¿Qué quieren los jóvenes?

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¿Qué exige la generación del milenio en materia política?

Un 53 por ciento de los nacidos entre 1981 y 2000 ve el socialismo con buenos ojos, según una encuesta realizada en Estados Unidos por las empresas Rupe y Reason, citada por Emily Ekins y Joy Pullman en un artículo para The Federalist. En contraste, sólo un cuarto de los mayores de 55 piensa igual, en parte porque conocen los horrores de los experimentos marxistas del siglo XX. Otra encuesta, levantada por YouGov, revela que el 43 por ciento de los menores de 30 años son partidarios del socialismo.

¿Los mileniales quieren, entonces, que los gobiernos asuman el control de los factores de producción? Eso es socialismo, ¿no? Planteada así la cuestión, los jóvenes contestan que no. Pullmann y Ekins afirman que “si los jóvenes tuvieran que pagar por todos los esquemas socialistas que aparentemente apoyan, su apoyo se evaporaría rápido.” Entre más ganan los mileniales, más odian que el gobierno se quede con una parte sustancial de sus ingresos.

Quizás resolvamos la paradoja analizando los adjetivos descriptivos de los mileniales. Diversos estudios cualitativos generan una amplia lista de características: son personas que sienten que tienen derecho a muchas cosas, de mente abierta, entusiastas, optimistas, flexibles, sofisticados, pragmáticos, vacilantes, renuentes a comprometerse con una postura ideológica, amantes de redes sociales, centrados en si mismos e inclusivos. A mi entender, algunos de estos epítetos son mutuamente excluyentes. No pocos jóvenes se ofenden al leerlos.

Sin embargo, el sentido de merecer, de tener derecho, sumado al afán por ser inclusivos, se traduce en un deseo de mejorar el bienestar propio y el de los demás. Ellos han sido programados con el chip de que pueden cambiar el mundo. Les gustan las empresas solidarias, movidas no sólo por el imán de las ganancias sino por una causa noble. De hecho, los empleadores en los países desarrollados notan que los mileniales renuncian a sus trabajos si éstos carecen de un sentido más alto que traer pan a la mesa. Según la revista Forbes, los mileniales han engrosado las filas del emprendimiento social: “El creciente énfasis en el bien de la sociedad está empoderando a los mileniales a balancear sus carreras profesionales con el karma…”. Curar el cáncer, terminar con el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza son algunas de sus aspiraciones.

Por tanto, para ellos ser socialista es más o menos igual a ser una persona empática, alguien que se preocupa por el prójimo y el planeta. En ese sentido, no son tan egoístas como se les retrata. Quieren aportar soluciones distintas, innovadoras, a los problemas de su tiempo.

¿Son distintas las perspectivas políticas de los jóvenes en América Latina, en comparación con los jóvenes en Estados Unidos? Yo esperaría que nuestros jóvenes fueran más suspicaces de los gobiernos. Nuestras experiencias con el abuso del poder y la corrupción bastan para curar a cualquiera de la ilusión según la cual los políticos populistas, demagogos y socialistas son los llamados a palear los males de la sociedad.

He allí el dilema para los jóvenes que salieron a la plaza el año pasado. Saben que también ellos serían tragados por el sistema corruptor si tomaran las riendas del gobierno; los cambios sustanciales no vendrán desde la arena política. Para alcanzar el bienestar social que tanto anhelan, deben desoír las sirenas socialistas y promover más libertad económica, confiando así en que las personas saldrán adelante con su ingenio y trabajo arduo. La plaza tiene que generar propuestas de políticas públicas para restringir, no fortalecer, el control gubernamental sobre los medios de producción.

Este artículo fue publicado el 3 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Crédito de foto para collage.

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Mentalidad garrafón

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¿Es constructiva la iniciativa “Ley marco para el manejo integral, sostenible y eficiente, de los recursos hídricos en Guatemala”, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)?

Imagine a la madre de una familia numerosa que tiene un garrafón de agua. El garrafón es irreemplazable, por lo que la madre debe racionar el contenido para que dure. A la hora de la comida, sirve cantidades iguales en los vasos de sus chiquillos. No quiere ser acusada de favoritismo hacia una de sus crías. Ahora imagine que un hijito travieso extrae agua del garrafón para que su patito plástico chapotee en una palangana. La disgustada madre exclamará que ese uso del recurso es superfluo y contrario al interés familiar. Les prohibirá a los hijos acercarse al recurso: ella es la monarca del garrafón y autora de un plan maestro de su uso.

