¡Ganó Brexit!

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Los sorprendidos eurócratas predicen el caos total, luego de que los votantes británicos optaran por desvincular a su país de la Unión Europea.

La mayoría de los más de 30 millones de votantes que acudieron a las urnas el 23 de junio prefirió “Brexit” (el amalgama de Britain y exit, o salida) a permanecer dentro de la Unión Europea (UE). ¿Se hizo haraquiri el Reino Unido, o saldrá fortalecido en un futuro próximo?

Confunde el hecho que coaliciones multipartidistas y variopintas abogaron por cada alternativa. Ambos bandos mezclaron argumentos válidos con cantaletas populistas. El Reino Unido es el primer estado-nación en retirarse del grupo de ahora 27 países. Únicamente los habitantes de Groenlandia, un territorio danés, habían tomado similar determinación en 1982. Brexit generó incertidumbre. Desató un pánico financiero que podría ceder frente a la lenta transición. Pasarán meses antes de que se nombre al sucesor de David Cameron, quien renunció al cargo de primer ministro luego de protagonizar una campaña por permanecer dentro de la UE. Al sucesor corresponderá iniciar el proceso separatista, invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Pero el gobierno británico podría también desacatar el mandato, convocar a otro referendo y arrastrar los pies. La futura relación entre Gran Bretaña y la UE será negociada con la burocracia en Bruselas: permisos, barreras, regulaciones, impuestos y más serán minuciosamente discutidos en los años venideros. No sabemos qué sapo-culebra saldrá de esas pláticas.

En contraste, la victoria del Brexit refleja claramente el descontento ante la situación económica y las tendencias migratorias. Los británicos consideran excesiva la inmigración neta a su país, estimada en 330,000 durante el 2015 por Migration Watch UK. Aunque la población islámica ya superó los 3 millones y el Islam es la segunda religión más practicada en Inglaterra, el asunto es más económico que religioso, racial o cultural. La evidencia es escasa, pero los británicos asocian el desempleo con el influjo de personas desde la UE. Adicionalmente, en el 2015 el Reino Unido aportó US $ 17.25 mil millones de dólares al presupuesto de la UE, pero solamente recibió de vuelta US $ 5.97 mil millones en inversiones. La UE es vista como un impedimento costoso para decidir sobre asuntos nacionales apremiantes. La popular frase de la campaña pro salida, “toma control”, lo resume acertadamente.

La teoría del Public Choice se inclina por reducir el tamaño del grupo elector para tomar decisiones en democracia. Por eso he promovido la descentralización y el fortalecimiento del poder local. La cercanía de un representante con sus votantes mejora las perspectivas de que responda a sus preferencias. Desde la lejana Bruselas, llegan noticias de escándalos de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que plagan a la burocracia supranacional de alrededor de 170,000 funcionarios. Nick Cosgrove, un analista de Open Europe, dice que los eurócratas impactan la vida del europeo promedio regulando desde la electricidad hasta los alimentos, pese a no ser “electos y no responder a los ciudadanos ordinarios”.

Devolver el poder de decisión a los políticos británicos no necesariamente constituye un rechazo al libre comercio. Gran Bretaña difícilmente cerrará sus puertas a Europa, su principal mercado, o al resto del mundo. Constituir un mercado único sin fronteras fue el propósito expreso de organizar la UE; le tomó décadas convertirse en un mercado altamente regulado y protegido vis-a-vis otros continentes. Inglaterra ya practicaba la apertura comercial desde antes de 1999. Luego de Brexit, Gran Bretaña podrá negociar acuerdos bilaterales de libre comercio más ágilmente que la UE.

Ante todo, Brexit es un histórico grito para contener el prepotente dominio de una pesada y paralizante eurocracia.

Este artículo fue publicado el 8 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

**Luego de publicarse este artículo, Therese May fue electa como Primer Ministro en sustitución de David Cameron.

Captura, no cooptación

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bautiza sus casos con nombres sugerentes, pero ¿qué es cooptación?

