Justicia Social

ClarenceThomasHillsdale-370x242

Sorprende el discurso que dirigió el magistrado afro-americano de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Clarence Thomas, a los graduandos de Hillsdale College.

En el acto, el sábado 14 de mayo, Clarence Thomas dijo: no los motivo a luchar contra la injusticia social. En su lugar, los exhortó a ser buenos ciudadanos y a preservar la libertad. No tardan en acusar a Thomas de traicionar a su clase o a su etnia, a la luz de sus recomendaciones políticamente incorrectas. ¿Cómo osa el magistrado oponerse al mantra salvador de los marginados, dada su humilde cuna en un pueblo agrario del estado de Georgia?

Quizás Clarence Thomas ya leyó el nuevo libro por Michael Novak, Paul Adams y Elizabeth Shaw, Justicia Social no es lo que usted cree que es (2015). El filósofo Novak y sus coautores argumentan que las connotaciones modernas del concepto no coinciden con el uso original de la frase. La buena ciudadanía que recomienda el magistrado Thomas podría cuadrar con el sentido verdadero de la justicia social.

Novak afirma que la frase aparece por primera vez en un libro por el sacerdote conservador Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), quien se propuso rescatar el concepto de “justicia general” esbozado por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Testigo de los efectos de la Revolución Industrial, Taparelli se preocupó por la unidad familiar. El sacerdote creía que la sociedad tiene su fundamento en las “pequeñas sociedades”, es decir, las familias y las organizaciones locales, y no en “la gran sociedad” o el Estado. Le inquietaba que las familias migraran, completas o desmembradas, hacia pueblos y ciudades. No sólo abandonaban la subsistencia agraria para convertirse en obreros asalariados, sino quizás también costumbres familiares importantes.

En contraste, el gobierno cobra primacía en la nueva concepción de justicia social. Ésta pretende corregir la mala distribución de los recursos en la sociedad. Crecemos en circunstancias distintas, y cosechamos resultados diferentes producto de nuestro ingenio, trabajo y entorno. El gobierno, concebido como un imparcial agente externo, capaz de asignar los bienes disponibles con más tino que la naturaleza, es requerido para nivelar el desbalance. Además, Michael Novak se lamenta que la acepción francesa de égalité ha llevado a una obsesión por una uniformidad casi aritmética, inalcanzable sin ejercer la coacción.

Sumada a la responsabilidad por la igualdad y la redistribución, recae en los gobernantes la tarea de definir qué es el “bien común”. Novak pone un ejemplo. Los ciudadanos soviéticos tenían prohibido fijar residencia en otro país, porque al hacerlo dejarían de tributar. En aras del bien común, los oficiales buscaban maximizar las contribuciones al erario manteniendo cautivos a los nacidos en el territorio bajo su control. El bien común se transforma en una peligrosa excusa para aplastar libertades personales.

Al gobierno no le compete definir el bien común ni redistribuir los bienes, escribió el Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum (1891). Como Taparelli, León XIII se ocupa de la familia y la justicia social, pero se distancia de la lectura socialista de la industrialización. Se opone al totalitarismo. Clamando respeto por “la condición humana”, el pontífice declara como vana la pugna socialista contra las desigualdades naturales. “No son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna,” versa la encíclica.

Conviviendo en pueblos y ciudades, las personas emplean sus sanas y constructivas diferencias. Se asocian unos con otros para solucionar por si mismos los problemas que les atañen directamente. He allí el buen ciudadano del que habla Clarence Thomas.

Este artículo fue publicado el 20 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue tomada de la publicación College Fix.

Advertisements

Mentalidad garrafón

photo-114

¿Es constructiva la iniciativa “Ley marco para el manejo integral, sostenible y eficiente, de los recursos hídricos en Guatemala”, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)?

Imagine a la madre de una familia numerosa que tiene un garrafón de agua. El garrafón es irreemplazable, por lo que la madre debe racionar el contenido para que dure. A la hora de la comida, sirve cantidades iguales en los vasos de sus chiquillos. No quiere ser acusada de favoritismo hacia una de sus crías. Ahora imagine que un hijito travieso extrae agua del garrafón para que su patito plástico chapotee en una palangana. La disgustada madre exclamará que ese uso del recurso es superfluo y contrario al interés familiar. Les prohibirá a los hijos acercarse al recurso: ella es la monarca del garrafón y autora de un plan maestro de su uso.

Las sucesivas iniciativas de ley de aguas en Guatemala tienden a abrazar esta mentalidad garrafón. Parten de la premisa que estamos peligrosamente cerca de agotar el recurso hídrico, aunque sorpresivamente, esta iniciativa admite que “no llega a utilizarse ni la décima parte del potencial hídrico del país”. En realidad, no estamos consumiendo el último garrafón a nuestra disposición.

