¿Golpe o elecciones?

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El naufragio de la Administración Pérez-Baldetti alineó los intereses de los futuros gobernantes con los del gobernado a favor de la transparencia. 

Un gobierno en ruinas sugiere la posibilidad de posponer las elecciones generales e instalar un gobierno de transición. Tal extremo equivaldría a dar un golpe de Estado técnico.

Los procesos entablados contra políticos acusados de cometer actos criminales desató una tormenta pero no creó una crisis institucional: se han seguido pasos especificados en ley. El nombramiento del doctor Alejandro Maldonado como vicepresidente así lo demuestra. Sospecho que los guatemaltecos veríamos pocos efectos en nuestra vida si llegara a faltar Otto Pérez. ¿Se acuerda del llamado secuestro (sequestration) del presupuesto federal del gobierno de Estados Unidos? El Presidente Obama advirtió que el paro del gobierno federal causaría estragos en la cotidianeidad estadounidense, pero nada pasó.

Nuestra legislación ordena la alternancia en el poder mediante la realización de elecciones generales cada cuatro años. La convocatoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral y la inscripción de aproximadamente 30 mil candidatos se ajustan a las normas. No así un triunvirato o gobierno de transición.

¿Quién nombraría a los líderes, por cuánto tiempo y sobre qué bases? ¿Qué poderes tendrían? ¿Concedería esta medida a personajes de izquierda un poder que no conquistan mediante el voto? Al ceder poderes arbitrarios a un grupito de “intelectuales iluminados” o “déspotas benévolos”, ellos podrían imponer las políticas públicas que les apetecen sin consulta, al margen del escrutinio ciudadano. Cualquier iniciativa para refundar la patria y alterar la Constitución, incluso si se trata de una modificación parcial, exige una consulta popular.

Tal triunvirato tendría que hacer cogobierno con el Congreso actual. La próxima asamblea legislativa tiene más posibilidades de aprobar reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a otras leyes que regulan la administración pública, aún si un porcentaje de los diputados actuales son reelectos. No sólo porque tendrán más tiempo y podrán debatir propuestas bien formuladas, como la iniciativa electoral presentada por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sino porque a raíz de lo ocurrido al binomio Pérez-Baldetti, enfrentarán fuertísimos incentivos para preferir la transparencia. El desprestigio que acarreó el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder, solamente puede subsanarse haciendo cambios profundos. Y estos cambios serán legítimos si se producen dentro de las reglas establecidas.

Ciertamente, los candidatos que hoy compiten por el poder son imperfectos. Describe nuestro sentir la caricatura que ilustra nuestras opciones como una posa de tiburones, otra de cocodrilos y un vacío desconocido. Tendremos que hacer un concienzudo tin marín de dos pingüe entre las opciones disponibles. Pero también es verdad que el menú no mejoraría dramáticamente si aplazamos la decisión. La mayoría de los conciudadanos que se postulan a cargos gubernamentales llevan años preparándose para llegar al poder. No emergerá por arte de magia una oferta más calificada. La calidad de la oferta política mejora en el largo plazo con la sostenida fiscalización ciudadana y con la aprobación de reglas del juego que alineen correctamente los incentivos de los políticos.

“El espectáculo debe continuar” significa, en el mundo de la farándula, que la función de teatro o circo debe presentarse contra viento y marea. Si se enferma la actriz principal o se fuga el conductor de la orquesta, los responsables de la función evitan el pánico y honran el compromiso contraído con los espectadores. Eso esperamos del Tribunal Supremo Electoral: llevar a cabo las elecciones generales del 2015 precisamente para resguardar la institucionalidad.

Este artículo fue publicado el 28 de agosto del 2015 por la Revista Contra Poder y el CEES.

Foto adaptada de fotos subidas a las redes sociales por familiares.

 

 

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Identidad latinoamericana

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¿Existe una identidad o unos compromisos comunes que unen a Estados Unidos y América Latina?

El reto es planteado por una amiga historiadora estadounidense. Mi primera respuesta, quizás cliché, fue que los procesos de colonización diferentes rinden distintas identidades. John H. Elliott defiende esta tesis en su libro Imperios del Mundo Atlántico. Contrasta a dos figuras emblemáticas: Hernán Cortés y Chistopher Newport. El conquistador español logra en 1519 hacer un traslado del poder imperial de Montezuma a la Corona Española. El marinero inglés es empleado de una compañía privada y arriba en 1606 en pos de aventura. El encuentro con avanzadas civilizaciones indígenas en el continente americano acarreó consecuencias chocantes; produjo una catástrofe demográfica debido a enfermedades y conflictos, pero también suscitó un debate sobre los derechos de los salvajes, considerados seres humanos e hijos de Dios. Además, los conquistadores se garantizaron tributos y mano de obra mediante el sistema de encomienda. Al Norte, las tribus indias fueron dejadas al margen del proceso colonizador; no aportaron tributos ni mano de obra. Los dueños de las grandes plantaciones importaron campesinos contratados y esclavos.

