El comunicado de la Conferencia Episcopal

IMG_0989

La humanidad aprendió cómo generar el progreso y el florecimiento personal, pero se interponen en el camino complejos obstáculos políticos, legales e ideológicos. ¿Cómo podemos los guatemaltecos crear un entorno pacífico, libre y próspero?

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala titulado “Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia”, emitido el 1 de julio, invita a los fieles laicos a analizar algunos preocupantes problemas nacionales. El comunicado está compuesto por un listado de siete dilemas, seguido de seis propuestas de acción, que giran en torno a los patrones recientes de migración, el desempleo, la violencia, el elevado costo de la energía eléctrica y las medicinas, los disturbios por la minería y, en el ámbito jurídico, el abuso a los amparos.

Al estudiar el documento salta a la vista que los problemas sociales son, en el fondo, problemas económicos. ¡Qué importante es comprender cómo funcionan los mercados! Además, las situaciones descritas por los obispos presentan aristas legales y políticas: el conjunto de reglas que enmarca la actividad económica afecta los resultados cosechados.

Considero que la Conferencia Episcopal pone el dedo en la llaga al enfocarse en la necesidad de generar más y mejores condiciones para prosperar. La única vía para salir del pozo de la pobreza es generando riqueza. Cuando los guatemaltecos confronten una amplia oferta de trabajos, las tasas de desempleo y subempleo descenderán, y la sana competencia pujará los salarios para arriba. No arriesgaremos la vida y la unidad familiar migrando a tierras lejanas en busca de oportunidades. En palabras del sacerdote Robert Sirico, “la creación y la conquista de un empleo remunerado acaba con el círculo vicioso de la dependencia y empieza el círculo virtuoso de la participación en la economía de mercado. Los trabajos son el mejor programa anti-pobreza en el mundo.”

El trabajo es una vocación, no un castigo, predica la Iglesia Católica. El trabajo nos dignifica, así cosechemos café, procesemos metales o desarrollemos software. Como pastores, los sacerdotes comparten la desesperación de los padres cuando no pueden proveer el sustento a sus familias. Es preciso reconocer el valor de la creatividad, el ahorro y la inversión que facultan al empresario crear empleos. Debemos potenciar las relaciones laborales contractuales, cordiales y claras, dentro de un mercado abierto y dinámico, al tiempo que evitamos las políticas y leyes que entrampan el surgimiento de nuevas plazas. La Conferencia Episcopal señala acertadamente que “la migración solo disminuiría si en el país crecieran las oportunidades de ingreso, se facilitara mayor inversión de capital y se dieran políticas públicas orientadas no solo al gasto público, al derroche clientelar o a la corrupción pura y dura sino al favorecimiento de generación de empleos productivos.”

La infraestructura energética contribuye a atraer la inversión. De allí que los obispos se pronuncien a favor de las hidroeléctricas. La violencia, en cambio, ahuyenta el emprendimiento económico. Siendo el combate al crimen una tarea prioritaria del gobierno, “la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia” queda evidenciada por los índices altos de violencia en Guatemala. No se originaron en la región dos fuertes lastres—la guerra contra las drogas y las maras—pero cabe admitir que lejos de producir la paz, las estrategias gubernamentales adoptadas a la fecha para resolver estos males han cobrado vidas y causado más zozobra. Caminaremos en la dirección correcta si se convence a la ciudadanía que los linchamientos, los bochinches, los ataques a la propiedad ajena y otros medios violentos aumentan, no reducen, la conflictividad.

Pese a nuestros graves problemas, como los obispos, yo albergo la esperanza de vivir en una sociedad que propicie el florecimiento de toda persona humana.

Este artículo fue publicado el 11 de julio del 2014 en la Revista Contra Poder y en CEES.

La foto es mía.

 

Advertisements

¿La propiedad es un derecho humano?

