La ética y el terrorismo

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A una civilización de Occidente acomplejada se le dificulta enfrentar el terrorismo barbárico.

La violencia contra civiles en Paris confrontó al Occidente con el terror absoluto, otra vez. El principal sospechoso de planificar los ataques, Abdelhamid Abaaoud, es un marroquí con pasaporte belga, miembro del Estado Islámico, quien se coló por entre los dedos de la policía de Bélgica. De hecho, la justicia belga lo condenó in abstentia a 20 años de prisión por liderar una red de reclutamiento para el yihad. Él aparentemente se encuentra en Siria, desde donde coordinó los múltiples ataques del 13 de noviembre.*

El joven Abaaoud, de 27 años, le pone cara al terrorismo moderno. Células pequeñas de radicales emplean medios ilegales e inmorales para perpetuar actos aleatorios que matan a inocentes. Son guerreros disciplinados y comprometidos, como lo demuestran los yihadistas suicidas, irrespetuosos de las reglas para la guerra. De allí que se condene el terrorismo como algo esencialmente malvado e injustificable. En palabras del profesor Peter Simpson, “una obra mala ejecutada por personas malas no puede ser justificada ni por la religión, ni por sus supuestas motivaciones.” Y la responsabilidad de estos actos desalmados debe depositarse a los pies de los atacantes, no de las víctimas o sus gobernantes. Por mucho que los regímenes políticos de Occidente, en este caso Francia, cometieran atropellos e injusticias contra los países árabes a lo largo de la historia, este tipo de respuesta vengativa se aparta claramente de la conducta ética.

¿Cómo debe responder el mundo civilizado frente a estos ataques terroristas? Existe un relativo consenso que los gobiernos tienen la grave obligación moral de proteger a ciudadanos inocentes. En el combate contra el terrorismo, explica el autor de International Ethics, Mark Amstutz, no funcionan el diálogo o la disuasión, por lo cual se recurre a estrategias defensivas y ofensivas. Unas buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades susceptibles de ser asaltadas, y las otras buscan destruir las redes operativas y el poder económico de los grupos terroristas. El anterior jefe del Partido Liberal de Canadá, Michael Ignatieff, identifica el dilema que maneja Occidente: “libramos una guerra cuyo premio esencial es preservar la identidad de la sociedad liberal misma, y evitar convertirnos en aquello que terroristas creen que somos.” Perdemos nuestra superioridad moral cuando se utilizan métodos que no son respetuosos de la dignidad humana y del Estado de Derecho.

¡Cero tolerancia con el terrorismo! Es engañosa esta exclamación que pretende reconfortarnos, sobre todo hoy que nos dolemos por cientos de muertos y heridos en Paris. Pero la mayoría de personas no estamos dispuestas a calzar cualquier costo para acabar con el terrorismo, sobre todo si la lucha antiterrorista transforma nuestras sociedades libres en regímenes represivos. Ya son bastante invasivas las escuchas, las redadas, los arrestos preventivos, las investigaciones policíacas, la censura y auto-censura periodística, la intolerancia a ciertas etnias y prácticas religiosas y las limitaciones a la libre locomoción. Además, existen costos económicos, difíciles de dimensionar, que resultan de impedir el libre intercambio entre las regiones y de desviar recursos de usos productivos hacia sistemas privados y públicos de protección y vigilancia. ¿Y qué decir del costo elevadísimo de sembrar el odio y alimentar la desconfianza entre personas de buena voluntad?

En este momento, es crucial que revaloremos los principios judeo-cristianos de libertad y respeto al individuo sobre los cuales se edificó la civilización occidental, para no perder de vista aquello que no debe arrebatarnos el brutal terrorismo del Estado Islámico.

Este artículo fue publicado el 20 de noviembre del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

*Este artículo fue publicado antes de que se conociera que las autoridades francesas le dieron muerte en un operativo después del atentado, en Paris.

Cacería de brujas

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¿Quiere sacar de la arena a un contrincante político o a un competidor en el mercado? Es fácil hacerle daño a un adversario en Guatemala.

Usted puede escarbar en su pasado y detectar algo que luzca ilegal para accionar en su contra. Mejor si su investigación revela algo real, como haber laborado de una empresa o ente estatal cuyos ejecutivos obraron turbiamente, con o sin su consentimiento. Si su opositor tuviera una trayectoria intachable, sin embargo, lo puede acusar falsamente. Puede inventar que lavó dinero, contaminó un río o defraudó al fisco. A golpe dado no hay quite, dice el refrán. Aún si los reporteros emplean palabras como “supuesto” o “presunto”, la reputación del atacado quedará enlodada.