Los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre los casos investigados por la CICIG. Éstos portan nombres llamativos, como Caso negociantes de salud, La Línea, La Cooperacha, Impunidad y Defraudación, Corrupción TCQ, y el sonado Caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Cabe preguntar, ¿cómo se coopta a un Estado? Un amigo exclamó recientemente que la palabra no significa lo que por ella entienden el comisionado Iván Velásquez y la prensa. Efectivamente, el Diccionario de la Real Academia dice que cooptar es “llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella.” Wikipedia ilustra esta definición. El primer ejemplo refiere a un período particular durante el imperio romano, cuando los emperadores podían adoptar como hijo (cooptado) al hombre que elegían para sucederles. La segunda instancia es el ascenso a un grado superior por oficiales de las Fuerzas Armadas, el cual ocurre por cooptación.

Empero la CICIG acusan a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de liderar una red criminal que se enriqueció ilícitamente tras “cooptar el poder”. Conformaron una compleja “maquinaria de lavado de activos” desde que el Partido Patriota empezó a hacer campaña. En inglés, una acepción del vocablo “coopt” alude a tomar algo como propio. Justo eso hicieron los integrantes de esta mafia gobernante. Pero en español, sus actividades serían mejor descritas como captura y no cooptación.

La teoría de la captura es atribuida al economista de la Universidad de Chicago, George Stigler. Ganó el premio Nobel en 1982 precisamente por investigar el efecto de las regulaciones públicas en la estructura de la industria. Stigler encontró que los regulados, supuestos perjudicados por la regulación, realmente se benefician de ella. Contrario a nuestras expectativas, las trabas diseñadas por funcionarios dañan a los consumidores. Los regulados incluso cabildean a los legisladores para que aprueben leyes que elevan el costo de entrada a sus respectivos mercados, garantizándoles así condiciones casi monopólicas. La comisión que regula los taxis de Washington, D.C., por ejemplo, es un regulador capturado. Su fin es garantizar “una experiencia en taxi segura, cómoda, eficiente y barata en vehículos bien equipados”, pero en la práctica protege los intereses de las compañías de taxis. Han obligado al servicio Uber a cobrar hasta cinco veces más que un taxi para prevenir que sus cómodos vehículos compitan con el servicio tradicional.

La CICIG sostiene que Pérez Molina, Baldetti y sus amiguetes, muchos de los cuales ocupaban cargos públicos, eran simultáneamente dueños o controlaban empresas, asociaciones y cuentas bancarias hacia las cuales trasladaban fondos públicos. Lo dramático de esta red es que la captura ocurre desde dentro del foro político, pues fue orquestada por políticos y no por empresarios mercantilistas o corruptos.

Es cierto que los gobernantes inescrupulosos que abusan del poder político atraen a figuras corrompibles, pero también arrastran a partícipes reacios. Ahora, la difícil tarea del Organismo Judicial es separar a la hierba verdaderamente mala, de las personas que siempre hubieran preferido una dinámica transparente.

No es razonable suponer que cualquier ciudadano que interactúa con políticos es responsable de captura. Acusar de corruptores a cientos de ciudadanos, de forma indiscriminada, provocará una costosa desaceleración de la economía nacional. El costo de dejar atrás ese turbio juego al cual nos habíamos acostumbrados no debe exceder el beneficio de institucionalizar una interacción civilizada, basada en la honradez y demás virtudes.

Este artículo fue publicado el 1 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

¿Qué ofrece el socialismo?

MELS - Graffiti

En Guatemala, vemos pancartas o pintas callejeras con frases como “Cada generación necesita su revolución”, “Alto al saqueo del país” y “El pueblo manda”.

Los manifestantes socialistas gritan no al capitalismo y al empresariado, rechazando la minería y las hidroeléctricas, así como la palma africana, el azúcar y otras agroindustrias. Odian al ejército y, últimamente, a las iglesias.

La mentalidad socialista se debate entre el romanticismo y un brutal naturalismo. Las personas con un buen corazón lloran la suerte de niños malnutridos e ignorantes, de pacientes no tratados y de ancianos abandonados. Ofende la imagen de un soldado traicionero que comete “genocidio” contra su propia gente. La literatura socialista transforma la relación entre el empleador y el empleado en una lacerante esclavitud para el trabajador. Hasta la familia se interpreta como un escenario patriarcal para explotar a la mujer y a los hijos. Recogiendo trozos de verdad, estos lentes analíticos llevan a algunos a concluir que sólo destruyendo las instituciones sociales y económicas es posible superar la lucha de clases.

