Oda a la libertad

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Las antorchas que recorren el país cada 15 de septiembre son símbolo tanto de la iluminación intelectual y espiritual, como de la libertad.

¿Asimilaron los próceres centroamericanos los mensajes liberales del Barón Montesquieu, Adam Smith y Thomas Jefferson, entre otros pensadores de la Ilustración? A continuación, cuatro advertencias hechas por liberales clásicos que nuestros antepasados quizás desestimaron, pero que esta generación de guatemaltecos debe atender urgentemente.

1. Los abusos del poder son intolerables. Desligarnos de la monarquía no nos blindó contra los autoritarismos abusivos. De Montesquieu aprendimos las bondades de separar y balancear los poderes del Estado. Él advirtió en El espíritu de las leyes (1748) que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo…Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” Hoy vemos a representantes electos, como Nicolás Maduro, transformarse en dictadores, deformar las constituciones, controlar a los jueces e imponer leyes tiránicas. ¡Opongámonos tajantemente a tales prácticas!

2. El gasto público no se debe desbordar. “Coloco la economía como la primera y más importante virtud, y la deuda pública como el mayor peligro a temer,” escribió Thomas Jefferson. Vio claramente que perdemos nuestra libertad cuando los gobernantes contraen excesivas obligaciones. Adam Smith concluyó lo mismo: “no hay mayor impertinencia y, por lo tanto, presunción, en reyes y ministros, que pretender velar por la economía de las personas privadas para limitar sus gastos ya que ellos mismos, reyes y ministros, son siempre y sin excepción alguna, los más grandes derrochadores en la sociedad.” A Q.79.7 mil millones asciende la propuesta de presupuesto nacional más grande de nuestra historia, para el 2017, sin ancla en los ingresos correspondientes. ¡Pongámosle freno a la deuda pública!

3. Los impuestos son saqueo legal, en el peor de los casos, afirmó Frédéric Bastiat. Constituyen una transacción cuando el tributario transfiere su riqueza al gobierno a cambio de servicios púbicos. Sin embargo, algunos usan el mecanismo legal y coercitivo para vivir a costa de otros, y eso es inmoral. El hambre por más impuestos crecerá conforme aumentan los egresos, adivinó Jefferson. Previó que tasarán “nuestra carne y bebida, nuestra necesidad y nuestra comodidad, nuestro trabajo y nuestra diversión. Si podemos prevenir que el gobierno gaste lo que las personas ahorran, bajo pretexto de cuidar por ellas, entonces ellas serán felices.”

4. A mayor libertad, mayor crecimiento económico. Cuando Adam Smith dimensionó las secuelas dañinas del proteccionismo mercantilista, abogó por un marco institucional de paz, impuestos moderados y “una tolerable administración de justicia”. Un hábitat dentro del cual las personas pueden mejorar su propia condición, trabajando honestamente. La libertad comercial debe traspasar las fronteras nacionales, coincidió Bastiat con punzante humor: “Hay hombres al acecho a lo largo de toda la frontera, armados hasta los dientes, con el encargo de crear dificultades para el trasiego de bienes de un país a otro. Se llaman agentes aduaneros.” ¡Abrámonos completamente al libre comercio!
La libertad no es meramente un valor anticuado y romántico, o un quetzal surcando el cielo azul. Es un requisito para el florecimiento humano.

Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

¡No más impuestos!

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¿Puede reponerse el Presidente Morales de esta equivocación? ¿Bajo qué extrañas condiciones puede una reforma tributaria ser popular?

¡No más impuestos! Así reaccionamos ante la inoportuna movida del Organismo Ejecutivo de promover una nueva reforma tributaria. Malinterpretaron el sentir popular los asesores de la Administración Morales-Cabrera, sobre todo los extranjeros que no pagan impuestos en Guatemala. Cuando se destapó la olla de grillos de la corrupción, nos asombró la ubicuidad de la pobredumbre; las estructuras están totalmente apolilladas. Elegir a un empresario honrado como presidente y llevar a juicio a unos cuantos sospechosos no impacta sobre el modus operandi de miles de burócratas. Los funcionarios actuales temerán parar en una situación similar a la que enfrentan los chivos expiatorios acusados, y quizás se cuiden un poco, pero las reglas del juego siguen facilitando prácticas inmorales. Repudiaremos cualquier aumento tributario mientras exista certeza que nuestras contribuciones serán malgastadas.