Los medios de comunicación transmitirán imágenes de su enemigo angustiado, sus manos engrilletadas, siendo transportado a prisión preventiva por policías. O su adversario será proclamado “prófugo de la justicia”. Si con el tiempo y a un elevado costo personal el sujeto limpia su nombre, la nota periodística será breve. En cambio, levantar un dedo acusatorio, sobre todo si maniobramos desde el anonimato, prácticamente no tiene costo. Supongo que es natural confiar más en quien delata que en el difamado. Incluso dudamos de algunas víctimas: sospechamos que se entraron en su oficina o lo asesinaron porque estaba inmiscuido en algo siniestro.

Entiendo la sed de justicia entre los guatemaltecos. El Organismo Judicial no ha resuelto millones de casos. Cabe sentirse desesperanzado respecto de los juzgados, sobre todo tras oír que es posible comprar veredictos. No logramos seguir los intrincados y técnicos argumentos entre abogados, mientras que el tono noticioso es relativamente accesible. ¿Quién no recuerda la sensacional Power Point de Carlos Castresana armando la acusación de auto-suicidio de Rodrigo Rosenberg? Pero, ¿cuántos hemos seguido los enredados pasos posteriores para establecer si Castrena acertó? Librar la batalla en el campo mediático es un pobre sustituto para el sistema judicial, pero preferimos que los medios de comunicación combatan el mal, incluso si se llevan de corbata a uno que otro inocente.

Otro motivo para preferir la lucha mediática es el desprestigio de las leyes mismas. Abundantes regulaciones contradictorias y obscuras tienden a “criminalizar” muchos actos lícitos, al punto que muchos hemos infringido leyes que quizás ni siquiera conocemos.

El clima que vivimos es propicio para una cacería de brujas. La sociedad emitió un ultimátum a los corruptos y tenemos ansias de reformar el sistema político y judicial. Cuando la corrupción está tan afincada en las instituciones gubernamentales, no basta con una leve barrida superficial. No tenemos tiempo ni paciencia para largos juicios individuales. Así, el legítimo fervor ciudadano puede abrir la puerta a unos cuantos operadores cuyo verdadero objetivo sea eliminar a sus enemigos.

Quizás debamos recordar a Joseph McCarthy. El macartismo, una palabra derivada del apellido de este senador americano, consiste en acusar de traición o subversión, con débiles pruebas o métodos injustos, sin que se respete el derecho del acusado. McCarthy llevaba razón: en los años cincuenta, los comunistas querían usurpar el poder y transformar el sistema democrático abierto en uno totalitario. El problema es que tachó de comunistas a algunos que no lo eran.

¿Cuántos inocentes han sido injustamente perseguidos en Guatemala? Quién sabe. Sé que cualquiera de nosotros podría figurar en El Peladero o en una vergonzosa primera plana. Somos vulnerables. Seguramente, por eso desde la época de Justiniano se delineó el principio de presunción de inocencia, según el cual asumimos la inocencia de la persona hasta que se pruebe lo contrario. No podemos construir una mejor sociedad prescindiendo de estas garantías individuales.

Este artículo fue publicado el 19 de junio del 2015 en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto de Joseph McCarthy fue editada a partir de la original tomada del blog de Kerry Bolton.

Protestas en Nueva York y Ferguson: 123

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Estados Unidos vive una ola de protestas contra la brutalidad policíaca con tonos raciales. ¿Qué podemos aprender de estos casos?

El 17 de julio, el policía neoyorkino Daniel Pantaleo dominó a Eric Garner, un corpulento hombre afro-americano y padre de seis hijos, con una maniobra de inmovilización que lo mató. El 14 de agosto en Ferguson, Missouri, el policía Darren Wilson hirió a Michael Brown de 18 años. Los sucesos circundantes a las muertes fueron filmados y han sido vistos por miles de personas alrededor del mundo. Las cámaras confirman que Brown robó mercadería y discutió con la policía antes de ser baleado, y que Garner aparentemente no provocó al agente. Ambos policías fueron exonerados por jurados.

Las exoneraciones provocaron protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos. La indignación por el caso de Nueva York es mayor pues la táctica que empleó Pantaleo es ilegal. Los manifestantes portan carteles con frases como “No puedo respirar”, las últimas palabras pronunciadas por Garner, “ya no más brutalidad policíaca”, y “¿Quién vigila a los vigilantes?”. Tales reclamos son justificados. Los abusos de poder y el ataque a personas indefensas por parte de nuestras autoridades debe preocuparnos.

Según diversas encuestas, sí existen policías agresivos que rompen las reglas, así como individuos racistas. Sus colegas tienden a no delatarlos. El 79% de los policías entrevistados dijeron que los frustra la impunidad, ya que muchos de sus capturados no son castigados por el sistema de justicia. Es una minoría la que opta por hacer justicia por mano propia. Según estos datos, son pocas las manzanas podridas dentro de los departamentos: el 9.5% de los policías citadinos son acusados de mala conducta, comparado con menos de 3% de los policías estatales y de condados. Hay departamentos más corruptos y maleados que otros, también, siendo el de Chicago uno de los más señalados. Quizás sean más transparentes las instituciones que atienden a comunidades locales y no a grandes áreas metropolitanas.

