Oda a la libertad

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Las antorchas que recorren el país cada 15 de septiembre son símbolo tanto de la iluminación intelectual y espiritual, como de la libertad.

¿Asimilaron los próceres centroamericanos los mensajes liberales del Barón Montesquieu, Adam Smith y Thomas Jefferson, entre otros pensadores de la Ilustración? A continuación, cuatro advertencias hechas por liberales clásicos que nuestros antepasados quizás desestimaron, pero que esta generación de guatemaltecos debe atender urgentemente.

1. Los abusos del poder son intolerables. Desligarnos de la monarquía no nos blindó contra los autoritarismos abusivos. De Montesquieu aprendimos las bondades de separar y balancear los poderes del Estado. Él advirtió en El espíritu de las leyes (1748) que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo…Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” Hoy vemos a representantes electos, como Nicolás Maduro, transformarse en dictadores, deformar las constituciones, controlar a los jueces e imponer leyes tiránicas. ¡Opongámonos tajantemente a tales prácticas!

2. El gasto público no se debe desbordar. “Coloco la economía como la primera y más importante virtud, y la deuda pública como el mayor peligro a temer,” escribió Thomas Jefferson. Vio claramente que perdemos nuestra libertad cuando los gobernantes contraen excesivas obligaciones. Adam Smith concluyó lo mismo: “no hay mayor impertinencia y, por lo tanto, presunción, en reyes y ministros, que pretender velar por la economía de las personas privadas para limitar sus gastos ya que ellos mismos, reyes y ministros, son siempre y sin excepción alguna, los más grandes derrochadores en la sociedad.” A Q.79.7 mil millones asciende la propuesta de presupuesto nacional más grande de nuestra historia, para el 2017, sin ancla en los ingresos correspondientes. ¡Pongámosle freno a la deuda pública!

3. Los impuestos son saqueo legal, en el peor de los casos, afirmó Frédéric Bastiat. Constituyen una transacción cuando el tributario transfiere su riqueza al gobierno a cambio de servicios púbicos. Sin embargo, algunos usan el mecanismo legal y coercitivo para vivir a costa de otros, y eso es inmoral. El hambre por más impuestos crecerá conforme aumentan los egresos, adivinó Jefferson. Previó que tasarán “nuestra carne y bebida, nuestra necesidad y nuestra comodidad, nuestro trabajo y nuestra diversión. Si podemos prevenir que el gobierno gaste lo que las personas ahorran, bajo pretexto de cuidar por ellas, entonces ellas serán felices.”

4. A mayor libertad, mayor crecimiento económico. Cuando Adam Smith dimensionó las secuelas dañinas del proteccionismo mercantilista, abogó por un marco institucional de paz, impuestos moderados y “una tolerable administración de justicia”. Un hábitat dentro del cual las personas pueden mejorar su propia condición, trabajando honestamente. La libertad comercial debe traspasar las fronteras nacionales, coincidió Bastiat con punzante humor: “Hay hombres al acecho a lo largo de toda la frontera, armados hasta los dientes, con el encargo de crear dificultades para el trasiego de bienes de un país a otro. Se llaman agentes aduaneros.” ¡Abrámonos completamente al libre comercio!
La libertad no es meramente un valor anticuado y romántico, o un quetzal surcando el cielo azul. Es un requisito para el florecimiento humano.

Este artículo fue publicado el 14 de septiembre del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

¡No más impuestos!

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¿Puede reponerse el Presidente Morales de esta equivocación? ¿Bajo qué extrañas condiciones puede una reforma tributaria ser popular?

¡No más impuestos! Así reaccionamos ante la inoportuna movida del Organismo Ejecutivo de promover una nueva reforma tributaria. Malinterpretaron el sentir popular los asesores de la Administración Morales-Cabrera, sobre todo los extranjeros que no pagan impuestos en Guatemala. Cuando se destapó la olla de grillos de la corrupción, nos asombró la ubicuidad de la pobredumbre; las estructuras están totalmente apolilladas. Elegir a un empresario honrado como presidente y llevar a juicio a unos cuantos sospechosos no impacta sobre el modus operandi de miles de burócratas. Los funcionarios actuales temerán parar en una situación similar a la que enfrentan los chivos expiatorios acusados, y quizás se cuiden un poco, pero las reglas del juego siguen facilitando prácticas inmorales. Repudiaremos cualquier aumento tributario mientras exista certeza que nuestras contribuciones serán malgastadas.