Las sucesivas iniciativas de ley de aguas en Guatemala tienden a abrazar esta mentalidad garrafón. Parten de la premisa que estamos peligrosamente cerca de agotar el recurso hídrico, aunque sorpresivamente, esta iniciativa admite que “no llega a utilizarse ni la décima parte del potencial hídrico del país”. En realidad, no estamos consumiendo el último garrafón a nuestra disposición.

Además, los legisladores asumen que los guatemaltecos somos niñitos traviesos e irresponsables en nuestros patrones de consumo. Crean un Czar del agua, quien, cual mamá vigilante, controla centralizadamente el recurso. Esperan que el Czar posea, como la madre, un genuino interés por el bienestar de cada uno de los ciudadanos, por el “interés público o social”. Además, debe ser omnisciente de todo lo relativo al agua en el país: debe levantar un inventario exhaustivo, asignar permisos, decidir si el “balance” de un recurso hídrico es inestable, racionar el bien en tiempos de sequía, planificar la recuperación de recursos comprometidos, y más. El MARN incluso puede declarar “cerrada la fuente para nuevos aprovechamientos”.

Según esta iniciativa de ley, Mamá Gobierno tendrá que basar sus decisiones en tres criterios: eficiencia, equidad y sostenibilidad. Sin embargo, las madres no distribuyen el recurso calculando qué hijo destinará el bien al uso más productivo, o quién paga más. La eficiencia es el resultado de permitir que usuarios compitan por el recurso. Cuando una única autoridad centraliza la toma de decisiones, opera a ciegas respecto de la demada real, con lo cuál es prácticamente imposible saber si asigna eficientemente el agua o no. Sus elementos de juicio serán planes políticos estáticos. Por técnicos y científicos que sean los estudios esbozados por personeros del MARN, son incapaces de reflejar las preferencias de miles de usuarios.

El proyecto de ley es interesante porque crea la figura del czar pero simultáneamente favorece la figura de comités de cuenca para la gobernanza del recurso. Es un paso en la dirección correcta. No habría entonces un monarca, sino habrían varias organizaciones integradas con representantes del gobierno y con usuarios del agua. Por un lado, estos comités compitirían unos con otros evidenciando buenas prácticas. Por el otro lado, tomarían decisiones ajustadas a las particulariedades de su respectiva cuenca. Para que funcionen estas organizaciones comunitarias locales, escribió la premio Nobel Elinor Ostrom, los comités de cuenca deben estar basados en tradiciones locales. Deben adoptar reglas apropiadas a la localidad. Además, debe definir claramente los límites a los usuarios y fijar las sanciones que aplicarán a quienes violen las reglas.

Es más probable que los integrantes de estos comités se preocupen por conservar el bien, en comparación con un plenipotenciario Czar nacional, pues sus vidas se verán directamente beneficiadas por un manejo racional del agua de su comunidad. Además, tienen mejores posibilidades de dirimir conflictos entre usos alternativos.

Este artículo fue publicado el 13 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Corre y va de nuevo

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La ONU bautizó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Desde 1992, durante las semanas cercanas a esa fecha, aumenta el activismo político para regular el uso del agua.

Vivimos días calurosos y se nos antoja que el precioso líquido se agota. Nos tragamos los titulares que falazmente subrayan la ausencia total de reglamentaciones, ignorando el hecho que la Constitución y otras leyes vigentes ya regulan el uso y la conservación del agua.

Y requerimos más leyes. Los manifestantes de la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida entregan sus demandas a los tres poderes del gobierno el 22 de abril, casualmente el Día Internacional de la Tierra. La Universidad Rafael Landívar publicó un inserto en la prensa titulado “Gota a gota, el futuro se acota” que apoya la marcha, pide elaborar un plan nacional y propone “consensuar e implementar los dispositivos legales” para ordenar el uso del agua. Así se presiona a los legisladores para aprobar casi cualquier cosa, y rápido, aunque su plumazo no supere el ordenamiento actual. La iniciativa 3702, “Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”, discutida hace ocho años, ya no parece adecuada. Una y otra vez hacemos borrón y cuenta nueva; las ideas no maduran en las mentes de la mayoría de legisladores porque ellos rotan.

