Captura, no cooptación

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bautiza sus casos con nombres sugerentes, pero ¿qué es cooptación?

Los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre los casos investigados por la CICIG. Éstos portan nombres llamativos, como Caso negociantes de salud, La Línea, La Cooperacha, Impunidad y Defraudación, Corrupción TCQ, y el sonado Caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Cabe preguntar, ¿cómo se coopta a un Estado? Un amigo exclamó recientemente que la palabra no significa lo que por ella entienden el comisionado Iván Velásquez y la prensa. Efectivamente, el Diccionario de la Real Academia dice que cooptar es “llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella.” Wikipedia ilustra esta definición. El primer ejemplo refiere a un período particular durante el imperio romano, cuando los emperadores podían adoptar como hijo (cooptado) al hombre que elegían para sucederles. La segunda instancia es el ascenso a un grado superior por oficiales de las Fuerzas Armadas, el cual ocurre por cooptación.

Empero la CICIG acusan a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de liderar una red criminal que se enriqueció ilícitamente tras “cooptar el poder”. Conformaron una compleja “maquinaria de lavado de activos” desde que el Partido Patriota empezó a hacer campaña. En inglés, una acepción del vocablo “coopt” alude a tomar algo como propio. Justo eso hicieron los integrantes de esta mafia gobernante. Pero en español, sus actividades serían mejor descritas como captura y no cooptación.

La teoría de la captura es atribuida al economista de la Universidad de Chicago, George Stigler. Ganó el premio Nobel en 1982 precisamente por investigar el efecto de las regulaciones públicas en la estructura de la industria. Stigler encontró que los regulados, supuestos perjudicados por la regulación, realmente se benefician de ella. Contrario a nuestras expectativas, las trabas diseñadas por funcionarios dañan a los consumidores. Los regulados incluso cabildean a los legisladores para que aprueben leyes que elevan el costo de entrada a sus respectivos mercados, garantizándoles así condiciones casi monopólicas. La comisión que regula los taxis de Washington, D.C., por ejemplo, es un regulador capturado. Su fin es garantizar “una experiencia en taxi segura, cómoda, eficiente y barata en vehículos bien equipados”, pero en la práctica protege los intereses de las compañías de taxis. Han obligado al servicio Uber a cobrar hasta cinco veces más que un taxi para prevenir que sus cómodos vehículos compitan con el servicio tradicional.

La CICIG sostiene que Pérez Molina, Baldetti y sus amiguetes, muchos de los cuales ocupaban cargos públicos, eran simultáneamente dueños o controlaban empresas, asociaciones y cuentas bancarias hacia las cuales trasladaban fondos públicos. Lo dramático de esta red es que la captura ocurre desde dentro del foro político, pues fue orquestada por políticos y no por empresarios mercantilistas o corruptos.

Es cierto que los gobernantes inescrupulosos que abusan del poder político atraen a figuras corrompibles, pero también arrastran a partícipes reacios. Ahora, la difícil tarea del Organismo Judicial es separar a la hierba verdaderamente mala, de las personas que siempre hubieran preferido una dinámica transparente.

No es razonable suponer que cualquier ciudadano que interactúa con políticos es responsable de captura. Acusar de corruptores a cientos de ciudadanos, de forma indiscriminada, provocará una costosa desaceleración de la economía nacional. El costo de dejar atrás ese turbio juego al cual nos habíamos acostumbrados no debe exceder el beneficio de institucionalizar una interacción civilizada, basada en la honradez y demás virtudes.

Este artículo fue publicado el 1 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

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La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Una elección es una elección

Elections

Los actores en un proceso electoral actuarán conforme a los incentivos que enfrentan, incluso cuando se trate de elegir a los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.

¡La campaña de Guatemala Visible acertó! Los guatemaltecos no queremos candidatos (o magistrados) mafiosos, partidarios, influenciables, nepotistas, negociadores y con vínculos al narcotráfico. ¿Cómo alcanzamos ese resultado? A veces esperamos que si los involucrados poseen una información completa y obran con inteligencia, racionalidad y altruismo, cosecharemos el deseado desenlace.

Algunos auto-proclamados fiscalizadores de los procesos en el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo, están insatisfechos con ciertos finalistas. Hasta el imprudente embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mostró desprecio por la selección de unos magistrados. ¿Cabría concluir, entonces, que los electores de las entidades mencionadas son tontos, apáticos o corruptos, porque los candidatos favorecidos no coinciden con el perfil ideal?