Además, los legisladores asumen que los guatemaltecos somos niñitos traviesos e irresponsables en nuestros patrones de consumo. Crean un Czar del agua, quien, cual mamá vigilante, controla centralizadamente el recurso. Esperan que el Czar posea, como la madre, un genuino interés por el bienestar de cada uno de los ciudadanos, por el “interés público o social”. Además, debe ser omnisciente de todo lo relativo al agua en el país: debe levantar un inventario exhaustivo, asignar permisos, decidir si el “balance” de un recurso hídrico es inestable, racionar el bien en tiempos de sequía, planificar la recuperación de recursos comprometidos, y más. El MARN incluso puede declarar “cerrada la fuente para nuevos aprovechamientos”.

Según esta iniciativa de ley, Mamá Gobierno tendrá que basar sus decisiones en tres criterios: eficiencia, equidad y sostenibilidad. Sin embargo, las madres no distribuyen el recurso calculando qué hijo destinará el bien al uso más productivo, o quién paga más. La eficiencia es el resultado de permitir que usuarios compitan por el recurso. Cuando una única autoridad centraliza la toma de decisiones, opera a ciegas respecto de la demada real, con lo cuál es prácticamente imposible saber si asigna eficientemente el agua o no. Sus elementos de juicio serán planes políticos estáticos. Por técnicos y científicos que sean los estudios esbozados por personeros del MARN, son incapaces de reflejar las preferencias de miles de usuarios.

El proyecto de ley es interesante porque crea la figura del czar pero simultáneamente favorece la figura de comités de cuenca para la gobernanza del recurso. Es un paso en la dirección correcta. No habría entonces un monarca, sino habrían varias organizaciones integradas con representantes del gobierno y con usuarios del agua. Por un lado, estos comités compitirían unos con otros evidenciando buenas prácticas. Por el otro lado, tomarían decisiones ajustadas a las particulariedades de su respectiva cuenca. Para que funcionen estas organizaciones comunitarias locales, escribió la premio Nobel Elinor Ostrom, los comités de cuenca deben estar basados en tradiciones locales. Deben adoptar reglas apropiadas a la localidad. Además, debe definir claramente los límites a los usuarios y fijar las sanciones que aplicarán a quienes violen las reglas.

Es más probable que los integrantes de estos comités se preocupen por conservar el bien, en comparación con un plenipotenciario Czar nacional, pues sus vidas se verán directamente beneficiadas por un manejo racional del agua de su comunidad. Además, tienen mejores posibilidades de dirimir conflictos entre usos alternativos.

Este artículo fue publicado el 13 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

SOS para el basurero

29202297
Las primeras lluvias del invierno provocaron un nuevo derrumbe en el basurero de las zona 3, el pasado 27 de abril, alrededor de las 14:00 horas.

Se siguieron días de angustia. Los socorristas y bomberos lucharon por rescatar a una cantidad indefinida de personas, muchas de las cuales habían ingresado ilegalmente al relleno. Las fuentes noticiosas reportan entre cuatro y siete fallecidos, y aproximadamente quince heridos.

Resulta demasiado familiar la tragedia. En el 2012, cuatro recicladores, incluyendo un niño de 10 años, murieron buscando desechos en áreas prohibidas. En el 2008, el relleno sanitario cobró cuatro vidas. El año anterior dos camiones recolectores, junto con una mujer, fueron tragados por toneladas de basura. Cada víctima del basurero es un ser humano único e irrepetible: cada uno tiene nombre, anhelos truncados y familiares que lloran su partida.

Asesores de la cooperación japonesa predijeron que el vertedero colapsaría en el 2002, pero sigue operando. La Muni protege a los “guajeros” con guantes, mascarillas y botas, y desincentiva el ingreso de los niños. El Alcalde Arzú está presionado desde los polos extremos: por un lado, se clama por el cierre definitivo del basurero; por el otro, se exige perpetuar el estatus quo. Es alto el costo político de clausurarlo, de no hacer nada, y de implementar un proyecto público nuevo. Una salida podría ser autorizar la apertura de nuevos rellenos privados que compitan con el actual. El gobierno tendría que cuidar de no limitar la inversión privada mediante excesivas regulaciones y una cargante tramitología. Una vez existan diversas opciones, se puede sistemáticamente resolver los múltiples problemas en la zona 3.

Los guajeros desempeñan un trabajo tan peligroso como necesario: recuperan materiales reciclables con valor de mercado. Suelen hacerlo con más eficiencia que los costosos programas europeos, donde la máquina computarizada hace las veces del recurso humano. Los recicladores poseen un conocimiento práctico sobre los diferentes tipos de plástico, cartones, metales y demás desechos, y sobre su fluctuante precio.

Pese a la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos, los recicladores frenan el cambio. Temen transformaciones que los dejen sin el sustento que obtienen mediante sus particulares conocimientos y destrezas. Están organizados como grupo de presión y usan su peso político. Asumo que una negociación con ellos requerirá mostrarles beneficios mayores a futuro, como por ejemplo, si son socios de los nuevos emprendimientos.