Por otra parte, no es sensato pintar los incidentes en Ferguson y Nueva York como evidencia de una persistente lucha racial. Según Jason Riley del Wall Street Journal, entre la población afroamericana, el 90% de las víctimas de homicidio son asesinados por otras personas de color, aunque algunos comentaristas responden que han disminuido las muertes entre personas del mismo perfil étnico desde los años sesentas. Trágicamente, los jóvenes negros enfrentan más probabilidades de morir violentamente que los jóvenes blancos. Más de la mitad de todos los crímenes en Estados Unidos son cometidos, según Riley, por afroamericanos, no por policías blancos. Casos como el de Garner y Brown son realmente la excepción.

En otras palabras, cuando los grupos de derechos humanos arman protestas y manifestaciones contra la violencia racial, callan esta realidad. No pueden esgrimir la bandera de víctimas por la criminalidad entre pares. Tendrían que revisar sus acostumbradas prescripciones socialistas y estatistas y volver la vista a causas profundas como la desintegración familiar, el desempleo y otros factores culturales de difícil solución.

La tercera lección destilada concierne la forma de manifestar. Por un lado, vemos grupos pacíficos portando rótulos y gritando consignas, ocupando banquetas designadas para el efecto. Por el otro lado, vemos cómo vándalos en Ferguson destruyen varias cuadras de comercios y aprovechan las protestas para robar mercadería. Docenas de manifestantes han sido arrestados en Nueva York y otras ciudades como Berkeley, donde los policías emplearon gas lacrimógeno luego de que manifestantes los agredieron con ladrillos, palos y más. Esta deplorable conducta deslegitima su propia causa. Como solían decir mis padres: dos males nunca hacen un bien.

Este artículo fue publicado el 12 de diciembre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La foto fue adaptada de http://media2.s-nbcnews.com/i/newscms/2014_33/617651/ferguson_f709a26487b364d732ecc40594d1561f.jpg

Acuerdo del Manifestante

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Imitemos a Martin Luther King, quien dijo “no dudamos en llamar ejército a nuestro movimiento. Pero era un ejército especial, sin más que su sinceridad por suministros, ningún uniforme más que su determinación, ningún arsenal más que su fe, ninguna moneda más que su conciencia.”

¿Qué pasó en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, el 19 y 20 de septiembre? Los medios reportan un trágico saldo: por lo menos ocho personas muertas, varias de ellas pertenecientes a la familia Pajoc Guamuche; otras personas hospitalizadas con heridas y quemaduras; cinco vehículos y tres casas incendiadas. Aunque los aterrorizados habitantes de la aldea se niegan a dar informaciones, algunos medios publicaron que un altercado respecto de la construcción de la planta cementera San Gabriel y el Anillo Regional detonó la violencia. La organización Convergencia por los Derechos Humanos afirmó que trabajadores de Cementos Progreso provocaron el incidente, pero el comunicado oficial de la empresa no sólo condena los hechos sino que afirma que las familias de sus colaboradores son las víctimas en este caso.

Aparentemente, nadie quiere asumir responsabilidad del atropello. Ninguna causa justifica a un tropel enmascarado prender fuego a familias completas, e impedir el ingreso a rescatistas que pudieran haber salvado unas de las vidas en peligro. Acierta el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando declara que “el Gobierno está a favor de las marchas, del derecho de petición ciudadana, pero no de los actos vandálicos y de violencia.” El Gobierno debe hacer valer los derechos básicos de los guatemaltecos, entre ellos el derecho a la vida y la propiedad. Quienes agreden a sus conciudadanos merecen el calificativo de terroristas, no manifestantes.

Este incidente nos obliga a replantear los límites a la protesta y la libertad de expresión. Carece de legitimidad cualquier movimiento que emplea medios barbáricos. Como demostraron Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Lech Walesa y otros líderes de protestas sociales, son más exitosas las agrupaciones que cuidan la legitimidad de sus métodos y de sus metas, y ello implica necesariamente renunciar a la violencia.

Propongo que los guatemaltecos nos obliguemos unos a otros a suscribir el siguiente Acuerdo del Manifestante:

