yolanda Díaz Durán motivaron el voto nulo como señal de protesta. Marta Yolanda enfatizó que falsean sus preferencias quienes emiten un voto de rechazo o se decantan por el “menos peor”. Marco Antonio Garavito, psicólogo social y catedrático de la USAC, calificó el voto nulo como una “oportunidad para replantear el sistema fallido”. El abstencionismo, sumado a abundantes votos nulos, expresarían la indignación ciudadana y deslegitimizarían al sistema político, pronosticó Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac).  El Movimiento Semilla, a su vez, formalmente llamó a suspender las elecciones para establecer un gobierno de transición. Incluso se rumoró que, al evidenciarse la caída en las encuestas de Manuel Baldizón, los partidos políticos Líder y Corazón Nueva Nación trocaron sus vallas rojas por vallas con el lema “¡En estas condiciones no queremos elecciones!”. En pocas palabras, se invirtieron recursos humanos y financieros en esta plataforma.

Días antes de las elecciones, en su columna El pequeño gran país, Samuel Pérez imaginó un glorioso boicot de las elecciones orquestado por los voluntarios y funcionarios del TSE, conjuntamente con los votantes. Si este es el sueño dorado de Pérez, ¿será la realidad su peor pesadilla? Porque lo que se produjo fue una afluencia masiva en casi todos los departamentos del país.

Un 70.28% de los ciudadanos empadronados acudieron a las urnas el domingo y, como ya se observó, la gran mayoría de éstos emitieron votos válidos, excepto quizás en lo que respecta al Parlamento Centroamericano. Se superó así la presencia en la primera vuelta en las tres elecciones generales previas, donde el porcentaje de empadronados que participó ascendió a 57.9%, 60.2%, y 69.38%, respectivamente.

Comprendimos que bajo las reglas del juego actuales, los votos nulos ni castigan ni premian a los candidatos. Si 50 de 100 electores anulan su voto, el resultado lo fijará la mitad restante. Quienes votan nulo son llanamente invisibles.

Los ciudadanos, motivados por los efectos de las pacíficas manifestaciones recientes, encontramos más lógica en el llamado #VotarEsManifestar que en el llamado a deliberadamente anular nuestro voto o a abstenernos. Al favorecer a candidatos no tradicionales para ocupar la presidencia, las alcaldías y el Congreso, enviamos un mensaje en contra de la corrupción a la clase política. Los nuevos diputados deberán contemplar reformas al sistema electoral, entre ellas la conveniencia de redefinir el peso de los votos válidos y los votos nulos.

Este artículo fue publicado el 11 de septiembre del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES. He corregido un error de la versión original.

 

 

 

¿Golpe o elecciones?

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El naufragio de la Administración Pérez-Baldetti alineó los intereses de los futuros gobernantes con los del gobernado a favor de la transparencia. 

Un gobierno en ruinas sugiere la posibilidad de posponer las elecciones generales e instalar un gobierno de transición. Tal extremo equivaldría a dar un golpe de Estado técnico.

Los procesos entablados contra políticos acusados de cometer actos criminales desató una tormenta pero no creó una crisis institucional: se han seguido pasos especificados en ley. El nombramiento del doctor Alejandro Maldonado como vicepresidente así lo demuestra. Sospecho que los guatemaltecos veríamos pocos efectos en nuestra vida si llegara a faltar Otto Pérez. ¿Se acuerda del llamado secuestro (sequestration) del presupuesto federal del gobierno de Estados Unidos? El Presidente Obama advirtió que el paro del gobierno federal causaría estragos en la cotidianeidad estadounidense, pero nada pasó.

Nuestra legislación ordena la alternancia en el poder mediante la realización de elecciones generales cada cuatro años. La convocatoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral y la inscripción de aproximadamente 30 mil candidatos se ajustan a las normas. No así un triunvirato o gobierno de transición.

¿Quién nombraría a los líderes, por cuánto tiempo y sobre qué bases? ¿Qué poderes tendrían? ¿Concedería esta medida a personajes de izquierda un poder que no conquistan mediante el voto? Al ceder poderes arbitrarios a un grupito de “intelectuales iluminados” o “déspotas benévolos”, ellos podrían imponer las políticas públicas que les apetecen sin consulta, al margen del escrutinio ciudadano. Cualquier iniciativa para refundar la patria y alterar la Constitución, incluso si se trata de una modificación parcial, exige una consulta popular.

