Recortes presupuestarios

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Los gobiernos que hacen recortes y tienden hacia un presupuesto balanceado gozan de credibilidad entre sus gobernados.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República convocó a varios centros de investigación para analizar el proyecto de presupuesto gubernamental previsto para el ejercicio fiscal del 2016. Es justificada la polémica que suscitó dicha propuesta desde su entrega al legislativo por el Ministro de Finanzas, Dorval Carías, a principios de septiembre. Los Q 72,430 millones que pretenden gastar exceden el presupuesto vigente por Q.1,830 millones. Peor aún es la propensión a diseñar presupuestos deficitarios y a sobre-estimar los ingresos potenciales. Y los tributarios tenemos poco que festejar: únicamente 18.4 por ciento del monto total sería para inversión. El resto se dividiría así: 17.2 por ciento para el pago de deuda y 64.4 en gastos de funcionamiento.

El Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) propuso a la comisión reducir el gasto público. Aunque la recomendación es lógica y sensata, la noción de recortar rubros enferma a muchos políticos. Temen negar un centavo a las abejas que rondan las mieles estatales, sobre todo a los empleados públicos, por mucho que anhelen sanar las finanzas públicas. Ilustra el hecho la famosa estrategia del Monumento Washington. En 1968, se recortó el presupuesto al Servicio de Parques en Estados Unidos. Los administradores del Monumento Washington informaron a los turistas que visitaban el obelisco que no podían operar el elevador por falta de asignación presupuestaria. Pedían a los irritados turistas reclamar al Congreso para lograr la reasignación de fondos al departamento. Lo correcto hubiera sido hacer recortes al personal antes que perjudicar al consumidor del servicio estatal…

Es comprensible que los políticos prefieran mantener el estatus quo y gastar a manos llenas, aunque implique subir impuestos y crecer la deuda. Evidentemente, el endeudamiento genera menos oposición que aumentar impuestos, porque los votantes no visualizamos el costo para nuestras personas ni para las generaciones futuras. Pero los déficit presupuestarios acumulados elevan la deuda nacional: son grandes yunques que impiden el florecimiento económico. Una economía fuerte es deseable no sólo para los guatemaltecos que optarán entre más y mejores empleos, sino también para el gobierno. En la medida en que nos volvamos más prósperos, se reducirá el número de dependientes de programas estatales y aumentarán los ingresos tributarios.

El contraste entre Canadá y Grecia nos ayuda a subrayar el punto. El gobierno de Canadá recortó gastos, incluso en ámbitos políticamente sensibles como la salud y los subsidios agrarios. La medida contra-intuitivamente fortaleció la confianza de los votantes en sus representantes. En contraste, años de irresponsabilidad fiscal desprestigiaron al gobierno de Grecia. Tras décadas de prometer más de lo que podía dar, el dadivoso gobierno griego acumuló una deuda tan alta que es impagable. De paso, generó desempleo, quebró negocios, dejó desprotegidos a pensionados y arruinó a familias enteras.

Aquí en Guatemala, estamos frente a una fugaz ventana de oportunidad para hacer lo correcto, producto de los sucesos políticos recientes. La demanda multitudinaria es por frugalidad y transparencia. Deploramos y condenamos el corrupto desvío de millones de quetzales hacia propiedades, viajes, aviones y otros obscenos lujos protagonizados por el binomio Pérez-Baldetti y sus allegados. El Presidente Alejandro Maldonado y los diputados ganarían aplausos distanciándose del proyecto sometido por Pérez Molina, y aprobando una alternativa más mesurada. Pueden y deben tomar decisiones duras que enderecen el camino de las finanzas públicas y apuntalen la credibilidad del gobierno.

Este artículo fue publicado el 23 de octubre del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

 

 

 

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A mis futuros representantes

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Estimados integrantes de la VIII Legislatura (2016-2020): les comparto mis frustraciones y mis peticiones, en vísperas de las elecciones generales.

Estoy frustrada porque no puedo elegirlos por nombre. Ningún partido político fichó un “equipo soñado” para su listado nacional o distrital al cual respaldar con los ojos cerrados. Confío en pocos aspirantes a diputado que navegan bajo distintas banderas partidarias y compiten entre sí. Mi voto por un candidato favorito beneficia también a sus compañeros de dudosa reputación. Además, es baja la probabilidad de que algunos de ustedes accedan al puesto en el legislativo, ya sea porque no ocupan las primeras casillas de sus respectivos listados, o porque le apostaron a un candidato a presidente que va rezagado en las encuestas.

Estoy frustrada porque el proceso electoral es, irremediable y necesariamente, un juego de agregación. Yo soy una ínfima gota entre los 7,556,873 guatemaltecos declarados aptos para votar por el Tribunal Supremo Electoral el próximo domingo 6 de septiembre. Calmará mi conciencia el analizar detenidamente los listados de cada partido con el fin de emitir un voto concienzudo, pero dicha actitud casi no incidirá sobre la conformación de la coalición ganadora.