  1. No mataré ni heriré a mis enemigos o amigos. No los atacaré con navajas o machetes, no los quemaré vivos, no los asesinaré con armas de fuego. No les lanzaré piedras, palos, granadas o bombas.
  2. No atentaré contra la propiedad privada. No invadiré terrenos y no destruiré viviendas, vehículos, negocios, puestos de venta, siembras, ganado, ni otros bienes. No toleraré el vandalismo.
  3. No cometeré actos vandálicos contra la propiedad gubernamental, incluyendo municipalidades, carreteras, puentes, puertos y más.
  4. No robaré. No me apropiaré de las pertenencias del prójimo, ni consentiré que una manifestación o protesta sirva de excusa para saquear casas o comercios.
  5. No extorsionaré a mis compatriotas para financiar mis actividades.
  6. No emplearé amenazas para obligar a las personas a abandonar su hogar, su trabajo o su pacífico estilo de vida.
  7. No mentiré. Me haré responsable de mis actos. Evitaré exagerar, distorsionar, encubrir o de otras formas falsear los hechos para avanzar mi causa. Renunciaré al cobarde anonimato. Recurriré al debate sano para persuadir a la ciudadanía de mi postura.
  8. Evitaré provocar disturbios sociales o sembrar el miedo en lugares públicos como estadios o cines, sobre todo si mi provocación es mediante un lenguaje que alienta un odio divisivo. Una turba irreflexiva y fuera de control es mi peor pesadilla.
  9. No pondré obstáculos a la libre locomoción de mis compatriotas. Mis manifestaciones no provocarán pérdidas económicas, daños al bienestar o a la vida de otras personas.
  10. Pediré que se castigue con todo el peso de la ley cualquier acto delictivo, aunque sus autores lo comentan en nombre de mi causa.

Este artículo fue publicado el viernes 26 de septiembre del 2014 en la revista Contra Poder y el CEES.

La foto fue tomada del sitio http://twadl.com/Guatemala/Pajoques/1/.

 

 

 

 

La propuesta de Correa

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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso a los guatemaltecos adoptar el socialismo del siglo XXI en un discurso dictado durante el V Foro Regional Esquipulas. Aquí comparto lo que me gustó y disgustó de su discurso.

Pese a la prosa poética y adulatoria con que Rafael Correa adornó sus palabras, éstas fueron claras y sustanciosas, alejadas de la vacía verborrea demagógica que caracteriza a otros políticos latinoamericanos. Es de admirar la dicción y gracia del orador.

Resulta imposible en este espacio desmenuzar la totalidad de la alocución, pero detecté, para mi sorpresa, que comparto por lo menos tres premisas y tres propuestas. Es cierto que en América Latina, las instituciones sociales, políticas y económicas han tendido a privilegiar a unos y excluir a otros. Es decir, el acceso a los círculos de productividad y riqueza ha sido restringido artificialmente. También es verdad que para el desarrollo es más importante el capital humano que los recursos físicos. Sin embargo, son las economías abiertas las que potencian el capital humano y crean riqueza, no así el socialismo. La tercera hipótesis acertada es que la mentalidad de víctima que plaga nuestras culturas retrasa el progreso. Correa hizo además tres recomendaciones de políticas públicas sensatas en lo que respecta a la guerra contra las drogas, la explotación de los recursos mineros y el necesario escepticismo con relación a los espejitos que nos venden algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, Correa reveló porqué rechaza lo que él denomina despectivamente la ideología neoliberal. Se apropia de la tesis del economista John Kenneth Galbraith, a quien citó en su discurso. En su libro Capitalismo americano (1952), Galbraith recomienda compensar o balancear el poder del mercado con el poder del gobierno. Dejados a sus anchas, los agentes económicos acumulan poderes “masivos” y excesivos, en perjuicio de los obreros y los consumidores. Por eso, Galbraith y Correa concluyen que es tarea del gobierno regular los mercados, imponer salarios “dignos” e implantar otras medidas supuestamente beneficiosas. Correa incluso habló de redefinir drásticamente los derechos de propiedad privada, uno de los fundamentales derechos individuales.

El poder económico, no obstante, es muy distinto del poder político. El gobierno ostenta, tanto en una democracia como en una dictadura, el poder monopólico para coaccionar a los ciudadanos adultos. Las autoridades pueden encarcelar a quien evade impuestos. Un empresario recurre a la persuasión y no a la fuerza para convencernos de consumir sus productos. Entre más libre y más competitiva sea una economía, más disperso está el poder entre los millones de consumidores y oferentes. Los actores económicos sólo logran imponerse cuando tienen acceso al poder político. La exclusión en América Latina origina en la arena política: las prebendas se otorgan a los allegados y amiguetes del gobernante. Sustituir a unos privilegiados por otros no resuelve el problema, sólo apila injusticia sobre injusticia.

Invocar el poder monopólico del gobierno para intervenir el mercado es peligroso. La función del gobierno debe ser velar por el Estado de Derecho que viabiliza la cooperación social en armonía. Jugar a Dios dirigiendo los destinos de cada ciudadano inevitablemente confronta intereses, en lugar de cosechar el bien común, tal y como lo entiende un iluminado déspota como Correa. Así como los organismos internacionales, que son entes políticos, se equivocan, así también los políticos toman decisiones para maximizar votos y otros cálculos de interés propio, no por consideraciones técnicas ni sociales. Sería mejor abrir de par en par el acceso a los productivos círculos de intercambio a quienes han sido históricamente excluidos de los mercados domésticos e internacionales.