Los ponentes deben pensar que jamás es buen momento para proponer alzas tributarias, pues nadie quieren pagar impuestos. Quizás creen que pueden aplacar las voces enfurecidas con argumentos sobre las bondades de su propuesta, pero ésta básicamente recicla ideas viejas y juega con porcentajes en lugar de ser una reforma para limpiar, simplificar y armonizar el panorama impositivo. Quizás creen que no tienen capital político que perder, pero un exasperado pueblo puede volver a protestar y reclamar la renuncia de los actuales funcionarios. Dichos asesores deberían leer la obra del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), quien analizó los impuestos con un enfoque microeconómico, según el interés del contribuyente.

Wicksell concluyó que el tributario prefiere pagar lo mismo que recibe de vuelta en servicios gubernamentales. En otras palabras, los ingresos tributarios deben igualar al gasto público. Wicksell elaboró este planteamiento en una época durante la cual la nobleza dominaba el ámbito político tanto en Alemania como en Suecia. Los nobles gozaban de los beneficios de lo recaudado sin cargar con el costo. Por ejemplo, se cobraba un impuesto de hasta 200% al rapé (un tabaco que se aspira) o a las salchichas, bienes preferidos por la clase media. Wicksell fue lo suficientemente inteligente para reconocer que cuando la clase obrera asumiera el control, haría exactamente lo mismo, promoviendo impuestos que recayeran sobre una minoría rica.

Por ello, el economista insistió en la necesidad de limitar el poder político en lo que respecta al diseño y la aprobación de impuestos. Propuso que sólo se crearan impuestos para fines específicos y anunciados. Esto implica identificar las necesidades ciudadanas, evaluar los costos probables de satisfacerlas, y posteriormente proponer el tributo correspondiente. Las contribuciones por mejoras que pagamos a la municipalidad se apegan a esta visión. Para la aprobación de cada impuesto, se requeriría del voto favorable de una super-mayoría (Wicksell recomendaba usar la regla de la unanimidad), otorgada mediante consulta popular directa o por medio de nuestros representantes ante el Congreso. Así se evita la tiranía de la mayoría y la redistribución hacia grupos políticamente hábiles que extraen privilegios del gobierno. Finalmente, cada impuesto tendría una vida máxima de cinco años. Este sistema redundaría en una democracia vital, cuyo gobierno tendría funciones claramente delimitadas y gozaría de una envidiable credibilidad por corresponder a las preferencias de casi la totalidad de los ciudadanos.

Presidente Morales, mejor gaste su capital político proponiendo medidas wickselianas que aseguren mejores condiciones de vida a los guatemaltecos de aquí a futuro.

Este artículo fue publicado el 19 de agosto del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía de Knut Wicksell es adaptada del sitio http://www.eumed.net.

Demasiada competencia

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La competencia que es excesiva es la competencia por regular y regular y regular cada faceta de nuestras vidas.

La semana pasada concluyeron las audiencias convocadas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República para analizar la iniciativa de Ley de Competencia. Dicen que Guatemala es el único país en América Latina que aún no cuenta con semejante ley. Además, prometimos a la Unión Europea aprobarla. Es tal la presión que perdemos de vista el grave peligro de caer en la doble regulación, la redundancia y la turbiedad que generará confusión, corrupción y abusos.

Es un mal hábito afirmar que “no tenemos una ley ” para enmarcar esta o aquella actividad, cuando normas vigentes ya regulan la materia. Cada nueva iniciativa tendría que pasar un doble colador. Primero, la propuesta debe ser superior al ordenamiento vigente en calidad y claridad. La Constitución prohíbe los monopolios en el artículo 130, y el Código de Comercio contiene protecciones a la libre competencia. ¿Necesitamos otros 178 artículos para demarcar cómo competir unos con otros?

Segundo, los ponentes deben justificar los costos asociados con las nuevas disposiciones. Cada despacho estatal creado representa una carga adicional para los tributarios. Aquí se instituye una Superintendencia de Competencia con poderes discrecionales para castigar al actor económico que a su juicio es insuficientemente competitivo. El costo de mantener un nuevo despacho se suma a los costos ocultos, inmedibles, que impondrá a miles de emprendimientos susceptibles de ser sancionados.