IMG_1062 - Version 2

Muchos piensan que los guatemaltecos debemos repudiar el derecho de propiedad, porque la propiedad privada solamente sirve para atropellar los derechos humanos. Esto no es cierto.

La oposición hacia la minería, las hidroeléctricas y otras inversiones suele enfundarse en la bandera de los derechos humanos. Se afirma que las comunidades tienen derecho a decidir qué actividades económicas pueden desarrollarse en todas las propiedades privadas y públicas de su localidad. Bajo esta óptica, el derecho a la propiedad es visto como una herramienta de explotación, un privilegio, o una institución dañina.

¿Se contraponen los derechos humanos y el derecho de propiedad? No, responde Paul L. Poirot. En un artículo publicado originalmente en 1962 por la Fundación para la Educación Económica (FEE), Poirot aclara que “el término propiedad carece de significado al menos que se aplique a algo poseído por alguien. La propiedad en sí no tiene ni derechos ni valor, si no involucra intereses humanos. No hay derechos que no sean humanos.”

Siendo el derecho de propiedad un derecho humano, entonces, ¿cuál es su importancia con relación a otros derechos? Es un derecho básico reconocido desde tiempos ancestrales, recuerda Poirot. Podemos hacer valer nuestra vida si el producto de nuestro trabajo es apropiable. En palabras de Murray Rothbard, “el derecho humano de todo hombre a su propia vida implica el derecho a encontrar y transformar recursos: a producir lo que sostiene y avanza la vida. Ese producto es la propiedad.”

La pérdida del derecho de propiedad acarrea la pérdida de los demás derechos. Si el gobierno se adueña de todos los medios de comunicación, no tendríamos derecho a la libre expresión, ejemplifica Rothbard. Lo que es más: todos los derechos humanos son derechos de propiedad. Difícilmente podríamos sobrevivir o alcanzar nuestro máximo potencial si no nos auto-gobernáramos. Sólo somos libres si somos dueños de nosotros mismos. Y solamente cuando nos aseguran que serán respetados nuestra libertad y los frutos de nuestro trabajo, tenemos el incentivo para buscar mejorar nuestra condición económica.

Poirot señala que los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son indivisibles e inviolables, y así lo reconocen tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Guatemala, entre otras. La protección constitucional del derecho es imperativa, porque asiste a todas las personas por igual y nos blinda contra los abusos por terceros; subraya que ningún Estado debe infringir aquello que es esencial a la vida de cada persona.

Si todos los derechos humanos son en el fondo derechos de propiedad, entonces los aparentes conflictos entre derechos pueden deberse a la pretensión de adueñarse de bienes ajenos. Eso sucede cuando exijo, por medio del gobierno, que otros me doten de una vivienda o paguen mi educación. Tales exigencias son transferencias, privilegios, subsidios o protecciones, pero no derechos.

También surgen conflictos cuando los derechos están mal definidos. Si el derecho que asiste a unos manifestantes se contrapone al derecho a la libre locomoción de los demás, explica Rothbard, es porque el dueño de la calle (en este caso la municipalidad) no ejerce claramente su dueñez. Si la calle perteneciera a los manifestantes, los conductores no dirían que sus derechos fueron atropellados. Negociarían con los propietarios un horario para circular o buscarían rutas alternas. Lo que es más, el economista Ronald Coase vislumbró que cuando una inversión genera externalidades, entonces los derechos de propiedad claramente establecidos resuelven los conflictos. Las partes únicamente se pueden poner de acuerdo si saben quién tiene derecho a qué.

En conclusión, le hacen un daño atroz a las comunidades guatemaltecas quienes predisponen a sus pobladores en contra de un derecho humano básico como lo es el derecho de propiedad.

Este artículo fue publicado el 20 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y en CEES.

La foto que ilustra este artículo es propia, un detalle de un montaje por el artista Jean Dubuffet.

Mercaderes de conflicto

protest

Estamos envueltos en un torbellino de conflictividad.  Convivimos con mercaderes del conflicto que se benefician de perpetuar y exacerbar la violencia.  ¿Qué podemos hacer?

