¡Ganó Brexit!

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Los sorprendidos eurócratas predicen el caos total, luego de que los votantes británicos optaran por desvincular a su país de la Unión Europea.

La mayoría de los más de 30 millones de votantes que acudieron a las urnas el 23 de junio prefirió “Brexit” (el amalgama de Britain y exit, o salida) a permanecer dentro de la Unión Europea (UE). ¿Se hizo haraquiri el Reino Unido, o saldrá fortalecido en un futuro próximo?

Confunde el hecho que coaliciones multipartidistas y variopintas abogaron por cada alternativa. Ambos bandos mezclaron argumentos válidos con cantaletas populistas. El Reino Unido es el primer estado-nación en retirarse del grupo de ahora 27 países. Únicamente los habitantes de Groenlandia, un territorio danés, habían tomado similar determinación en 1982. Brexit generó incertidumbre. Desató un pánico financiero que podría ceder frente a la lenta transición. Pasarán meses antes de que se nombre al sucesor de David Cameron, quien renunció al cargo de primer ministro luego de protagonizar una campaña por permanecer dentro de la UE. Al sucesor corresponderá iniciar el proceso separatista, invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Pero el gobierno británico podría también desacatar el mandato, convocar a otro referendo y arrastrar los pies. La futura relación entre Gran Bretaña y la UE será negociada con la burocracia en Bruselas: permisos, barreras, regulaciones, impuestos y más serán minuciosamente discutidos en los años venideros. No sabemos qué sapo-culebra saldrá de esas pláticas.

En contraste, la victoria del Brexit refleja claramente el descontento ante la situación económica y las tendencias migratorias. Los británicos consideran excesiva la inmigración neta a su país, estimada en 330,000 durante el 2015 por Migration Watch UK. Aunque la población islámica ya superó los 3 millones y el Islam es la segunda religión más practicada en Inglaterra, el asunto es más económico que religioso, racial o cultural. La evidencia es escasa, pero los británicos asocian el desempleo con el influjo de personas desde la UE. Adicionalmente, en el 2015 el Reino Unido aportó US $ 17.25 mil millones de dólares al presupuesto de la UE, pero solamente recibió de vuelta US $ 5.97 mil millones en inversiones. La UE es vista como un impedimento costoso para decidir sobre asuntos nacionales apremiantes. La popular frase de la campaña pro salida, “toma control”, lo resume acertadamente.

La teoría del Public Choice se inclina por reducir el tamaño del grupo elector para tomar decisiones en democracia. Por eso he promovido la descentralización y el fortalecimiento del poder local. La cercanía de un representante con sus votantes mejora las perspectivas de que responda a sus preferencias. Desde la lejana Bruselas, llegan noticias de escándalos de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que plagan a la burocracia supranacional de alrededor de 170,000 funcionarios. Nick Cosgrove, un analista de Open Europe, dice que los eurócratas impactan la vida del europeo promedio regulando desde la electricidad hasta los alimentos, pese a no ser “electos y no responder a los ciudadanos ordinarios”.

Devolver el poder de decisión a los políticos británicos no necesariamente constituye un rechazo al libre comercio. Gran Bretaña difícilmente cerrará sus puertas a Europa, su principal mercado, o al resto del mundo. Constituir un mercado único sin fronteras fue el propósito expreso de organizar la UE; le tomó décadas convertirse en un mercado altamente regulado y protegido vis-a-vis otros continentes. Inglaterra ya practicaba la apertura comercial desde antes de 1999. Luego de Brexit, Gran Bretaña podrá negociar acuerdos bilaterales de libre comercio más ágilmente que la UE.

Ante todo, Brexit es un histórico grito para contener el prepotente dominio de una pesada y paralizante eurocracia.

Este artículo fue publicado el 8 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

**Luego de publicarse este artículo, Therese May fue electa como Primer Ministro en sustitución de David Cameron.

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La ética y el terrorismo

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A una civilización de Occidente acomplejada se le dificulta enfrentar el terrorismo barbárico.