Los ponentes deben pensar que jamás es buen momento para proponer alzas tributarias, pues nadie quieren pagar impuestos. Quizás creen que pueden aplacar las voces enfurecidas con argumentos sobre las bondades de su propuesta, pero ésta básicamente recicla ideas viejas y juega con porcentajes en lugar de ser una reforma para limpiar, simplificar y armonizar el panorama impositivo. Quizás creen que no tienen capital político que perder, pero un exasperado pueblo puede volver a protestar y reclamar la renuncia de los actuales funcionarios. Dichos asesores deberían leer la obra del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), quien analizó los impuestos con un enfoque microeconómico, según el interés del contribuyente.

Wicksell concluyó que el tributario prefiere pagar lo mismo que recibe de vuelta en servicios gubernamentales. En otras palabras, los ingresos tributarios deben igualar al gasto público. Wicksell elaboró este planteamiento en una época durante la cual la nobleza dominaba el ámbito político tanto en Alemania como en Suecia. Los nobles gozaban de los beneficios de lo recaudado sin cargar con el costo. Por ejemplo, se cobraba un impuesto de hasta 200% al rapé (un tabaco que se aspira) o a las salchichas, bienes preferidos por la clase media. Wicksell fue lo suficientemente inteligente para reconocer que cuando la clase obrera asumiera el control, haría exactamente lo mismo, promoviendo impuestos que recayeran sobre una minoría rica.

Por ello, el economista insistió en la necesidad de limitar el poder político en lo que respecta al diseño y la aprobación de impuestos. Propuso que sólo se crearan impuestos para fines específicos y anunciados. Esto implica identificar las necesidades ciudadanas, evaluar los costos probables de satisfacerlas, y posteriormente proponer el tributo correspondiente. Las contribuciones por mejoras que pagamos a la municipalidad se apegan a esta visión. Para la aprobación de cada impuesto, se requeriría del voto favorable de una super-mayoría (Wicksell recomendaba usar la regla de la unanimidad), otorgada mediante consulta popular directa o por medio de nuestros representantes ante el Congreso. Así se evita la tiranía de la mayoría y la redistribución hacia grupos políticamente hábiles que extraen privilegios del gobierno. Finalmente, cada impuesto tendría una vida máxima de cinco años. Este sistema redundaría en una democracia vital, cuyo gobierno tendría funciones claramente delimitadas y gozaría de una envidiable credibilidad por corresponder a las preferencias de casi la totalidad de los ciudadanos.

Presidente Morales, mejor gaste su capital político proponiendo medidas wickselianas que aseguren mejores condiciones de vida a los guatemaltecos de aquí a futuro.

Este artículo fue publicado el 19 de agosto del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía de Knut Wicksell es adaptada del sitio http://www.eumed.net.

Demasiada competencia

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La competencia que es excesiva es la competencia por regular y regular y regular cada faceta de nuestras vidas.

La semana pasada concluyeron las audiencias convocadas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República para analizar la iniciativa de Ley de Competencia. Dicen que Guatemala es el único país en América Latina que aún no cuenta con semejante ley. Además, prometimos a la Unión Europea aprobarla. Es tal la presión que perdemos de vista el grave peligro de caer en la doble regulación, la redundancia y la turbiedad que generará confusión, corrupción y abusos.

Es un mal hábito afirmar que “no tenemos una ley ” para enmarcar esta o aquella actividad, cuando normas vigentes ya regulan la materia. Cada nueva iniciativa tendría que pasar un doble colador. Primero, la propuesta debe ser superior al ordenamiento vigente en calidad y claridad. La Constitución prohíbe los monopolios en el artículo 130, y el Código de Comercio contiene protecciones a la libre competencia. ¿Necesitamos otros 178 artículos para demarcar cómo competir unos con otros?