Tal triunvirato tendría que hacer cogobierno con el Congreso actual. La próxima asamblea legislativa tiene más posibilidades de aprobar reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a otras leyes que regulan la administración pública, aún si un porcentaje de los diputados actuales son reelectos. No sólo porque tendrán más tiempo y podrán debatir propuestas bien formuladas, como la iniciativa electoral presentada por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sino porque a raíz de lo ocurrido al binomio Pérez-Baldetti, enfrentarán fuertísimos incentivos para preferir la transparencia. El desprestigio que acarreó el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder, solamente puede subsanarse haciendo cambios profundos. Y estos cambios serán legítimos si se producen dentro de las reglas establecidas.

Ciertamente, los candidatos que hoy compiten por el poder son imperfectos. Describe nuestro sentir la caricatura que ilustra nuestras opciones como una posa de tiburones, otra de cocodrilos y un vacío desconocido. Tendremos que hacer un concienzudo tin marín de dos pingüe entre las opciones disponibles. Pero también es verdad que el menú no mejoraría dramáticamente si aplazamos la decisión. La mayoría de los conciudadanos que se postulan a cargos gubernamentales llevan años preparándose para llegar al poder. No emergerá por arte de magia una oferta más calificada. La calidad de la oferta política mejora en el largo plazo con la sostenida fiscalización ciudadana y con la aprobación de reglas del juego que alineen correctamente los incentivos de los políticos.

“El espectáculo debe continuar” significa, en el mundo de la farándula, que la función de teatro o circo debe presentarse contra viento y marea. Si se enferma la actriz principal o se fuga el conductor de la orquesta, los responsables de la función evitan el pánico y honran el compromiso contraído con los espectadores. Eso esperamos del Tribunal Supremo Electoral: llevar a cabo las elecciones generales del 2015 precisamente para resguardar la institucionalidad.

Este artículo fue publicado el 28 de agosto del 2015 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto adaptada de fotos subidas a las redes sociales por familiares.

 

 

800 años de libertades constitucionales

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La Magna Carta de Inglaterra fue suscrita el 15 de junio de 1215. Por vez primera, un contrato social, una Ley, estaba por encima del poder temporal y de los hombres. 

Celebramos el 800 aniversario de la constitución inglesa debido a su impacto en la sociedad moderna. La Magna Charta Libertatum asentó, quizás por vez primera, la libertad individual. Cuenta Daniel Hannan, representante británico ante el parlamento europeo, que el acuerdo se pactó a orillas de un río al sur de Inglaterra, en Runnymede. (The Wall Street Journal, 29-V-2015) Los obispos y nobles que obligaron al rey Juan sin Tierra (Sans-Terre) a reconocer las libertades a los hombres libres (free men) querían afianzar sus privilegios. Los nobles, que constituían apenas la séptima parte de la población, ya poseían derechos: el rey los reconoció. Juan se comprometió a no confiscar sus bienes y a no encarcelar ni matar a alguien sin que antes fuera juzgado por sus pares. Es decir que no usaría más su poder para inventar reglas a su antojo.

La llamaron Magna Carta por su extensión y no por su trascendencia, ignorada por sus autores. Sin embargo, gracias a esa histórica renuncia al uso del poder arbitrario, quienes hoy vivimos en regímenes políticos abiertos y constitucionales contamos, en mayor o menor grado, con periódicos no censurados, la igualdad ante la ley, derechos de propiedad reconocidos y garantizados, habeas corpus, elecciones regulares, libertad de religión y de culto, libertad de asociación, contratos inviolables, y juicios en tribunales.

La constitución adquirió nuevas dimensiones tras la colonización de América, pues los ingleses que arribaron al Nuevo Mundo reinterpretaron su alcance. Los británicos sostenían que la Magna Carta colocaba al parlamento por encima del monarca, mientras que en las nuevas colonias se asumió la primacía de la Ley sobre el parlamento y el rey. En 1687, William Penn explicó que este documento distinguía a los ingleses del resto del mundo, porque en la mayoría de naciones, “el príncipe es la Ley, su palabra decapita a cualquiera, promulga impuestos, o confisca la tierra de un hombre…”. Los ingleses nacen con derechos fundamentales, agrega Penn, pues tienen libertades de las cuales no pueden ser privados sin su consentimiento.

Hannan hace hincapié en un hecho ignorado: la revolución americana contra la corona era esencialmente patriótica. Cuando exigían que debían contar con representación en el parlamento como una condición previa al cobro de impuestos, los rebeldes reafirmaban sus libertades plasmadas en la Magna Carta. Era el Rey Jorge III quien se había apartado del espíritu de la constitución, y por consiguiente, merecía la etiqueta de tirano.