La violencia contra civiles en Paris confrontó al Occidente con el terror absoluto, otra vez. El principal sospechoso de planificar los ataques, Abdelhamid Abaaoud, es un marroquí con pasaporte belga, miembro del Estado Islámico, quien se coló por entre los dedos de la policía de Bélgica. De hecho, la justicia belga lo condenó in abstentia a 20 años de prisión por liderar una red de reclutamiento para el yihad. Él aparentemente se encuentra en Siria, desde donde coordinó los múltiples ataques del 13 de noviembre.*

El joven Abaaoud, de 27 años, le pone cara al terrorismo moderno. Células pequeñas de radicales emplean medios ilegales e inmorales para perpetuar actos aleatorios que matan a inocentes. Son guerreros disciplinados y comprometidos, como lo demuestran los yihadistas suicidas, irrespetuosos de las reglas para la guerra. De allí que se condene el terrorismo como algo esencialmente malvado e injustificable. En palabras del profesor Peter Simpson, “una obra mala ejecutada por personas malas no puede ser justificada ni por la religión, ni por sus supuestas motivaciones.” Y la responsabilidad de estos actos desalmados debe depositarse a los pies de los atacantes, no de las víctimas o sus gobernantes. Por mucho que los regímenes políticos de Occidente, en este caso Francia, cometieran atropellos e injusticias contra los países árabes a lo largo de la historia, este tipo de respuesta vengativa se aparta claramente de la conducta ética.

¿Cómo debe responder el mundo civilizado frente a estos ataques terroristas? Existe un relativo consenso que los gobiernos tienen la grave obligación moral de proteger a ciudadanos inocentes. En el combate contra el terrorismo, explica el autor de International Ethics, Mark Amstutz, no funcionan el diálogo o la disuasión, por lo cual se recurre a estrategias defensivas y ofensivas. Unas buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades susceptibles de ser asaltadas, y las otras buscan destruir las redes operativas y el poder económico de los grupos terroristas. El anterior jefe del Partido Liberal de Canadá, Michael Ignatieff, identifica el dilema que maneja Occidente: “libramos una guerra cuyo premio esencial es preservar la identidad de la sociedad liberal misma, y evitar convertirnos en aquello que terroristas creen que somos.” Perdemos nuestra superioridad moral cuando se utilizan métodos que no son respetuosos de la dignidad humana y del Estado de Derecho.

¡Cero tolerancia con el terrorismo! Es engañosa esta exclamación que pretende reconfortarnos, sobre todo hoy que nos dolemos por cientos de muertos y heridos en Paris. Pero la mayoría de personas no estamos dispuestas a calzar cualquier costo para acabar con el terrorismo, sobre todo si la lucha antiterrorista transforma nuestras sociedades libres en regímenes represivos. Ya son bastante invasivas las escuchas, las redadas, los arrestos preventivos, las investigaciones policíacas, la censura y auto-censura periodística, la intolerancia a ciertas etnias y prácticas religiosas y las limitaciones a la libre locomoción. Además, existen costos económicos, difíciles de dimensionar, que resultan de impedir el libre intercambio entre las regiones y de desviar recursos de usos productivos hacia sistemas privados y públicos de protección y vigilancia. ¿Y qué decir del costo elevadísimo de sembrar el odio y alimentar la desconfianza entre personas de buena voluntad?

En este momento, es crucial que revaloremos los principios judeo-cristianos de libertad y respeto al individuo sobre los cuales se edificó la civilización occidental, para no perder de vista aquello que no debe arrebatarnos el brutal terrorismo del Estado Islámico.

Este artículo fue publicado el 20 de noviembre del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

*Este artículo fue publicado antes de que se conociera que las autoridades francesas le dieron muerte en un operativo después del atentado, en Paris.

