¡No más impuestos!

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¿Puede reponerse el Presidente Morales de esta equivocación? ¿Bajo qué extrañas condiciones puede una reforma tributaria ser popular?

¡No más impuestos! Así reaccionamos ante la inoportuna movida del Organismo Ejecutivo de promover una nueva reforma tributaria. Malinterpretaron el sentir popular los asesores de la Administración Morales-Cabrera, sobre todo los extranjeros que no pagan impuestos en Guatemala. Cuando se destapó la olla de grillos de la corrupción, nos asombró la ubicuidad de la pobredumbre; las estructuras están totalmente apolilladas. Elegir a un empresario honrado como presidente y llevar a juicio a unos cuantos sospechosos no impacta sobre el modus operandi de miles de burócratas. Los funcionarios actuales temerán parar en una situación similar a la que enfrentan los chivos expiatorios acusados, y quizás se cuiden un poco, pero las reglas del juego siguen facilitando prácticas inmorales. Repudiaremos cualquier aumento tributario mientras exista certeza que nuestras contribuciones serán malgastadas.

Los ponentes deben pensar que jamás es buen momento para proponer alzas tributarias, pues nadie quieren pagar impuestos. Quizás creen que pueden aplacar las voces enfurecidas con argumentos sobre las bondades de su propuesta, pero ésta básicamente recicla ideas viejas y juega con porcentajes en lugar de ser una reforma para limpiar, simplificar y armonizar el panorama impositivo. Quizás creen que no tienen capital político que perder, pero un exasperado pueblo puede volver a protestar y reclamar la renuncia de los actuales funcionarios. Dichos asesores deberían leer la obra del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), quien analizó los impuestos con un enfoque microeconómico, según el interés del contribuyente.

Wicksell concluyó que el tributario prefiere pagar lo mismo que recibe de vuelta en servicios gubernamentales. En otras palabras, los ingresos tributarios deben igualar al gasto público. Wicksell elaboró este planteamiento en una época durante la cual la nobleza dominaba el ámbito político tanto en Alemania como en Suecia. Los nobles gozaban de los beneficios de lo recaudado sin cargar con el costo. Por ejemplo, se cobraba un impuesto de hasta 200% al rapé (un tabaco que se aspira) o a las salchichas, bienes preferidos por la clase media. Wicksell fue lo suficientemente inteligente para reconocer que cuando la clase obrera asumiera el control, haría exactamente lo mismo, promoviendo impuestos que recayeran sobre una minoría rica.

Por ello, el economista insistió en la necesidad de limitar el poder político en lo que respecta al diseño y la aprobación de impuestos. Propuso que sólo se crearan impuestos para fines específicos y anunciados. Esto implica identificar las necesidades ciudadanas, evaluar los costos probables de satisfacerlas, y posteriormente proponer el tributo correspondiente. Las contribuciones por mejoras que pagamos a la municipalidad se apegan a esta visión. Para la aprobación de cada impuesto, se requeriría del voto favorable de una super-mayoría (Wicksell recomendaba usar la regla de la unanimidad), otorgada mediante consulta popular directa o por medio de nuestros representantes ante el Congreso. Así se evita la tiranía de la mayoría y la redistribución hacia grupos políticamente hábiles que extraen privilegios del gobierno. Finalmente, cada impuesto tendría una vida máxima de cinco años. Este sistema redundaría en una democracia vital, cuyo gobierno tendría funciones claramente delimitadas y gozaría de una envidiable credibilidad por corresponder a las preferencias de casi la totalidad de los ciudadanos.

Presidente Morales, mejor gaste su capital político proponiendo medidas wickselianas que aseguren mejores condiciones de vida a los guatemaltecos de aquí a futuro.

Este artículo fue publicado el 19 de agosto del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía de Knut Wicksell es adaptada del sitio http://www.eumed.net.

Una elección es una elección

Elections

Los actores en un proceso electoral actuarán conforme a los incentivos que enfrentan, incluso cuando se trate de elegir a los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.

¡La campaña de Guatemala Visible acertó! Los guatemaltecos no queremos candidatos (o magistrados) mafiosos, partidarios, influenciables, nepotistas, negociadores y con vínculos al narcotráfico. ¿Cómo alcanzamos ese resultado? A veces esperamos que si los involucrados poseen una información completa y obran con inteligencia, racionalidad y altruismo, cosecharemos el deseado desenlace.

Algunos auto-proclamados fiscalizadores de los procesos en el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo, están insatisfechos con ciertos finalistas. Hasta el imprudente embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mostró desprecio por la selección de unos magistrados. ¿Cabría concluir, entonces, que los electores de las entidades mencionadas son tontos, apáticos o corruptos, porque los candidatos favorecidos no coinciden con el perfil ideal?