¿Qué puede lograrse legislando más? Las aspiraciones van desde dotar del poder de toma de decisión a los usuarios y los gobiernos locales, hasta acordar normas conjuntamente con nuestros países vecinos, Honduras, El Salvador y México. Por un lado, pretenden idear un mecanismo estatal para asignar salomónicamente el agua disponible entre usos alternos, como por ejemplo usos agrícolas, industriales, domésticos o deportivos. Por el otro lado, se quiere conservar el bien intacto para futuras generaciones. Algunos sueñan con librar a la Madre Tierra de los malvados humanos que trastocan los ríos, lagos, reservas acuíferas y manantiales. Unas de estas metas son utópicas y otras no son compatibles. ¿Bastará con una única y comprensiva Ley de Aguas?

El principio fundamental que deben guiar a los actuales diputados es evitar salidas únicas, centralizadoras y colectivistas. No funcionan. Ustedes solos no pueden resolverlo todo. Aférrense a la demanda por una mayor participación comunitaria y local en las decisiones sobre el uso del agua, para así permitir una gama de distintos arreglos y soluciones, a la medida de cada problemática. Confíen más en nosotros.

El agua es un bien económico escaso, al igual que la ropa, los alimentos y muchas otras necesidades básicas. Lleva razón la asociación Red de Amigos de la Naturaleza (RANA) cuando afirma que “en la historia económica del género humano, el mercado ha demostrado ser el medio más eficaz para utilizar los escasos recursos…El mercado es, por consiguiente, por medio de los precios una manifestación permanente de las finalidades más valiosas del ser humano.” Cuando el gobierno sustituye al mercado y asume el control monopólico del recurso, borra toda la información existente sobre el valor real que los usuarios asignan al agua, y por consiguiente carece de información para distribuir eficazmente el bien hacia sus usos más deseables.

Los tomadores de decisiones en un marco abierto incluye a los gobierno locales, comunidades Maya y ladinas, asociaciones de cuenca, así como a empresas y hogares. Elinor Ostrom, la única mujer ganadora del premio Nobel en economía, analizó regímenes comunitarios exitosos, precisamente porque tienen claro el valor del bien en sus manos y se preocupan por el largo plazo. Irónicamente, el discurso de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, apunta en esta dirección cuando dice que sólo se puede avanzar en soluciones reales cuando se involucra a la sociedad civil y al sector privado.

Este artículo fue publicado el 22 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Olas mediáticas

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Contrastan los dos documentos que hicieron olas gigantes a nivel mundial la semana pasada: los Panama Papers y la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.

Los Panama Papers se elaboraron a partir de bases de datos y archivos filtrados, obtenidos ilegalmente. Es un saco roto armado por varios periodistas y huele a conspiración, chismorreo y voyerismo. Es controversial hasta el oculto financista de la investigación: señalan al gobierno de Estados Unidos, a George Soros, o al ministro de finanzas de Alemania… Dado que en la mayoría de países es perfectamente legal constituir empresas off shore, la tarea pendiente es detectar la cizaña entre el trigo sano: identificar a los gobernantes y sujetos corruptos que esconden dinero mal habido. Sin embargo, se aborda con tanto alarmismo el asunto que arroja sospecha sobre todo lo financiero y comercial. Los “expertos” y los mismos políticos no tardaron en demandar más regulaciones y prohibiciones, entre ellos el fin del secreto bancario. En última instancia, empobrecerán aún más a los ciudadanos comunes.

Además de coincidir en el tiempo, los Panama Papers se parecen a Amoris Laetitia en tres aspectos. Primero, la exhortación apostólica es producto de una colaboración que abarca dos Sínodos de Obispos sobre la familia, realizados en el Vaticano en el 2014 y 2015, y deliberaciones locales. Segundo, diagnostica la corrupción, en este caso de la familia en la sociedad moderna. La tercera similitud tiene que ver con el manejo de la noticia. Al fijar su atención en polémicas como las uniones del mismo sexo y el divorcio, los reporteros generan malos entendidos y lagunas de información, provocando reacciones contraproducentes.

Los parecidos palidecen frente a las diferencias. El Papa Francisco refrenda el trabajo de cientos de pastores informados por sus estudios y vivencias. El tono de Amoris Laetitia es comprensivo, conciliatorio y esperanzador, no acusatorio. El documento reitera las claras enseñanzas magisteriales sobre el matrimonio y la familia, y recomienda un seguimiento pastoral para cada matrimonio concreto, tomando en cuenta factores culturales particulares.