La onda climática

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Reportan ansiedad en niños entre 7 y 11 años debido al temor que les producen los efectos del calentamiento global. ¿Es correcto asustarlos tanto?

Si las personas causamos un calentamiento global sin precedente histórico, y si debemos cambiar nuestros hábitos para salvar la Tierra, entonces es imperativo que tanto los adultos como los niños despertemos abruptamente. Se justificaría, entonces, vincular cada deslave, inundación, hambruna y otros desastres naturales con el cambio climático antropogénico, aún si nos falta evidencia. ¿Cómo se formó esta mentalidad? ¿Es realista?

Cuesta creer que hace tan sólo sesenta años, los climatólogos laboraban en la periferia del mundo científico: no eran populares ni recibían tantas subvenciones como ahora. La creciente moda climática es examinada en un nuevo trabajo de investigación por William N. Butos y Thomas J. McQuade, del Instituto Independiente. Como en otras facetas de nuestras vidas, en las ciencias también se producen ciclos de auge y decadencia en áreas específicas de investigación, afirman Butos y McQuade.

La teoría según la cual la acción humana provoca el calentamiento global cobró fuerza en la década de los noventa. Grandes jugadores, como agencias gubernamentales y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), desencadenaron una gigantesca ola favorable al estudio de la hipótesis. Este caso se parece al de la eugenesia, que fue objeto de similar consideración en el pasado. Aquella ola se derrumbó cuando salieron a luz pública los macabros experimentos del régimen Nazi en busca de la “higiene racial”, mientras que el tsunami del cambio climático antropogénico aún no colapsa. La experimentación requerida tanto por la eugenesia como por el cambio climático es compleja; es difícil hacer pruebas precisas.

Para demostrar su punto, Butos y McQuade cuentan el número de artículos científicos sobre el tema publicados entre 1978 y 2014. El total de trabajos se incrementó de cero hasta el pico máximo de 35 mil trabajos en el 2010. Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos hundió millones de dólares en la investigación científica sobre el clima a partir de 1978. Desde 1992 los montos destinados al tema ascienden a más de U.S.$ 1,550 millones anuales.

El IPCC es un formidable porrista. Emplea su grandísima influencia para difundir los estudios con los cuales comulga y también para guiar las investigaciones en la dirección deseada. Se ha convertido en un campeón de “las hipótesis plausibles más atractivas políticamente”, afirman los autores, ignorando y acallando los estudios que contradicen su versión de los hechos. Los científicos que se han desviado del supuesto “consenso” son tachados por la IPCC de ser negacionistas rebeldes.

El financiamiento estatal, a su vez, constituye una fuente consolidada de cuantiosas sumas de dinero. El gobierno posee además el poder para emitir regulaciones y cobrar impuestos. Junto con los científicos, grupos de interés de inversionistas en granjas eólicas o energía solar, entre otros, participan de un enredado tráfico de influencias que retroalimentan la noción del calentamiento global antropogénico.

Butos y McQuade concluyen que todo el revuelo descansa en tres supuestos no validados por la evidencia dura: que el impacto humano sobre el clima global es medible, que es caro y difícil adaptarnos al ritmo de los cambios climáticos y que los efectos del cambio son un negativo neto.

Butos y McQuade confían que vendrá un declive cuando sea innegable la disparidad entre la tesis dominante y la verdad. Este bajón puede acentuarse si la eficacia y conveniencia de los programas gubernamentales relacionados es cuestionada. Al final, la ciencia del clima sanará de sus excesos, así como la ciencia de la genética sobrevivió los excesos de la eugenesia.

Este artículo fue publicado el 16 de octubre del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

 

 

¿Golpe o elecciones?

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El naufragio de la Administración Pérez-Baldetti alineó los intereses de los futuros gobernantes con los del gobernado a favor de la transparencia. 