Segundo, los ponentes deben justificar los costos asociados con las nuevas disposiciones. Cada despacho estatal creado representa una carga adicional para los tributarios. Aquí se instituye una Superintendencia de Competencia con poderes discrecionales para castigar al actor económico que a su juicio es insuficientemente competitivo. El costo de mantener un nuevo despacho se suma a los costos ocultos, inmedibles, que impondrá a miles de emprendimientos susceptibles de ser sancionados.

¿Por qué, si el proyecto dice defender la competencia libre, tiene detractores liberales? Pues, pese a su nombre y a su poética prosa pro-libertad, la Ley de Competencia entorpecería la dinámica del mercado. Esa ha sido la experiencia con las leyes anti-monopolio y de competencia desde la aprobación en 1890 de la Ley Sherman en Estados Unidos. El profesor del derecho Sylvester Petro (1917-2007) afirma que las leyes anti-monopolio, tanto las federales como las estatales, restringen en lugar de preservar la competencia. Ello se debe a dudosas interpretaciones y a malas decisiones administrativas. Además, comportan subsidios que protegen a negocios ineficientes. La competencia de mercado es el resultado de la adecuada protección de los derechos de propiedad privada y de la inviolabilidad de los contratos, subraya Petro.

El mercado verdaderamente libre es un proceso cambiante. Crecen las empresas cuyos administradores son capaces y responden a las preferencias de los consumidores. En cualquier momento, sus competidores existentes y potenciales podrían robarles participación de mercado.

Si tenemos que tener una ley debido a la insistente presión extranjera, los diputados podrían aprobar una Ley de Competencia con tan solo cuatro artículos. Ellos servirían para reafirmar: los derechos de propiedad privada, la inviolabilidad de los contratos, la libertad de entrada a cualquier oferente, y finalmente, la ilegalidad de los monopolios artificiales creados, sostenidos y protegidos por el gobierno.

La Administración Morales-Cabrera y la Octava Legislatura debe despertar al hecho que, al abrirse tantos frentes y proponer tantos distintos cambios a las reglas del juego, alimentan una intolerable incertidumbre. La Ley de Competencia se suma a decenas de iniciativas, algunas de las cuales también abordan temas de envergadura, como la Ley de Aguas. Se acompaña de la amenaza de una cara reforma tributaria, una feroz persecución penal de personas sospechosas de evasión fiscal, una nula defensa de la propiedad privada, una deteriorada infraestructura vial, baja en la inversión extranjera directa, y más. Daños graves a la economía guatemalteca se traducirán en reveses políticos para los gobernantes de turno.

Este artículo fue publicado el 12 de agosto del 2016 por la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía es de una planta parásita que puede terminar matando a la planta de la cual obtiene sus nutrientes, porque la excesiva regulación en lugar de proteger, mata.

Pobreza crónica

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Si mucho, los pobres necesitan apoyo para emprender e insertarse en un proceso productivo que les permita asir firmemente el timón de su propio destino.
Guatemala es el país con más pobreza crónica en América Latina, dice el titular de Siglo Veintiuno del lunes 1 de agosto. Golpea: no queremos tener ese récord. Las personas que son crónicamente pobres lo han sido durante por lo menos cuatro años, y quizás lo sean siempre. Es una categoría distinta del pobre “transitorio”, que puede entrar y salir de la pobreza o convertirse en clase media. La lamentable estadística proviene del estudio Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe (2015), realizado por Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Luccheti para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial.

Fue duro enterarnos que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2014, detectó un amento en la pobreza total, y una exacerbación de la pobreza extrema. Ahora nos dicen que nuestra pobreza es crónica.

El desesperanzador cuadro que pintan los datos y los reporteros guatemaltecos contrasta con el tono francamente optimista del estudio por Vakis, Rigolini y Luccheti. Ellos hablan de una “década exitosa” y del “resultado más impresionante en reducción de la pobreza en la región”. El continente está a punto de tener más habitantes de clase media que habitantes vulnerables.

Guatemala no tiene porqué ser el patito feo de América Latina. Si vencieron el demonio de la pobreza algunas economías que antes fueron centralmente planificadas, como la de China, país que aferrado al totalitarismo político, nosotros también podemos hacerlo.