Relevante a la pregunta inicial es la relativa fuerza del poder político de las monarquías. Según Elliott, el fuerte imperio español en el Nuevo Mundo duró tres siglos e instauró una identidad compleja, anclada en unas leyes, una burocracia, un idioma y una religión. En contraste, la debilidad de la dinastía Estuardo y el arraigado derecho consuetudinario permitieron una colonización libre y plural.

Con Elliott descartamos la construcción de una identidad americana común durante la época colonial. El siguiente paso es escudriñar los movimientos de independencia. Se adelanta Estados Unidos con su proclama de 1776, que junto con la revolución francesa de 1789, influye sobre el pensamiento libertador en América Latina. El rechazo a la tiranía y los ideales republicanos pudieran ser dos conceptos compartidos. ¿Pero será que en el Norte y el Sur empleamos los términos tiranía, república, indepencia y liberalismo en el mismo sentido?

Nos recuerda Carlos Sabino, en El Amanecer de la Libertad, que la independencia vino a las diversas colonias españolas cargada de matices, luchas por el poder y debates ideológicos. Ya para 1826, el republicanismo lucía ser el sistema político preferido por los libertadores. Observa Sabino que los latinoamericanos no nos deshicimos del tirano, pues pronto emergieron las dictaduras caudillistas, frecuentemente opresivas. Sabino detecta en nuestra evolución política un fenómeno cíclico entre dictadura y caos.

Otro debate propio de la época concierne a los conservadores y los liberales. ¿Qué querría conservar un estadounidense, en contraposición a un hispanoamericano, en el siglo XIX? ¿Y de qué querrían liberarse? Irónicamente, algunos antepasados nuestros quisieron conservar reglas y tradiciones monárquicas anteriores a la liberal Constitución de Cádiz (1812). Otros pretendían reemplazar a la élite gobernante sin alterar las estructuras sociales.

El liberalismo y el afán del progreso pegó también, y antes, en el Viejo Continente. Sin embargo, no pareció florecer en tierras hispanohablantes el ideario clásico liberal con la contundencia con que figura en textos por James Madison, Thomas Jefferson y otros fundadores de la patria estadounidense. La defensa de la propiedad privada, la inviolabilidad de los contratos y otras nociones imprescindibles para el buen funcionamiento del mercado figuran poco en los textos latinoamericanos.

En resumen, el republicanismo parece ser el único eslabón entre América Latina y Estados Unidos.

Este artículo fue publicado el 21 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.

 

Los prejuicios y política

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Tanto los candidatos ávido de votos como los electores nos hacemos ilusiones sobre las capacidades medicinales y hasta salvíficas de la política.

Pese al desprestigio en que ha caído la clase política guatemalteca, soñamos que caras nuevas, competentes e íntegras, enderezarán la barca. Casi anhelamos que nuestros gobernantes inventen la cura al cáncer y alivien toda aflicción…en cuatro años.

Atribuir un protagonismo al quehacer político va de la mano con un cierto desdén por otros ámbitos de interacción, como el mercado. Explican este fenómeno algunos estudios recientes sobre la racional del votante, elaborados por politólogos y economistas como Bryan Caplan. Éstos revelan cómo nuestros sesgos mentales pueden llevarnos a tomar decisiones reñidas con la razón y la realidad.

Caplan detecta un arraigado prejuicio en contra del mercado entre los ciudadanos comunes. Una encuesta realizada en 1996 titulada “Americanos y Economistas sobre la Economía” constata la divergencia entre las convicciones de economistas profesionales y del público en general. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda como fuente de precios informativos, constituye una piedra angular de la ciencia económica, aceptada por economistas de todo bando. Sin embargo, quienes no han estudiado economía abrazan creencias extrañas sobre cómo se forman los precios. Caplan describe una conversación que tuvo con su madre de pequeño. Ella le explicó que los granjeros podían surtir al supermercado de verduras y frutas gracias a las autoridades que fijaban un elevado precio por sus cosechas. La familia Caplan debía pagar más por las legumbres que consumía, pero la madre creía que los granjeros quebrarían de no ser por las políticas públicas. Hasta que sus estudios de economía le revelaron lo contrario, esta plática casual grabó en la mente de Caplan una desconfianza de la competencia por precio. Como muchos, su madre sospechaba de los mecanismos del mercado para asignar recursos mediante transacciones voluntarias guiadas por precios libres.

La señora Caplan estaba a favor de precios artificiales altos que beneficiaban a los granjeros. Pero también es común que los no economistas se aferren a una noción opuesta: el rechazo a la ganancia. Las utilidades suelen verse como una apropiación indebida de bienes que pertenecen a otro, o como derivadas de la avaricia y el egoísmo. El economista de profesión ve la utilidad como un incentivo que induce al oferente a prestar un servicio deseado, a detectar oportunidades, a innovar y a economizar. Las ganancias no son un regalo que hacemos al rico, pues en el mercado es menester servir al prójimo para amasar fortuna. No obstante, muchas personas apoyan propuestas para reducir o redistribuir las utilidades.

