Oda a la libertad

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Las antorchas que recorren el país cada 15 de septiembre son símbolo tanto de la iluminación intelectual y espiritual, como de la libertad.

¿Asimilaron los próceres centroamericanos los mensajes liberales del Barón Montesquieu, Adam Smith y Thomas Jefferson, entre otros pensadores de la Ilustración? A continuación, cuatro advertencias hechas por liberales clásicos que nuestros antepasados quizás desestimaron, pero que esta generación de guatemaltecos debe atender urgentemente.

1. Los abusos del poder son intolerables. Desligarnos de la monarquía no nos blindó contra los autoritarismos abusivos. De Montesquieu aprendimos las bondades de separar y balancear los poderes del Estado. Él advirtió en El espíritu de las leyes (1748) que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo…Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” Hoy vemos a representantes electos, como Nicolás Maduro, transformarse en dictadores, deformar las constituciones, controlar a los jueces e imponer leyes tiránicas. ¡Opongámonos tajantemente a tales prácticas!

2. El gasto público no se debe desbordar. “Coloco la economía como la primera y más importante virtud, y la deuda pública como el mayor peligro a temer,” escribió Thomas Jefferson. Vio claramente que perdemos nuestra libertad cuando los gobernantes contraen excesivas obligaciones. Adam Smith concluyó lo mismo: “no hay mayor impertinencia y, por lo tanto, presunción, en reyes y ministros, que pretender velar por la economía de las personas privadas para limitar sus gastos ya que ellos mismos, reyes y ministros, son siempre y sin excepción alguna, los más grandes derrochadores en la sociedad.” A Q.79.7 mil millones asciende la propuesta de presupuesto nacional más grande de nuestra historia, para el 2017, sin ancla en los ingresos correspondientes. ¡Pongámosle freno a la deuda pública!

3. Los impuestos son saqueo legal, en el peor de los casos, afirmó Frédéric Bastiat. Constituyen una transacción cuando el tributario transfiere su riqueza al gobierno a cambio de servicios púbicos. Sin embargo, algunos usan el mecanismo legal y coercitivo para vivir a costa de otros, y eso es inmoral. El hambre por más impuestos crecerá conforme aumentan los egresos, adivinó Jefferson. Previó que tasarán “nuestra carne y bebida, nuestra necesidad y nuestra comodidad, nuestro trabajo y nuestra diversión. Si podemos prevenir que el gobierno gaste lo que las personas ahorran, bajo pretexto de cuidar por ellas, entonces ellas serán felices.”

4. A mayor libertad, mayor crecimiento económico. Cuando Adam Smith dimensionó las secuelas dañinas del proteccionismo mercantilista, abogó por un marco institucional de paz, impuestos moderados y “una tolerable administración de justicia”. Un hábitat dentro del cual las personas pueden mejorar su propia condición, trabajando honestamente. La libertad comercial debe traspasar las fronteras nacionales, coincidió Bastiat con punzante humor: “Hay hombres al acecho a lo largo de toda la frontera, armados hasta los dientes, con el encargo de crear dificultades para el trasiego de bienes de un país a otro. Se llaman agentes aduaneros.” ¡Abrámonos completamente al libre comercio!
La libertad no es meramente un valor anticuado y romántico, o un quetzal surcando el cielo azul. Es un requisito para el florecimiento humano.

Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

Resentimiento y desarrollo

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El resentimiento es un veneno y un mal consejero para el diseño de políticas públicas.

“Aquel ya solamente en tuc-tucs se desplaza”, “¿Viste cómo puso de coqueto su comedor la Fulana?”, “¡Quién diría que iba a pegar su negocio!”. Podemos leer las tres opiniones anteriores con tono de admiración o con un tono envidioso y resentido. El bien ajeno nos puede alegrar y estimular, o amargar. Tristemente, la segunda reacción es común. Además de enfermar al que así se siente, puede ser móvil de acciones y hasta de políticas públicas empobrecedoras en el largo plazo.

Resentir es revivir, una y otra vez, un enojo o malestar. “El resentimiento es como tomar un veneno y esperar que se muera la otra persona,” sentenció con humor Malachy G. McCourt, un actor, escritor y político irlandés-estadounidense. Coincide con este criterio el filósofo alemán Max Scheler, quien describe el resentimiento como “una autointoxicación psíquica”. Una persona puede hacer o dejar de hacer algo que objetivamente me ofende, pero también puedo exagerar o imaginar el mal causado. No podemos controlar los actos de los demás, pero sí podemos esforzarnos por dominar nuestras reacciones, a fin de evitar envenenarnos nosotros mismos. Recomiendan los psicólogos alinear nuestra voluntad e inteligencia, para no dar cabida a la afrenta, perdonar y olvidar.