¿Por qué, si el proyecto dice defender la competencia libre, tiene detractores liberales? Pues, pese a su nombre y a su poética prosa pro-libertad, la Ley de Competencia entorpecería la dinámica del mercado. Esa ha sido la experiencia con las leyes anti-monopolio y de competencia desde la aprobación en 1890 de la Ley Sherman en Estados Unidos. El profesor del derecho Sylvester Petro (1917-2007) afirma que las leyes anti-monopolio, tanto las federales como las estatales, restringen en lugar de preservar la competencia. Ello se debe a dudosas interpretaciones y a malas decisiones administrativas. Además, comportan subsidios que protegen a negocios ineficientes. La competencia de mercado es el resultado de la adecuada protección de los derechos de propiedad privada y de la inviolabilidad de los contratos, subraya Petro.

El mercado verdaderamente libre es un proceso cambiante. Crecen las empresas cuyos administradores son capaces y responden a las preferencias de los consumidores. En cualquier momento, sus competidores existentes y potenciales podrían robarles participación de mercado.

Si tenemos que tener una ley debido a la insistente presión extranjera, los diputados podrían aprobar una Ley de Competencia con tan solo cuatro artículos. Ellos servirían para reafirmar: los derechos de propiedad privada, la inviolabilidad de los contratos, la libertad de entrada a cualquier oferente, y finalmente, la ilegalidad de los monopolios artificiales creados, sostenidos y protegidos por el gobierno.

La Administración Morales-Cabrera y la Octava Legislatura debe despertar al hecho que, al abrirse tantos frentes y proponer tantos distintos cambios a las reglas del juego, alimentan una intolerable incertidumbre. La Ley de Competencia se suma a decenas de iniciativas, algunas de las cuales también abordan temas de envergadura, como la Ley de Aguas. Se acompaña de la amenaza de una cara reforma tributaria, una feroz persecución penal de personas sospechosas de evasión fiscal, una nula defensa de la propiedad privada, una deteriorada infraestructura vial, baja en la inversión extranjera directa, y más. Daños graves a la economía guatemalteca se traducirán en reveses políticos para los gobernantes de turno.

Este artículo fue publicado el 12 de agosto del 2016 por la Revista Contra Poder y CEES.

La fotografía es de una planta parásita que puede terminar matando a la planta de la cual obtiene sus nutrientes, porque la excesiva regulación en lugar de proteger, mata.

Impuestos y democracia

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Los vicios, combinados con un abuso de la democracia, conducen a malos resultados.
Había una vez una pequeña comunidad llamada Demo que decidió darse un gobierno para que los protegiera de potenciales agresores. Los ciudadanos podían así ocupar su tiempo en asuntos productivos. El grupito gobernante, sin embargo, no creaba riqueza. Reunidos, los habitantes de Demo acordaron unánimemente sufragar su manutención con pequeñas transferencias monetarias, vistas como el pago por un servicio valioso.

Pasó el tiempo y Demo creció. Algunos ciudadanos querían endilgar a los políticos algunas responsabilidades que les resultaban cargantes. Unas almas compasivas querían ayudar a los indigentes con subsidios estatales en lugar de ejercitar la caridad. Ambos sectores propusieron rebanar otra tajada de los ingresos de los ciudadanos para financiar los nuevos gastos. A los políticos les gustó la idea de amasar dinero y poder. Se acordó tomar la decisión por mayoría, porque varias personas vociferaron en contra de la moción. Los demoltecos productivos salieron esquilados por la coalición compuesta por las minorías de vividores, altruistas y políticos. La transferencia voluntaria se convirtió en impuesto, y se decretaron castigos para quienes no pagaran.

Tristes, unos productivos demoltecos emigraron. La recaudación bajó, y los gobernantes reaccionaron subiendo aún más la carga tributaria, de plumazo. Se hizo realidad la advertencia de John Stuart Mill: “Aquellos que no pagan impuestos, disponiendo con sus votos del dinero de otras personas, tienen todo el incentivo de ser espléndidos y ningún incentivo para economizar.” No cayeron en cuenta que debilitaban la democracia empleando el poder para la expoliación.

