Agua escasa y buenas reglas

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“Quizás el dilema de los comunes no sea un problema tan peligroso en el caso de, digamos, un parque en Estocolmo, pero las cosas se ponen más serias cuando se trata de un vital recurso como el agua,” escribe Fredrik Segerfeldt.

No falla. Cada año, unos grupos exigen al Congreso la aprobación de una ley general de aguas. El cabildeo arranca en vísperas del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. La campaña aprovecha el inicio de la época calurosa. Es el clima perfecto para atemorizarnos con un futuro sediento, estéril y desértico. Las lúgubres predicciones no se han cumplido, aunque ya pasaron 22 años desde que se conformó la Comisión coordinadora de la Ley General de Aguas. Pero según Prensa Libre, ahora sí estamos en aprietos. Bajo el titular de “Inminente impacto por falta de agua”, el matutino advierte que ya transitamos de un país con exceso de agua a uno con carencia del fluido.

Los diputados solamente han analizado algunos de los borradores de ley que se han elaborado.  Los proyectos recientes más comentados son la iniciativa No. 2865 (2003), No. 3118 (2004) , No. 3419 (2006) y la No. 3702 (2007).  La última ha servido de base para sucesivas discusiones entre los legisladores. Usualmente, las iniciativas confieren al gobierno el poder absoluto para la toma de decisiones: crean un ente rector centralizado y debilitan los derechos de uso particular sobre las aguas.

Las cinco principales razones esgrimidas para aprobar una ley marco son: 1) somos el único país de Centro América sin legislación específica sobre la materia, 2) el artículo 127 de la Constitución Política promete que se aprobará tal ley, 3) la sustentabilidad del recurso lo exige, 4) la contaminación de las aguas superficiales aumenta y, finalmente, 5) el recurso hídrico se distribuye desigualmente. Cabe aclarar, con relación a los dos primeros puntos, que el uso del agua es regulado por diversas leyes nacionales y por tanto no vivimos un caos irremediable. Interesa más, no obstante, explorar las implicaciones de la escasez del agua de cara a su conservación, limpieza y disponibilidad.

Si el agua fuera ilimitada, podríamos emplearla libremente, pero es escasa. Cualquier recurso se abusa y desperdicia cuando las reglas nos señalan que es abundante. Debemos evitar escenarios que induzcan la tragedia de lo comunal porque estos conducen a la sobre-explotación del bien que es de todos y de nadie. Incluso cuando los usuarios reconocen que sus actos y los de sus vecinos terminarán por destruir el recurso tenido en común, no se auto-restringen pues saben que otros tomarán lo que ellos dejaron de cosechar. En Guatemala, muchos lagos y ríos están contaminados por este motivo. Las municipalidades, las industrias o los individuos que acceden a estos cuerpos de agua los tratan como propiedad tenida en común. Aunque la contaminación les imponga costos a todos, la responsabilidad por el problema se diluye y evade. Cuando el dueño de las aguas de dominio público, el estado, así lo permite, se fomentan tragedias de lo comunal.

Este dañino escenario se supera asignando derechos claros y defendibles sobre el agua. Los derechos pueden ser ostentados por individuos o por entes que se comporten como propietarios preocupados por la sustentabilidad del bien. Propiedades tenidas en común, como por ejemplo ciertos bosques en Totonicapán, pueden funcionar sin generar dilemas. En estos casos, los miembros de la comunidad tienen claro qué es prohibido y qué es permitido. Forjan acuerdos socialmente aprobados que se cumplen. Es posible administrar cuencas hídricas con éxito bajo parámetros como estos. La clave está en fijar reglas que induzcan un manejo de los recursos que sea responsable, razonable y con visión de largo plazo.  Yo apoyaría la aprobación de una ley de aguas que, en lugar de nacionalizar el vital líquido, enarbole prácticas que aseguren el buen uso y la conservación del agua.

Este artículo se publicó el viernes 28 de marzo del 2014 en la revista Contra Poder y en CEES.

La foto es del Lago de Amatitlán, Guatemala, tomada en 2014.

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Ambientalismo político

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¿Cómo proteger a la iguana negra, al gorrión colibrí y a otras especies en peligro de extinción?  La solución favorita involucra aprobar leyes y reglamentos, crear una agencia gubernamental y tirarle dinero.  Le endosamos el problema a papá Gobierno para luego lavarnos las manos.  ¿Ha rendido eficientes resultados esta estrategia?

En Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a legislar sobre la materia en 1900.  La Ley Lacey prohibía comercializar especies animales.  Varias enmiendas más tarde se vedó la posesión y la comercialización, y se restringió el uso de tierras clasificadas como “hábitat crítico”, en 1973.   Las dos agencias encargadas ya no sólo supervisan la fauna en peligro de extinción, sino también la flora, y agregaron dos categorías de protección adicionales: bajo escrutinio y bajo amenaza.   Una de las dos agencias, la Fish and Wildlife Service (FWS), tiene cerca de 8,000 empleados y maneja más de U.S. $ 2.3 mil millones anuales.  Han removido de su lista a 28 de más de 2,000 especies, una taza de recuperación de 1%.  Analistas dicen que muchos de los costos de operación de la FWS no se divulgan, ni se contabilizan los costos millonarios por pérdidas de empleos y productividad cuando se impide el aprovechamiento económico de ciertas tierras.  FWS gasta más de la mitad de su presupuesto en 7 especies, es decir, sólo el 0.6% de su lista.  Tanto los ambientalistas como los propietarios confirman que la ley de 1973 introdujo incentivos perversos y cambió drásticamente las garantías a los derechos de propiedad.  En fin, teniendo en cuenta el poder, los empleados y los fondos de estos programas federales, su eficiencia es baja.

Por supuesto que no quiero ver extintas bellas especies de fauna y flora: ¡por eso mismo se debe detectar las graves fallas asociadas a la estatización del tema ambiental!   Sirve de advertencia el libro Ambientalismo Político (Hoover Institution Press, 2000), editado por Terry Anderson.  Los autores que contribuyeron al texto describen cómo muchos de los bien intencionados y ambiciosos proyectos se ven empañados por luchas de poder.  Afloran los conflictos de interés y el tráfico de influencias.  Las agencias federales, las autoridades locales y hasta los diputados compiten por asir las riendas, para así captar la asignación presupuestaria y controlar a la burocracia.  Las burocracias crecen en tamaño y atribuciones, requiriendo más presupuesto.  Las leyes se modifican para darle al gobierno más poder discrecional.  Se producen extrañas alianzas y oscuras búsquedas de renta.  Muchos usan la bandera verde por conveniencia, no convicción.

Concluyen que es ingenuo esperar curas milagrosas del Gobierno.  Si bien no podemos evitar la política del todo, debemos ensayar con soluciones creativas que reconozcan los escollos previsibles.  Podemos evitar la centralización del poder de toma de decisión, la discrecionalidad y las oportunidades de corrupción.   Es vital comprender que la transparencia y los derechos de propiedad son aliados, no enemigos, del ambientalismo.

Publicado el 6 de marzo de 2013 en Siglo 21.

Foto por TJR, 2010