Sin embargo, ¿cuáles son los principios que sustentan el socialismo? ¿Cómo funciona una sociedad en la cual el Estado controla o regula la producción , la distribución y el intercambio de los bienes y servicios? Lawrence Reed, el presidente de la Fundación para la Educación Económica (FEE), un tanque de pensamiento estadounidense, destila cinco ideas medulares al enfoque socialista.

El primer síndrome del socialismo, escribe Reed, es la tendencia a pasar leyes para “curar” cualquier deficiencia diagnosticada. Los reguladores se empeñan en corregir lo que las personas libres hacemos mal, según su criterio. Tienen tal confianza en el intervencionismo estatal que incluso aprueban leyes para corregir el efecto de leyes anteriores, cuyas consecuencias negativas no fueron previstas. Las leyes son sinónimo de coerción. Implican el cobro de más impuestos para sustentar burocracias reguladoras, y penas fuertes para los infractores del voluminoso cuerpo legislativo.

El segundo principio es que el Gobierno debe darnos cosas. Reed nos recuerda que el gobierno sólo puede redistribuir lo que previamente quitó a alguien más. Siempre deberíamos hacernos las preguntas: ¿De qué bolsillo viene esto que me ofrece el Gobierno? ¿Y qué me quita a mí? Algo muy distinto a este mecanismo coercitivo es la transferencia voluntaria de bienes entre particulares.

El tercer principio es la evasión de la responsabilidad personal. Nuestros problemas ya no son nuestros, sino de la sociedad, y por ende el Gobierno está llamado a resolverlos. Nos brinda empleo y vivienda; mantiene a nuestros hijos. “Cuando las personas pierden su espíritu de independencia e iniciativa, su confianza en sí mismas, se convierten en barro en manos de tiranos y déspotas,” escribe Reed.

El cuarto principio es el complejo del sabelotodo. Quienes hacen gobierno creen saber lo que más nos conviene, y luego nos obligan a obrar de acuerdo a su visión. Los gobernantes incluso se empeñan en prohibir a los ciudadanos emprender proyectos que ellos no pensaron antes, o porque sus planes no están regulados.

Finalmente, el veneno de la envidia y la codicia de la riqueza ajena se convierte en la gasolina de la maquinaria redistributiva. Jamás reconocen los derechos de aquellos ciudadanos que clasifican en la clase de “los ricos”. Advierte Reed que “las civilizaciones se han desmoronado bajo el peso de la envidia y la falta de respeto a la propiedad que ella conlleva.”

La filosofía liberal supera al socialismo porque es regenerativa, motivante y creativa, mientras los cinco principios socialistas apelan a bajos instintos humanos, como la pereza, la dependencia y la destrucción. Concuerdo con Lawrence Reed: no tenemos que seguir la ruta socialista. No es inevitable.

Este artículo fue publicado el 24 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía NO ES PROPIA; fue tomada de este blog.

Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Qué quieren los jóvenes?

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¿Qué exige la generación del milenio en materia política?

Un 53 por ciento de los nacidos entre 1981 y 2000 ve el socialismo con buenos ojos, según una encuesta realizada en Estados Unidos por las empresas Rupe y Reason, citada por Emily Ekins y Joy Pullman en un artículo para The Federalist. En contraste, sólo un cuarto de los mayores de 55 piensa igual, en parte porque conocen los horrores de los experimentos marxistas del siglo XX. Otra encuesta, levantada por YouGov, revela que el 43 por ciento de los menores de 30 años son partidarios del socialismo.

¿Los mileniales quieren, entonces, que los gobiernos asuman el control de los factores de producción? Eso es socialismo, ¿no? Planteada así la cuestión, los jóvenes contestan que no. Pullmann y Ekins afirman que “si los jóvenes tuvieran que pagar por todos los esquemas socialistas que aparentemente apoyan, su apoyo se evaporaría rápido.” Entre más ganan los mileniales, más odian que el gobierno se quede con una parte sustancial de sus ingresos.