La Magna Carta no inventó la libertad, ni fundó la primera democracia, ni fue la primera constitución. Ya los egipcios y los sumarios habían codificado leyes y los griegos habían experimentado con la democracia. Su originalidad descansa en caracterizar la libertad de la persona como superior y anterior al Estado, en amarrar la libertad con la propiedad privada, y en afirmar la “libertad bajo la ley”.

Tomemos nota, guatemaltecos. Las manifestaciones cívicas comulgan con el sentir de la Magna Carta inglesa pues rechazamos la tiranía: el uso arbitrario del poder para robar y confiscar nuestros tributos y bienes. Nuestra Constitución, que dista mucho de ser perfecta, no es la causa de la deleznable corrupción. Los voraces corruptos más bien desacatan la legalidad, nublados por sus poderío temporal. No nos dejemos robar este momento. De una Asamblea Nacional Constituyente integrada por diputados partidistas podemos esperar cualquier cosa, menos una constitución de principios generales, abstractos e impersonales. No le demos cancha a agendas que devalúen nuestra constitución y reduzcan nuestras libertades, en lugar de fortalecerlas.

Este artículo fue publicado el 5 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La ilustración fue tomada del sitio http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2015/04/magna-carta.jpg 

NOTA: una mejor alternativa es la reforma parcial de la constitución para el sistema de justicia, la Propuesta de Acuerdos de Seguridad (PAS). ¡Examínela!

 

Corrupción en Guatemala y Venezuela

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La visita de empresarios venezolanos a Guatemala coincidió con el anuncio de las capturas por corrupción en la SAT y las aduanas. ¿Qué une estos eventos?

La compleja red de defraudación aduanera que involucra a funcionarios públicos nos sorprendió menos que la captura de veintiún personas por su presunta vinculación con La Línea, como se llama la organización criminal. No esperábamos ver a figuras como Omar Franco y Carlos Muñoz en esposas, pero todos sabíamos que dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas había corrupción. La Administración Pérez anunció que la combatiría. Se aprobó una nueva Ley Nacional de Aduanas en el 2013 y se ordenó a miembros del ejército y la PNC que vigilaran las operaciones en dichas entidades. Estas publicitadas medidas no obstante, millones de quetzales destinados al erario público se han desviado a cuentas personales; Acción Ciudadana describió la corrupción como una “enfermedad viral” a principios de año.

En paralelo, los venezolanos Marcel Granier y Luis Alfonso Herrera hablaron sobre la podredumbre dentro de su gobierno y la erosión de las libertades civiles de las cuales han sido testigos. En un panel foro organizado por la Universidad Francisco Marroquín, advirtieron que el trágico deterioro experimentado por Venezuela puede repetirse en cualquier nación latinoamericana. Granier, presidente y Gerente General de Radio Caracas Televisión (RCTV) y 1BC, ha vivido en carne propia la censura contra los medios de comunicación independientes por parte del represivo régimen bolivariano. Herrera, abogado y filósofo asociado al tanque de pensamiento CEDICE, describió cómo al irrespetar los derechos de propiedad privada, se violan también las otras libertades individuales.

Si en Venezuela falta papel de baño y otros insumos básicos, es realmente debido a la destrucción del mercado, así como a la lenta muerte de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Herrera comentó que en Venezuela no hay expropiaciones enmarcadas por el derecho, sino expoliación antojadiza. Al identificar la democracia con programas redistributivos populistas, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad.

Explicaron los expositores que en un principio, la ciudadanía no se percató del peligro que corría. Unos permanecían apáticos a los abusos contra otros. Se adaptaban para mantener su estilo de vida. El viciado modus operandi va atrapando nuevos cómplices que por tener la cola machucada y por proteger sus intereses, no denuncian lo que ocurre ni promueven reformas. Además, las autoridades hacen gala de la legalidad de su ilegítimo actuar, ya que han ido cambiando la constitución y las leyes para hacer caber sus desmanes, al tiempo que criminalizan actos cotidianos, antes libres, como vender, comprar, opinar y educar.

Es famosa la frase de Lord Acton sobre la corrupción asociada con el poder absoluto, pero casi nunca se cita la oración siguiente: “Los grandes hombres casi siempre son malos hombres, aún cuando ejercen influencia y no autoridad; todavía más cuando agregas la tendencia de la certeza de la corrupción por la autoridad”. Mientras las complejas burocracias y los reglamentos permitan a las autoridades tomar posesión de bienes ajenos, no importa quién asuma el poder. Con probabilidad se corromperá. Los excesos en la SAT, las aduanas y en los despachos del gobierno revolucionario bolivariano no cesarán cuando los cargos sean ocupados por personas éticas. Hace falta implantar reglas que prohíban los abusos inclusive a los pícaros.