Eso parece opinar Iván Velásquez de la CICIG, si uno analiza las entrevistas que concedió a Siglo 21. Él esperaba que los votantes asumieran “con compromiso el papel que les corresponde”. ¿Cómo sabemos cuando alguien está comprometido? ¿Debe lealtad al proceso mismo, a unos principios enunciados o implícitos, a la línea programática de la CICIG, o a otro criterio? No podemos meternos en las cabezas ajenas para calificar sus mecanismos de toma de decisión. Podría lucir más sensato el plumazo impulsivo de Pablo que la deliberación estudiada de Fito. Adicionalmente, las elecciones agregan las preferencias disimiles de los electores, y no es cierto que las mayorías sean inadvertidamente sabias.

Velásquez ve estas dinámicas a través de unos lentes románticos, porque criticó el “gran derroche de recursos que de pronto se ven en las campañas” para los puestos llenados por el Colegio de Abogados. El jefe de la CICIG cree que “debía ser el acto democrático de elección, simple y pura de los abogados que se acercan a su colegio a depositar el voto por su candidato, sin más parafernalia…” Sólo gana una elección democrática quien saca la mayoría de votos. Si dos o más personas compiten por acceder a un único puesto, lógicamente harán campaña. Las reglas del juego obligan a los candidatos a preocuparse por su popularidad e imagen. Por otra parte, años de estudios universitarios y experiencia profesional no transforma a los abogados y juristas en votantes superiores. Como cualquier mortal, los abogados tienen mil cosas que hacer que rivalizan con un escudriño exhaustivo de la trayectoria de los contendientes. Se dejarán persuadir por frases, promesas y vallas. Lo que es más, serán “partidarios” al elegir al postulado que estudió en la misma universidad que ellos, o que comparte su ideología.

Es de esperar la conformación de facciones que compiten por hacerse del poder, precisamente porque el poder sirve para atender los intereses de los miembros de la propia facción. La búsqueda de rentas es producto de las reglas: cada magistrado titular y suplemente “representa” a un grupo o facción. Cuando la Fiscal General Thelma Aldana pide a sus magistrados electos que se separen de quienes les apoyaron para responder únicamente a la Constitución Política, demuestra que entiende las presiones que se ciernen sobre los magistrados electos.

En otras palabras, la forma en que organizamos la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad adolece de incentivos perversos y otros incentivos connaturales a las carreras competidas, definidas por la agregación de votos. ¿Existirán reglas para conformar la Corte de Constitucionalidad más adecuadas para institucionalizar el anhelado Estado de Derecho?

Este artículo fue publicado el 11 de marzo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Podemos elegir imparcialmente a funcionarios públicos?

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Preocupa la politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

El proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desató un encendido debate nacional…otra vez. La discusión es la comidilla de abogados que citan leyes aparentemente contradictorias o por lo menos, sujetas a interpretación, dejando perplejo al ciudadano atento. Los señalamientos empezaron desde que se conformó la Comisión de Postulación encargada de someter al Congreso de la República una nómina para la selección final de los magistrados. ¿Procede la suspensión de la elección por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC)? ¿Esta decisión implica un “borrón y cuenta nueva”? ¿Es ilegal que los magistrados salientes permanezcan en su puesto? ¿Se usarían las mismas reglas si se repite el proceso? ¿O hay que reformar la mecánica para elegir magistrados? ¿Qué efectos positivos y negativos tendrá la quijotesca denuncia hecha por la reelecta magistrada, Claudia Escobar? ¿Qué implicaciones tiene para el país que la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, señalara que la elección no se apegó a estándares internacionales y que debía repetirse?

Aunque no podamos responder a las preguntas anteriores, nos queda claro que las reglas actuales cosechan resultados sub-óptimos. Queremos magistrados éticos, independientes y capaces, alejados del vaivén partidista; queremos confiar en los mecanismos establecidos para elegir a dichas figuras públicas. El barullo confirma que fracasamos en alcanzar las dos metas, y nos rememora vivencias pasadas, también tildadas de viciadas, que involucran a Comisiones de Postulación.

Cada vez dimensionamos mejor la dañina politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. La Constitución de 1985 estableció este mecanismo con la expectativa que los profesionales alejados del mundo político contribuiría a la selección de candidatos idóneos. Pero la estrategia de involucrar en la decisión a ciudadanos probos e informados no resultó mucho mejor que la designación a dedo. Los bien intencionados promotores de las comisiones no anticiparon la actividad de búsqueda de rentas asociada a las reglas del juego.

El análisis económico de las decisiones públicas advierte que mientras las personas perciban que pueden usar medios políticos para conseguir beneficios personales, existirá la búsqueda de rentas. Y que empobrece a la sociedad la inversión que hacen los ciudadanos para acceder a esas ventajas.