Es tiempo que los guatemaltecos desterremos dos resentimientos: el racial y el anti-empresarial. ¿Cómo podemos catapultar hacia delante a nuestra sociedad pluricultural, plurilingüe y multiétnica, partiendo de la desconfianza mutua? ¿Cuánto acuerdo productivo hemos dejado pasar, por asumir, sin evidencia alguna, que la contraparte es aprovechada, racista, vengativa, malintencionada o deshonesta? ¿Es realista o sano rotular a los pequeños, medianos y grandes emprendedores como seres voraces y codiciosos, que se benefician a nuestra costa?

Somos inocentes de los crímenes cometidos hace cinco siglos: han nacido casi veinte generaciones de guatemaltecos desde 1542. Paralelamente, todo actor económico incursiona en un juego de suma positiva, el mercado, que es ciego e imparcial. Al mercado le es indiferente nuestra ascendencia, estatus social, nivel educativo y más. La creación de riqueza puede ser desencadenada por el arduo trabajo y la creatividad de cualquier sujeto esforzado. Si producimos bienes y servicios demandados por consumidores libres, y suscribimos contratos voluntarios, entonces nuestros actos no vulneran los derechos del prójimo. Cuando cooperamos socialmente y en paz, nos conducimos como personas responsables en igualdad de derechos. Aceptamos las consecuencias de nuestros propios actos y respondemos de nuestras faltas. El respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad enmarca nuestro proceder. Constituye un obstáculo al progreso la noción de que la propiedad privada es un artilugio para la explotación, y peor aún, que necesitamos una revolución para abolir dicha institución social. Incluso quienes hoy aspiran llegar a adquirir propiedad se benefician de que este derecho sea fielmente garantizado y reconocido. El florecimiento humano parte del acceso libre a los mercados, a los contratos, a los empleos y a la propiedad.

En contraste, apilamos injusticia sobre injusticia cuando tomamos a la fuerza lo que pertenece a otros, aún cuando nos justificamos, y revestimos la medida con el lenguaje florido de la “redistribución social”, “carga tributaria progresiva”, o “justa retribución”. El gobierno ostenta el poder monopólico de coaccionar adultos, y mal hacemos como ciudadanos cuando aceptamos que ese poder sea abusado con el objetivo de destruir lo que otros han construido, violar el derecho ajeno o dar rienda suelta al resentimiento.

Este artículo fue publicado el 9 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

El collage es un compuesto de varias fotos modificadas, basado en este dibujo.

Impuestos y democracia

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Los vicios, combinados con un abuso de la democracia, conducen a malos resultados.
Había una vez una pequeña comunidad llamada Demo que decidió darse un gobierno para que los protegiera de potenciales agresores. Los ciudadanos podían así ocupar su tiempo en asuntos productivos. El grupito gobernante, sin embargo, no creaba riqueza. Reunidos, los habitantes de Demo acordaron unánimemente sufragar su manutención con pequeñas transferencias monetarias, vistas como el pago por un servicio valioso.

Pasó el tiempo y Demo creció. Algunos ciudadanos querían endilgar a los políticos algunas responsabilidades que les resultaban cargantes. Unas almas compasivas querían ayudar a los indigentes con subsidios estatales en lugar de ejercitar la caridad. Ambos sectores propusieron rebanar otra tajada de los ingresos de los ciudadanos para financiar los nuevos gastos. A los políticos les gustó la idea de amasar dinero y poder. Se acordó tomar la decisión por mayoría, porque varias personas vociferaron en contra de la moción. Los demoltecos productivos salieron esquilados por la coalición compuesta por las minorías de vividores, altruistas y políticos. La transferencia voluntaria se convirtió en impuesto, y se decretaron castigos para quienes no pagaran.

Tristes, unos productivos demoltecos emigraron. La recaudación bajó, y los gobernantes reaccionaron subiendo aún más la carga tributaria, de plumazo. Se hizo realidad la advertencia de John Stuart Mill: “Aquellos que no pagan impuestos, disponiendo con sus votos del dinero de otras personas, tienen todo el incentivo de ser espléndidos y ningún incentivo para economizar.” No cayeron en cuenta que debilitaban la democracia empleando el poder para la expoliación.