Sin embargo, es importante cambiar nuestra forma de pensar sobre los indigentes. Debemos enterrar de una vez por todas dos ideas erróneas. En primer lugar, salvo algunos hippies y bohemios, la mayoría de los pobres no prefieren vivir como viven. Algunos socialistas idealizan la vida de campo y quisieran retroceder a una apacible época pre-Revolución Industrial, o incluso pre colonial. Quieren ver paisajes con pintorescas chozas, sin láminas ni blocs, pobladas por indígenas en trajes típicos que subsisten autárquicamente. En la vida real, las innovaciones que aumentan la productividad en los sectores agrícola e industrial y que crean empleos asalariados, ayudan a los guatemaltecos y sus familias. El romanticismo nostálgico los daña.

En segundo lugar, la pobreza no es una falla de mercado. Según esta tesis, el sistema capitalista excluye, margina y hasta condena a la miseria a un desvalido grupo social, como si fuera una desalmada bestia que se alimenta de pobres para beneficio de unos privilegiados ricos. No solamente Carlos Marx vio la pobreza como una consecuencia inevitable o estructural del capitalismo; los economistas de bienestar, menos radicales, caen en la misma lógica. Concluyen que los gobiernos y la cooperación internacional deben rescatar al pobre, cual héroes.

El Banco Mundial y muchos economistas de desarrollo ya descartaron estas dos ideas nefastas. Gracias a William Easterly y a otros ex burócratas desencantados con los resultados cosechados por décadas de aplicar el modelo de ayuda externa, el tono de las publicaciones dentro los organismos internacionales es abiertamente revisionista: tenemos que implantar estrategias novedosas. Reconocen que el mercado saca a los pobres de pobres, no así la cooperación internacional ni los programas estatales redistributivos. Excepto cuando se producen catástrofes que claman por ayuda humanitaria, ahora se enfatiza el desarrollo, no la redistribución. Los programas fracasados tendían a dirigirse a desvalidos objetos de caridad. Ahora, aconsejan tratar al pobre como un par o un socio, pues aunque carezca de educación formal o abundantes medios materiales, sí es capaz de trazarse metas y florecer.

Este artículo fue publicado el 5 de agosto en la Revista Contra Poder y el CEES.

Impuestos y democracia

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Los vicios, combinados con un abuso de la democracia, conducen a malos resultados.
Había una vez una pequeña comunidad llamada Demo que decidió darse un gobierno para que los protegiera de potenciales agresores. Los ciudadanos podían así ocupar su tiempo en asuntos productivos. El grupito gobernante, sin embargo, no creaba riqueza. Reunidos, los habitantes de Demo acordaron unánimemente sufragar su manutención con pequeñas transferencias monetarias, vistas como el pago por un servicio valioso.

Pasó el tiempo y Demo creció. Algunos ciudadanos querían endilgar a los políticos algunas responsabilidades que les resultaban cargantes. Unas almas compasivas querían ayudar a los indigentes con subsidios estatales en lugar de ejercitar la caridad. Ambos sectores propusieron rebanar otra tajada de los ingresos de los ciudadanos para financiar los nuevos gastos. A los políticos les gustó la idea de amasar dinero y poder. Se acordó tomar la decisión por mayoría, porque varias personas vociferaron en contra de la moción. Los demoltecos productivos salieron esquilados por la coalición compuesta por las minorías de vividores, altruistas y políticos. La transferencia voluntaria se convirtió en impuesto, y se decretaron castigos para quienes no pagaran.

Tristes, unos productivos demoltecos emigraron. La recaudación bajó, y los gobernantes reaccionaron subiendo aún más la carga tributaria, de plumazo. Se hizo realidad la advertencia de John Stuart Mill: “Aquellos que no pagan impuestos, disponiendo con sus votos del dinero de otras personas, tienen todo el incentivo de ser espléndidos y ningún incentivo para economizar.” No cayeron en cuenta que debilitaban la democracia empleando el poder para la expoliación.

