Pobreza crónica

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Si mucho, los pobres necesitan apoyo para emprender e insertarse en un proceso productivo que les permita asir firmemente el timón de su propio destino.
Guatemala es el país con más pobreza crónica en América Latina, dice el titular de Siglo Veintiuno del lunes 1 de agosto. Golpea: no queremos tener ese récord. Las personas que son crónicamente pobres lo han sido durante por lo menos cuatro años, y quizás lo sean siempre. Es una categoría distinta del pobre “transitorio”, que puede entrar y salir de la pobreza o convertirse en clase media. La lamentable estadística proviene del estudio Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe (2015), realizado por Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Luccheti para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial.

Fue duro enterarnos que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2014, detectó un amento en la pobreza total, y una exacerbación de la pobreza extrema. Ahora nos dicen que nuestra pobreza es crónica.

El desesperanzador cuadro que pintan los datos y los reporteros guatemaltecos contrasta con el tono francamente optimista del estudio por Vakis, Rigolini y Luccheti. Ellos hablan de una “década exitosa” y del “resultado más impresionante en reducción de la pobreza en la región”. El continente está a punto de tener más habitantes de clase media que habitantes vulnerables.

Guatemala no tiene porqué ser el patito feo de América Latina. Si vencieron el demonio de la pobreza algunas economías que antes fueron centralmente planificadas, como la de China, país que aferrado al totalitarismo político, nosotros también podemos hacerlo.

Sin embargo, es importante cambiar nuestra forma de pensar sobre los indigentes. Debemos enterrar de una vez por todas dos ideas erróneas. En primer lugar, salvo algunos hippies y bohemios, la mayoría de los pobres no prefieren vivir como viven. Algunos socialistas idealizan la vida de campo y quisieran retroceder a una apacible época pre-Revolución Industrial, o incluso pre colonial. Quieren ver paisajes con pintorescas chozas, sin láminas ni blocs, pobladas por indígenas en trajes típicos que subsisten autárquicamente. En la vida real, las innovaciones que aumentan la productividad en los sectores agrícola e industrial y que crean empleos asalariados, ayudan a los guatemaltecos y sus familias. El romanticismo nostálgico los daña.

En segundo lugar, la pobreza no es una falla de mercado. Según esta tesis, el sistema capitalista excluye, margina y hasta condena a la miseria a un desvalido grupo social, como si fuera una desalmada bestia que se alimenta de pobres para beneficio de unos privilegiados ricos. No solamente Carlos Marx vio la pobreza como una consecuencia inevitable o estructural del capitalismo; los economistas de bienestar, menos radicales, caen en la misma lógica. Concluyen que los gobiernos y la cooperación internacional deben rescatar al pobre, cual héroes.

El Banco Mundial y muchos economistas de desarrollo ya descartaron estas dos ideas nefastas. Gracias a William Easterly y a otros ex burócratas desencantados con los resultados cosechados por décadas de aplicar el modelo de ayuda externa, el tono de las publicaciones dentro los organismos internacionales es abiertamente revisionista: tenemos que implantar estrategias novedosas. Reconocen que el mercado saca a los pobres de pobres, no así la cooperación internacional ni los programas estatales redistributivos. Excepto cuando se producen catástrofes que claman por ayuda humanitaria, ahora se enfatiza el desarrollo, no la redistribución. Los programas fracasados tendían a dirigirse a desvalidos objetos de caridad. Ahora, aconsejan tratar al pobre como un par o un socio, pues aunque carezca de educación formal o abundantes medios materiales, sí es capaz de trazarse metas y florecer.

Este artículo fue publicado el 5 de agosto en la Revista Contra Poder y el CEES.

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Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.