¡Ganó Brexit!

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Los sorprendidos eurócratas predicen el caos total, luego de que los votantes británicos optaran por desvincular a su país de la Unión Europea.

La mayoría de los más de 30 millones de votantes que acudieron a las urnas el 23 de junio prefirió “Brexit” (el amalgama de Britain y exit, o salida) a permanecer dentro de la Unión Europea (UE). ¿Se hizo haraquiri el Reino Unido, o saldrá fortalecido en un futuro próximo?

Confunde el hecho que coaliciones multipartidistas y variopintas abogaron por cada alternativa. Ambos bandos mezclaron argumentos válidos con cantaletas populistas. El Reino Unido es el primer estado-nación en retirarse del grupo de ahora 27 países. Únicamente los habitantes de Groenlandia, un territorio danés, habían tomado similar determinación en 1982. Brexit generó incertidumbre. Desató un pánico financiero que podría ceder frente a la lenta transición. Pasarán meses antes de que se nombre al sucesor de David Cameron, quien renunció al cargo de primer ministro luego de protagonizar una campaña por permanecer dentro de la UE. Al sucesor corresponderá iniciar el proceso separatista, invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Pero el gobierno británico podría también desacatar el mandato, convocar a otro referendo y arrastrar los pies. La futura relación entre Gran Bretaña y la UE será negociada con la burocracia en Bruselas: permisos, barreras, regulaciones, impuestos y más serán minuciosamente discutidos en los años venideros. No sabemos qué sapo-culebra saldrá de esas pláticas.

En contraste, la victoria del Brexit refleja claramente el descontento ante la situación económica y las tendencias migratorias. Los británicos consideran excesiva la inmigración neta a su país, estimada en 330,000 durante el 2015 por Migration Watch UK. Aunque la población islámica ya superó los 3 millones y el Islam es la segunda religión más practicada en Inglaterra, el asunto es más económico que religioso, racial o cultural. La evidencia es escasa, pero los británicos asocian el desempleo con el influjo de personas desde la UE. Adicionalmente, en el 2015 el Reino Unido aportó US $ 17.25 mil millones de dólares al presupuesto de la UE, pero solamente recibió de vuelta US $ 5.97 mil millones en inversiones. La UE es vista como un impedimento costoso para decidir sobre asuntos nacionales apremiantes. La popular frase de la campaña pro salida, “toma control”, lo resume acertadamente.

La teoría del Public Choice se inclina por reducir el tamaño del grupo elector para tomar decisiones en democracia. Por eso he promovido la descentralización y el fortalecimiento del poder local. La cercanía de un representante con sus votantes mejora las perspectivas de que responda a sus preferencias. Desde la lejana Bruselas, llegan noticias de escándalos de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que plagan a la burocracia supranacional de alrededor de 170,000 funcionarios. Nick Cosgrove, un analista de Open Europe, dice que los eurócratas impactan la vida del europeo promedio regulando desde la electricidad hasta los alimentos, pese a no ser “electos y no responder a los ciudadanos ordinarios”.

Devolver el poder de decisión a los políticos británicos no necesariamente constituye un rechazo al libre comercio. Gran Bretaña difícilmente cerrará sus puertas a Europa, su principal mercado, o al resto del mundo. Constituir un mercado único sin fronteras fue el propósito expreso de organizar la UE; le tomó décadas convertirse en un mercado altamente regulado y protegido vis-a-vis otros continentes. Inglaterra ya practicaba la apertura comercial desde antes de 1999. Luego de Brexit, Gran Bretaña podrá negociar acuerdos bilaterales de libre comercio más ágilmente que la UE.

Ante todo, Brexit es un histórico grito para contener el prepotente dominio de una pesada y paralizante eurocracia.

Este artículo fue publicado el 8 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

**Luego de publicarse este artículo, Therese May fue electa como Primer Ministro en sustitución de David Cameron.

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La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Olas mediáticas

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Contrastan los dos documentos que hicieron olas gigantes a nivel mundial la semana pasada: los Panama Papers y la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.

Los Panama Papers se elaboraron a partir de bases de datos y archivos filtrados, obtenidos ilegalmente. Es un saco roto armado por varios periodistas y huele a conspiración, chismorreo y voyerismo. Es controversial hasta el oculto financista de la investigación: señalan al gobierno de Estados Unidos, a George Soros, o al ministro de finanzas de Alemania… Dado que en la mayoría de países es perfectamente legal constituir empresas off shore, la tarea pendiente es detectar la cizaña entre el trigo sano: identificar a los gobernantes y sujetos corruptos que esconden dinero mal habido. Sin embargo, se aborda con tanto alarmismo el asunto que arroja sospecha sobre todo lo financiero y comercial. Los “expertos” y los mismos políticos no tardaron en demandar más regulaciones y prohibiciones, entre ellos el fin del secreto bancario. En última instancia, empobrecerán aún más a los ciudadanos comunes.