La familia enfrenta desafíos, afirma el Papa Francisco a lo largo de nueve capítulos y 300 párrafos. La violencia y el abuso de menores, la migración, la cultura pro aborto y eutanasia, la ideología de género y la “descomposición jurídica” de la familia son solamente algunos de los peligros listados. Y es que las familias están compuestas por personas falibles que aman y sufren. Cuando aprehendemos a la familia como un núcleo dinámico y complejo, desdeñamos los impulsos contrapuestos de extinguir la institución natural, por un lado, o de someterla a inflexibles reglas, por el otro.

Jesucristo “proponía un ideal exigente”, subraya el pontífice, pero “nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera.” La Sagrada Familia no es la única capaz del ideal, porque nosotros contamos con la gracia y los sacramentos que nos fortalecen, así como con el acompañamiento de la Iglesia. Las familias que exhiben problemas y carencias pueden cultivar el amor profundo, el respeto y la estabilidad.

La comparación entre Amoris Laetitia y los Panama Papers puede ofender, pero me extiendo en esta osadía otro rato. Nosotros, a la vez receptores de las noticias, miembros de familias, y empresarios o trabajadores, aprendimos algo del embravecido mar de la opinión pública. Al confrontar noticias como éstas, podemos emular a la Iglesia en su amor a la verdad, prudencia y empatía. Podemos leer directamente los documentos y escarbar más, para no caer en engañosas o precipitadas conclusiones. Además, debemos dimensionar las consecuencias de mediano y largo plazo, intencionadas y no intencionadas, de nuestras opiniones y de nuestros actos.

Este artículo fue publicado el 15 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

¡No vengan a Dinamarca!

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Para asilarse en Dinamarca, Usted tiene que entregar su patrimonio por encima de 1,340 Euros para sufragar los gastos de su manutención.

“Dos males no hacen un bien,” subrayaba mi papá cuando, por ejemplo, sus hijos devolvíamos un golpe por otro, o cuando mentíamos para encubrir una falta previa. Los diputados de Dinamarca me recordaron el refrán, cuando la semana pasada aprobaron una ley que permite a las autoridades confiscar las posesiones de los inmigrantes refugiados. El parasitismo de generosos programas estatales no se corrige violando el derecho a la propiedad privada.

Quienes huyen del Oriente Medio, África del Norte y otros lugares conflictivos y solicitan asilo en Dinamarca podrán quedarse con sus argollas matrimoniales y joyas de valor sentimental, pero deberán entregar otros bienes. ¿Quién decidirá qué y cuánto entregan? ¿Bastará lo confiscado para costear su permanencia en dicho país? La medida pone de manifiesto el temor que invade a los europeos debido al masivo influjo de hordas de extranjeros, que amenazan su estilo de vida. El año pasado, Dinamarca recibió un número récord de 20,000 personas. En Suecia y Alemania estiman una oleada de 190,000 y 1.5 millones de refugiados anuales, respectivamente.

Se dice que la migración obedece a tres móviles principales: huir del peligro, buscar mejoras económicas y aprovechar jugosos beneficios sociales. Las crisis humanitarias ablandan el corazón. En cambio, genera un recelo nacionalista el mito según el cual los foráneos vienen a “robar” empleos escasos. Más indignación sienten los concienzudos tributarios al ver copados los servicios gubernamentales, incluyendo los servicios policíacos, por gente extraña que no paga impuestos. En la práctica, es complejo identificar el móvil de un migrante, porque hasta los más desesperados buscan radicarse allí donde se prometen mejores condiciones.

La crisis migratoria evidencia los incentivos perversos que crean los Estados Benefactores que otrora orgullecían a los alemanes, suecos y daneses. Los esquemas redistributivos, como otras tantas regulaciones, producen injusticias y costos ocultos. ¿Cómo no va a resultar un imán la promesa de salud y educación garantizada y gratuita en Dinamarca? En tanto, las autoridades de Lituania declaran que han abierto sus puertas de par en par, pero los refugiados no van allá porque recibirían menos subsidios. Un periódico sueco reportó que más de 30 personas buscando asilo rehusaron ser albergados temporalmente en un parque de diversiones, porque no querían residir en el campo. “Venimos a vivir, no a trabajar,” dijo claramente un migrante caradura.