A mayor libertad, menos corrupción. Entre más sencillos y claros sean los impuestos y los trámites aduaneros, menos corrupción. ¿Porqué? Porque es más fácil fiscalizar a las autoridades y porque el poder está disperso.

Este artículo fue publicado en la edición electrónica de la Revista Contra Poder el 20 de abril del 2015.

Tomé la fotografía que acompaña este artículo en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, el miércoles 15, durante el Foro de Libertad de Expresión y Propiedad Privada organizado por el Centro Henry Hazlitt. Los panelistas que aparecen en la foto son Marcel Granier y Luis Alfredo Herrera, ambos de Venezuela.

La propuesta de Correa

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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso a los guatemaltecos adoptar el socialismo del siglo XXI en un discurso dictado durante el V Foro Regional Esquipulas. Aquí comparto lo que me gustó y disgustó de su discurso.

Pese a la prosa poética y adulatoria con que Rafael Correa adornó sus palabras, éstas fueron claras y sustanciosas, alejadas de la vacía verborrea demagógica que caracteriza a otros políticos latinoamericanos. Es de admirar la dicción y gracia del orador.

Resulta imposible en este espacio desmenuzar la totalidad de la alocución, pero detecté, para mi sorpresa, que comparto por lo menos tres premisas y tres propuestas. Es cierto que en América Latina, las instituciones sociales, políticas y económicas han tendido a privilegiar a unos y excluir a otros. Es decir, el acceso a los círculos de productividad y riqueza ha sido restringido artificialmente. También es verdad que para el desarrollo es más importante el capital humano que los recursos físicos. Sin embargo, son las economías abiertas las que potencian el capital humano y crean riqueza, no así el socialismo. La tercera hipótesis acertada es que la mentalidad de víctima que plaga nuestras culturas retrasa el progreso. Correa hizo además tres recomendaciones de políticas públicas sensatas en lo que respecta a la guerra contra las drogas, la explotación de los recursos mineros y el necesario escepticismo con relación a los espejitos que nos venden algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, Correa reveló porqué rechaza lo que él denomina despectivamente la ideología neoliberal. Se apropia de la tesis del economista John Kenneth Galbraith, a quien citó en su discurso. En su libro Capitalismo americano (1952), Galbraith recomienda compensar o balancear el poder del mercado con el poder del gobierno. Dejados a sus anchas, los agentes económicos acumulan poderes “masivos” y excesivos, en perjuicio de los obreros y los consumidores. Por eso, Galbraith y Correa concluyen que es tarea del gobierno regular los mercados, imponer salarios “dignos” e implantar otras medidas supuestamente beneficiosas. Correa incluso habló de redefinir drásticamente los derechos de propiedad privada, uno de los fundamentales derechos individuales.

El poder económico, no obstante, es muy distinto del poder político. El gobierno ostenta, tanto en una democracia como en una dictadura, el poder monopólico para coaccionar a los ciudadanos adultos. Las autoridades pueden encarcelar a quien evade impuestos. Un empresario recurre a la persuasión y no a la fuerza para convencernos de consumir sus productos. Entre más libre y más competitiva sea una economía, más disperso está el poder entre los millones de consumidores y oferentes. Los actores económicos sólo logran imponerse cuando tienen acceso al poder político. La exclusión en América Latina origina en la arena política: las prebendas se otorgan a los allegados y amiguetes del gobernante. Sustituir a unos privilegiados por otros no resuelve el problema, sólo apila injusticia sobre injusticia.

Invocar el poder monopólico del gobierno para intervenir el mercado es peligroso. La función del gobierno debe ser velar por el Estado de Derecho que viabiliza la cooperación social en armonía. Jugar a Dios dirigiendo los destinos de cada ciudadano inevitablemente confronta intereses, en lugar de cosechar el bien común, tal y como lo entiende un iluminado déspota como Correa. Así como los organismos internacionales, que son entes políticos, se equivocan, así también los políticos toman decisiones para maximizar votos y otros cálculos de interés propio, no por consideraciones técnicas ni sociales. Sería mejor abrir de par en par el acceso a los productivos círculos de intercambio a quienes han sido históricamente excluidos de los mercados domésticos e internacionales.

Este artículo fue publicado el 29 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.