Un gobierno en ruinas sugiere la posibilidad de posponer las elecciones generales e instalar un gobierno de transición. Tal extremo equivaldría a dar un golpe de Estado técnico.

Los procesos entablados contra políticos acusados de cometer actos criminales desató una tormenta pero no creó una crisis institucional: se han seguido pasos especificados en ley. El nombramiento del doctor Alejandro Maldonado como vicepresidente así lo demuestra. Sospecho que los guatemaltecos veríamos pocos efectos en nuestra vida si llegara a faltar Otto Pérez. ¿Se acuerda del llamado secuestro (sequestration) del presupuesto federal del gobierno de Estados Unidos? El Presidente Obama advirtió que el paro del gobierno federal causaría estragos en la cotidianeidad estadounidense, pero nada pasó.

Nuestra legislación ordena la alternancia en el poder mediante la realización de elecciones generales cada cuatro años. La convocatoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral y la inscripción de aproximadamente 30 mil candidatos se ajustan a las normas. No así un triunvirato o gobierno de transición.

¿Quién nombraría a los líderes, por cuánto tiempo y sobre qué bases? ¿Qué poderes tendrían? ¿Concedería esta medida a personajes de izquierda un poder que no conquistan mediante el voto? Al ceder poderes arbitrarios a un grupito de “intelectuales iluminados” o “déspotas benévolos”, ellos podrían imponer las políticas públicas que les apetecen sin consulta, al margen del escrutinio ciudadano. Cualquier iniciativa para refundar la patria y alterar la Constitución, incluso si se trata de una modificación parcial, exige una consulta popular.

Tal triunvirato tendría que hacer cogobierno con el Congreso actual. La próxima asamblea legislativa tiene más posibilidades de aprobar reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a otras leyes que regulan la administración pública, aún si un porcentaje de los diputados actuales son reelectos. No sólo porque tendrán más tiempo y podrán debatir propuestas bien formuladas, como la iniciativa electoral presentada por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sino porque a raíz de lo ocurrido al binomio Pérez-Baldetti, enfrentarán fuertísimos incentivos para preferir la transparencia. El desprestigio que acarreó el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder, solamente puede subsanarse haciendo cambios profundos. Y estos cambios serán legítimos si se producen dentro de las reglas establecidas.

Ciertamente, los candidatos que hoy compiten por el poder son imperfectos. Describe nuestro sentir la caricatura que ilustra nuestras opciones como una posa de tiburones, otra de cocodrilos y un vacío desconocido. Tendremos que hacer un concienzudo tin marín de dos pingüe entre las opciones disponibles. Pero también es verdad que el menú no mejoraría dramáticamente si aplazamos la decisión. La mayoría de los conciudadanos que se postulan a cargos gubernamentales llevan años preparándose para llegar al poder. No emergerá por arte de magia una oferta más calificada. La calidad de la oferta política mejora en el largo plazo con la sostenida fiscalización ciudadana y con la aprobación de reglas del juego que alineen correctamente los incentivos de los políticos.

“El espectáculo debe continuar” significa, en el mundo de la farándula, que la función de teatro o circo debe presentarse contra viento y marea. Si se enferma la actriz principal o se fuga el conductor de la orquesta, los responsables de la función evitan el pánico y honran el compromiso contraído con los espectadores. Eso esperamos del Tribunal Supremo Electoral: llevar a cabo las elecciones generales del 2015 precisamente para resguardar la institucionalidad.

Este artículo fue publicado el 28 de agosto del 2015 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto adaptada de fotos subidas a las redes sociales por familiares.