La economía de Demo languidecía y los servicios públicos eran deficientes, incluidos los servicios de defensa y seguridad nacional. Un forastero que pasaba por Demo le contó a los angustiados demoltecos que en su país natal, Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaba una reducida base de 704,553 contribuyentes activos. Es tan solo el 4.7 por ciento del total de los guatemaltecos, explicó el forastero, porque en Guatemala hay una economía informal gigantesca. Sería más estable y sano contar con una amplia base de contribuyentes, concluyeron los atentos demoltecos. Lo que es más, narró el chapín, la SAT no trata como evasores a los miles de trabajadores no registrados, pero sí persigue, justa o injustamente, a algunos de los contribuyentes activos. Unos enfrentan juicios y son encarcelados por evasión.

Un forastero rubio y alto se rió. Exclamó, “¡Eso no es nada!”. Concedió que la base tributaria en su país, Estados Unidos, es más amplia que en Guatemala, pero su preocupación era otra. En un estudio publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), el estadounidense leyó que el ejército involucrado en el cobro de impuestos es tres veces más grande que las Fuerzas Armadas. Cada año, los tributarios invierten 8.9 mil millones de horas en completar formularios de impuestos; es como si 4.3 millones de personas trabajaran todo el año, tiempo completo, dedicados exclusivamente a esta tarea. Enojado, el extranjero rubio agregó que la Tax Foundation estimaba el costo anual del papeleo por impuestos federales en U.S.$ 409 mil millones.

Bastaron las historias y la experiencia para convencer a los demoltecos de enmarcar las políticas fiscales dentro de un marco constitucional. Demo adoptó la norma recomendada por Dan Mitchell, según la cual la economía privada debe crecer más que el sector público. De lo contrario, el gobierno se comporta como los peces dorados, que teniendo acceso a ilimitada comida, comen hasta morir.

Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2016 en la revista Contra Poder y el CEES.

Falsos dioses

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Las raíces cristianas definen al Occidente. La religiosidad de un pueblo no es dañina, afirma el historiador Christopher Dawson.

Esta semana el Instituto Fe y Libertad inaugura un seminario para discutir Los dioses de la revolución, una obra por Christopher Dawson (1889-1970). Bajo dirección del especialista en derecho constitucional, Jesús María Alvarado, los asistentes dedicaremos tres sesiones a analizar el último libro publicado por el historiador inglés. De hecho, Los dioses de la revolución salió a luz pública en 1972, dos años después de su muerte.

En Guatemala sabemos poco sobre Dawson, a pesar de la relevancia de sus escritos para cualquier país cristiano. Dawson ha sido descrito como el mejor historiador católico de Inglaterra. Gerald Rusello, del Centro de Recursos para la Educación Católica, opina que “fue probablemente el estudioso más penetrante de la relación entre religión y cultura que jamás ha escrito”. Cuando se convirtió al catolicismo en 1914, ya había completado estudios de historia y economía en Oxford. Publicó su primer libro en 1928: The Age of Gods. Sus biógrafos aducen que quedó inconclusa su ambición de redactar varios tomos sobre la civilización europea, desde la antigüedad hasta la era moderna. Quizás sus libros más conocidos, traducidos al español, son Progreso y Religión (1929) y The Making of Europe (1932), obra que en castellano se titula Los orígenes de Europa o Así se hizo Europa. Fue docente universitario en Exeter, Liverpool y Edimburgo. De 1958 a 1962, ocupó el puesto de catedrático titular de estudios católicos en la Universidad de Harvard.

Una hipótesis común es que la piedad popular perpetúa el retraso socio-económico en Guatemala. Algunos asumen el antagonismo entre fe y razón, o juzgan que la religiosidad promueve actitudes conformistas. Estas posturas son reformulaciones de aquella tesis renacentista, según la cual el arranque del progreso económico en Europa coincide con la superación de la oscura Edad Media. El cristianismo forjó la civilización occidental, subraya Dawson, pero su influjo fue positivo. Explica Rusello que para Dawson, “cuando la fe cristiana penetra una cultura,…inicia una regeneración espiritual que afecta no sólo la cultura material y externa, sino la constitución interior de sus miembros.”