Estoy frustrada porque aún suponiendo que resultaran victoriosos todos mis candidatos predilectos, les costaría implementar las reformas que les pido. Anticipo que serán como Llaneros Solitarios en sus respectivos grupos. Su jefe de bancada les dictará cómo votar. Se les dificultará leer cada inciso de cada artículo de cada iniciativa de ley que pasará por su escritorio. Será confuso descifrar las contradictorias posturas ciudadanas, y algunos actores les ofrecerán jugosas y tentadoras recompensas a cambio de que prevalezcan sus intereses. Tarde o temprano, algunos se convertirán en tránsfugas. Pero sus oportunidades de marcar un rumbo positivo dentro y desde el Congreso serán escasas, incluso cuando motivaciones éticas les impulsen a cambiar de bando.

Estoy frustrada porque la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no privilegia el interés del ciudadano representado, sino alimenta la partidocracia. Dicha ley diseña una competencia política tal que contribuye a la corrupción del sistema, a debilitar los mandatos constitucionales y el Estado de Derecho, y a minar los valores y principios de la democracia.

A pesar de mis frustraciones, que he de admitir son extremadamente realistas, una parte idealista de mí se atreve a hacerles unas peticiones, futuros diputados. Les ruego que lleguen al poder con el propósito de reducirse, ustedes mismos, el poder discrecional. Obrar así riñe con su interés propio en el corto plazo, pero conviene al interés de largo plazo de la política en general. Un primer paso es aprobando una LEPP que efectivamente ponga una flexible y abierta oferta política al servicio del ciudadano.

La reforma a la LEPP se debe acompañar de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Servicio Civil para contribuir a la transparencia de la administración pública. Ya no cuela prometer, abarcar y gastar cada vez más: les pedimos humildad, sobriedad y honradez.

La pasional confrontación entre gobernado y gobernante que hoy se palpa en las manifestaciones cívicas y las redes sociales exige un esfuerzo sincero por relegitimar a quienes gobiernan. La llamada clase política está compuesta por personas de carne y hueso, iguales que los demás ciudadanos. Teóricamente, ocupan cargos por un tiempo limitado y en atención a prioridades enunciadas por sus respectivos electores. Quienes asuman el poder en enero del 2016 pueden empezar a recuperar su devastada reputación si se fijan unos pocos compromisos claros y prioritarios, se apegan a la Constitución y rinden cuentas cabales.

Este artículo fue publicado el 4 de septiembre en la Revista Contra Poder y el CEES.

El totomontaje fue elaborado con base en una fotografía tomada por Mesa Redonda 

 

 

 

 

 

El poder político

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Por un lado, el poder político se otorga y erige para garantizar los derechos básicos individuales, pero por el otro lado, puede ser utilizado contra aquellos a quienes debía proteger.

Los actores políticos no son los engranajes en una conspiración secreta ideada por un siniestro líder para controlar el mundo. Son personas falibles que negocian posiciones y aprovechan circunstancias particulares. Sin embargo, es innegable la existencia de individuos conspiradores y manipuladores que avanzan sus intereses mediante cuidadosos planes estratégicos. La representación más cruda de tal figura es el senador Frank Underwood, el protagonista de la serie de ficción original de Netflix, Casa de Cartas. El Senador Underwood es distinguido, educado y buen orador, pero sus ansias de poder lo llevan incluso a asesinar a otras personas en sangre fría. Viendo directamente a la cámara, Underwood comparte sus pensamientos íntimos con el televidente. Así, el implicado espectador sabe más que los actores en la trama, y sufre por quienes incluso le atribuyen buenos sentimientos al protagonista. “El camino hacia el poder está pavimentado de hipocresía y víctimas,” opina el susodicho secamente.

Acumular poder le brinda cada vez más herramientas a Underwood. Interponerse entre él y el poder es peligroso. Hasta sus colaboradores están constantemente en la cuerda floja. El senador pasa por encima tanto de quienes vislumbran su verdadera naturaleza, como de gente vulnerable y bondadosa, incapaz de concebir que existan víboras como él. Algunas veces sus métodos son claramente ilegales, pero otras veces se posiciona como defensor del orden público. Sus maquinaciones se enfundan en complejas leyes, pues sus conocimientos de la legislación y de la maquinaria política superan los de la mayoría.

La dura realidad es que en Guatemala también hay operadores políticos como Underwood. Aquí también se disfrazan como asuntos de interés público las riñas personales y las rivalidades ideológicas. Aquí también nos venden un discurso idealista para ocultar o maquillar intereses mezquinos. De vez en cuando leemos una noticia que nos consta es falsa. Conocemos a la persona, la organización o la empresa sobre quien penden serios cargos, desde desfalcos hasta trata de personas. La verdad es conocida solamente por un círculo íntimo, en tanto el público manifiesta alegría porque finalmente atraparon a un criminal o hicieron valer los derechos humanos.