Además de coincidir en el tiempo, los Panama Papers se parecen a Amoris Laetitia en tres aspectos. Primero, la exhortación apostólica es producto de una colaboración que abarca dos Sínodos de Obispos sobre la familia, realizados en el Vaticano en el 2014 y 2015, y deliberaciones locales. Segundo, diagnostica la corrupción, en este caso de la familia en la sociedad moderna. La tercera similitud tiene que ver con el manejo de la noticia. Al fijar su atención en polémicas como las uniones del mismo sexo y el divorcio, los reporteros generan malos entendidos y lagunas de información, provocando reacciones contraproducentes.

Los parecidos palidecen frente a las diferencias. El Papa Francisco refrenda el trabajo de cientos de pastores informados por sus estudios y vivencias. El tono de Amoris Laetitia es comprensivo, conciliatorio y esperanzador, no acusatorio. El documento reitera las claras enseñanzas magisteriales sobre el matrimonio y la familia, y recomienda un seguimiento pastoral para cada matrimonio concreto, tomando en cuenta factores culturales particulares.

La familia enfrenta desafíos, afirma el Papa Francisco a lo largo de nueve capítulos y 300 párrafos. La violencia y el abuso de menores, la migración, la cultura pro aborto y eutanasia, la ideología de género y la “descomposición jurídica” de la familia son solamente algunos de los peligros listados. Y es que las familias están compuestas por personas falibles que aman y sufren. Cuando aprehendemos a la familia como un núcleo dinámico y complejo, desdeñamos los impulsos contrapuestos de extinguir la institución natural, por un lado, o de someterla a inflexibles reglas, por el otro.

Jesucristo “proponía un ideal exigente”, subraya el pontífice, pero “nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera.” La Sagrada Familia no es la única capaz del ideal, porque nosotros contamos con la gracia y los sacramentos que nos fortalecen, así como con el acompañamiento de la Iglesia. Las familias que exhiben problemas y carencias pueden cultivar el amor profundo, el respeto y la estabilidad.

La comparación entre Amoris Laetitia y los Panama Papers puede ofender, pero me extiendo en esta osadía otro rato. Nosotros, a la vez receptores de las noticias, miembros de familias, y empresarios o trabajadores, aprendimos algo del embravecido mar de la opinión pública. Al confrontar noticias como éstas, podemos emular a la Iglesia en su amor a la verdad, prudencia y empatía. Podemos leer directamente los documentos y escarbar más, para no caer en engañosas o precipitadas conclusiones. Además, debemos dimensionar las consecuencias de mediano y largo plazo, intencionadas y no intencionadas, de nuestras opiniones y de nuestros actos.

Este artículo fue publicado el 15 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

Amiguismo

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La opinión pública exige capturas de empresarios corruptos, pues no basta con encarcelar a los funcionarios públicos involucrados en actividades criminales.

¡Que rueden las cabezas de empresarios! El grito brota de bandos aparentemente opuestos. Gritan quienes desdeñan lo económico, por considerarlo inevitablemente mundano, sucio, o explotador. Y vociferan quienes lamentan que la mala conducta de algunas personas desencadene el rechazo de los mercados libres.

Los empresarios y los funcionarios públicos que abusan del poder para enriquecerse ilícitamente desprestigian tanto la actividad política como la empresarial. Hoy se habla de un sistema de capitalismo crony, amiguismo, o capitalismo de amiguetes o compinches. Incluso aparece una definición en Wikipedia: “describe una economía en la cual el éxito empresarial depende de una relación cercana entre los empresarios y los funcionarios públicos. Puede exhibirse en el favoritismo al distribuir permisos legales, ayudas gubernamentales, exoneraciones de impuestos y otras formas de intervencionismo estatal.” El ubicuo mal ataca tanto a economías desarrolladas como a economías en vías de desarrollo.