 

 

La solución es emprender

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Aceptemos el reto: lograr que un mayor número de los guatemaltecos soñando con emprender, se lancen al agua y creen negocios estables.
Guatemala es un país de emprendedores, y eso es bueno. El emprendedor identifica con ojo clínico las necesidades insatisfechas de los demás. Detecta en ellas una oportunidad de crecimiento, y a pesar de la incertidumbre, invierte arduas horas de trabajo, así como ahorros propios y ajenos. Es usual que este personaje persevere sin desfallecer ante el fracaso, y sigua innovando hasta triunfar. Lo admiramos porque su productividad crea riqueza y mejora la sociedad. La pregunta clave es: ¿Cómo logramos que más emprendimientos fructifiquen y prendan el motor de la economía?
Dos estudios distintos pero coincidentes nos brindan algunas luces: el Reporte Nacional de Emprendimiento GEM para el 2014-2015 y la serie Poverty Cure. El GEM ofrece una radiografía de la situación actual en Guatemala. Permite evaluar los avances conquistados por el país en comparación con otros países y a través del tiempo, dado que el estudio se ha realizado por seis años consecutivos. Al igual que GEM, la documental Poverty Cure reconoce el valor del emprendimiento para aliviar la pobreza mundial. Poverty Cure analiza las instituciones socio-económicas y políticas que estimulan o desalientan la actividad económica.
Según el GEM, Guatemala tiene una alta tasa de emprendimiento temprano si se le compara con el resto de la región latinoamericana. Los guatemaltecos menores de 35 años protagonizan el 60% de los emprendimientos en etapa temprana. De estos, 43% arranca con menos de Q. 10 mil quetzales de capital. La mayoría de iniciativas se orientan al consumo: su producción demanda una reducida inversión en tecnología y no transforma significativamente el producto ofertado. El emprendimiento en Guatemala tiende a ser auto-empleo. Algunas personas cierran el negocio cuando acceden a un puesto seguro en el mercado laboral formal, o emprenden para complementar un salario. Desde el 2009, más de la mitad de los nuevos negocios son puestos en marcha por mujeres. Idealmente, un negocio se establece y crece con el paso de los años, generando empleos e ingresos constantes, pero no todos los nuevos negocios en Guatemala llegan a esta etapa.
Un discernimiento medular de la investigación elaborada por el equipo del GEM queda plasmado en una gráfica que revela una tasa mayor de emprendimiento en economías en vías de desarrollo que en economías desarrolladas. Se retrata así a quienes emprenden por necesidad, desde la pobreza y a veces desde la informalidad, porque otras vías alternas de subsistencia les resultan menos accesibles.
Leer el estudio del GEM trae a la memoria un mensaje subyacente a la serie Poverty Cure: es un mito que los pobres son perezosos, dependientes y poco creativos. Al contrario, el verdadero problema reside en las reglas del juego paternalistas que desestiman sus potenciales aportes a los mercados globales.
Más que clamar por caridad o subsidios, los guatemaltecos deberíamos exigir la posibilidad de trabajar con libertad de entrada y salida en mercados dinámicos, tanto nacionales como internacionales. Ello implica derrumbar barreras, simplificar regulaciones y mejorar el acceso al crédito. Segundo, necesitamos una adecuada protección de nuestras vidas y propiedad. El estudio del GEM corrobora las conclusiones de otros estudios: la corrupción, las extorsiones y una defectuosa y lenta defensa de nuestros más básicos derechos en las cortes del sistema obstaculizan y encarecen el desarrollo de la empresarialidad. Finalmente, requerimos una cultura que reivindique y premie la innovación, el ahorro, la laboriosidad, la responsabilidad, la honestidad y todas las demás virtudes necesarias para prosperar en un mercado libre.

Este artículo fue publicado el viernes 17 de julio del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La ilustración es propiedad de la UFM y muestra un detalle del Lienzo Q que narra la conquista de Guatemala.  El lienzo contiene escenas de comercio.

Cacería de brujas

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¿Quiere sacar de la arena a un contrincante político o a un competidor en el mercado? Es fácil hacerle daño a un adversario en Guatemala.