Un tercer sesgo anti-mercado se relaciona con los monopolios. Se tiende a retratar al monopolista como un parásito social, acaparador y tramposo, que provoca la escasez para aprovecharse del desvalido consumidor. En contraste, los economistas entienden que los monopolios duraderos son creados por protecciones gubernamentales más que por mercados competitivos; en tanto exista libertad de entrada en el mercado, los monopolios enfrentarán la amenaza de competencia y no podrán cobrar precios elevados ni descansar en sus laureles.

Podríamos seguir expandiendo la lista, pero bastan los ejemplos anteriores para validar la existencia de predisposiciones contra el mercado bastante generalizadas entre el público. Nos asiremos a prejuicios mientras permanecer en el error tenga poca relevancia. Nuestro voto es uno entre millones: podemos votar con base en construcciones fantasiosas, frívolas e irracionales, porque el costo personal de hacerlo es bajo. Y quizás esto explique porqué los candidatos tampoco tienen incentivo a presentarnos plataformas económicamente sensatas.

Este artículo fue publicado el 14 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

 

El votante y la Ley Electoral

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Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos de forma precipitada y sin ton ni son, perjudicará a los votantes.

Existe consenso: la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) debe reformarse. Escándalos provocados por estafas, robos, corrupción y asesinatos han empañado la reputación de numerosas agrupaciones políticas. Además, notamos demagogia y populismo, una inestable oferta partidaria, la rotación de figuras entre los partidos, y poca transparencia. Llevan parte de la culpa las reglas del juego existentes, tanto cuando son violadas como cuando son acatadas.

Podemos cosechar mejores resultados cambiando las reglas, pero sólo si optamos por buenas reglas. Aprobar un revoltijo de propuestas promovidas por distintos grupos de interés puede enturbiar aún más el sistema. La percepción de que pronto se esfumará la ventanita de oportunidad abierta para reformar la LEPP, ha llevado al Congreso a aprobar, de urgencia nacional, varios parches que no han sido sosegadamente estudiados.

Tres nocivas consecuencias deben evitarse al modificar la LEPP: alejar el quehacer político aún más de la vista fiscalizadora de la ciudadanía, elevar las barreras de entrada a ciudadanos comunes y corrientes, y convertir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un monstruo inoperante, recargándolo de atribuciones.

Los políticos no son clase aparte. Son guatemaltecos de carne y hueso que teóricamente nos sirven. Por eso es sana la alternancia en el poder y la cercanía del funcionario con sus representados. Los políticos electos laboran con transparencia cuando tienen un vínculo con su electorado, cuando su distrito es menos extenso y/o más homogéneo. Además, así se mitiga la dominante distorsión generada por la búsqueda de rentas. Los votantes podemos exigir cuentas cabales cuando sabemos a quién dirigirnos. Más que equidad de género y etnia dentro de listas cerradas, queremos ser libres de elegir a nuestros representantes por nombre. Importa menos que mi representante sea mujer y ladina a que confronte el incentivo de satisfacer mis preferencias.

Los procesos electorales son ineludiblemente competitivos. Será mejor transparentar la competencia que intentar restringirla por ley, elevando barreras de entrada al mercado político o estableciendo un cartel de pocos partidos poderosos. Distanciarnos del multipartidismo podría simplemente conducir a pugnas feroces tras bambalinas, ocultas a nuestra vista. ¿Porqué hacer distinción entre los partidos y los comités cívicos, y porqué evitar la posibilidad de que un Llanero Solitario sin organización alguna se someta a elección popular?

Los votantes indecisos nos quejamos porque ningún candidato llena nuestras expectativas. Si nuestra vacilación se debe a nuestro desconocimiento de los planes de gobierno, a un desprestigio generalizado del gremio político, o a nuestra tendencia a apostarle al caballo ganador, ganamos muy poco sacando del ring a los partidos chiquitos.

Garantizar la independencia y empoderar al Tribunal Supremo Electoral no es lo mismo que sobrecargarlo de atribuciones. Se corroerá su merecido prestigio si sus encargos son ambiguos o imposibles de cumplir. La credibilidad del TSE sufre cuando luce incapaz de someter a los actores políticos a ciertas normas que por su naturaleza están tentados a violar. También sufrirá si existe confusión respecto de asuntos como la validez del voto nulo. Si sumamos a las veintitrés funciones que ya pesan sobre los hombros de los magistrados la de ser banco o financista único de las campañas electorales, los incentivos perversos estarán de su lado. Debemos cuidar de no poner en aprietos o tentación al TSE con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Acaso no sería mejor propiciar un diálogo abierto y evitar aprobar atropelladamente unas enmiendas sin ton ni son?

Este artículo fue publicado el 7 de agosto del 2015 en la Revista Contra Poder y el CEES.