Imagine la sensación de indefensión que embarga a un hipotético ciudadano honesto que ve descender sobre su propiedad o negocio a decenas de agentes armados o inspectores gubernamentales. Su diario quehacer se ve trastocado. Se llevan sus archivos y confiscan sus computadoras; lo arraigan e interceptan su celular. Se entera de qué lo acusan leyendo la prensa. Busca un abogado y empieza a dimensionar su peliaguda situación. La mayoría de sus amigos y conocidos le da la espalda, por temor o porque dudan de su integridad. Piensan que difícilmente perseguirían a alguien sin pruebas. Y es que le plantan evidencias y testigos falsos. Incluso le pueden montar un juicio internacional o amenazar a los familiares de muerte. Pisotean su dignidad y su nombre. El lector sabrá sustituir este ejemplo ficticio por casos reales.

En 1887, Lord Acton lo cantó claramente: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. El entramado de leyes y el sistema jurídico puede usarse para avanzar agendas personales o turbios intereses, inclusive al nivel internacional. Si puede ocurrir dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), puede pasar en instancias nacionales e inferiores. Y no podemos luchar contra los abusos y las injusticias al menos que primeramente reconozcamos que es probable que nuestras reglas del juego incentiven conductas similares a la de Frank Underwood.

Este artículo fue publicado el 13 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto: original de Intercollegiate Review.

Los políticos nunca quieren desregular

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Un marco regulatorio acumulativo y excesivo es como un armario relleno de todos los cachivaches que hemos guardado a lo largo de los años, los cuáles jamás ordenamos ni depuramos.

¿Le ha pasado que de repente se entera de una ley que acaban de aprobar los diputados, que jamás había oído mencionar antes? Uno se pregunta: ¿socializaron la propuesta? ¿entre quiénes? ¿a quién beneficia, a quién perjudica? ¿dimensionaron sus efectos intencionados y no intencionados? Tal es el caso con los últimos dos decretos, la Ley que declara al maíz (ZEA MAYS L) como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y laLey de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de
la infraestructura para transmisión de datos. Evitar la discusión pública es útil a los políticos porque evita el desgaste a su imagen, aunque abone contra la transparencia.

Obviamente, aprobar nuevas leyes es más fácil que derogar las viejas. Sin embargo, la desregulación es necesaria para la salud del sistema político. Periódicamente, las amas de casa hacemos una limpieza profunda. Sacamos lo que ya no sirve de nuestros clósets y ambientes: reciclamos, regalamos o desechamos chunches que se han acumulado con el tiempo. Algunos miembros de la familia se aferran a sus pertenencias y refunfuñan cuando se tiran, pero luego agradecen vivir en un ambiente ordenado y limpio. A los miembros del Congreso no les gusta hacer lo mismo. Los reglamentos y las leyes simplemente se van apilando hasta generar un impenetrable bosque desordenado, contradictorio y complejo. Casi todas nuestras acciones están sujetas a alguna regulación. Es como si viviéramos en la casa de un acaparador, donde movilizarnos es complicado; no encontramos las cosas que nos servirían en el momento. El costo es elevado.

En Estados Unidos, la acumulación de regulaciones federales entre 1949 y 2005 ha retardado el crecimiento económico en aproximadamente 2 por ciento por año, según un estudio del sistema regulatorio. Los autores de dicho trabajo, John Dawson y John Seater, afirman que “la regulación ha provocado sustanciales reducciones de la tasa de crecimiento tanto de la producción como de la productividad total y ha tenido efectos en las tendencias de capital y trabajo…” Estos resultados constatan lo que ya habían revelado otras investigaciones que utilizan índices producidos por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El centro de investigación Mercatus publicó recientemente una gráfica que cuenta el número de regulaciones que intentan modificar el comportamiento de los ciudadanos o producir resultados concretos, y que han sido publicados en el Código de Regulaciones Federales. El total de restricciones creció notablemente: de 835,000 en 1997 a más de un millón en el 2010. La tendencia es siempre al alza, pues no hay año en que se reduzcan las regulaciones. Otra forma de medirlo es contar el total de páginas del Código de Regulaciones Federales de cada año. La ya considerable suma de 71,224 páginas correspondientes a la edición de 1975, palidece cuando se compara a las 174,545 páginas de la edición del 2011.

Éstas medidas elevan el costo de emprender e innovar a tal punto que se frenan iniciativas económicas, dicen los asociados a Mercatus. Ellos recomiendan implantar un sistema para revisar la obsolescencia y el mal rendimiento de las regulaciones y así derogarlas para evitar este excesivo apilamiento de leyes. Reconocen que desde la Administración Carter, los gobiernos sucesivos dicen que van a eliminar reglas obsoletas, pero ninguno de estos esfuerzos ha logrado su cometido.

¿Qué detectaríamos si adaptáramos esta investigación a nuestra jungla de leyes y reglamentos? ¿Cuántas páginas sumarían el cúmulo de reglas a las que debemos someternos los guatemaltecos?

Este artículo fue publicado el 6 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Las gráficas que ilustran este artículo son tomadas de Mercatus Center. (Enlace arriba)

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