La economía de Demo languidecía y los servicios públicos eran deficientes, incluidos los servicios de defensa y seguridad nacional. Un forastero que pasaba por Demo le contó a los angustiados demoltecos que en su país natal, Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaba una reducida base de 704,553 contribuyentes activos. Es tan solo el 4.7 por ciento del total de los guatemaltecos, explicó el forastero, porque en Guatemala hay una economía informal gigantesca. Sería más estable y sano contar con una amplia base de contribuyentes, concluyeron los atentos demoltecos. Lo que es más, narró el chapín, la SAT no trata como evasores a los miles de trabajadores no registrados, pero sí persigue, justa o injustamente, a algunos de los contribuyentes activos. Unos enfrentan juicios y son encarcelados por evasión.

Un forastero rubio y alto se rió. Exclamó, “¡Eso no es nada!”. Concedió que la base tributaria en su país, Estados Unidos, es más amplia que en Guatemala, pero su preocupación era otra. En un estudio publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), el estadounidense leyó que el ejército involucrado en el cobro de impuestos es tres veces más grande que las Fuerzas Armadas. Cada año, los tributarios invierten 8.9 mil millones de horas en completar formularios de impuestos; es como si 4.3 millones de personas trabajaran todo el año, tiempo completo, dedicados exclusivamente a esta tarea. Enojado, el extranjero rubio agregó que la Tax Foundation estimaba el costo anual del papeleo por impuestos federales en U.S.$ 409 mil millones.

Bastaron las historias y la experiencia para convencer a los demoltecos de enmarcar las políticas fiscales dentro de un marco constitucional. Demo adoptó la norma recomendada por Dan Mitchell, según la cual la economía privada debe crecer más que el sector público. De lo contrario, el gobierno se comporta como los peces dorados, que teniendo acceso a ilimitada comida, comen hasta morir.

Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2016 en la revista Contra Poder y el CEES.

Justicia Social

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Sorprende el discurso que dirigió el magistrado afro-americano de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Clarence Thomas, a los graduandos de Hillsdale College.

En el acto, el sábado 14 de mayo, Clarence Thomas dijo: no los motivo a luchar contra la injusticia social. En su lugar, los exhortó a ser buenos ciudadanos y a preservar la libertad. No tardan en acusar a Thomas de traicionar a su clase o a su etnia, a la luz de sus recomendaciones políticamente incorrectas. ¿Cómo osa el magistrado oponerse al mantra salvador de los marginados, dada su humilde cuna en un pueblo agrario del estado de Georgia?

Quizás Clarence Thomas ya leyó el nuevo libro por Michael Novak, Paul Adams y Elizabeth Shaw, Justicia Social no es lo que usted cree que es (2015). El filósofo Novak y sus coautores argumentan que las connotaciones modernas del concepto no coinciden con el uso original de la frase. La buena ciudadanía que recomienda el magistrado Thomas podría cuadrar con el sentido verdadero de la justicia social.

Novak afirma que la frase aparece por primera vez en un libro por el sacerdote conservador Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), quien se propuso rescatar el concepto de “justicia general” esbozado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Testigo de los efectos de la Revolución Industrial, Taparelli se preocupó por la unidad familiar. El sacerdote creía que la sociedad tiene su fundamento en las “pequeñas sociedades”, es decir, las familias y las organizaciones locales, y no en “la gran sociedad” o el Estado. Le inquietaba que las familias migraran, completas o desmembradas, hacia pueblos y ciudades. No sólo abandonaban la subsistencia agraria para convertirse en obreros asalariados, sino quizás también costumbres familiares importantes.

En contraste, el gobierno cobra primacía en la nueva concepción de justicia social. Ésta pretende corregir la mala distribución de los recursos en la sociedad. Crecemos en circunstancias distintas, y cosechamos resultados diferentes producto de nuestro ingenio, trabajo y entorno. El gobierno, concebido como un imparcial agente externo, capaz de asignar los bienes disponibles con más tino que la naturaleza, es requerido para nivelar el desbalance. Además, Michael Novak se lamenta que la acepción francesa de égalité ha llevado a una obsesión por una uniformidad casi aritmética, inalcanzable sin ejercer la coacción.

Sumada a la responsabilidad por la igualdad y la redistribución, recae en los gobernantes la tarea de definir qué es el “bien común”. Novak pone un ejemplo. Los ciudadanos soviéticos tenían prohibido fijar residencia en otro país, porque al hacerlo dejarían de tributar. En aras del bien común, los oficiales buscaban maximizar las contribuciones al erario manteniendo cautivos a los nacidos en el territorio bajo su control. El bien común se transforma en una peligrosa excusa para aplastar libertades personales.

Al gobierno no le compete definir el bien común ni redistribuir los bienes, escribió el Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (1891). Como Taparelli, León XIII se ocupa de la familia y la justicia social, pero se distancia de la lectura socialista de la industrialización. Se opone al totalitarismo. Clamando respeto por “la condición humana”, el pontífice declara como vana la pugna socialista contra las desigualdades naturales. “No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna,” versa la encíclica.