Este artículo fue publicado el 29 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Niños viajando con niños

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Nuestra promesa, nuestro futuro, camina hacia el norte en busca de mejores oportunidades. ¿Vale la pena asumir tantos riesgos?

Es contrario a la naturaleza humana desamparar a un hijo. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Por eso, chocan las imágenes de niños cruzando la frontera solos. Dichos reportajes revelan ya no sólo a adolescentes devenidos adultos por una vida dura, sino niños de aproximadamente diez años de edad, y aún menores. Abandonados en la frontera por el coyote, esperan ser detectados por agentes estadounidenses y llevados a un centro de detención. Según algunas fuentes, el número de guatemaltecos menores que viajan al norte se incrementó en 1,200% en pocos meses; se estima que entre 35,000 y 42,000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado recientemente. Los centros de detención están sobrepoblados; han habilitado bases navales y escuelas para albergarlos.

El reportero de Fox News, Charles Krauthammer, señala con razón que la pobreza y la violencia no explican este nuevo fenómeno porque en los tres países centroamericanos los índices de pobreza y violencia han sido constantemente mayores que los de Estados Unidos. Las mediciones tendrían que reseñar un significativo repunte en la delincuencia como para explicar la oleada de niños, expuestos a múltiples riesgos en su trayecto hacia el norte. Según Charles Parkinson de www.insightcrime.org, las estadísticas sí muestran un alza moderada en la violencia, principalmente en Honduras, pero este aumento no es abrupto ni masivo. Además, al ser encuestados, los niños no señalan de forma abrumadora que vengan huyendo de agresiones terribles ni de la indigencia.

Entonces, ¿qué otras hipótesis podemos formular? Una poderosa motivación es reunificar a familias largamente separadas. Es el caso de Elva Marroquín, relatado en un artículo publicado por CNN.** Ella y su esposo llevan seis años trabajando ilegalmente en Estados Unidos, sin ver a sus hijos de 10 y 7 años. Los chicos emprendieron el viaje sin compañía adulta cuando sus papás los mandaron a llamar. Elva sufrió angustia porque les perdieron el rastro, hasta que recibieron una llamada de un supuesto oficial de migración de Texas. La llamada se cortó y no han vuelto a saber de ellos. Elva se alegró de saberlos con vida, pero está asustada porque intuye que pudieran estar en manos de personas inescrupulosas.

La circulación de mala información también explica este fenómeno. Guisela Roldán, de la Asociación Pro Migrantes Centroamericanos (AMI), me contó que algunas familias creen, erróneamente, que será más fácil conseguir un estatus legal si tienen hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso, quienes viven indocumentados en Estados Unidos mandan a llamar a sus niños, y quienes anhelan irse, los mandan de avanzada. Adicionalmente, los coyotes cobran más por transportar a menores porque los chicos centroamericanos no son deportados automáticamente. En efecto, la legislación creó un limbo para los pequeños porque ni los deportan ni los entregan a sus parientes que se encuentran laborando allá ilegalmente.

Esta crisis pone de relieve una realidad nacional: la desintegración familiar no siempre se debe a maldad, ignorancia o negligencia. A veces se desarticula el núcleo por amor al hijo, porque migrar se considera superior a las alternativas. Considerando el valor que tiene para un niño crecer en un hogar unido, junto a su padre y su madre, duele el hecho que muchas familias guatemaltecas apuesten por la separación. ¿Cuán responsables son las legislaciones guatemaltecas y estadounidenses de provocar estos antinaturales incentivos? ¿Qué podríamos estar haciendo para cambiar la ecuación de costo-beneficio para estas familias, para que pudieran permanecer unidas y prosperar económicamente en el lugar de su escogencia?

Este artículo fue publicado el 27 de junio del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

**Según el Nuevo Herald, Elva Marroquín y su esposo ya están reunidos con sus hijos Angel y Dulce.

 

Totalitarismo, fascismo y violencia en Venezuela

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La censura es el primer paso del totalitarismo. Un gobierno que ambiciona controlar la información que llega a sus ciudadanos cercena los derechos humanos y la libertad. 

Nicolás Maduro tan sólo perpetúa las restricciones a la liberta de prensa iniciadas por Hugo Chávez en Venezuela. El último zarpazo del gobierno bolivariano es haber sacado del aire la señal del canal colombiano NTN24 mientras éste cubría la noticia de las multitudinarias protestas callejeras llevadas a cabo la semana pasada. No emitió previamente un aviso oficial. Simplemente, Maduro dispuso que NTN24 es un canal “anti-bolivariano” y “fascistoide” que promueve un golpe de estado en Venezuela.  Acusó al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de apoyar financieramente a quienes lo quieren derrocar.