Usted puede escarbar en su pasado y detectar algo que luzca ilegal para accionar en su contra. Mejor si su investigación revela algo real, como haber laborado de una empresa o ente estatal cuyos ejecutivos obraron turbiamente, con o sin su consentimiento. Si su opositor tuviera una trayectoria intachable, sin embargo, lo puede acusar falsamente. Puede inventar que lavó dinero, contaminó un río o defraudó al fisco. A golpe dado no hay quite, dice el refrán. Aún si los reporteros emplean palabras como “supuesto” o “presunto”, la reputación del atacado quedará enlodada.

Los medios de comunicación transmitirán imágenes de su enemigo angustiado, sus manos engrilletadas, siendo transportado a prisión preventiva por policías. O su adversario será proclamado “prófugo de la justicia”. Si con el tiempo y a un elevado costo personal el sujeto limpia su nombre, la nota periodística será breve. En cambio, levantar un dedo acusatorio, sobre todo si maniobramos desde el anonimato, prácticamente no tiene costo. Supongo que es natural confiar más en quien delata que en el difamado. Incluso dudamos de algunas víctimas: sospechamos que se entraron en su oficina o lo asesinaron porque estaba inmiscuido en algo siniestro.

Entiendo la sed de justicia entre los guatemaltecos. El Organismo Judicial no ha resuelto millones de casos. Cabe sentirse desesperanzado respecto de los juzgados, sobre todo tras oír que es posible comprar veredictos. No logramos seguir los intrincados y técnicos argumentos entre abogados, mientras que el tono noticioso es relativamente accesible. ¿Quién no recuerda la sensacional Power Point de Carlos Castresana armando la acusación de auto-suicidio de Rodrigo Rosenberg? Pero, ¿cuántos hemos seguido los enredados pasos posteriores para establecer si Castrena acertó? Librar la batalla en el campo mediático es un pobre sustituto para el sistema judicial, pero preferimos que los medios de comunicación combatan el mal, incluso si se llevan de corbata a uno que otro inocente.

Otro motivo para preferir la lucha mediática es el desprestigio de las leyes mismas. Abundantes regulaciones contradictorias y obscuras tienden a “criminalizar” muchos actos lícitos, al punto que muchos hemos infringido leyes que quizás ni siquiera conocemos.

El clima que vivimos es propicio para una cacería de brujas. La sociedad emitió un ultimátum a los corruptos y tenemos ansias de reformar el sistema político y judicial. Cuando la corrupción está tan afincada en las instituciones gubernamentales, no basta con una leve barrida superficial. No tenemos tiempo ni paciencia para largos juicios individuales. Así, el legítimo fervor ciudadano puede abrir la puerta a unos cuantos operadores cuyo verdadero objetivo sea eliminar a sus enemigos.

Quizás debamos recordar a Joseph McCarthy. El macartismo, una palabra derivada del apellido de este senador americano, consiste en acusar de traición o subversión, con débiles pruebas o métodos injustos, sin que se respete el derecho del acusado. McCarthy llevaba razón: en los años cincuenta, los comunistas querían usurpar el poder y transformar el sistema democrático abierto en uno totalitario. El problema es que tachó de comunistas a algunos que no lo eran.

¿Cuántos inocentes han sido injustamente perseguidos en Guatemala? Quién sabe. Sé que cualquiera de nosotros podría figurar en El Peladero o en una vergonzosa primera plana. Somos vulnerables. Seguramente, por eso desde la época de Justiniano se delineó el principio de presunción de inocencia, según el cual asumimos la inocencia de la persona hasta que se pruebe lo contrario. No podemos construir una mejor sociedad prescindiendo de estas garantías individuales.

Este artículo fue publicado el 19 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto de Joseph McCarthy fue editada a partir de la original tomada del blog de Kerry Bolton.

800 años de libertades constitucionales

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La Magna Carta de Inglaterra fue suscrita el 15 de junio de 1215. Por vez primera, un contrato social, una Ley, estaba por encima del poder temporal y de los hombres. 