Quizás resolvamos la paradoja analizando los adjetivos descriptivos de los mileniales. Diversos estudios cualitativos generan una amplia lista de características: son personas que sienten que tienen derecho a muchas cosas, de mente abierta, entusiastas, optimistas, flexibles, sofisticados, pragmáticos, vacilantes, renuentes a comprometerse con una postura ideológica, amantes de redes sociales, centrados en si mismos e inclusivos. A mi entender, algunos de estos epítetos son mutuamente excluyentes. No pocos jóvenes se ofenden al leerlos.

Sin embargo, el sentido de merecer, de tener derecho, sumado al afán por ser inclusivos, se traduce en un deseo de mejorar el bienestar propio y el de los demás. Ellos han sido programados con el chip de que pueden cambiar el mundo. Les gustan las empresas solidarias, movidas no sólo por el imán de las ganancias sino por una causa noble. De hecho, los empleadores en los países desarrollados notan que los mileniales renuncian a sus trabajos si éstos carecen de un sentido más alto que traer pan a la mesa. Según la revista Forbes, los mileniales han engrosado las filas del emprendimiento social: “El creciente énfasis en el bien de la sociedad está empoderando a los mileniales a balancear sus carreras profesionales con el karma…”. Curar el cáncer, terminar con el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza son algunas de sus aspiraciones.

Por tanto, para ellos ser socialista es más o menos igual a ser una persona empática, alguien que se preocupa por el prójimo y el planeta. En ese sentido, no son tan egoístas como se les retrata. Quieren aportar soluciones distintas, innovadoras, a los problemas de su tiempo.

¿Son distintas las perspectivas políticas de los jóvenes en América Latina, en comparación con los jóvenes en Estados Unidos? Yo esperaría que nuestros jóvenes fueran más suspicaces de los gobiernos. Nuestras experiencias con el abuso del poder y la corrupción bastan para curar a cualquiera de la ilusión según la cual los políticos populistas, demagogos y socialistas son los llamados a palear los males de la sociedad.

He allí el dilema para los jóvenes que salieron a la plaza el año pasado. Saben que también ellos serían tragados por el sistema corruptor si tomaran las riendas del gobierno; los cambios sustanciales no vendrán desde la arena política. Para alcanzar el bienestar social que tanto anhelan, deben desoír las sirenas socialistas y promover más libertad económica, confiando así en que las personas saldrán adelante con su ingenio y trabajo arduo. La plaza tiene que generar propuestas de políticas públicas para restringir, no fortalecer, el control gubernamental sobre los medios de producción.

Este artículo fue publicado el 3 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Crédito de foto para collage.

Correo público versus privado

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Circulan tres mitos sobre los servicios públicos de correo que ameritan una respuesta.

Mito 1: El abrupto cierre de El Correo de Guatemala, S.A. demuestra que es malo privatizar los servicios públicos. Si jamás se hubiera concesionado el servicio postal, ningún contrato caducaría, pero ese hecho dice poco sobre las bondades o defectos de la privatización. Para ser precisos, aquí no se liberalizó el mercado. El gobierno tampoco se lavó las manos de distribuir cartas y paquetes. En 1998, se concesionó un monopolio a International Post Service (IPS), extensión de la empresa estatal Canada Post. El gobierno de Guatemala siguió siendo el último responsable, en parte porque es miembro de la Unión Postal Universal (UPU) de la ONU, y los países miembros se obligan a prestar el servicio bajo ciertas condiciones.

El 18 de mayo amanecieron cerradas las agencias de El Correo porque el Congreso de la República no aprobó la prórroga del contrato. Colocó a la empresa en un limbo legal. El gobierno tampoco convocó oportunamente a una licitación para contratar a otro operador, ni empezó a retomar los bienes de la empresa. La gerencia de El Correo forzó al gobierno a convocar una mesa de diálogo en la que participaron ellos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), y la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT); allí se negoció la reapertura temporal del servicio.

Mito 2: Los guatemaltecos salimos perdiendo con la concesión a El Correo. El servicio gubernamental antes de 1998 era pésimo. La Administración General de Correos era una organización burocrática deficitaria con equipo anticuado. Las cartas se perdían, o llegaban a su destino dañadas y hasta meses o años tarde. Se robaban las remesas. En ese tiempo, alrededor de 2,000 empleados manejaban 50 millones de piezas de correo al año, más o menos lo que Canada Post administraba en un día. Tan poca confianza nos merecía el servicio, que a partir de la década de los setenta, surgieron varias empresas de courier, paquetería, mensajería y carga que satisfacían la demanda insatisfecha.