La falta de recursos financieros también se soluciona abriendo oportunidades a operadores privados, como han hecho municipalidades alrededor del mundo. Los inversionistas particulares aportan visiones innovadoras y nuevas tecnologías. Un curioso ejemplo exitoso es el basurero privado de Creedmoor, Texas, cuyos dueños combinan la recolección de 3,000 toneladas de basura diaria con un zoológico de animales exóticos. La reserva es el empleador más grande y el contribuyente más importante de Creedmoor. De hecho, la mayoría de rellenos sanitarios de Texas son operados por particulares y cosechan ganancias.

Sería preferible crear un entorno competitivo en lugar de conceder monopolios artificiales. Así, más de un inversor prestará un servicio de calidad, a buen precio, cuidando no despilfarrar. Habría que alinear los incentivos para que velen por la sanidad en los procesos en la planta, así como por las externalidades que impacten sobre el ambiente y las aguas aledañas.

Señor Alcalde: no lo tiene que hacer todo usted, ni tiene que dejar de hacer lo que ya hace…puede abrir la puerta a las alternativas particulares y así conseguir mejoras en el basurero de la zona 3 y en nuevos vertederos más modernos y eficientes.

Este artículo fue publicado el 6 de mayo del 2016 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía no es original; fue adaptada de este sitio.

¿Monopolios de Gobierno?

SONY DSC

¿Cómo sería Guatemala si las fincas, hidroeléctricas, minas, agua, bancos y otras empresas fueran propiedad del gobierno?

Algunas organizaciones, con tendencia socialista, quisieran legislar para debilitar o abolir la propiedad privada. Asumen que si los recursos estuvieran en manos del Gobierno, nadie carecería de nada. Sustituirían el sistema de precios por una redistribución basada en criterios políticos, no económicos, según las necesidades percibidas de los gobernados. O asegurarían precios subsidiados. Esa es la equidad imaginada.

En la vida real, el comunismo a gran escala fracasa en alcanzar el sueño. Entre los países más pobres del mundo destacan aquellos que optaron por modelos socialistas, como Mozambique, Eritrea y Corea del Norte. Los países con precarios derechos de propiedad también sufren: Venezuela, Bangladesh y Burundi, para mencionar algunos ejemplos.

Si el Gobierno se abrogara la propiedad monopólica del agua, o de las hidroeléctricas, o de las minas, una institución pública centralizada repartiría una cantidad racionada de agua, electricidad o minerales. Las tarjetas de raciones—tres onzas de arroz, dos horas de luz eléctrica— son característica de las economías centralmente planificadas. Excepcionalmente, el Gobierno nos dejaría producir bienes usufructuando pedazos de tierra, cedidos mediante permiso especial, pudiendo rescindirse el acuerdo en cualquier momento. Se crearían incentivos perversos, tanto para los usuarios como para los funcio- narios públicos. Los favorecidos con permisos temporales tendrían el incentivo de sobreexplotar los recursos durante los últimos años de su permiso; no les interesaría el futuro.

Cargaríamos a los funcionarios públicos con tres imposibles. Primero, tendrían que ser omniscientes conocedores de la disponibilidad de los recursos y de los procesos de producción. Segundo, los obligaríamos a deponer sus intereses personales. Y tercero, tendrían que ser de piedra para resistir presiones. ¡Tendrían el plenipotenciario poder de decidir quién accede a los insumos básicos, necesarios para sostener la vida! Ocurriría lo que sucedía con las líneas telefónicas en décadas pasadas: las conseguían quienes eran parientes y amigos de los gerentes de la empresa estatal, o los que pagaban mordida.

En 1968, el biólogo Garrett Hardin confirmó que “lo que es de todos, es de nadie”, y que inexorablemente tendemos a sobreexplotar todos aquellos recursos que usufructuamos en común con otras personas. Ni la comunalidad ni la existencia de un único dueño (Gobierno) propician la conservación o el ahorro. La principal causa de la contaminación de aguas superficiales, como los lagos, es precisamente el hecho de que, en papel, varias agencias estatales son las responsables de cuidar el recurso, pero en la práctica nadie lo es.

En contraste, el uso privado de los recursos acarrea beneficios insospechados para toda la comunidad. En el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde muchos estados son áridos, los derechos de agua se asignan en forma privada desde hace siglos. Allí, las personas poseen títulos sobre el agua, documentos legales que son transferidos libremente en el mercado. Así, el agua tiene un precio que refleja su escasez y se destina a los fines que son más valorados. Además, los usuarios pueden tomar riesgos en relación con un suministro variable de aguas. Los mercados superan a los sistemas altamente regulados porque son más flexibles, se adaptan a la información cambiante y los avances tecnológicos, y procuran usos congruentes con la conservación y la protección de los recursos naturales.

Los legisladores preocupados por la equidad y la pobreza harían bien en fortalecer los derechos de propiedad privada y desoír el canto de la sirena socialista.

Este artículo fue publicado el 29 de abril del 2016 en la Revista Contra Poder y en el CEES.