Venezuela ocupa el lugar 118 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, y el puesto 168 de 196 en el índice generado por Freedom House. Éste último declara al país “no libre”, en tanto Reporteros sin Fronteras sentencia: “El espacio audiovisual nacional está sometido casi por completo al Poder Ejecutivo y a sus cadenas.” Las autoridades sostienen que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), reformada en el 2010, es garante de la libertad de expresión, pero los comunicadores opinan que propicia la autocensura y otorga al gobierno el poder de juzgar la idoneidad de los contenidos. Con descaro, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, afirmó que existe libertad de prensa siempre y cuando no se publiquen críticas al gobierno.

El mundo se enteró de la realidad venezolana a través de videos caseros que circulan en las redes sociales. La represión violenta de la policía y los grupos paramilitares  contra manifestantes universitarios quedó grabada. ¿Pueden verse estas noticias dentro del país? ¿Tomarán represalias contra quienes divulgan estas escenas?

La retórica del totalitarismo es irónica. Nicolás Maduro usa el insulto “fascista” contra sus críticos, pero a él le calza mejor la etiqueta. El fascismo suele definirse como un nacionalismo autoritario que recurre a la militarización de la sociedad, promueve la veneración del estado y enfatiza el ultra-nacionalismo.

Debemos retomar las advertencias que nos hicieron George Orwell, Hannah Arendt y Karl Jaspers, entre otros autores, sobre el totalitarismo.  Sus mensajes siguen siendo pertinentes aunque escribieron en un contexto histórico distinto.  El engaño posibilitó el triunfo del totalistarismo en Alemania, reflexionó Jaspers en 1963. El totalitarismo “promete todas las cosas a todos los hombres”, afirma Jaspers. Formalmente se apega a las leyes y a la Constitución pero las vacía de contenido. Aprovecha luego el rompimiento con el orden para ofrecerse como la salvación.

Además, afirma Jaspers, es difícil de detectar pues luce muchas máscaras ideológicas, como el comunismo, el socialismo y el fascismo, sin ser ninguna de ellas.  “Es como una maquinaria que se arranca a sí misma sin que sus operadores estén plenamente conscientes de lo que están poniendo en marcha.” Muchos observadores confiaban que el pueblo alemán era demasiado inteligente y culto como para caer en el totalitarismo, pero no fue así.  Advierte Jaspers que todos los pueblos deben librarse de ese auto-engaño:  lo ocurrido en muchos países europeos puede pasar en cualquier lugar.

Se resiste el totalitarismo con información veraz y persuasión pacífica. Se empieza por respetar la libertad de prensa, porque como bien dijo Ludwig von Mises: “Es vano luchar contra el totalitarismo adoptando métodos totalitarios…el primer requisito para un orden social mejor es el retorno a la irrestricta libertad de pensamiento y expresión.”

Este artículo se publicó el 21 de febrero del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.

 

 

Pan, circo y televisores regalados

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Si el gobierno le abriera las puertas de un comercio de par en par, ¿entraría a saquear mercancías, a sabiendas que hurta? ¿Es excusa suficiente la necesidad percibida?

“Pan y circo” es el lema de quien heredó el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro.   Aparentemente, cosechar votos es el fin último del socialismo del Siglo XXI.  Maduro hará cualquier cosa, por disparatada que sea, para aferrarse al poder.  Cuando se percató de la rápida erosión de su caudal electoral, en vísperas de unas cruciales elecciones municipales programadas para el 8 de diciembre, decidió ofertar equipos electrónicos y electrodomésticos a precios irreales.  Intervino militarmente los comercios privados, entre ellos la cadena Daka, y encarceló a más de cien empresarios.  Los acusó de cobrar precios excesivos, así como de especulación y usura.

“¡Qué nada quede en los anaqueles, ya basta!”  espetó Maduro en un mensaje televisado.  En el mejor de los casos, se formaron largas colas pues, a precios prácticamente regalados, aún los opositores del régimen querían adquirir televisores, máquinas de coser o refrigeradores.   Pero como era de esperar, las turbas saquearon tiendas en Valencia, Naguanagua y otros sitios, frente a las narices de indiferentes guardias e indignados espectadores que filmaban el hurto.  Los saqueadores ya ni siquiera pagaron los bajos precios fijados por el gobierno.  Vista objetivamente, la medida estatal sólo puede calificarse de robo.  El gobierno de Maduro trascendió las etiquetas de populismo y socialismo: es, ni más ni menos, una vil cleptocracia.

¿Porqué Maduro pierde popularidad?  Precisamente por haber destruido otros sectores económicos de la misma forma que desmanteló el comercio de electrónica y electrodomésticos.    Maduro tiene que ofrecer circo porque en Venezuela literalmente ya no hay pan, acota Mary O’Grady de The Wall Street Journal.  Escasean diversos artículos básicos: leche, harina, aceite, papel sanitario y otros.   La escasez está vinculada con la hiperinflación.  Venezuela mantiene un férreo control de cambios que cotiza cada dólar estadounidense a 6.3 bolívares.  Sin embargo, la mayoría de comerciantes no consigue dólares al tipo de cambio oficial y debe recurrir al mercado negro, a 10 veces el valor oficial, alrededor de 60 bolívares por dólar.   Los precios de mercado reflejan dicha realidad, la inestabilidad y los costos impuestos por otras arbitrariedades.

