Una elección es una elección

Elections

Los actores en un proceso electoral actuarán conforme a los incentivos que enfrentan, incluso cuando se trate de elegir a los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.

¡La campaña de Guatemala Visible acertó! Los guatemaltecos no queremos candidatos (o magistrados) mafiosos, partidarios, influenciables, nepotistas, negociadores y con vínculos al narcotráfico. ¿Cómo alcanzamos ese resultado? A veces esperamos que si los involucrados poseen una información completa y obran con inteligencia, racionalidad y altruismo, cosecharemos el deseado desenlace.

Algunos auto-proclamados fiscalizadores de los procesos en el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo, están insatisfechos con ciertos finalistas. Hasta el imprudente embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mostró desprecio por la selección de unos magistrados. ¿Cabría concluir, entonces, que los electores de las entidades mencionadas son tontos, apáticos o corruptos, porque los candidatos favorecidos no coinciden con el perfil ideal?

Eso parece opinar Iván Velásquez de la CICIG, si uno analiza las entrevistas que concedió a Siglo 21. Él esperaba que los votantes asumieran “con compromiso el papel que les corresponde”. ¿Cómo sabemos cuando alguien está comprometido? ¿Debe lealtad al proceso mismo, a unos principios enunciados o implícitos, a la línea programática de la CICIG, o a otro criterio? No podemos meternos en las cabezas ajenas para calificar sus mecanismos de toma de decisión. Podría lucir más sensato el plumazo impulsivo de Pablo que la deliberación estudiada de Fito. Adicionalmente, las elecciones agregan las preferencias disimiles de los electores, y no es cierto que las mayorías sean inadvertidamente sabias.

Velásquez ve estas dinámicas a través de unos lentes románticos, porque criticó el “gran derroche de recursos que de pronto se ven en las campañas” para los puestos llenados por el Colegio de Abogados. El jefe de la CICIG cree que “debía ser el acto democrático de elección, simple y pura de los abogados que se acercan a su colegio a depositar el voto por su candidato, sin más parafernalia…” Sólo gana una elección democrática quien saca la mayoría de votos. Si dos o más personas compiten por acceder a un único puesto, lógicamente harán campaña. Las reglas del juego obligan a los candidatos a preocuparse por su popularidad e imagen. Por otra parte, años de estudios universitarios y experiencia profesional no transforma a los abogados y juristas en votantes superiores. Como cualquier mortal, los abogados tienen mil cosas que hacer que rivalizan con un escudriño exhaustivo de la trayectoria de los contendientes. Se dejarán persuadir por frases, promesas y vallas. Lo que es más, serán “partidarios” al elegir al postulado que estudió en la misma universidad que ellos, o que comparte su ideología.

Es de esperar la conformación de facciones que compiten por hacerse del poder, precisamente porque el poder sirve para atender los intereses de los miembros de la propia facción. La búsqueda de rentas es producto de las reglas: cada magistrado titular y suplemente “representa” a un grupo o facción. Cuando la Fiscal General Thelma Aldana pide a sus magistrados electos que se separen de quienes les apoyaron para responder únicamente a la Constitución Política, demuestra que entiende las presiones que se ciernen sobre los magistrados electos.

En otras palabras, la forma en que organizamos la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad adolece de incentivos perversos y otros incentivos connaturales a las carreras competidas, definidas por la agregación de votos. ¿Existirán reglas para conformar la Corte de Constitucionalidad más adecuadas para institucionalizar el anhelado Estado de Derecho?

Este artículo fue publicado el 11 de marzo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

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¿Podemos elegir imparcialmente a funcionarios públicos?

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Preocupa la politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

El proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desató un encendido debate nacional…otra vez. La discusión es la comidilla de abogados que citan leyes aparentemente contradictorias o por lo menos, sujetas a interpretación, dejando perplejo al ciudadano atento. Los señalamientos empezaron desde que se conformó la Comisión de Postulación encargada de someter al Congreso de la República una nómina para la selección final de los magistrados. ¿Procede la suspensión de la elección por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC)? ¿Esta decisión implica un “borrón y cuenta nueva”? ¿Es ilegal que los magistrados salientes permanezcan en su puesto? ¿Se usarían las mismas reglas si se repite el proceso? ¿O hay que reformar la mecánica para elegir magistrados? ¿Qué efectos positivos y negativos tendrá la quijotesca denuncia hecha por la reelecta magistrada, Claudia Escobar? ¿Qué implicaciones tiene para el país que la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, señalara que la elección no se apegó a estándares internacionales y que debía repetirse?

Aunque no podamos responder a las preguntas anteriores, nos queda claro que las reglas actuales cosechan resultados sub-óptimos. Queremos magistrados éticos, independientes y capaces, alejados del vaivén partidista; queremos confiar en los mecanismos establecidos para elegir a dichas figuras públicas. El barullo confirma que fracasamos en alcanzar las dos metas, y nos rememora vivencias pasadas, también tildadas de viciadas, que involucran a Comisiones de Postulación.

Cada vez dimensionamos mejor la dañina politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. La Constitución de 1985 estableció este mecanismo con la expectativa que los profesionales alejados del mundo político contribuiría a la selección de candidatos idóneos. Pero la estrategia de involucrar en la decisión a ciudadanos probos e informados no resultó mucho mejor que la designación a dedo. Los bien intencionados promotores de las comisiones no anticiparon la actividad de búsqueda de rentas asociada a las reglas del juego.

El análisis económico de las decisiones públicas advierte que mientras las personas perciban que pueden usar medios políticos para conseguir beneficios personales, existirá la búsqueda de rentas. Y que empobrece a la sociedad la inversión que hacen los ciudadanos para acceder a esas ventajas.

Son poderosos los servidores públicos como el Contralor General de Cuentas, el magistrado y el Fiscal General. Pueden hacer favores a unos y dañar a otros. Los primeros interesados en influir sobre el proceso son quienes ambicionan ocupar el cargo; ellos promueven sus candidaturas políticamente. Además, suponiendo que yo quiero proteger mis intereses por la vía política, me convendrá sellar una amistad con dichos funcionarios. Intentaré influir en la cadena de decisión: en los electores de los integrantes de la comisión, en las deliberaciones de la comisión y, en este caso, en los diputados al Congreso que tienen la última palabra. Siempre es posible acercarme a la figura que ya fue electa, pero es tanto mejor comprometer sus lealtades antes de que asuma el cargo.

Dos formas de reducir la búsqueda de rentas son: a) guardar en secreto los nombres de los electores y b) reducir el poder discrecional del elector. Dado que el recurso al secreto parece reñir con la transparencia, debemos centrar atención en la segunda alternativa. Ello implica fijar estándares objetivos de calificación, pero además ensayar con reglas imparciales, como por ejemplo sacar los nombres de candidatos competentes de un sombrero, al azar.

Este artículo salió publicado el 17 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y CEES.