Conviviendo en pueblos y ciudades, las personas emplean sus sanas y constructivas diferencias. Se asocian unos con otros para solucionar por si mismos los problemas que les atañen directamente. He allí el buen ciudadano del que habla Clarence Thomas.

Este artículo fue publicado el 20 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue tomada de la publicación College Fix.

Olas mediáticas

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Contrastan los dos documentos que hicieron olas gigantes a nivel mundial la semana pasada: los Panama Papers y la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.

Los Panama Papers se elaboraron a partir de bases de datos y archivos filtrados, obtenidos ilegalmente. Es un saco roto armado por varios periodistas y huele a conspiración, chismorreo y voyerismo. Es controversial hasta el oculto financista de la investigación: señalan al gobierno de Estados Unidos, a George Soros, o al ministro de finanzas de Alemania… Dado que en la mayoría de países es perfectamente legal constituir empresas off shore, la tarea pendiente es detectar la cizaña entre el trigo sano: identificar a los gobernantes y sujetos corruptos que esconden dinero mal habido. Sin embargo, se aborda con tanto alarmismo el asunto que arroja sospecha sobre todo lo financiero y comercial. Los “expertos” y los mismos políticos no tardaron en demandar más regulaciones y prohibiciones, entre ellos el fin del secreto bancario. En última instancia, empobrecerán aún más a los ciudadanos comunes.

Además de coincidir en el tiempo, los Panama Papers se parecen a Amoris Laetitia en tres aspectos. Primero, la exhortación apostólica es producto de una colaboración que abarca dos Sínodos de Obispos sobre la familia, realizados en el Vaticano en el 2014 y 2015, y deliberaciones locales. Segundo, diagnostica la corrupción, en este caso de la familia en la sociedad moderna. La tercera similitud tiene que ver con el manejo de la noticia. Al fijar su atención en polémicas como las uniones del mismo sexo y el divorcio, los reporteros generan malos entendidos y lagunas de información, provocando reacciones contraproducentes.

Los parecidos palidecen frente a las diferencias. El Papa Francisco refrenda el trabajo de cientos de pastores informados por sus estudios y vivencias. El tono de Amoris Laetitia es comprensivo, conciliatorio y esperanzador, no acusatorio. El documento reitera las claras enseñanzas magisteriales sobre el matrimonio y la familia, y recomienda un seguimiento pastoral para cada matrimonio concreto, tomando en cuenta factores culturales particulares.

La familia enfrenta desafíos, afirma el Papa Francisco a lo largo de nueve capítulos y 300 párrafos. La violencia y el abuso de menores, la migración, la cultura pro aborto y eutanasia, la ideología de género y la “descomposición jurídica” de la familia son solamente algunos de los peligros listados. Y es que las familias están compuestas por personas falibles que aman y sufren. Cuando aprehendemos a la familia como un núcleo dinámico y complejo, desdeñamos los impulsos contrapuestos de extinguir la institución natural, por un lado, o de someterla a inflexibles reglas, por el otro.

Jesucristo “proponía un ideal exigente”, subraya el pontífice, pero “nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera.” La Sagrada Familia no es la única capaz del ideal, porque nosotros contamos con la gracia y los sacramentos que nos fortalecen, así como con el acompañamiento de la Iglesia. Las familias que exhiben problemas y carencias pueden cultivar el amor profundo, el respeto y la estabilidad.

La comparación entre Amoris Laetitia y los Panama Papers puede ofender, pero me extiendo en esta osadía otro rato. Nosotros, a la vez receptores de las noticias, miembros de familias, y empresarios o trabajadores, aprendimos algo del embravecido mar de la opinión pública. Al confrontar noticias como éstas, podemos emular a la Iglesia en su amor a la verdad, prudencia y empatía. Podemos leer directamente los documentos y escarbar más, para no caer en engañosas o precipitadas conclusiones. Además, debemos dimensionar las consecuencias de mediano y largo plazo, intencionadas y no intencionadas, de nuestras opiniones y de nuestros actos.

Este artículo fue publicado el 15 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

El Sexto

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La obra titulada “La libertad por medio del conocimiento”, por El Sexto, es bastante más sofisticada que un grafiti callejero.