La economía de Demo languidecía y los servicios públicos eran deficientes, incluidos los servicios de defensa y seguridad nacional. Un forastero que pasaba por Demo le contó a los angustiados demoltecos que en su país natal, Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportaba una reducida base de 704,553 contribuyentes activos. Es tan solo el 4.7 por ciento del total de los guatemaltecos, explicó el forastero, porque en Guatemala hay una economía informal gigantesca. Sería más estable y sano contar con una amplia base de contribuyentes, concluyeron los atentos demoltecos. Lo que es más, narró el chapín, la SAT no trata como evasores a los miles de trabajadores no registrados, pero sí persigue, justa o injustamente, a algunos de los contribuyentes activos. Unos enfrentan juicios y son encarcelados por evasión.

Un forastero rubio y alto se rió. Exclamó, “¡Eso no es nada!”. Concedió que la base tributaria en su país, Estados Unidos, es más amplia que en Guatemala, pero su preocupación era otra. En un estudio publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), el estadounidense leyó que el ejército involucrado en el cobro de impuestos es tres veces más grande que las Fuerzas Armadas. Cada año, los tributarios invierten 8.9 mil millones de horas en completar formularios de impuestos; es como si 4.3 millones de personas trabajaran todo el año, tiempo completo, dedicados exclusivamente a esta tarea. Enojado, el extranjero rubio agregó que la Tax Foundation estimaba el costo anual del papeleo por impuestos federales en U.S.$ 409 mil millones.

Bastaron las historias y la experiencia para convencer a los demoltecos de enmarcar las políticas fiscales dentro de un marco constitucional. Demo adoptó la norma recomendada por Dan Mitchell, según la cual la economía privada debe crecer más que el sector público. De lo contrario, el gobierno se comporta como los peces dorados, que teniendo acceso a ilimitada comida, comen hasta morir.

Este artículo fue publicado el 29 de julio del 2016 en la revista Contra Poder y el CEES.

Captura, no cooptación

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bautiza sus casos con nombres sugerentes, pero ¿qué es cooptación?

Los guatemaltecos nos hemos acostumbrado a leer noticias sobre los casos investigados por la CICIG. Éstos portan nombres llamativos, como Caso negociantes de salud, La Línea, La Cooperacha, Impunidad y Defraudación, Corrupción TCQ, y el sonado Caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Cabe preguntar, ¿cómo se coopta a un Estado? Un amigo exclamó recientemente que la palabra no significa lo que por ella entienden el comisionado Iván Velásquez y la prensa. Efectivamente, el Diccionario de la Real Academia dice que cooptar es “llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella.” Wikipedia ilustra esta definición. El primer ejemplo refiere a un período particular durante el imperio romano, cuando los emperadores podían adoptar como hijo (cooptado) al hombre que elegían para sucederles. La segunda instancia es el ascenso a un grado superior por oficiales de las Fuerzas Armadas, el cual ocurre por cooptación.

Empero la CICIG acusan a los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de liderar una red criminal que se enriqueció ilícitamente tras “cooptar el poder”. Conformaron una compleja “maquinaria de lavado de activos” desde que el Partido Patriota empezó a hacer campaña. En inglés, una acepción del vocablo “coopt” alude a tomar algo como propio. Justo eso hicieron los integrantes de esta mafia gobernante. Pero en español, sus actividades serían mejor descritas como captura y no cooptación.

La teoría de la captura es atribuida al economista de la Universidad de Chicago, George Stigler. Ganó el premio Nobel en 1982 precisamente por investigar el efecto de las regulaciones públicas en la estructura de la industria. Stigler encontró que los regulados, supuestos perjudicados por la regulación, realmente se benefician de ella. Contrario a nuestras expectativas, las trabas diseñadas por funcionarios dañan a los consumidores. Los regulados incluso cabildean a los legisladores para que aprueben leyes que elevan el costo de entrada a sus respectivos mercados, garantizándoles así condiciones casi monopólicas. La comisión que regula los taxis de Washington, D.C., por ejemplo, es un regulador capturado. Su fin es garantizar “una experiencia en taxi segura, cómoda, eficiente y barata en vehículos bien equipados”, pero en la práctica protege los intereses de las compañías de taxis. Han obligado al servicio Uber a cobrar hasta cinco veces más que un taxi para prevenir que sus cómodos vehículos compitan con el servicio tradicional.