Christopher Dawson es un historiador de las ideas. En Los dioses de la revolución, advierte que “se podría cometer el gran error de ignorar o minimizar la importancia del factor intelectual en la Revolución, como han hecho muchos historiadores modernos…Si vamos a negar la influencia del liberalismo en la Revolución Francesa, tendríamos que negar la influencia del comunismo en la revolución en Rusia.” Según Dawson, el cristianismo predomina sobre todas las ideas que han moldeado Occidente, pues es gracias a su filosofía que concebimos la evolución social como un proceso dinámico. Existe un plan divino para la humanidad del cual podemos o no estar conscientes, pero aún así, las personas organizan su convivencia con libertad. Una sola persona, como por ejemplo San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pueden imprimir su sello a sociedades completas. El autor pretende recordarnos que un milenio de ideas cristianas ha calado hasta lo más hondo de la cultura europea.

Aunque tienen raíces cristianas, las doctrinas racionalistas y seculares, tanto la liberal como la socialista, intentan sustituir la fe cristiana. El problema es que cuando los movimientos seculares dejan de lado, o atrás, las creencias cristianas, tienen que rellenar el vacío con otros dioses. El grave peligro para nosostros es que las nuevas religiones de la raza, el proletariado, la “libertad, igualdad, fraternidad”, u otras más actuales, terminan subordinando al individuo al Estado.

Este artículo fue publicado el 15 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¡Ganó Brexit!

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Los sorprendidos eurócratas predicen el caos total, luego de que los votantes británicos optaran por desvincular a su país de la Unión Europea.

La mayoría de los más de 30 millones de votantes que acudieron a las urnas el 23 de junio prefirió “Brexit” (el amalgama de Britain y exit, o salida) a permanecer dentro de la Unión Europea (UE). ¿Se hizo haraquiri el Reino Unido, o saldrá fortalecido en un futuro próximo?

Confunde el hecho que coaliciones multipartidistas y variopintas abogaron por cada alternativa. Ambos bandos mezclaron argumentos válidos con cantaletas populistas. El Reino Unido es el primer estado-nación en retirarse del grupo de ahora 27 países. Únicamente los habitantes de Groenlandia, un territorio danés, habían tomado similar determinación en 1982. Brexit generó incertidumbre. Desató un pánico financiero que podría ceder frente a la lenta transición. Pasarán meses antes de que se nombre al sucesor de David Cameron, quien renunció al cargo de primer ministro luego de protagonizar una campaña por permanecer dentro de la UE. Al sucesor corresponderá iniciar el proceso separatista, invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Pero el gobierno británico podría también desacatar el mandato, convocar a otro referendo y arrastrar los pies. La futura relación entre Gran Bretaña y la UE será negociada con la burocracia en Bruselas: permisos, barreras, regulaciones, impuestos y más serán minuciosamente discutidos en los años venideros. No sabemos qué sapo-culebra saldrá de esas pláticas.

En contraste, la victoria del Brexit refleja claramente el descontento ante la situación económica y las tendencias migratorias. Los británicos consideran excesiva la inmigración neta a su país, estimada en 330,000 durante el 2015 por Migration Watch UK. Aunque la población islámica ya superó los 3 millones y el Islam es la segunda religión más practicada en Inglaterra, el asunto es más económico que religioso, racial o cultural. La evidencia es escasa, pero los británicos asocian el desempleo con el influjo de personas desde la UE. Adicionalmente, en el 2015 el Reino Unido aportó US $ 17.25 mil millones de dólares al presupuesto de la UE, pero solamente recibió de vuelta US $ 5.97 mil millones en inversiones. La UE es vista como un impedimento costoso para decidir sobre asuntos nacionales apremiantes. La popular frase de la campaña pro salida, “toma control”, lo resume acertadamente.

La teoría del Public Choice se inclina por reducir el tamaño del grupo elector para tomar decisiones en democracia. Por eso he promovido la descentralización y el fortalecimiento del poder local. La cercanía de un representante con sus votantes mejora las perspectivas de que responda a sus preferencias. Desde la lejana Bruselas, llegan noticias de escándalos de la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que plagan a la burocracia supranacional de alrededor de 170,000 funcionarios. Nick Cosgrove, un analista de Open Europe, dice que los eurócratas impactan la vida del europeo promedio regulando desde la electricidad hasta los alimentos, pese a no ser “electos y no responder a los ciudadanos ordinarios”.