La pared exterior del Museo Popol Vuh, en la Universidad Francisco Marroquín, luce un mural. A mí se me antoja que es un libro ilustrado, abierto. Daniel (Danilo) Maldonado, El Sexto, pintó el grafiti cuando estuvo en Guatemala con ocasión del College Freedom Forum, organizado por la Human Rights Foundation (HRF). Siguiendo con la imagen del libro, noto que la página izquierda emana tristeza mientras que la página derecha comunica alegría. Tiesas y tristes figuras atadas con cadenas, de mirada penetrante, observan a un ángel amarillo que se eleva al cielo. Su desesperanza contrasta con la felicidad de personas libres que elevan la mirada agradecida hacia unos libros gigantes suspendidos milagrosamente en el espacio, en la esquina superior derecha de la obra.

¿Qué lecturas liberaron a El Sexto de las cadenas ideológicas del marxismo? ¿Cómo comprende la libertad un joven que sólo ha vivido bajo el totalitarismo, con restricciones y censuras, y que, pasó por las aulas de escuelas públicas para el adoctrinamiento estatal?

Por las noticias, me entero que pudo leer y comprender la novela La Rebelión de la Granja, por George Orwell. El gobierno revolucionario prohíbe los libros de Orwell, junto con los de Bradbury, Miller, Joyce, Camus, Octavio Paz y otros literatos más. Ignoro cómo se agenció la lectura, pero en todo caso el inspirado artista intentó realizar un montaje artístico en Navidad del 2014: pintó los nombres “Raúl” y “Fidel” sobre el lomo de dos cerdos vivos. En la alegoría publicada en 1945, los cerdos Snowball y Napoleón lideran un golpe de estado contra el granjero Jones e imponen sus reglas, incluyendo el mal cumplido mandato número siete: “todos los animales son iguales”. Como El Sexto, Orwell quería recalcar que Stalin había pervertido el ideal comunista soviético.

La iniciativa de Maldonado le valió 10 meses de prisión sin haber sido condenado en juicio. Durante su cautiverio, realizó dos huelgas de hambre: una del 8 de septiembre al 1 de octubre, y otra que duró cuatro días, justo antes de que lo soltaran. Le hicieron firmar unos papeles que oficializaban su excarcelación incondicional.

Tras recobrar la libertad, El Sexto expresó deseos de salir de Cuba para contar al mundo cómo se vive en la isla, y para agradecer el apoyo recibido del extranjero, pues está convencido que seguiría guardando prisión si el gobierno no hubiese sentido la presión internacional. Lo debe haber ayudado ganar el Premio Internacional Vaclav Havel a la disidencia creativa, que otorga el Human Rights Foundation. El Sexto compartió la edición del 2015 con un comediante sudanés, Sakdiyah Ma’ruf, quien aboga por los derechos de las personas a través de sus rutinas artísticas.

Su paso por Guatemala debe haber sido parte de su plan. Cuando retornó a Cuba, fue arrestado el 20 de marzo, luego de unirse a una marcha contra el gobierno de Raúl Castro. La marcha, organizada por las Damas de Blanco, era más riesgosa que las habituales protestas dominicales contra la represión, aunque el régimen siempre encarcela a algunos manifestantes. En esta oportunidad, las damas tenían ilusión de magnificar su mensaje aprovechando la presencia de medios de comunicación internacionales, que llegaron a la isla con motivo de la visita del Presidente Barack Obama. Los métodos no violentos de las damas contrastan con la brutalidad policiaca, evidente en videos caseros que circulan por la red.

Los gobiernos represivos son abominables, como también lo son gobiernos que incumplen con las garantías de libertad individual. Aquí también hay presos falsamente acusados, o que pasan meses en cautiverio sin ver un tribunal y sin poder dilucidar su situación.

Este artículo fue publicado el 8 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder.

La fotografía es propiedad de la Universidad Francisco Marroquín y aparece aquí.

Una elección es una elección

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Los actores en un proceso electoral actuarán conforme a los incentivos que enfrentan, incluso cuando se trate de elegir a los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.

¡La campaña de Guatemala Visible acertó! Los guatemaltecos no queremos candidatos (o magistrados) mafiosos, partidarios, influenciables, nepotistas, negociadores y con vínculos al narcotráfico. ¿Cómo alcanzamos ese resultado? A veces esperamos que si los involucrados poseen una información completa y obran con inteligencia, racionalidad y altruismo, cosecharemos el deseado desenlace.

Algunos auto-proclamados fiscalizadores de los procesos en el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo, están insatisfechos con ciertos finalistas. Hasta el imprudente embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mostró desprecio por la selección de unos magistrados. ¿Cabría concluir, entonces, que los electores de las entidades mencionadas son tontos, apáticos o corruptos, porque los candidatos favorecidos no coinciden con el perfil ideal?