Según cifras oficiales, entre junio del 2004 y el 2015, El Correo movió casi 452 millones de piezas, aproximadamente 35 millones anuales. El canon por la concesión significó ingresos de Q69.4 millones para el Estado. No obstante los reclamos contra El Correo y las multas que le cargan las autoridades, seguramente el saldo neto de la concesión fue positivo.

Mito 3: Ocurrirá una catástrofe si dejamos morir la empresa estatal. Las convenientes comunicaciones electrónicas han reducido el uso del correo tradicional. Si el correo físico no muere, deberá reconfigurarse, y eso requiere visión emprendedora. Personeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos admiten que no pueden hacerse cargo del servicio de correo ahora, pero además, recibirían un negocio que ya no es rentable, según declaraciones anónimas de los empleados de El Correo. El volumen anual que maneja El Correo ha descendido desde el 2011. ¿Conviene embarcar al gobierno en una aventura que generará nuevas deudas?

En tanto, los consumidores contamos con numerosas empresas privadas que prestan servicios de correo, incluso en áreas remotas. Hace dos décadas se estimaba que entre el 60 y el 80 por ciento de la demanda nacional se confiaba a servicios privados, incluyendo, por cierto, importantes documentos oficiales del Estado. Es innegable que los oferentes privados en Guatemala no sólo hacen un buen trabajo, sino contribuyen al bienestar de las familias guatemaltecas y a la productividad del país.

Guatemala podría convertirse en el segundo país, después de Nueva Zelanda, en desregular el mercado. La UPU puede hacer berrinche, pero es viable un futuro sin un proveedor público del servicio postal.

Este artículo fue publicado el 27 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Justicia Social

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Sorprende el discurso que dirigió el magistrado afro-americano de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Clarence Thomas, a los graduandos de Hillsdale College.

En el acto, el sábado 14 de mayo, Clarence Thomas dijo: no los motivo a luchar contra la injusticia social. En su lugar, los exhortó a ser buenos ciudadanos y a preservar la libertad. No tardan en acusar a Thomas de traicionar a su clase o a su etnia, a la luz de sus recomendaciones políticamente incorrectas. ¿Cómo osa el magistrado oponerse al mantra salvador de los marginados, dada su humilde cuna en un pueblo agrario del estado de Georgia?

Quizás Clarence Thomas ya leyó el nuevo libro por Michael Novak, Paul Adams y Elizabeth Shaw, Justicia Social no es lo que usted cree que es (2015). El filósofo Novak y sus coautores argumentan que las connotaciones modernas del concepto no coinciden con el uso original de la frase. La buena ciudadanía que recomienda el magistrado Thomas podría cuadrar con el sentido verdadero de la justicia social.

Novak afirma que la frase aparece por primera vez en un libro por el sacerdote conservador Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), quien se propuso rescatar el concepto de “justicia general” esbozado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Testigo de los efectos de la Revolución Industrial, Taparelli se preocupó por la unidad familiar. El sacerdote creía que la sociedad tiene su fundamento en las “pequeñas sociedades”, es decir, las familias y las organizaciones locales, y no en “la gran sociedad” o el Estado. Le inquietaba que las familias migraran, completas o desmembradas, hacia pueblos y ciudades. No sólo abandonaban la subsistencia agraria para convertirse en obreros asalariados, sino quizás también costumbres familiares importantes.

En contraste, el gobierno cobra primacía en la nueva concepción de justicia social. Ésta pretende corregir la mala distribución de los recursos en la sociedad. Crecemos en circunstancias distintas, y cosechamos resultados diferentes producto de nuestro ingenio, trabajo y entorno. El gobierno, concebido como un imparcial agente externo, capaz de asignar los bienes disponibles con más tino que la naturaleza, es requerido para nivelar el desbalance. Además, Michael Novak se lamenta que la acepción francesa de égalité ha llevado a una obsesión por una uniformidad casi aritmética, inalcanzable sin ejercer la coacción.