Celebramos el 800 aniversario de la constitución inglesa debido a su impacto en la sociedad moderna. La Magna Charta Libertatum asentó, quizás por vez primera, la libertad individual. Cuenta Daniel Hannan, representante británico ante el parlamento europeo, que el acuerdo se pactó a orillas de un río al sur de Inglaterra, en Runnymede. (The Wall Street Journal, 29-V-2015) Los obispos y nobles que obligaron al rey Juan sin Tierra (Sans-Terre) a reconocer las libertades a los hombres libres (free men) querían afianzar sus privilegios. Los nobles, que constituían apenas la séptima parte de la población, ya poseían derechos: el rey los reconoció. Juan se comprometió a no confiscar sus bienes y a no encarcelar ni matar a alguien sin que antes fuera juzgado por sus pares. Es decir que no usaría más su poder para inventar reglas a su antojo.

La llamaron Magna Carta por su extensión y no por su trascendencia, ignorada por sus autores. Sin embargo, gracias a esa histórica renuncia al uso del poder arbitrario, quienes hoy vivimos en regímenes políticos abiertos y constitucionales contamos, en mayor o menor grado, con periódicos no censurados, la igualdad ante la ley, derechos de propiedad reconocidos y garantizados, habeas corpus, elecciones regulares, libertad de religión y de culto, libertad de asociación, contratos inviolables, y juicios en tribunales.

La constitución adquirió nuevas dimensiones tras la colonización de América, pues los ingleses que arribaron al Nuevo Mundo reinterpretaron su alcance. Los británicos sostenían que la Magna Carta colocaba al parlamento por encima del monarca, mientras que en las nuevas colonias se asumió la primacía de la Ley sobre el parlamento y el rey. En 1687, William Penn explicó que este documento distinguía a los ingleses del resto del mundo, porque en la mayoría de naciones, “el príncipe es la Ley, su palabra decapita a cualquiera, promulga impuestos, o confisca la tierra de un hombre…”. Los ingleses nacen con derechos fundamentales, agrega Penn, pues tienen libertades de las cuales no pueden ser privados sin su consentimiento.

Hannan hace hincapié en un hecho ignorado: la revolución americana contra la corona era esencialmente patriótica. Cuando exigían que debían contar con representación en el parlamento como una condición previa al cobro de impuestos, los rebeldes reafirmaban sus libertades plasmadas en la Magna Carta. Era el Rey Jorge III quien se había apartado del espíritu de la constitución, y por consiguiente, merecía la etiqueta de tirano.

La Magna Carta no inventó la libertad, ni fundó la primera democracia, ni fue la primera constitución. Ya los egipcios y los sumarios habían codificado leyes y los griegos habían experimentado con la democracia. Su originalidad descansa en caracterizar la libertad de la persona como superior y anterior al Estado, en amarrar la libertad con la propiedad privada, y en afirmar la “libertad bajo la ley”.

Tomemos nota, guatemaltecos. Las manifestaciones cívicas comulgan con el sentir de la Magna Carta inglesa pues rechazamos la tiranía: el uso arbitrario del poder para robar y confiscar nuestros tributos y bienes. Nuestra Constitución, que dista mucho de ser perfecta, no es la causa de la deleznable corrupción. Los voraces corruptos más bien desacatan la legalidad, nublados por sus poderío temporal. No nos dejemos robar este momento. De una Asamblea Nacional Constituyente integrada por diputados partidistas podemos esperar cualquier cosa, menos una constitución de principios generales, abstractos e impersonales. No le demos cancha a agendas que devalúen nuestra constitución y reduzcan nuestras libertades, en lugar de fortalecerlas.

Este artículo fue publicado el 5 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La ilustración fue tomada del sitio http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2015/04/magna-carta.jpg 

NOTA: una mejor alternativa es la reforma parcial de la constitución para el sistema de justicia, la Propuesta de Acuerdos de Seguridad (PAS). ¡Examínela!