Eso parece opinar Iván Velásquez de la CICIG, si uno analiza las entrevistas que concedió a Siglo 21. Él esperaba que los votantes asumieran “con compromiso el papel que les corresponde”. ¿Cómo sabemos cuando alguien está comprometido? ¿Debe lealtad al proceso mismo, a unos principios enunciados o implícitos, a la línea programática de la CICIG, o a otro criterio? No podemos meternos en las cabezas ajenas para calificar sus mecanismos de toma de decisión. Podría lucir más sensato el plumazo impulsivo de Pablo que la deliberación estudiada de Fito. Adicionalmente, las elecciones agregan las preferencias disimiles de los electores, y no es cierto que las mayorías sean inadvertidamente sabias.

Velásquez ve estas dinámicas a través de unos lentes románticos, porque criticó el “gran derroche de recursos que de pronto se ven en las campañas” para los puestos llenados por el Colegio de Abogados. El jefe de la CICIG cree que “debía ser el acto democrático de elección, simple y pura de los abogados que se acercan a su colegio a depositar el voto por su candidato, sin más parafernalia…” Sólo gana una elección democrática quien saca la mayoría de votos. Si dos o más personas compiten por acceder a un único puesto, lógicamente harán campaña. Las reglas del juego obligan a los candidatos a preocuparse por su popularidad e imagen. Por otra parte, años de estudios universitarios y experiencia profesional no transforma a los abogados y juristas en votantes superiores. Como cualquier mortal, los abogados tienen mil cosas que hacer que rivalizan con un escudriño exhaustivo de la trayectoria de los contendientes. Se dejarán persuadir por frases, promesas y vallas. Lo que es más, serán “partidarios” al elegir al postulado que estudió en la misma universidad que ellos, o que comparte su ideología.

Es de esperar la conformación de facciones que compiten por hacerse del poder, precisamente porque el poder sirve para atender los intereses de los miembros de la propia facción. La búsqueda de rentas es producto de las reglas: cada magistrado titular y suplemente “representa” a un grupo o facción. Cuando la Fiscal General Thelma Aldana pide a sus magistrados electos que se separen de quienes les apoyaron para responder únicamente a la Constitución Política, demuestra que entiende las presiones que se ciernen sobre los magistrados electos.

En otras palabras, la forma en que organizamos la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad adolece de incentivos perversos y otros incentivos connaturales a las carreras competidas, definidas por la agregación de votos. ¿Existirán reglas para conformar la Corte de Constitucionalidad más adecuadas para institucionalizar el anhelado Estado de Derecho?

Este artículo fue publicado el 11 de marzo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¡Leyes peligrosas!

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Ya empiezan a circular noticias sobre iniciativas de ley, decretos y acuerdos ministeriales que perjudican a la ciudadanía.

Se percibe un febril activismo legislativo y ministerial desde principio de año. A los guatemaltecos nos cuesta mantenernos al día. Quienes no somos abogados, tenemos dificultad en aprehender los alcances de ciertas disposiciones, ya sea porque no comprendemos los tecnicismos o porque los autores usan nebulosos eufemismos. Sin embargo, tenemos la certeza de que nuestras autoridades nos imponen costos directos o indirectos.

Una búsqueda rápida en el sitio del Congreso de la República revela los diputados han conocido por lo menos 16 iniciativas de ley en lo que va del año. Su numeración, desde 4885 hasta 5020, indicaría la existencia de por lo menos 135 iniciativas, algunas quizás ya convertidas en decretos aprobados. Adicionalmente, están desengavetando proyectos viejos y controversiales. La iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud, por ejemplo, es una propuesta tan dañina como innecesaria, porque la Constitución ya protege los derechos de los jóvenes. Otra iniciativa resucitada es Ley de Desarrollo Rural Integral (No. 4084), cuyos graves defectos se discutieron fuertemente hace cuatro años.

No se han publicado los decretos aprobados en el 2016 en el sitio del Congreso, pero noticias periodísticas cubren algunos de ellos, siendo el Decreto 14-2016 el más sonado. Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Legislativo provocaron una ola de transfuguismo, pues los costos de cambiar la afiliación partidaria serán más elevados una vez entre en vigor la ley.

Algunas leyes contravienen o cambian el sentido de disposiciones anteriores y otras contienen inconstitucionalidades. Es alarmante la facilidad con que se vulneran nuestros derechos básicos, como el derecho a la propiedad. Tal es el caso de los Acuerdos Ministeriales 14 y 15 emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, que atentan contra la propiedad privada de los bienes arqueológicos y del patrimonio cultural. Otras disposiciones tienden a inmiscuir al Gobierno en el seno del hogar y minar la patria potestad, muchas veces con efectos destructivos de la unidad del núcleo familiar. No bastan las buenas intenciones de los legisladores que ambicionan, de un plumazo, erradicar los problemas de salud que causa el tabaco, o la violencia intrafamiliar, o la pobreza. A veces lo dispuesto cosecha resultados diametralmente opuestos a los que anuncian los títulos de las iniciativas.