Sumada a la responsabilidad por la igualdad y la redistribución, recae en los gobernantes la tarea de definir qué es el “bien común”. Novak pone un ejemplo. Los ciudadanos soviéticos tenían prohibido fijar residencia en otro país, porque al hacerlo dejarían de tributar. En aras del bien común, los oficiales buscaban maximizar las contribuciones al erario manteniendo cautivos a los nacidos en el territorio bajo su control. El bien común se transforma en una peligrosa excusa para aplastar libertades personales.

Al gobierno no le compete definir el bien común ni redistribuir los bienes, escribió el Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (1891). Como Taparelli, León XIII se ocupa de la familia y la justicia social, pero se distancia de la lectura socialista de la industrialización. Se opone al totalitarismo. Clamando respeto por “la condición humana”, el pontífice declara como vana la pugna socialista contra las desigualdades naturales. “No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna,” versa la encíclica.

Conviviendo en pueblos y ciudades, las personas emplean sus sanas y constructivas diferencias. Se asocian unos con otros para solucionar por si mismos los problemas que les atañen directamente. He allí el buen ciudadano del que habla Clarence Thomas.

Este artículo fue publicado el 20 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue tomada de la publicación College Fix.

Mentalidad garrafón

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¿Es constructiva la iniciativa “Ley marco para el manejo integral, sostenible y eficiente, de los recursos hídricos en Guatemala”, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)?

Imagine a la madre de una familia numerosa que tiene un garrafón de agua. El garrafón es irreemplazable, por lo que la madre debe racionar el contenido para que dure. A la hora de la comida, sirve cantidades iguales en los vasos de sus chiquillos. No quiere ser acusada de favoritismo hacia una de sus crías. Ahora imagine que un hijito travieso extrae agua del garrafón para que su patito plástico chapotee en una palangana. La disgustada madre exclamará que ese uso del recurso es superfluo y contrario al interés familiar. Les prohibirá a los hijos acercarse al recurso: ella es la monarca del garrafón y autora de un plan maestro de su uso.

Las sucesivas iniciativas de ley de aguas en Guatemala tienden a abrazar esta mentalidad garrafón. Parten de la premisa que estamos peligrosamente cerca de agotar el recurso hídrico, aunque sorpresivamente, esta iniciativa admite que “no llega a utilizarse ni la décima parte del potencial hídrico del país”. En realidad, no estamos consumiendo el último garrafón a nuestra disposición.

Además, los legisladores asumen que los guatemaltecos somos niñitos traviesos e irresponsables en nuestros patrones de consumo. Crean un Czar del agua, quien, cual mamá vigilante, controla centralizadamente el recurso. Esperan que el Czar posea, como la madre, un genuino interés por el bienestar de cada uno de los ciudadanos, por el “interés público o social”. Además, debe ser omnisciente de todo lo relativo al agua en el país: debe levantar un inventario exhaustivo, asignar permisos, decidir si el “balance” de un recurso hídrico es inestable, racionar el bien en tiempos de sequía, planificar la recuperación de recursos comprometidos, y más. El MARN incluso puede declarar “cerrada la fuente para nuevos aprovechamientos”.

Según esta iniciativa de ley, Mamá Gobierno tendrá que basar sus decisiones en tres criterios: eficiencia, equidad y sostenibilidad. Sin embargo, las madres no distribuyen el recurso calculando qué hijo destinará el bien al uso más productivo, o quién paga más. La eficiencia es el resultado de permitir que usuarios compitan por el recurso. Cuando una única autoridad centraliza la toma de decisiones, opera a ciegas respecto de la demada real, con lo cuál es prácticamente imposible saber si asigna eficientemente el agua o no. Sus elementos de juicio serán planes políticos estáticos. Por técnicos y científicos que sean los estudios esbozados por personeros del MARN, son incapaces de reflejar las preferencias de miles de usuarios.

El proyecto de ley es interesante porque crea la figura del czar pero simultáneamente favorece la figura de comités de cuenca para la gobernanza del recurso. Es un paso en la dirección correcta. No habría entonces un monarca, sino habrían varias organizaciones integradas con representantes del gobierno y con usuarios del agua. Por un lado, estos comités compitirían unos con otros evidenciando buenas prácticas. Por el otro lado, tomarían decisiones ajustadas a las particulariedades de su respectiva cuenca. Para que funcionen estas organizaciones comunitarias locales, escribió la premio Nobel Elinor Ostrom, los comités de cuenca deben estar basados en tradiciones locales. Deben adoptar reglas apropiadas a la localidad. Además, debe definir claramente los límites a los usuarios y fijar las sanciones que aplicarán a quienes violen las reglas.