El descalabro económico en este país petrolero, antes próspero, se debe a una mala administración estatal, controles gubernamentales excesivos, la persecución del sector privado y una desbordada tasa de inflación anual que supera el 54%.  Según The Economist, Venezuela tiene la moneda más sobrevaluada de toda la región.   Nicolás Maduro, ex conductor de camionetas y sindicalista, maneja la grave crisis atacando a la iniciativa privada y violando los derechos de propiedad.   Dicen que ya tiene en la mira a las ventas de ropa y de autos.   Sigue así los pasos de su mentor:  durante sus catorce años de gobierno, Chávez expropió o se apoderó de más de mil compañías.

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Jorge Roig, opina que no puede triunfar en Venezuela un modelo que fracasó mundialmente.  El país ocupa el puesto 181 de 189 países en el Índice de Hacer Negocios del Banco Mundial.   Más de 4,700 empresas han desaparecido por nacionalización o quiebra.  “La tasa de mortalidad de los negocios continuará”, dice Roig.   A Maduro se le escapa la relevancia de la libertad de los mercados,  la inviolabilidad de los derechos de propiedad y de contrato.   Por ello la gloriosa revolución bolivariana, el supuesto paraíso que instauraría el socialismo del siglo XXI, es un infierno invivible.

Este artículo se publicó el 22 de noviembre del 2013 en la revista Contra Poder y en el CEES.

Collage elaborado con fotografías tomadas de distintas fuentes noticiosas electrónicas.

 

Peligra la libertad de prensa

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Escribió Ludwig von Mises que “la libertad sólo puede ser ganada por hombres incondicionalmente comprometidos con los principios de la libertad.  El primer requisito para un mejor orden social es el retorno a una irrestricta libertad de pensamiento y de expresión.” 

Esta historia ilustra una alarmante realidad.  Cuentan que Pancho Sales era un aclamado reportero de El Globo Vigilante, un ficticio matutino latinoamericano. Pancho había avergonzado a sucesivos gobiernos con sus reportajes sobre cuestionables programas y servicios estatales, abusos de poder y corrupción.   Un buen día, sus cuentas bancarias amanecieron congeladas.  Allanaron su oficina y su hogar buscando evidencia para acusarlo de un delito inventado.  Regaron rumores sobre su vida privada.  El presidente de turno salió en la televisión acusándolo de evadir impuestos y de ser un mentiroso, ladrón y traidor a la patria; además, solicitó al Congreso aprobar un proyecto de ley que subrepticiamente le permitiría censurar a los medios de comunicación.  Bajo presión, los anunciantes retiraron sus pautas publicitarias de El Globo Vigilante.  Luego, amigos del partido reinante ofrecieron comprar el matutino.  Finalmente, se llevaron a Pancho a media noche y lo metieron a la cárcel sin explicarle el motivo de su captura.

En la obscuridad de su celda, el cabizbajo Pancho entendió que su profesión estaba bajo acecho del gobierno en muchos países latinoamericanos.   En su mente se agolparon imágenes del presidente de Ecuador, Rafael Correa, demandando a El Universo y despedazando con furia un ejemplar de La Hora;  de Nicolás Maduro, mandamás de Venezuela, denunciando de manipulación a la “prensa burguesa”; de Cristina Fernández de Argentina, hablando de nacionalizar a los medios privados.   En algunos países se intentaba aprobar una “ley mordaza” como la que está vigente en Ecuador, así como leyes para debilitar financieramente a medios noticiosos.   Pancho se recordó del informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y lloró de nuevo a 45 colegas suyos asesinados en el 2012; México, Brasil y Honduras encabezaron la lista con 17, 10 y 9 periodistas fallecidos, respectivamente.    Nuestro amigo Sales suspiró, agradeciendo a Dios el hecho de seguir con vida.

Son demasiados los periodistas que atraviesan situaciones similares a la de Pancho Sales.  Reporteros Sin Fronteras elabora un índice de libertad de prensa que compara a 179 países.   La medición es generada a partir de encuestas sobre el clima de independencia, pluralismo, auto-censura y transparencia, tanto en medios tradicionales como electrónicos, entre otros factores.  Este año, Costa Rica, ubicada en la casilla 18, es la única nación iberoamericana con una clasificación libre.   Uruguay ocupa la casilla 27 y El Salvador, la 38.  A través de los años, el posicionamiento de Guatemala ha fluctuado desde un bajísimo ranking de 106, en el 2010,  hasta un mediocre 66, en el 2004.