Eso parece opinar Iván Velásquez de la CICIG, si uno analiza las entrevistas que concedió a Siglo 21. Él esperaba que los votantes asumieran “con compromiso el papel que les corresponde”. ¿Cómo sabemos cuando alguien está comprometido? ¿Debe lealtad al proceso mismo, a unos principios enunciados o implícitos, a la línea programática de la CICIG, o a otro criterio? No podemos meternos en las cabezas ajenas para calificar sus mecanismos de toma de decisión. Podría lucir más sensato el plumazo impulsivo de Pablo que la deliberación estudiada de Fito. Adicionalmente, las elecciones agregan las preferencias disimiles de los electores, y no es cierto que las mayorías sean inadvertidamente sabias.

Velásquez ve estas dinámicas a través de unos lentes románticos, porque criticó el “gran derroche de recursos que de pronto se ven en las campañas” para los puestos llenados por el Colegio de Abogados. El jefe de la CICIG cree que “debía ser el acto democrático de elección, simple y pura de los abogados que se acercan a su colegio a depositar el voto por su candidato, sin más parafernalia…” Sólo gana una elección democrática quien saca la mayoría de votos. Si dos o más personas compiten por acceder a un único puesto, lógicamente harán campaña. Las reglas del juego obligan a los candidatos a preocuparse por su popularidad e imagen. Por otra parte, años de estudios universitarios y experiencia profesional no transforma a los abogados y juristas en votantes superiores. Como cualquier mortal, los abogados tienen mil cosas que hacer que rivalizan con un escudriño exhaustivo de la trayectoria de los contendientes. Se dejarán persuadir por frases, promesas y vallas. Lo que es más, serán “partidarios” al elegir al postulado que estudió en la misma universidad que ellos, o que comparte su ideología.

Es de esperar la conformación de facciones que compiten por hacerse del poder, precisamente porque el poder sirve para atender los intereses de los miembros de la propia facción. La búsqueda de rentas es producto de las reglas: cada magistrado titular y suplemente “representa” a un grupo o facción. Cuando la Fiscal General Thelma Aldana pide a sus magistrados electos que se separen de quienes les apoyaron para responder únicamente a la Constitución Política, demuestra que entiende las presiones que se ciernen sobre los magistrados electos.

En otras palabras, la forma en que organizamos la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad adolece de incentivos perversos y otros incentivos connaturales a las carreras competidas, definidas por la agregación de votos. ¿Existirán reglas para conformar la Corte de Constitucionalidad más adecuadas para institucionalizar el anhelado Estado de Derecho?

Este artículo fue publicado el 11 de marzo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Amiguismo

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La opinión pública exige capturas de empresarios corruptos, pues no basta con encarcelar a los funcionarios públicos involucrados en actividades criminales.

¡Que rueden las cabezas de empresarios! El grito brota de bandos aparentemente opuestos. Gritan quienes desdeñan lo económico, por considerarlo inevitablemente mundano, sucio, o explotador. Y vociferan quienes lamentan que la mala conducta de algunas personas desencadene el rechazo de los mercados libres.

Los empresarios y los funcionarios públicos que abusan del poder para enriquecerse ilícitamente desprestigian tanto la actividad política como la empresarial. Hoy se habla de un sistema de capitalismo crony, amiguismo, o capitalismo de amiguetes o compinches. Incluso aparece una definición en Wikipedia: “describe una economía en la cual el éxito empresarial depende de una relación cercana entre los empresarios y los funcionarios públicos. Puede exhibirse en el favoritismo al distribuir permisos legales, ayudas gubernamentales, exoneraciones de impuestos y otras formas de intervencionismo estatal.” El ubicuo mal ataca tanto a economías desarrolladas como a economías en vías de desarrollo.

¿Hay amiguismo en Guatemala? Claro que sí. Allí donde el gobierno y el mercado se intersectan, no acumulan riqueza quienes realmente lo merecen por su arduo trabajo, afán de servicio, destrezas mercantiles, manejo transparente de los recursos, eficiencia o competitividad. Se enriquecen quienes pueden manipular el poder del estado, y lo hacen a costa de actores económicos honrados con menos conexiones. A veces, causas nobles como la protección del ambiente y hasta la lucha contra la corrupción sirven de justificación para la colusión gobernante-empresario. Quienes ostentan el poder político eligen a los ganadores y los perdedores en el mercado. Los tomadores de decisión poseen gustos, tendencias ideológicas y preferencias por amigos que distorsionan las elecciones económicas.