¿Y qué si el escaso patrimonio que lograron sacar consigo los inmigrantes a Europa, iba a ser invertido en actividades productivas? Años atrás, migrantes aventureros y emprendedores construyeron Estados Unidos y Argentina, entre otros países. Llegaron a convivir en paz; a sembrar raíces, produciendo y creando riqueza, sin ninguna expectativa de depender de regalos o protecciones. Para atraer ese perfil de migrante, es necesario eliminar las oportunidades para parasitar.

Por otra parte, Otto von Bismarck diseñó el Estado Benefactor en 1883 para una sociedad con una abundante fuerza laboral joven y una población que moría antes de los 45 años. Hoy, los sistemas de bienestar están quebrados por el invierno demográfico y sucesivas debacles económicas. Es decir que aún antes de la crisis de refugiados, los europeos tendrían que haber empezado a reformar sus sistemas de seguro social y demás programas sociales.

Quizás los políticos tengan más pavor de confrontar esta realidad que de los refugiados. Están acostumbrados a prometer el bienestar general y la redistribución a las masas votantes, y ellas a su vez se habituaron a reclamar los programas sociales como derechos adquiridos.

Este artículo fue publicado el 5 de febrero del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La crueldad anti-natalista

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El control gubernamental de la natalidad es una práctica coercitiva inmoral, e irónicamente, innecesaria.

La política del hijo único de la República Popular de China es el más espeluznante pero no el único experimento de control de la población. Provocó una prematura alegría la Comisión de Planificación Familiar de China cuando anunció, la semana pasada, que descontinuará el despiadado programa, una vez el parlamento ratifique la decisión en marzo del 2016. En realidad, las parejas chinas no serán libres de elegir el tamaño de sus familias, pues podrán procrear únicamente dos hijos.

Tomará tiempo dimensionar las trágicas secuelas psicológicas y sociológicas de esta práctica. Las mismas autoridades chinas estiman que se abortaron alrededor de 336 millones de bebés entre 1973 y 2013. A eso sumamos innumerables infanticidios y esterilizaciones obligadas. Mein Fong, la autora de Un hijo: el pasado y el futuro del experimento más radical de China, confesó a National Geographic que sintió que conversaba con un agente desalmado de la S.S. Nazi cuando entrevistó a una abortista. Esa mujer practicó más de 1,500 abortos forzados, muchos en embarazos avanzados, empero incongruentemente adoptó a un hijo en secreto, ilegalmente.

La China actual es un país de hombres solitarios. La preferencia por herederos varones redundó en el uso del aborto y el infanticidio para seleccionar el sexo del hijo único. El censo levantado en el 2010 reveló que hay por lo menos 34 millones más hombres que mujeres en ese país. Nacen 118 o 120 bebés varones por cada 100 hembras, estima la demógrafa experta en China, Andrea den Boer.

Condenar a miles de hombres a una soltería involuntaria tiene ramificaciones políticas. La población flotante de jóvenes causa graves problemas sociales, exacerbados por otra política pública que fomenta la urbanización. Los muchachos desocupados integran pandillas y redes criminales. Ha aumentado la violencia, los crímenes contra mujeres, el consumo de drogas y otros comportamientos antisociales. Aquí podría estallar la oposición armada al régimen comunista.

Debido al envejecimiento poblacional, el cambio en la política oficial no modificará el perfil demográfico de China en los siguientes treinta años, advierte la Dra. Boer. En el 2055, China tendrá más adultos mayores que América del Norte, Japón y Europa juntos. Al mismo tiempo, su población en edad productiva se encogerá peligrosamente debido a las bajas tasas de fertilidad.

Poco se menciona un costo adicional: el de sostener inmensas burocracias para monitorear la intimidad conyugal. La clave aquí es la coerción. El control de la población involucra la acción coercitiva, y se distingue de la planificación familiar que los esposos emprenden voluntariamente para espaciar a sus descendientes.

No solo el gobierno de China cruzó la frontera ética. Programas tendenciosos de educación sexual y el subsidio de anticonceptivos artificiales constituyen áreas grises, pero además algunos gobiernos inmoralmente ocultan a pacientes mujeres los efectos dañinos de ciertos anticonceptivos e incluso auspician esterilizaciones involuntarias. Frecuentemente son alentados por organizaciones internacionales, públicas y privadas, que suscriben la mentalidad alarmista acerca de la sobrepoblación.