¿Hay amiguismo en Guatemala? Claro que sí. Allí donde el gobierno y el mercado se intersectan, no acumulan riqueza quienes realmente lo merecen por su arduo trabajo, afán de servicio, destrezas mercantiles, manejo transparente de los recursos, eficiencia o competitividad. Se enriquecen quienes pueden manipular el poder del estado, y lo hacen a costa de actores económicos honrados con menos conexiones. A veces, causas nobles como la protección del ambiente y hasta la lucha contra la corrupción sirven de justificación para la colusión gobernante-empresario. Quienes ostentan el poder político eligen a los ganadores y los perdedores en el mercado. Los tomadores de decisión poseen gustos, tendencias ideológicas y preferencias por amigos que distorsionan las elecciones económicas.

Curiosamente, esta intervención de los mercados se asocia menos con socialismo que con capitalismo. Como el socialismo, el amiguismo implica privilegio, dirigismo y redistribución, e incluso gusta retratarse como un medio necesario para atender al pobre. Un caso estudiado es el de los cupones de alimentos en Estados Unidos, distribuidos a más de de 47 millones de ciudadanos, en principio para permitir el acceso a alimentos baratos o gratis a personas de escasos recursos. Con el tiempo, no obstante, el programa pasó a otorgar subsidios masivos a productores de gaseosas y comida chatarra. Los restaurantes de comida rápida y otros productores de alimentos quieren ser receptores de los cupones. El gobierno perjudica la salud de los usuarios de cupones, alertan los médicos, porque consumen en exceso alimentos dañinos. A veces, lo que ocurre tras poner en marca los planes dista del fin enunciado. Las regulaciones aprobadas crean incentivos para negocios turbios. Debemos intentar prever las consecuencias no intencionadas, y no conformarnos con el romanticismo de las buenas intenciones. Debemos anticipar que los beneficios se concentrarán en manos de ciertos actores no contemplados por quienes diseñaron el plan, y que los costos elevados se distribuirán entre el resto de ciudadanos.

¿Cómo podemos sanear las instituciones socio-económicas pervertidas y dañinas? Los socialistas quisieran abolir los mercados y desaparecer a todos los capitalistas, mientras los defensores de los mercados libres piden limpiar la administración pública. Vilificar indiscriminadamente al sector empresarial y al mercado es un error, es como tirar al bebé con todo y el agua en que lo hemos bañado. Centremos energías en combatir la búsqueda de rentas, los incentivos perversos y las oportunidades de corrupción que propicia el ejercicio del poder.

Este artículo fue publicado el 26 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Yo pagué mordida…

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La lucha ciudadana contra la corrupción pasa por efectivos sitios para reportar el pago de mordidas.

Los esposos Swati y Ramesh Ramanathan se mudaron de Estados Unidos a la India para contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades hindús. Fundaron una asociación no lucrativa, Janaagraha, que intenta incrementar la participación ciudadana en la administración pública, incluso en la elaboración de los presupuestos. Pronto tomaron conciencia del costo que padecen los habitantes de su nuevo hogar por causa de la “corrupción al detalle”, como le llama Swati. Ello los motivó a lanzar el sitio ipaidabribe.com (Yo pagué una mordida). Allí los ciudadanos pueden reportar anónimamente qué pagaron, a quién y cuando. Ahora sabemos que en Hyderabad, India, para recibir un reembolso del fisco al cual tienen derecho, las personas deben pagar 10,000 rupias. O que en Karachi, Paquistán, es necesario pagar 3,000 rupias por la licencia de conducir, después de haber aprobado el examen. En Nairobi, Kenia, los padres de familia tienen que pasar dinero bajo la mesa a oficiales con poder discrecional para admitir a sus hijos en la secundaria.

Ipaidabribe.org cosecha resultados novedosos. Usualmente, se castiga tanto al corrompido como al corruptor, por lo cual ninguno de los dos delata la transacción. Dicho silencio es dañino: nos impide dimensionar el fenómeno. El cúmulo de reportes en este sitio genera estadísticas que permiten conocer a fondo cómo se llevan a cabo los principales abusos de poder, cuáles patrones se repiten, el tipo de mordidas que se extraen, la concentración en una u otra dependencia, y más. También es posible reportar que se detectó un funcionario honesto, o que no se pagó la mordida solicitada. Es como una foto de este mundo antes secreto.

El sitio hindú anuncia que ha recibido 71,050 informes de 1,068 ciudades. Organizaciones no lucrativas y gobiernos de más de 17 países han contactado a la Sra. Ramanathan para replicar el proyecto, y ya existen páginas electrónicas similares. En América Latina se implantó el programa en Guyana y Colombia, y pronto estará disponible para los ciudadanos de Brasil y Argentina. En Guatemala existe algo parecido: guatemalasincorrupcion.org. Con la información recaba, la asociación cívica puede solicitar a las autoridades que pongan en marcha mejores sistemas y que hagan cumplir la ley.