La CICIG sostiene que Pérez Molina, Baldetti y sus amiguetes, muchos de los cuales ocupaban cargos públicos, eran simultáneamente dueños o controlaban empresas, asociaciones y cuentas bancarias hacia las cuales trasladaban fondos públicos. Lo dramático de esta red es que la captura ocurre desde dentro del foro político, pues fue orquestada por políticos y no por empresarios mercantilistas o corruptos.

Es cierto que los gobernantes inescrupulosos que abusan del poder político atraen a figuras corrompibles, pero también arrastran a partícipes reacios. Ahora, la difícil tarea del Organismo Judicial es separar a la hierba verdaderamente mala, de las personas que siempre hubieran preferido una dinámica transparente.

No es razonable suponer que cualquier ciudadano que interactúa con políticos es responsable de captura. Acusar de corruptores a cientos de ciudadanos, de forma indiscriminada, provocará una costosa desaceleración de la economía nacional. El costo de dejar atrás ese turbio juego al cual nos habíamos acostumbrados no debe exceder el beneficio de institucionalizar una interacción civilizada, basada en la honradez y demás virtudes.

Este artículo fue publicado el 1 de julio del 2016 en la Revista Contra Poder y CEES.

Advertencia desde Venezuela

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Venezuela es una catástrofe, admite un profesor de la Universidad de Harvard. Los socialistas tienen que enfrentar la realidad.

En una entrevista publicada por El/Interés el 11 de junio, Ricardo Hausmann sentencia: “He trabajado en alrededor de 59 países y nunca he visto una [situación] como la que Venezuela está enfrentando en 2016. Esto es lo peor que he visto, un colapso en tantas dimensiones y con un costo social de tal magnitud que no tiene similitudes históricas.” La apreciación de Hausmann es creíble, no sólo porque dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, sino porque es venezolano. Fungió como Ministro de Planificación por un año, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Según Hausmann, el gobierno revolucionario bolivariano intentó hacerlo todo; sustituyó, en lugar de acompañar, a la sociedad civil. El gobierno se arrogó la producción de petróleo, alimentos, acero, azúcar, cemento, educación, salud, y un larguísimo etcétera. Sin embargo, “para eso existe el mercado, la iniciativa privada,” afirma Hausmann. No llevan culpa los enemigos extranjeros o el destino. Continúa el entrevistado: “No es que nos cayó una plaga, la crisis fue creada por error tras error, estupidez tras estupidez, crimen tras crimen…” La reconstrucción del país pasa por descartar el modelo socialista y restaurar el mercado libre.

¡Escuchemos la advertencia! Guatemala atraviesa una crisis política sin precedente. El combate a la corrupción ha desnudado un aparato público enfermo. La disyuntiva es cambiar el sistema, pero el cambio genera incertidumbre. La “limpieza” emprendida por el Ministerio Público y la CICIG acarrea costos políticos, sociales y económicos. La inversión y la actividad económica se contraerá si grandes y pequeñas empresas se sienten amenazadas. ¿Qué procede? Se han formulado dos prescripciones opuestas: la socialista y la liberal.

Los socialistas dicen que nuestro disfuncional sistema es el engendro de las élites empresariales que explotan al pueblo y corrompen a los benignos servidores públicos. Hace unos meses, los movimientos de izquierda literalmente pidieron romper el orden constitucional y suspender elecciones, para asumir ellos el control político. Atizan el fuego de la crisis, acentúan vacíos institucionales, desprestigian al ejército y a los empresarios, y fomentan el odio entre pobres y ricos. Si lograran su objetivo, convocarían una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una constitución siguiendo el modelo chavista. Estatizarían las hidroeléctricas, las minas, los bancos, las fincas y muchísimos otros negocios. Nos despeñaríamos en el mismo precipicio suicida que los venezolanos.

La propuesta liberal propone una reforma de la cosa pública que edifique el Estado de Derecho y garantice los derechos básicos y universales a la vida, la libertad y la propiedad. Distingue la actividad empresarial libre, competitiva y legítima, de las prácticas mercantilistas que buscan rentas artificiales explotando el poder gubernamental. Lejos de dañarnos unos a otros, quienes a diario participamos en el mercado cooperamos pacíficamente; el mercado es un fenómeno social tan natural como insustituible. Los liberales quisieran cambiar el sistema para asegurar que tanto los gobernantes como los gobernados respondamos a leyes claras, generales, estables, justas y de aplicación ecuánime. Queremos seguridad en nuestros derechos para emprender, florecer, intercambiar, crear riqueza y salir de pobres.