Curiosamente, esta intervención de los mercados se asocia menos con socialismo que con capitalismo. Como el socialismo, el amiguismo implica privilegio, dirigismo y redistribución, e incluso gusta retratarse como un medio necesario para atender al pobre. Un caso estudiado es el de los cupones de alimentos en Estados Unidos, distribuidos a más de de 47 millones de ciudadanos, en principio para permitir el acceso a alimentos baratos o gratis a personas de escasos recursos. Con el tiempo, no obstante, el programa pasó a otorgar subsidios masivos a productores de gaseosas y comida chatarra. Los restaurantes de comida rápida y otros productores de alimentos quieren ser receptores de los cupones. El gobierno perjudica la salud de los usuarios de cupones, alertan los médicos, porque consumen en exceso alimentos dañinos. A veces, lo que ocurre tras poner en marca los planes dista del fin enunciado. Las regulaciones aprobadas crean incentivos para negocios turbios. Debemos intentar prever las consecuencias no intencionadas, y no conformarnos con el romanticismo de las buenas intenciones. Debemos anticipar que los beneficios se concentrarán en manos de ciertos actores no contemplados por quienes diseñaron el plan, y que los costos elevados se distribuirán entre el resto de ciudadanos.

¿Cómo podemos sanear las instituciones socio-económicas pervertidas y dañinas? Los socialistas quisieran abolir los mercados y desaparecer a todos los capitalistas, mientras los defensores de los mercados libres piden limpiar la administración pública. Vilificar indiscriminadamente al sector empresarial y al mercado es un error, es como tirar al bebé con todo y el agua en que lo hemos bañado. Centremos energías en combatir la búsqueda de rentas, los incentivos perversos y las oportunidades de corrupción que propicia el ejercicio del poder.

Este artículo fue publicado el 26 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Campañas, dinero y transparencia

Elections

¿Podemos eliminar los incentivos perversos que imperan sobre los políticos y sus padrinos?

Pocos se sorprendieron al conocer el informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) la semana pasada. El estudio subrayó que la honorabilidad de la clase política puede ser corrompida por el financiamiento tanto público como privado. La CICIG estima que 25% de los fondos recaudados por partidos políticos provienen del crimen organizado, y que hasta un 50% se vincula al desvío de fondos del Estado. Será complejo lograr reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aseguren la transparencia financiera del sistema.

La CICIG recomienda restringir los aportes privados a un 20% del total del financiamiento, así como acortar los tiempos de campaña. Más controvertidas son las propuestas de centralizar las contribuciones monetarias en un ente estatal para luego redistribuirlas, o bien que los partidos se nutran exclusivamente de subsidios gubernamentales.

Rechazo la estatización como salida efectiva, porque es preferible un sistema político abierto y competitivo, aunque sea imperfecto. El éxito de recaudación de los partidos revela su popularidad y liderazgo. Debemos seguir siendo libres ser electos, elegir, y apostarle, incluso con aportes monetarios, a las distintas ofertas políticas.

Sin embargo, en la práctica imperan incentivos perversos sobre el candidato y el donante. La competencia entre candidatos para conquistar el mayor número de votos es cara y dura. El postulante con acceso a recursos gubernamentales posee una enorme ventaja sobre quien jamás ha hecho gobierno, entre otras cosas porque su gestión le brinda fama y constituye publicidad. Pero incluso antes de conquistar al votante, el candidato tiene que convencer al financista.

¿Por qué razones canalizaría alguien sus preciados ahorros hacia lo que parece ser un gasto improductivo y arriesgado? El idealismo y el civismo son móviles posibles. La ambición de poder motiva a quien auto-financia su candidatura. Podemos suponer que para muchos donantes el más imperioso aliciente es el interés propio: ver su inversión convertida en un privilegio o algún otro beneficio una vez su patrocinado acceda al poder. Y sólo compromete al receptor aquella donación que destaca por su importe o simbolismo, en comparación con los demás regalos recibidos.

Las regulaciones de la competencia política representan para los partidos y sus financistas una tragedia de los comunes: aunque convendría a todos obedecerlas, es tentador para los miembros del cartel político irrespetarlas. La inercia del sistema y el jugoso premio mueve a los actores a desacatar las reglas. Hacen caso omiso de los techos de recaudación y de gasto, se roban la salida, pintan piedras y ceibas, blanquean en libros el financiamiento monetario y los regalos en especie. Ven las multas como un costo hundido. Seguirán obrando así, sobre todo si las reformas-curitas no alteran los incentivos de forma constructiva. Máxime si se aprueban modificaciones ambivalentes, confusas o imprácticas, que sabemos de antemano no podrán ser hechas valer por las autoridades correspondientes.