El anonimato del informante tiene una desventaja: no se puede verificar la veracidad del reclamo. La gran mayoría de usuarios del sitio hindú, sin embargo, son honestos. Además, cuando el río truena es porque piedras lleva. Múltiples quejas sobre un oficial confirman un problema.

No existen garantías de que las delaciones, por sí mismas, tendrán impacto. A veces, un funcionario puede mejorar la calidad de su servicio por el mero temor a ser señalado, pero algunos se podrían resistir a cambiar su conducta inmoral aún después de ser detectados, nombrados y avergonzados públicamente.

La esperanza es que esta información conduzca a eliminar trabas y discrecionalidades, o a reformar los procedimientos defectuosos. El comisionado del transporte de un estado de Bangalore promovió una reforma del departamento de tránsito sobre la base de la información provista por el sitio. Ahora, la aplicación para obtener una licencia se completa en línea y los exámenes de conducir son automatizados. El comisionado buscó eliminar las decisiones caprichosas y discrecionales de los inspectores del tránsito. Tuvo que despedir a algunos oficiales maleados y también filmar a todos los que laboran en la oficina, para asegurar un manejo transparente de su trabajo.

Guatemala Sin Corrupción y otros sitios similares, como Ipaidabribe, pueden aumentar el control ciudadano sobre sus servidores públicos haciendo visible la corrupción.

Este artículo fue publicado el 29 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Mandantes y exigentes

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El equipo de Libertópolis usa la palabra mandante cuando se refiere al ciudadano promedio. En nuestra calidad de votantes, delegamos el poder en quienes temporalmente hacen gobierno, no para que hagan lo que les apetezca, sino para que hagan nuestra voluntad.

Yo raramente me siento mandante. La mayoría de los guatemaltecos llevamos una existencia alejada de la clase política. Ni siquiera cuando los políticos se esmeran por captar más votos, durante el tiempo de campaña, intuyo que me coquetean. En parte se debe a la naturaleza del juego. Es imposible satisfacer siempre a todos, porque no coincidimos en cuestiones como el monto ideal para el salario mínimo, la forma adecuada de educar a nuestra juventud o cuáles deben ser las prioridades del Ministerio Público. El proceso electoral nos recordó que la participación en eventos cívicos no se traduce instantáneamente en el resultado anhelado. El candidato de nuestra predilección puede perder y el Congreso puede aprobar leyes que consideramos dañinas. Aunque junto con los organismos internacionales y los gobiernos prestamistas, los tributarios financiamos la fiesta, en la práctica no escogemos ni a los invitados, ni la música, ni la comida servida.

El año pasado, vivimos unos días en que gloriosamente percibíamos recobrar el control como mandantes. Se logró la renuncia y encarcelamiento de altos funcionarios, símbolos de corrupción y abuso de poder. Aunque sea un gigantesco paso, el hecho que los mandantes, con mucho esfuerzo, seamos capaces de hacer rodar cabezas no resuelve el problema del fondo.

¿Habrá una forma de garantizar el buen comportamiento de los funcionarios electos que no requiera llevar al país al borde de la zozobra, y que se traduzca en una razonable satisfacción de los mandantes?

Primero, debemos recuperar control del gasto público. ¿Qué pasaría si las dependencias estatales administraran sus presupuestos como lo hace una empresa comercial, siguiendo estrictos estándares de contabilidad? Podríamos entonces medir su desempeño con base en resultados concretos. Podríamos aprehender los derroches y los errores. Recompensar a los funcionarios por cuadrar los egresos con los ingresos, y hasta generar ganancias, los obligaría a buscar la eficiencia en su gestión. Los gerentes procurarían estirar al máximo sus asignaciones presupuestarias, como se acostumbra en el mercado económico. Eso se traduciría en un cuidado mayor de nuestras contribuciones al fisco. Hemos insistido por años en una constitución fiscal con reglas prácticas, duraderas y estables, por el rigor que dichas normas imprimen al Gobierno.