Es más probable que los integrantes de estos comités se preocupen por conservar el bien, en comparación con un plenipotenciario Czar nacional, pues sus vidas se verán directamente beneficiadas por un manejo racional del agua de su comunidad. Además, tienen mejores posibilidades de dirimir conflictos entre usos alternativos.

Este artículo fue publicado el 13 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

SOS para el basurero

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Las primeras lluvias del invierno provocaron un nuevo derrumbe en el basurero de las zona 3, el pasado 27 de abril, alrededor de las 14:00 horas.

Se siguieron días de angustia. Los socorristas y bomberos lucharon por rescatar a una cantidad indefinida de personas, muchas de las cuales habían ingresado ilegalmente al relleno. Las fuentes noticiosas reportan entre cuatro y siete fallecidos, y aproximadamente quince heridos.

Resulta demasiado familiar la tragedia. En el 2012, cuatro recicladores, incluyendo un niño de 10 años, murieron buscando desechos en áreas prohibidas. En el 2008, el relleno sanitario cobró cuatro vidas. El año anterior dos camiones recolectores, junto con una mujer, fueron tragados por toneladas de basura. Cada víctima del basurero es un ser humano único e irrepetible: cada uno tiene nombre, anhelos truncados y familiares que lloran su partida.

Asesores de la cooperación japonesa predijeron que el vertedero colapsaría en el 2002, pero sigue operando. La Muni protege a los “guajeros” con guantes, mascarillas y botas, y desincentiva el ingreso de los niños. El Alcalde Arzú está presionado desde los polos extremos: por un lado, se clama por el cierre definitivo del basurero; por el otro, se exige perpetuar el estatus quo. Es alto el costo político de clausurarlo, de no hacer nada, y de implementar un proyecto público nuevo. Una salida podría ser autorizar la apertura de nuevos rellenos privados que compitan con el actual. El gobierno tendría que cuidar de no limitar la inversión privada mediante excesivas regulaciones y una cargante tramitología. Una vez existan diversas opciones, se puede sistemáticamente resolver los múltiples problemas en la zona 3.

Los guajeros desempeñan un trabajo tan peligroso como necesario: recuperan materiales reciclables con valor de mercado. Suelen hacerlo con más eficiencia que los costosos programas europeos, donde la máquina computarizada hace las veces del recurso humano. Los recicladores poseen un conocimiento práctico sobre los diferentes tipos de plástico, cartones, metales y demás desechos, y sobre su fluctuante precio.

Pese a la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos, los recicladores frenan el cambio. Temen transformaciones que los dejen sin el sustento que obtienen mediante sus particulares conocimientos y destrezas. Están organizados como grupo de presión y usan su peso político. Asumo que una negociación con ellos requerirá mostrarles beneficios mayores a futuro, como por ejemplo, si son socios de los nuevos emprendimientos.

La falta de recursos financieros también se soluciona abriendo oportunidades a operadores privados, como han hecho municipalidades alrededor del mundo. Los inversionistas particulares aportan visiones innovadoras y nuevas tecnologías. Un curioso ejemplo exitoso es el basurero privado de Creedmoor, Texas, cuyos dueños combinan la recolección de 3,000 toneladas de basura diaria con un zoológico de animales exóticos. La reserva es el empleador más grande y el contribuyente más importante de Creedmoor. De hecho, la mayoría de rellenos sanitarios de Texas son operados por particulares y cosechan ganancias.

Sería preferible crear un entorno competitivo en lugar de conceder monopolios artificiales. Así, más de un inversor prestará un servicio de calidad, a buen precio, cuidando no despilfarrar. Habría que alinear los incentivos para que velen por la sanidad en los procesos en la planta, así como por las externalidades que impacten sobre el ambiente y las aguas aledañas.

Señor Alcalde: no lo tiene que hacer todo usted, ni tiene que dejar de hacer lo que ya hace…puede abrir la puerta a las alternativas particulares y así conseguir mejoras en el basurero de la zona 3 y en nuevos vertederos más modernos y eficientes.

Este artículo fue publicado el 6 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue adaptada de este sitio.