Dichos actores prefieren no divulgar quiénes financian campañas y en qué cantidades. La cosa camina mientras los ciudadanos desestimen la danza de cientos de millones de quetzales y conciban las elecciones como alegres fiestas democráticas en pro del interés común.

La búsqueda de rentas disminuirá cuando los políticos tengan las manos atadas para hacer daño u otorgar beneficios a unos y no a otros. Necesitamos un Estado de Derecho garante de nuestras libertades que asigne a las autoridades funciones claras y concretas, pocas, y de aplicación general.

Este artículo fue publicado el 24 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y en CEES.

 

 

 

Corrupción en Guatemala y Venezuela

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La visita de empresarios venezolanos a Guatemala coincidió con el anuncio de las capturas por corrupción en la SAT y las aduanas. ¿Qué une estos eventos?

La compleja red de defraudación aduanera que involucra a funcionarios públicos nos sorprendió menos que la captura de veintiún personas por su presunta vinculación con La Línea, como se llama la organización criminal. No esperábamos ver a figuras como Omar Franco y Carlos Muñoz en esposas, pero todos sabíamos que dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas había corrupción. La Administración Pérez anunció que la combatiría. Se aprobó una nueva Ley Nacional de Aduanas en el 2013 y se ordenó a miembros del ejército y la PNC que vigilaran las operaciones en dichas entidades. Estas publicitadas medidas no obstante, millones de quetzales destinados al erario público se han desviado a cuentas personales; Acción Ciudadana describió la corrupción como una “enfermedad viral” a principios de año.

En paralelo, los venezolanos Marcel Granier y Luis Alfonso Herrera hablaron sobre la podredumbre dentro de su gobierno y la erosión de las libertades civiles de las cuales han sido testigos. En un panel foro organizado por la Universidad Francisco Marroquín, advirtieron que el trágico deterioro experimentado por Venezuela puede repetirse en cualquier nación latinoamericana. Granier, presidente y Gerente General de Radio Caracas Televisión (RCTV) y 1BC, ha vivido en carne propia la censura contra los medios de comunicación independientes por parte del represivo régimen bolivariano. Herrera, abogado y filósofo asociado al tanque de pensamiento CEDICE, describió cómo al irrespetar los derechos de propiedad privada, se violan también las otras libertades individuales.

Si en Venezuela falta papel de baño y otros insumos básicos, es realmente debido a la destrucción del mercado, así como a la lenta muerte de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Herrera comentó que en Venezuela no hay expropiaciones enmarcadas por el derecho, sino expoliación antojadiza. Al identificar la democracia con programas redistributivos populistas, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad.

Explicaron los expositores que en un principio, la ciudadanía no se percató del peligro que corría. Unos permanecían apáticos a los abusos contra otros. Se adaptaban para mantener su estilo de vida. El viciado modus operandi va atrapando nuevos cómplices que por tener la cola machucada y por proteger sus intereses, no denuncian lo que ocurre ni promueven reformas. Además, las autoridades hacen gala de la legalidad de su ilegítimo actuar, ya que han ido cambiando la constitución y las leyes para hacer caber sus desmanes, al tiempo que criminalizan actos cotidianos, antes libres, como vender, comprar, opinar y educar.

Es famosa la frase de Lord Acton sobre la corrupción asociada con el poder absoluto, pero casi nunca se cita la oración siguiente: “Los grandes hombres casi siempre son malos hombres, aún cuando ejercen influencia y no autoridad; todavía más cuando agregas la tendencia de la certeza de la corrupción por la autoridad”. Mientras las complejas burocracias y los reglamentos permitan a las autoridades tomar posesión de bienes ajenos, no importa quién asuma el poder. Con probabilidad se corromperá. Los excesos en la SAT, las aduanas y en los despachos del gobierno revolucionario bolivariano no cesarán cuando los cargos sean ocupados por personas éticas. Hace falta implantar reglas que prohíban los abusos inclusive a los pícaros.

A mayor libertad, menos corrupción. Entre más sencillos y claros sean los impuestos y los trámites aduaneros, menos corrupción. ¿Porqué? Porque es más fácil fiscalizar a las autoridades y porque el poder está disperso.

Este artículo fue publicado en la edición electrónica de la Revista Contra Poder el 20 de abril del 2015.

Tomé la fotografía que acompaña este artículo en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, el miércoles 15, durante el Foro de Libertad de Expresión y Propiedad Privada organizado por el Centro Henry Hazlitt. Los panelistas que aparecen en la foto son Marcel Granier y Luis Alfredo Herrera, ambos de Venezuela.