Hoy ciertos guatemaltecos están dispuestos incluso a pagar por una plaza pública. Compran la inamovilidad en el cargo y un chorro constante de ingresos, así cumplan con sus obligaciones o no. Nos afligen las planillas onerosas, el peso de la mediocridad, y las plazas fantasmas. Incluso los presidentes y ministros están maniatados por los pactos colectivos y por rígidas trabas. Una segunda forma de mejorar los incentivos en beneficio de los mandantes, es promoviendo el servicio civil por contrato, por un tiempo definido, sujeto a renovación con base en mérito. No hablamos aquí de usar estructuras paralelas que se suman a la planilla pétrea, sino de unificar, simplificar y transparentar las reglas para todos el servicio civil. Así tendrían efecto las revisiones periódicas del trabajo realizado, las metas de corto y mediano plazo, e incluso las recompensas a empleados ejemplares. La agilidad y apertura son rasgos que pueden poseer los mercados laborales estatales tanto como los privados.

Centremos nuestra atención en instaurar tales reglas que no importe si el cargo público es ocupado por un ángel o un diablo. Pedro y Perico de los Palotes ajustarán su actuar a incentivos que los impulsan a cumplir con sus obligaciones para con los mandantes, sin despilfarrar nuestros tributos.

Este artículo fue publicado el 15 de enero del 2016 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Año Nuevo, lucha nueva

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Una gran expectativa acompaña el inicio del año: ¿será el 2016 el año en que los guatemaltecos derrotemos al dragón llamado corrupción?

La ex Ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, estará en Guatemala a mediados de enero, coincidiendo su visita con la toma de posesión del nuevo presidente, Jimmy Morales. Nueva Zelanda es una buena referencia en materia de corrupción, ya que desde que arrancó el Índice de Percepción de Corrupción en 1995, consistentemente emerge como uno de los países más transparentes del mundo, si no el primero.

En la medición de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, la última estadística disponible, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una calificación de 91. Guatemala se ubica en la casilla 115 de un total de 175 países, con un abismal punteo de 32. “Las comparaciones son odiosas”, dice la frase proverbial, y podríamos inventar excusas. Históricamente, Nueva Zelanda la tuvo fácil, porque su población de ovejas no corruptibles excedió el número de seres humanos. Además, las islas habitadas por los Maorí, se convirtieron en colonia inglesa en 1840, con lo cual heredaron un sistema de derecho consuetudinario y un gobierno parlamentario. Finalmente, es un país rico: su Producto Interno Bruto per cápita nominal de US$ 35,966, mientras el nuestro es de US$ 3,477.89.

Es cierto. Pero la trayectoria de ambos países pudo ser distinta. El profesor Daniel Treisman realizó una investigación que reveló que las ex colonias británicas tienen una especie de protección contra el embate de la corrupción, pero luego Reyer Gerlagh y Lorenzo Pellegrini concluyeron lo contrario. No todos los territorios con dicho pasado se salvan del embate de la corrupción.

Sí existe un demostrado vínculo entre economías abiertas y prósperas y la transparencia. Nueva Zelanda es la tercera economía más libre del mundo gracias a un conjunto de reformas liberalizadoras que Ruth Richardson contribuyó a implantar entre 1984 y 1994. La descripción que hace el Índice de la Libertad Económica de la economía nuevo zelandesa es envidiable. La piedra angular de la reforma económica de los ochenta y noventa fue la apertura comercial: una liberalización de comercio unilateral redundó en bajas barreras no arancelarias y un arancel promedio de 1.6 por ciento. Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria. La carga tributaria es relativamente baja: la tasa máxima del impuesto sobre la renta para individuos es de 33% y para corporaciones es de 28%. El país es más competitivo por el hecho de no tasar las herencia o las ganancias de capital. El sector financiero es altamente competitivo. Un empresario puede fundar su negocio en un día, completando un único trámite; tanto los reglamentos para los negocios como el mercado laboral son flexibles. Adicionalmente, se eliminaron los subsidios agrícolas. Nueva Zelanda tiene los subsidios más bajo de cualquier país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el sector agrario es ahora diversificado y competitivo.

Nueva Zelanda posee un fuerte Estado de Derecho. Garantiza la propiedad privada y la inviolabilidad de los contratos. El soborno es fuertemente castigado; las leyes velan porque los funcionarios públicos presten un servicio transparente. En su libro Making a Difference (1995), Richardson confiesa que “la práctica de la política en Nueva Zelanda se distingue por dos libertades—la libertad de la corrupción y la libertad de movimiento. Ni una sola vez encontré una violación de la primera.”

La lección es contundente: entre más simples y directas sean las trabas gubernamentales, más bajos son los incentivos para el chantaje, soborno y el abuso del poder para ganancia personal. Esa debe ser la estrategia de la Administración Morales.

Este artículo fue publicado el 8 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.