Otro episodio de violencia en nuestro atribulado país: el 13 de junio masacraron a ocho policías en Salcajá, Quetzaltenango.  Días antes, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) anunció que se registraron 9.95% más asesinatos de enero a mayo de 2013, que durante el mismo tiempo en el 2012. Tememos el día, no tan lejano, en que el Índice de Estados Fallidos rebaje a Guatemala de la categoría “en peligro” a la peor clasificación, “en alerta”, junto con Somalia, la República Democrática del Congo y otros países ingobernables.

Los panelistas y los asistentes a un foro auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann discutimos acerca de la conflictividad social.  (¿Acaso no todo conflicto es,  por definición, social?)  Acordamos que el marco institucional debe ser fortalecido.  Los choques de intereses entre los miembros  de una sociedad son inevitables.  Es más, si las decisiones son de índole colectiva, no se satisfacen las preferencias disímiles de todos los ciudadanos afectados por la medida.  Sin embargo, las personas logran resolver disputas sin agredirse cuando las reglas son claras y se hacen valer, y cuando se minimizan los abusos de poder y la arbitrariedad.

Por ejemplo, las civilizaciones occidentales encontraron que la propiedad privada es una institución reductora de la conflictividad.  Tanto el dueño como los demás saben cómo comportarse con relación al bien poseído; es factible negociar pacíficamente con base en los derechos ampliamente reconocidos a unos y otros.  En cambio, es prácticamente imposible descubrir una salida armoniosa cuando desconocemos quién tiene derecho a qué y bajo cuáles condiciones, o cuando los derechos no son defendibles contra amenazas por terceros.

Incluso cuando las reglas son eficaces, los mercaderes del conflicto representan una amenaza grave.  ¿Quiénes son?  Están los que lucran de la rebelión, y quienes, por operar al margen de la ley, protegen por la fuerza su forma de vida.  Están los que creen firmemente que “la violencia es la partera del nuevo sistema social”.   Ellos conducen nuestro barco al ojo de la tormenta; entre más altas y frecuentes sean las olas, mejor, porque sólo así estaremos dispuestos a prescindir del dinero, eliminar la propiedad privada y abolir las clases sociales.  Muchos extranjeros, portadores de estos lentes ideológicos, azuzan a los guatemaltecos.  En algunos casos, no desean injerir ellos la poción que nos venden a nosotros; retornan a la comodidad de sus democracias liberales cuando aquí se pone colorada la situación.   Finalmente, existen los oportunistas que buscan ganancia en río revuelto, incluyendo a los políticos que se auto proclaman capaces de restaurar la paz. Yo no incluiría en esta lista a quienes, debido a nuestra convulsionada realidad, usan la violencia para defender a su vida y sus familias de ataques en su contra.

Hemos visto en otros países latinoamericanos y en el nuestro, la unión de conveniencia entre algunos o todos estos actores antisociales.  Robustecer las instituciones de paz se convierte en una tarea titánica debido a estas alianzas, y ya por si misma es una tarea ardua.

¿Cuál es la mejor estrategia para disminuir el impacto de los mercaderes de violencia?  ¿Se puede negociar con alguien que no anhela la paz? ¿Con algunos, o con todos?  ¿Y qué les concederemos en la mesa de negociación? ¿Podemos ignorarlos, e intentar fortalecer el Estado de Derecho a pesar de sus acciones? ¿Podemos expulsar a los extranjeros revoltosos?  No sé las respuestas, pero discutamos las preguntas.  Para recuperar la paz (social), debemos cambiar los incentivos que imperan sobre estos grupos.
Publicado en la Revista Contra Poder y en el blog del CEES el viernes 28 de junio del 2013

Foto tomada del sitio: http://www.cbc.ca/gfx/images/news/photos/2009/10/07/w-imf-protest-cp-RTXPDW1.jpg