Los guatemaltecos que hemos aplaudido el combate a la corrupción, incluyendo a quienes salieron a manifestar a la “plaza”, debemos velar porque las demandas públicas no sean capturadas por consignas socialistas. No los dejemos conducirnos por un camino empobrecedor.

Este artículo fue publicado el 17 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La mejor explicación

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El análisis de las decisiones públicas aporta la interpretación más exacta de la “cooptación del Estado en Guatemala”.

El 2 de junio vivimos un estremecedor jueves de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se dio a conocer cómo los líderes del Partido Patriota “cooptaron” al Estado de Guatemala a través de complejas telarañas financieras que permitieron a altos funcionarios lavar dinero y enriquecerse con fondos públicos. Paran el pelo las 65 órdenes de captura, los 43 allanamientos realizados y la aprehensión de 23 personas, entre ellos políticos y empresarios conocidos. La larga explicación dada por la Fiscal General, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, y el presidente Jimmy Morales, perfiló claramente al monstruo de la corrupción.

Intuimos que el Partido Patriota no es la primera organización política que corrompe las instituciones gubernamentales. Se hizo patente un modus operandi, el abordaje oportunista de la cosa pública. Dar mordida, sacar una tajada, ocupar un puesto cómodo y bien remunerado, conseguir un jugoso contrato, financiar campañas políticas para congraciarnos con el poder de turno…¿no han sido estas prácticas ancestrales asociadas al juego político nacional? ¿Por qué se subieron a ese feo tren tantas personas, por tantos años?

Encontramos la mejor explicación en el análisis económico de las decisiones públicas (Public Choice), sobre todo en la teoría de la búsqueda de rentas de Gordon Tullock. Una persona busca rentas cuando gasta recursos escasos para acceder a un ingreso artificial. Quiere obtener ganancias por medio de un subsidio, una protección, una exención, un monopolio o cualquier otra regulación favorable a sus intereses. Los buscadores patrocinan campañas electorales, compran regalos a los políticos, hacen cabildeo y sufragan otros gastos que pueden traducirse en ventajas personales.

Según Tullock, dicha renta artificial no sólo es buscada, sino además es protegida, peleada y extraída. Los beneficiados tienen que seguir invirtiendo recursos para proteger la renta conseguida. Siempre recuerdo la confesión de un alto ejecutivo empresarial: “el Gobierno es más como una novia que como una esposa; tenemos que mantenerla contenta, haciéndole concesiones constantemente”. Por otra parte, entran en el aro los actores perjudicados por las regulaciones que privilegian a otros. Los perdedores deben desviar recursos de usos productivos, hacia gastos que defienden sus intereses vulnerados.

Una cuarta manifestación de este fenómeno es la extracción de rentas. Los funcionarios de turno intimidan a ciertos grupos objetivos con medidas lesivas, pretendiendo sacarles pagos para frenar la amenaza. Extorsión. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran maestros de la extracción de rentas, según la narrativa del Ministerio Público y la CICIG. El binomio presidencial usó su poder para captar millones de quetzales de contratistas del estado y otras personas que se relacionaban con el gobierno. Ellos eran los corruptores, precisamente porque ostentaban el poder.

Evidentemente, la búsqueda de rentas provoca importantes pérdidas de bienestar social. Todos quieren una rodaja del pastel, pero únicamente consiguen ganancias temporales quienes están mejor conectados con el poder de turno. Vemos menos innovación, menos productividad, menos eficiencia económica. Aumenta la corrupción.

¿Cómo cambiamos los incentivos perversos? El escarmiento para los buenos guatemaltecos es distanciarnos del gobierno. Nuestra honorabilidad depende de rechazar los cargos públicos y rehusar venderle bienes y servicios al sector público. Pero eso no basta. Urge reducir, constitucionalmente y por todos los medios posibles, el poder discrecional del que gozan los poderosos para repartir y extraer rentas artificiales.

Este artículo fue publicado el 10 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.