Es irónico y doloroso que el control poblacional sea innecesario, pues las parejas naturalmente reducen su fertilidad conforme aumenta su nivel de vida. Explica Matt Ridley en El optimista racional: “Entre más interdependientes y ricos nos volvemos, más se estabiliza la población dentro de los límites de los recursos en el planeta.” En otras palabras, la mejor política para reducir la tasa de fertilidad de un país es aumentar el ámbito de libertad de las personas y asegurar el crecimiento de la economía.

Este artículo fue publicado el 6 de noviembre del 2015 por la Revista Contra Poder y CEES.

La imagen es adoptada de Chinese Posters.

El votante y la Ley Electoral

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Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de forma precipitada y sin ton ni son, perjudicará a los votantes.

Existe consenso: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe reformarse. Escándalos provocados por estafas, robos, corrupción y asesinatos han empañado la reputación de numerosas agrupaciones políticas. Además, notamos demagogia y populismo, una inestable oferta partidaria, la rotación de figuras entre los partidos, y poca transparencia. Llevan parte de la culpa las reglas del juego existentes, tanto cuando son violadas como cuando son acatadas.

Podemos cosechar mejores resultados cambiando las reglas, pero sólo si optamos por buenas reglas. Aprobar un revoltijo de propuestas promovidas por distintos grupos de interés puede enturbiar aún más el sistema. La percepción de que pronto se esfumará la ventanita de oportunidad abierta para reformar la LEPP, ha llevado al Congreso a aprobar, de urgencia nacional, varios parches que no han sido sosegadamente estudiados.

Tres nocivas consecuencias deben evitarse al modificar la LEPP: alejar el quehacer político aún más de la vista fiscalizadora de la ciudadanía, elevar las barreras de entrada a ciudadanos comunes y corrientes, y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un monstruo inoperante, recargándolo de atribuciones.

Los políticos no son clase aparte. Son guatemaltecos de carne y hueso que teóricamente nos sirven. Por eso es sana la alternancia en el poder y la cercanía del funcionario con sus representados. Los políticos electos laboran con transparencia cuando tienen un vínculo con su electorado, cuando su distrito es menos extenso y/o más homogéneo. Además, así se mitiga la dominante distorsión generada por la búsqueda de rentas. Los votantes podemos exigir cuentas cabales cuando sabemos a quién dirigirnos. Más que equidad de género y etnia dentro de listas cerradas, queremos ser libres de elegir a nuestros representantes por nombre. Importa menos que mi representante sea mujer y ladina a que confronte el incentivo de satisfacer mis preferencias.

Los procesos electorales son ineludiblemente competitivos. Será mejor transparentar la competencia que intentar restringirla por ley, elevando barreras de entrada al mercado político o estableciendo un cartel de pocos partidos poderosos. Distanciarnos del multipartidismo podría simplemente conducir a pugnas feroces tras bambalinas, ocultas a nuestra vista. ¿Porqué hacer distinción entre los partidos y los comités cívicos, y porqué evitar la posibilidad de que un Llanero Solitario sin organización alguna se someta a elección popular?

Los votantes indecisos nos quejamos porque ningún candidato llena nuestras expectativas. Si nuestra vacilación se debe a nuestro desconocimiento de los planes de gobierno, a un desprestigio generalizado del gremio político, o a nuestra tendencia a apostarle al caballo ganador, ganamos muy poco sacando del ring a los partidos chiquitos.

Garantizar la independencia y empoderar al Tribunal Supremo Electoral no es lo mismo que sobrecargarlo de atribuciones. Se corroerá su merecido prestigio si sus encargos son ambiguos o imposibles de cumplir. La credibilidad del TSE sufre cuando luce incapaz de someter a los actores políticos a ciertas normas que por su naturaleza están tentados a violar. También sufrirá si existe confusión respecto de asuntos como la validez del voto nulo. Si sumamos a las veintitrés funciones que ya pesan sobre los hombros de los magistrados la de ser banco o financista único de las campañas electorales, los incentivos perversos estarán de su lado. Debemos cuidar de no poner en aprietos o tentación al TSE con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Acaso no sería mejor propiciar un diálogo abierto y evitar aprobar atropelladamente unas enmiendas sin ton ni son?

Este artículo fue publicado el 7 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.