Este activismo genera, por supuesto, presión sobre el gasto público, porque se crean dependencias o se suman atribuciones a las entidades existentes. Los legisladores tienden a proponer impuestos nuevos o tasas impositivas más altas. No pocas veces, la búsqueda de fondos lleva a los diputados a caer en la doble imposición fiscal, en violación de los principios elementales de la tributación. Uno de los argumentos en contra de la Ley de la Juventud, por ejemplo, es que propone costear la secretaría de la juventud inflando en un uno por ciento el pago sobre las utilidades o ganancias empresariales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Hace un año, Prensa Libre reportó la existencia de 60 mil leyes vigentes, muchas de las cuales son obsoletas; las más antiguas datan de 1873. Leí otro estimado según el cual los guatemaltecos debemos acatar alrededor de 70,000 disposiciones legales. Imagino que ya suman más…

Las leyes son reglas del juego que inciden sobre nuestras decisiones de ahorrar, invertir, comprar, generar empleos, emigrar, formar familias, y más. Los cambios bruscos crean altísimos costos para los gobernados. Se erosiona el respeto que nos merecen las normativas, y su valor, en la medida en que sean demasiadas, se contradigan unas con otras, y debiliten los principios que deben regir la convivencia pacífica.

Este artículo fue publicado el 12 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Donaciones tóxicas

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¿Extraña coincidencia? Mientras el Presidente Jimmy Morales recomendaba a los guatemaltecos no depender de la caridad, un filántropo estadounidense nos sugería leer Toxic Charity.

El Presidente Jimmy Morales intercaló una advertencia sobre la caridad en su discurso pronunciado con ocasión del Te Deum Cristiano Evangélico. Dijo que quienes viven en extrema pobreza están menos sedientos de la ayuda extranjera que otros conciudadanos, acostumbrados a financiar sus actividades, total o parcialmente, con donativos. No emprendemos proyectos rentables y auto-sostenibles, sino gastamos (y a veces despilfarramos) fondos ajenos. En el camino, perdemos nuestra dignidad.

Coincidentemente, asistí a una reunión en la cual nos recomendaron un libro por Robert Lupton titulado Toxic Charity. La referencia fue dada por un hombre muy caritativo; un empresario estadounidense que desarrolló programas de inversión para aliviar la pobreza en Nicaragua. Lupton asegura que vivimos en la era de la compasión. Según el Charity Navigator, el sector caritativo de Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Es una industria de U.S. $358 mil millones. Guatemala recibió en ayuda oficial para el desarrollo U.S. $ 387.9 millones en el 2014, U.S. $88.5 millones más que el año anterior. Y la tendencia en Estados Unidos se replica mundialmente, inclusive aquí. Guatemala es el país más solidario de América Latina, según un índice de caridad de Charities Aid Foundation.

No cabe duda que dar nos hace felices. Lupton agrega, “la industria de la compasión es casi universalmente aceptada como una empresa virtuosa y constructiva. Lo que es verdaderamente sorprendente es que sus resultados prácticamente no se examinan.” Después de trabajar con iglesias, agencias gubernamentales y empresarios, Lupton concluye que las buenas intenciones pueden incluso causar daño.

El libro citado da un ejemplo centroamericano: lo erogado por un grupo de universitarios cristianos que viajó al istmo para repintar un orfanato, hubiera cubierto el costo de pagar a dos pintores locales, contratar a dos maestros tiempo completo, y comprarle uniformes a todos los estudiantes del colegio.

Lupton aclara que no cuestiona las buenas motivaciones del donante, sino las consecuencias no intencionadas. Los viajes de servicio no empoderan a los destinatarios ni mejoran su calidad de vida de forma sostenida. No alivian la pobreza ni tampoco cambian la vida de los donantes para bien. Tienden, en cambio a “debilitar a los servidos, fomentar relaciones deshonestas, erosionar la ética de trabajo del beneficiario, e incrementar la dependencia.” El autor de Toxic Charity advierte que “la misericordia sin la justicia degenera en dependencia y un sentido de merecimiento”.

Es un error entrar en pánico de crisis frente a una carencia crónica, como el hambre. El autor aboga por que los programas caritativos busquen formar relaciones duraderas en paridad, basadas en la confianza mutua. Es preferible entablar relaciones comerciales que relaciones de dependencia: crear productores y no mendigos. A los destinatarios, recomienda “desintoxicarse de la ayuda y promover la empresarialidad y el libre comercio. Invertir en infraestructura. Asegurar préstamos razonables, no donativos.”