Devolver el poder de decisión a los políticos británicos no necesariamente constituye un rechazo al libre comercio. Gran Bretaña difícilmente cerrará sus puertas a Europa, su principal mercado, o al resto del mundo. Constituir un mercado único sin fronteras fue el propósito expreso de organizar la UE; le tomó décadas convertirse en un mercado altamente regulado y protegido vis-a-vis otros continentes. Inglaterra ya practicaba la apertura comercial desde antes de 1999. Luego de Brexit, Gran Bretaña podrá negociar acuerdos bilaterales de libre comercio más ágilmente que la UE.

Ante todo, Brexit es un histórico grito para contener el prepotente dominio de una pesada y paralizante eurocracia.

Este artículo fue publicado el 8 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

**Luego de publicarse este artículo, Therese May fue electa como Primer Ministro en sustitución de David Cameron.

Captura, no cooptación

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bautiza sus casos con nombres sugerentes, pero ¿qué es cooptación?

Los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre los casos investigados por la CICIG. Éstos portan nombres llamativos, como Caso negociantes de salud, La Línea, La Cooperacha, Impunidad y Defraudación, Corrupción TCQ, y el sonado Caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Cabe preguntar, ¿cómo se coopta a un Estado? Un amigo exclamó recientemente que la palabra no significa lo que por ella entienden el comisionado Iván Velásquez y la prensa. Efectivamente, el Diccionario de la Real Academia dice que cooptar es “llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella.” Wikipedia ilustra esta definición. El primer ejemplo refiere a un período particular durante el imperio romano, cuando los emperadores podían adoptar como hijo (cooptado) al hombre que elegían para sucederles. La segunda instancia es el ascenso a un grado superior por oficiales de las Fuerzas Armadas, el cual ocurre por cooptación.

Empero la CICIG acusan a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de liderar una red criminal que se enriqueció ilícitamente tras “cooptar el poder”. Conformaron una compleja “maquinaria de lavado de activos” desde que el Partido Patriota empezó a hacer campaña. En inglés, una acepción del vocablo “coopt” alude a tomar algo como propio. Justo eso hicieron los integrantes de esta mafia gobernante. Pero en español, sus actividades serían mejor descritas como captura y no cooptación.

La teoría de la captura es atribuida al economista de la Universidad de Chicago, George Stigler. Ganó el premio Nobel en 1982 precisamente por investigar el efecto de las regulaciones públicas en la estructura de la industria. Stigler encontró que los regulados, supuestos perjudicados por la regulación, realmente se benefician de ella. Contrario a nuestras expectativas, las trabas diseñadas por funcionarios dañan a los consumidores. Los regulados incluso cabildean a los legisladores para que aprueben leyes que elevan el costo de entrada a sus respectivos mercados, garantizándoles así condiciones casi monopólicas. La comisión que regula los taxis de Washington, D.C., por ejemplo, es un regulador capturado. Su fin es garantizar “una experiencia en taxi segura, cómoda, eficiente y barata en vehículos bien equipados”, pero en la práctica protege los intereses de las compañías de taxis. Han obligado al servicio Uber a cobrar hasta cinco veces más que un taxi para prevenir que sus cómodos vehículos compitan con el servicio tradicional.

La CICIG sostiene que Pérez Molina, Baldetti y sus amiguetes, muchos de los cuales ocupaban cargos públicos, eran simultáneamente dueños o controlaban empresas, asociaciones y cuentas bancarias hacia las cuales trasladaban fondos públicos. Lo dramático de esta red es que la captura ocurre desde dentro del foro político, pues fue orquestada por políticos y no por empresarios mercantilistas o corruptos.

Es cierto que los gobernantes inescrupulosos que abusan del poder político atraen a figuras corrompibles, pero también arrastran a partícipes reacios. Ahora, la difícil tarea del Organismo Judicial es separar a la hierba verdaderamente mala, de las personas que siempre hubieran preferido una dinámica transparente.

