¿Qué quieren los jóvenes?

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¿Qué exige la generación del milenio en materia política?

Un 53 por ciento de los nacidos entre 1981 y 2000 ve el socialismo con buenos ojos, según una encuesta realizada en Estados Unidos por las empresas Rupe y Reason, citada por Emily Ekins y Joy Pullman en un artículo para The Federalist. En contraste, sólo un cuarto de los mayores de 55 piensa igual, en parte porque conocen los horrores de los experimentos marxistas del siglo XX. Otra encuesta, levantada por YouGov, revela que el 43 por ciento de los menores de 30 años son partidarios del socialismo.

¿Los mileniales quieren, entonces, que los gobiernos asuman el control de los factores de producción? Eso es socialismo, ¿no? Planteada así la cuestión, los jóvenes contestan que no. Pullmann y Ekins afirman que “si los jóvenes tuvieran que pagar por todos los esquemas socialistas que aparentemente apoyan, su apoyo se evaporaría rápido.” Entre más ganan los mileniales, más odian que el gobierno se quede con una parte sustancial de sus ingresos.

Quizás resolvamos la paradoja analizando los adjetivos descriptivos de los mileniales. Diversos estudios cualitativos generan una amplia lista de características: son personas que sienten que tienen derecho a muchas cosas, de mente abierta, entusiastas, optimistas, flexibles, sofisticados, pragmáticos, vacilantes, renuentes a comprometerse con una postura ideológica, amantes de redes sociales, centrados en si mismos e inclusivos. A mi entender, algunos de estos epítetos son mutuamente excluyentes. No pocos jóvenes se ofenden al leerlos.

Sin embargo, el sentido de merecer, de tener derecho, sumado al afán por ser inclusivos, se traduce en un deseo de mejorar el bienestar propio y el de los demás. Ellos han sido programados con el chip de que pueden cambiar el mundo. Les gustan las empresas solidarias, movidas no sólo por el imán de las ganancias sino por una causa noble. De hecho, los empleadores en los países desarrollados notan que los mileniales renuncian a sus trabajos si éstos carecen de un sentido más alto que traer pan a la mesa. Según la revista Forbes, los mileniales han engrosado las filas del emprendimiento social: “El creciente énfasis en el bien de la sociedad está empoderando a los mileniales a balancear sus carreras profesionales con el karma…”. Curar el cáncer, terminar con el calentamiento global, el terrorismo y la pobreza son algunas de sus aspiraciones.

Por tanto, para ellos ser socialista es más o menos igual a ser una persona empática, alguien que se preocupa por el prójimo y el planeta. En ese sentido, no son tan egoístas como se les retrata. Quieren aportar soluciones distintas, innovadoras, a los problemas de su tiempo.

¿Son distintas las perspectivas políticas de los jóvenes en América Latina, en comparación con los jóvenes en Estados Unidos? Yo esperaría que nuestros jóvenes fueran más suspicaces de los gobiernos. Nuestras experiencias con el abuso del poder y la corrupción bastan para curar a cualquiera de la ilusión según la cual los políticos populistas, demagogos y socialistas son los llamados a palear los males de la sociedad.

He allí el dilema para los jóvenes que salieron a la plaza el año pasado. Saben que también ellos serían tragados por el sistema corruptor si tomaran las riendas del gobierno; los cambios sustanciales no vendrán desde la arena política. Para alcanzar el bienestar social que tanto anhelan, deben desoír las sirenas socialistas y promover más libertad económica, confiando así en que las personas saldrán adelante con su ingenio y trabajo arduo. La plaza tiene que generar propuestas de políticas públicas para restringir, no fortalecer, el control gubernamental sobre los medios de producción.

Este artículo fue publicado el 3 de junio del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Crédito de foto para collage.

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Correo público versus privado

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Circulan tres mitos sobre los servicios públicos de correo que ameritan una respuesta.

Mito 1: El abrupto cierre de El Correo de Guatemala, S.A. demuestra que es malo privatizar los servicios públicos. Si jamás se hubiera concesionado el servicio postal, ningún contrato caducaría, pero ese hecho dice poco sobre las bondades o defectos de la privatización. Para ser precisos, aquí no se liberalizó el mercado. El gobierno tampoco se lavó las manos de distribuir cartas y paquetes. En 1998, se concesionó un monopolio a International Post Service (IPS), extensión de la empresa estatal Canada Post. El gobierno de Guatemala siguió siendo el último responsable, en parte porque es miembro de la Unión Postal Universal (UPU) de la ONU, y los países miembros se obligan a prestar el servicio bajo ciertas condiciones.

El 18 de mayo amanecieron cerradas las agencias de El Correo porque el Congreso de la República no aprobó la prórroga del contrato. Colocó a la empresa en un limbo legal. El gobierno tampoco convocó oportunamente a una licitación para contratar a otro operador, ni empezó a retomar los bienes de la empresa. La gerencia de El Correo forzó al gobierno a convocar una mesa de diálogo en la que participaron ellos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), y la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT); allí se negoció la reapertura temporal del servicio.

Mito 2: Los guatemaltecos salimos perdiendo con la concesión a El Correo. El servicio gubernamental antes de 1998 era pésimo. La Administración General de Correos era una organización burocrática deficitaria con equipo anticuado. Las cartas se perdían, o llegaban a su destino dañadas y hasta meses o años tarde. Se robaban las remesas. En ese tiempo, alrededor de 2,000 empleados manejaban 50 millones de piezas de correo al año, más o menos lo que Canada Post administraba en un día. Tan poca confianza nos merecía el servicio, que a partir de la década de los setenta, surgieron varias empresas de courier, paquetería, mensajería y carga que satisfacían la demanda insatisfecha.

Según cifras oficiales, entre junio del 2004 y el 2015, El Correo movió casi 452 millones de piezas, aproximadamente 35 millones anuales. El canon por la concesión significó ingresos de Q69.4 millones para el Estado. No obstante los reclamos contra El Correo y las multas que le cargan las autoridades, seguramente el saldo neto de la concesión fue positivo.

Mito 3: Ocurrirá una catástrofe si dejamos morir la empresa estatal. Las convenientes comunicaciones electrónicas han reducido el uso del correo tradicional. Si el correo físico no muere, deberá reconfigurarse, y eso requiere visión emprendedora. Personeros de la Dirección General de Correos y Telégrafos admiten que no pueden hacerse cargo del servicio de correo ahora, pero además, recibirían un negocio que ya no es rentable, según declaraciones anónimas de los empleados de El Correo. El volumen anual que maneja El Correo ha descendido desde el 2011. ¿Conviene embarcar al gobierno en una aventura que generará nuevas deudas?

En tanto, los consumidores contamos con numerosas empresas privadas que prestan servicios de correo, incluso en áreas remotas. Hace dos décadas se estimaba que entre el 60 y el 80 por ciento de la demanda nacional se confiaba a servicios privados, incluyendo, por cierto, importantes documentos oficiales del Estado. Es innegable que los oferentes privados en Guatemala no sólo hacen un buen trabajo, sino contribuyen al bienestar de las familias guatemaltecas y a la productividad del país.

Guatemala podría convertirse en el segundo país, después de Nueva Zelanda, en desregular el mercado. La UPU puede hacer berrinche, pero es viable un futuro sin un proveedor público del servicio postal.

Este artículo fue publicado el 27 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.