Dirigiéndose a la comunidad internacional, el Presidente Morales aclaró que no quería sonar mal agradecido. Yo entendí que su punto era similar al de Lupton. Los guatemaltecos tenemos que recobrar nuestra dignidad, asumiendo la responsabilidad por nuestro propio destino. Recuperar el control sobre el desarrollo conlleva balancear la auto-gestión, la descentralización y la desregulación con una apertura comercial de cara al resto del mundo. Porque en palabras de Jonathan Glennie, autor de libros de desarrollo, “lo más triste del mundo no es la pobreza; es la pérdida de dignidad.”

Este artículo fue publicado el 22 de enero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Mandantes y exigentes

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El equipo de Libertópolis usa la palabra mandante cuando se refiere al ciudadano promedio. En nuestra calidad de votantes, delegamos el poder en quienes temporalmente hacen gobierno, no para que hagan lo que les apetezca, sino para que hagan nuestra voluntad.

Yo raramente me siento mandante. La mayoría de los guatemaltecos llevamos una existencia alejada de la clase política. Ni siquiera cuando los políticos se esmeran por captar más votos, durante el tiempo de campaña, intuyo que me coquetean. En parte se debe a la naturaleza del juego. Es imposible satisfacer siempre a todos, porque no coincidimos en cuestiones como el monto ideal para el salario mínimo, la forma adecuada de educar a nuestra juventud o cuáles deben ser las prioridades del Ministerio Público. El proceso electoral nos recordó que la participación en eventos cívicos no se traduce instantáneamente en el resultado anhelado. El candidato de nuestra predilección puede perder y el Congreso puede aprobar leyes que consideramos dañinas. Aunque junto con los organismos internacionales y los gobiernos prestamistas, los tributarios financiamos la fiesta, en la práctica no escogemos ni a los invitados, ni la música, ni la comida servida.

El año pasado, vivimos unos días en que gloriosamente percibíamos recobrar el control como mandantes. Se logró la renuncia y encarcelamiento de altos funcionarios, símbolos de corrupción y abuso de poder. Aunque sea un gigantesco paso, el hecho que los mandantes, con mucho esfuerzo, seamos capaces de hacer rodar cabezas no resuelve el problema del fondo.

¿Habrá una forma de garantizar el buen comportamiento de los funcionarios electos que no requiera llevar al país al borde de la zozobra, y que se traduzca en una razonable satisfacción de los mandantes?

Primero, debemos recuperar control del gasto público. ¿Qué pasaría si las dependencias estatales administraran sus presupuestos como lo hace una empresa comercial, siguiendo estrictos estándares de contabilidad? Podríamos entonces medir su desempeño con base en resultados concretos. Podríamos aprehender los derroches y los errores. Recompensar a los funcionarios por cuadrar los egresos con los ingresos, y hasta generar ganancias, los obligaría a buscar la eficiencia en su gestión. Los gerentes procurarían estirar al máximo sus asignaciones presupuestarias, como se acostumbra en el mercado económico. Eso se traduciría en un cuidado mayor de nuestras contribuciones al fisco. Hemos insistido por años en una constitución fiscal con reglas prácticas, duraderas y estables, por el rigor que dichas normas imprimen al Gobierno.

Hoy ciertos guatemaltecos están dispuestos incluso a pagar por una plaza pública. Compran la inamovilidad en el cargo y un chorro constante de ingresos, así cumplan con sus obligaciones o no. Nos afligen las planillas onerosas, el peso de la mediocridad, y las plazas fantasmas. Incluso los presidentes y ministros están maniatados por los pactos colectivos y por rígidas trabas. Una segunda forma de mejorar los incentivos en beneficio de los mandantes, es promoviendo el servicio civil por contrato, por un tiempo definido, sujeto a renovación con base en mérito. No hablamos aquí de usar estructuras paralelas que se suman a la planilla pétrea, sino de unificar, simplificar y transparentar las reglas para todos el servicio civil. Así tendrían efecto las revisiones periódicas del trabajo realizado, las metas de corto y mediano plazo, e incluso las recompensas a empleados ejemplares. La agilidad y apertura son rasgos que pueden poseer los mercados laborales estatales tanto como los privados.

Centremos nuestra atención en instaurar tales reglas que no importe si el cargo público es ocupado por un ángel o un diablo. Pedro y Perico de los Palotes ajustarán su actuar a incentivos que los impulsan a cumplir con sus obligaciones para con los mandantes, sin despilfarrar nuestros tributos.

Este artículo fue publicado el 15 de enero del 2016 por la Revista Contra Poder y el CEES.