No es razonable suponer que cualquier ciudadano que interactúa con políticos es responsable de captura. Acusar de corruptores a cientos de ciudadanos, de forma indiscriminada, provocará una costosa desaceleración de la economía nacional. El costo de dejar atrás ese turbio juego al cual nos habíamos acostumbrados no debe exceder el beneficio de institucionalizar una interacción civilizada, basada en la honradez y demás virtudes.

Este artículo fue publicado el 1 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

¿Qué quieren los jóvenes?

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¿Qué exige la generación del milenio en materia política?

Un 53 por ciento de los nacidos entre 1981 y 2000 ve el socialismo con buenos ojos, según una encuesta realizada en Estados Unidos por las empresas Rupe y Reason, citada por Emily Ekins y Joy Pullman en un artículo para The Federalist. En contraste, sólo un cuarto de los mayores de 55 piensa igual, en parte porque conocen los horrores de los experimentos marxistas del siglo XX. Otra encuesta, levantada por YouGov, revela que el 43 por ciento de los menores de 30 años son partidarios del socialismo.

¿Los mileniales quieren, entonces, que los gobiernos asuman el control de los factores de producción? Eso es socialismo, ¿no? Planteada así la cuestión, los jóvenes contestan que no. Pullmann y Ekins afirman que “si los jóvenes tuvieran que pagar por todos los esquemas socialistas que aparentemente apoyan, su apoyo se evaporaría rápido.” Entre más ganan los mileniales, más odian que el gobierno se quede con una parte sustancial de sus ingresos.

Quizás resolvamos la paradoja analizando los adjetivos descriptivos de los mileniales. Diversos estudios cualitativos generan una amplia lista de características: son personas que sienten que tienen derecho a muchas cosas, de mente abierta, entusiastas, optimistas, flexibles, sofisticados, pragmáticos, vacilantes, renuentes a comprometerse con una postura ideológica, amantes de redes sociales, centrados en si mismos e inclusivos. A mi entender, algunos de estos epítetos son mutuamente excluyentes. No pocos jóvenes se ofenden al leerlos.

Sin embargo, el sentido de merecer, de tener derecho, sumado al afán por ser inclusivos, se traduce en un deseo de mejorar el bienestar propio y el de los demás. Ellos han sido programados con el chip de que pueden cambiar el mundo. Les gustan las empresas solidarias, movidas no sólo por el imán de las ganancias sino por una causa noble. De hecho, los empleadores en los países desarrollados notan que los mileniales renuncian a sus trabajos si éstos carecen de un sentido más alto que traer pan a la mesa. Según la revista Forbes, los mileniales han engrosado las filas del emprendimiento social: “El creciente énfasis en el bien de la sociedad está empoderando a los mileniales a balancear sus carreras profesionales con el karma…”. Curar el cáncer, terminar con el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza son algunas de sus aspiraciones.

Por tanto, para ellos ser socialista es más o menos igual a ser una persona empática, alguien que se preocupa por el prójimo y el planeta. En ese sentido, no son tan egoístas como se les retrata. Quieren aportar soluciones distintas, innovadoras, a los problemas de su tiempo.

¿Son distintas las perspectivas políticas de los jóvenes en América Latina, en comparación con los jóvenes en Estados Unidos? Yo esperaría que nuestros jóvenes fueran más suspicaces de los gobiernos. Nuestras experiencias con el abuso del poder y la corrupción bastan para curar a cualquiera de la ilusión según la cual los políticos populistas, demagogos y socialistas son los llamados a palear los males de la sociedad.

He allí el dilema para los jóvenes que salieron a la plaza el año pasado. Saben que también ellos serían tragados por el sistema corruptor si tomaran las riendas del gobierno; los cambios sustanciales no vendrán desde la arena política. Para alcanzar el bienestar social que tanto anhelan, deben desoír las sirenas socialistas y promover más libertad económica, confiando así en que las personas saldrán adelante con su ingenio y trabajo arduo. La plaza tiene que generar propuestas de políticas públicas para restringir, no fortalecer, el control gubernamental sobre los medios de producción.

Este artículo fue publicado el 3 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Crédito de foto para collage.