Claro está que también en el gremio periodístico hay conglomerados poderosos y actores ideologizados o faltos de ética.  Pero la historia de Pancho Sales nos enseña que el poder de la voz y de la pluma palidecen frente al poder coercitivo del Estado.  La libertad de prensa es una cara de la libertad que amerita ser tratada como absoluta, defendida hasta el extremo y preciada sobre otros valores, así nos gusten las opiniones de los demás conciudadanos o no.  Los mejores antídotos contra excesos cometidos tanto por reporteros como por gobernantes son un mercado informático verdaderamente competitivo y libre, y un Estado de Derecho funcional que lo apuntale.  En un debate limpio aflora la verdad y se delata la mentira.  Como advirtió George Washington hace siglos, “si nos quitan la libertad de expresión, entonces, tontos y silenciados, nos podrán llevar como ovejas al matadero”.

Este artículo fue publicado el 30 de agosto del 2013 en CEES y la Revista Contra Poder.  La foto de George Washington tomada del sitio History fue adaptada para una presentación.

 

La violencia nos cuesta caro

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¿Qué haría usted si tuviera Q.3,640.00 más de ingresos al año, sólo por el hecho de vivir en un país menos violento?

Los guatemaltecos sabemos que la violencia tiene un precio altísimo.  Un homicidio provoca estragos en la familia, sobre todo cuando la víctima era el jefe del hogar.  Los secuestradores y ladrones nos pueden dejar, literalmente, en la calle. Vivimos rodeados de alambre espigado, alarmas, guardias privados, talanqueras, tiendas con barrotes, carros blindados, paredes altas, perros bravos, vidrios polarizados y medicinas para los nervios; no compraríamos estas cosas si pudiéramos evitarlo.  Debido a nuestra fama internacional, los turistas e inversionistas se abstienen de viajar al país.  Compatriotas productivos emigran buscando lares serenos para asentarse.  El Gobierno, a su vez, destina millones a gastos de seguridad.  La violencia es cara, ¿pero se puede medir?

Vale la pena intentar un aproximado.  Eso hizo Jorge Benavides, autor de Costos de la Violencia en Guatemala, un estudio presentado por FUNDESA la semana pasada.  El  investigador se planteó la pregunta: ¿cuánto nos cuesta contener la violencia?  Según la metodología desarrollada por la organización Vision of Humanity para elaborar el Índice de Paz Global , se midieron factores que van desde los gastos para mantener y equipar a fuerzas de seguridad, hasta las pérdidas a la producción atribuibles al conflicto.   En el 2013, a Guatemala le costó Q53 mil 840 millones combatir la violencia, ó el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).  Es decir, Q.3 mil 640 por cabeza.

¿Eso es mucho o poco? Guatemala es un país de riesgo medio, según el Índice de Paz Global. La edición del 2013 le otorga el puesto 109 de 162 naciones.  El país tiene un mal récord en factores como la percepción de criminalidad en la población, y el número de homicidios y crímenes violentos. La puntuación de 2.22 está más próxima a la de Afganistán, que obtuvo el último lugar con 3.44 puntos, que a la de Islandia, que encabeza la lista con 1.162 puntos.   La puntuación promedio desde el 2008 es de 2.249; se registró una leve mejora con relación a la nota recibida en el 2012 y 2011 (el peor año).

Estos datos sirven para confirmar nuestras percepciones, admitir comparaciones y asentar tendencias a través de los años, pero además nos recuerdan por lo menos tres lecciones importantes.

Primero, la guerra contra el narcotráfico es la principal generadora de violencia en la región.  La guerra en México se desborda hacia Centroamérica y el Caribe, convirtiéndola en la región más convulsionada de las Américas.  Para salvar vidas, es sensato avanzar en la descriminalización y despenalización del narcotráfico.

Segundo, el costo de oportunidad de protegernos contra la violencia es el uso alterno que podríamos haber dado a esos recursos. El estudio de FUNDESA acota que “si se redujera en 50% el costo global de combatir la violencia, se podría pagar la deuda de los países emergentes, proveer suficiente dinero para estabilizar la economía europea, y contar con los fondos adicionales requeridos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio antes de 2015.”  Lo mismo aplica al caso concreto de Guatemala.

Tercero, se necesitan fondos para combatir la violencia, y paz para prosperar.  El desarrollo y la paz están íntimamente ligados, en dos vías.

Un corolario de esta realidad es que, como afirmó el Barón de Montesquieu en 1750, “la paz es un efecto natural del comercio”.  Un estudio por Polachek y Seiglie (2006) confirmó la intuición del filósofo francés.  Los autores concluyen que los países que intercambian unos con otros cooperan más de lo que pelean, y llegan a afirmar que la beligerancia se puede reducir en un 20% cuando se duplica el volumen de comercio.

Este artículo fue publicado el 19 de julio del 2013 en CEES y en la revista Contra Poder.

La foto es una obra de arte exhibida en Glasstress, IED, Venecia.  Son cascos militares de vidrio.  Autor desconocido.