Son poderosos los servidores públicos como el Contralor General de Cuentas, el magistrado y el Fiscal General. Pueden hacer favores a unos y dañar a otros. Los primeros interesados en influir sobre el proceso son quienes ambicionan ocupar el cargo; ellos promueven sus candidaturas políticamente. Además, suponiendo que yo quiero proteger mis intereses por la vía política, me convendrá sellar una amistad con dichos funcionarios. Intentaré influir en la cadena de decisión: en los electores de los integrantes de la comisión, en las deliberaciones de la comisión y, en este caso, en los diputados al Congreso que tienen la última palabra. Siempre es posible acercarme a la figura que ya fue electa, pero es tanto mejor comprometer sus lealtades antes de que asuma el cargo.

Dos formas de reducir la búsqueda de rentas son: a) guardar en secreto los nombres de los electores y b) reducir el poder discrecional del elector. Dado que el recurso al secreto parece reñir con la transparencia, debemos centrar atención en la segunda alternativa. Ello implica fijar estándares objetivos de calificación, pero además ensayar con reglas imparciales, como por ejemplo sacar los nombres de candidatos competentes de un sombrero, al azar.

Este artículo salió publicado el 17 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y CEES.

 

Mitos sobre la legislación

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¿Está decepcionado con la gestión del Congreso?  ¿Pensaba que estos diputados harían un mejor papel que los anteriores?  Cuatro mitos comunes exacerban nuestra frustración.

En Guatemala, como en otros países, los diputados nos defraudan.  Si no aprueban leyes, los acusamos de haraganes.  ¿Se acuerda cuando el Congreso aprobó el Decreto 1-2013 para reducir a la mitad el Impuesto sobre la Circulación de Vehículos (ISCV)?  Nos inquietó que era la primera ley producida en seis meses.   Cuando sí legislan, criticamos el producto.  Por ejemplo, protestamos por la Ley de Equipos de Terminales Móviles (Decreto 8-2013), no sólo porque se pasó de emergencia, sino porque anticipamos elevados costos debido al pretendido registro.  Acerca de la nueva regulación para los motociclistas, criticamos desde el color del chaleco que deben portar los motoristas, hasta su aplicabilidad.  ¿Será que pedimos demasiado?

Mito 1: El proceso político es unitivo.  Escuchamos frecuentemente que la política nos hermana y nos hacen converger hacia unas metas comunes.   La realidad es que ningún ideal romántico, tal como librarnos de la amenaza de robo de celulares, logra desvanecer nuestras preferencias disímiles.  La sociedad política está compuesta por individuos y grupos de interés, a los cuales nos asociamos libremente, con agendas variadas que riñen unas con otras.  Los consensos se forman solamente en torno a principios francamente generales y abstractos, como “no matar” y “no robar”.   La política no puede, por tanto, satisfacer a todos siempre.

Mito 2:  Nuestro representante es fiel.  Si no somos uno, piensan muchos, cuando menos elegimos representantes que hacen valer nuestras preferencias peculiares. Pero los analistas coinciden que la representatividad es compleja.  Por un lado, aún dentro de un distrito electoral homogéneo emergen variadas prioridades.  Es difícil comunicar a nuestro diputado lo que queremos que haga en cada instancia.  Entre elección y elección, el representante se distancia de nosotros.  Por otra parte, el diputado busca su propio interés e intenta congraciarse con su jefe inmediato o con su patrocinador de campaña, antes que con el elector.

Mito 3: La legislación cosecha el fin anhelado.  Es dañina la expectativa según la cual basta con aprobar una ley para solventar un problema.  Inventamos leyes para acabar con el calentamiento global y la desnutrición infantil.  Cuando el objetivo no se alcanza, reformamos la legislación y pasamos más leyes.  Desestimamos tanto los incentivos reales como las consecuencias no intencionadas que crea cada pieza legislativa nueva.

Mito 4:  El Congreso que legisla es eficiente.  Evaluamos el rendimiento del Congreso con base en el número de decretos aprobados.  Presionamos a los diputados a “hacer algo”, no importa qué exactamente, para “resolver” el abanico de peticiones sectoriales.  No exigimos que promueva iniciativas coherentes, ni que respete los límites constitucionales, ni que tenga en cuenta legislación preexistente.  En vez de contar con un conjunto de leyes claras, conocidas, estables y justas,  ya rebasamos la marca de 68,000 leyes vigentes (y eso según un viejo estimado, del 2008, de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado), de las cuáles casi la mitad son obsoletas.  ¡Es imposible conocerlas y acatarlas todas!

Es mejor abordar la política con lentes realistas que con lentes románticos.  Jamás será perfecto el proceso, pero puede mejorar.  Es de suma importancia una constitución de principios que subordine a gobernantes y gobernados por igual.  Tiene que estar por encima del vaivén electorero y ser de carácter general, abstracto y duradero.   Nos vendría bien una ley marco para hacer leyes, así como mecanismos para elevar el costo imputable al legislador si aprueba tonteras.  Además, deberíamos chapear la tupida jungla de leyes.

Este artículo fue publicado el 4 de octubre en Revista Contra Poder, CEES y HACER Latin American News.