Lecciones ciudadanas

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El caso de corrupción de La Línea fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia ciudadana. Queremos protegernos de futuros abusos por parte de los políticos.

De lo sucedido destilamos por lo menos 7 lecciones claras.

  1. Es importante asegurar la institucionalidad frente a la crisis, pero hay instituciones buenas y malas. Está institucionalizada la corrupción, y buscamos reducir su efecto corrosivo en la administración pública. ¿Qué instituciones concretas debemos proteger? Es pésima alternativa retornar lo antes posible a la mediocre normalidad, mandando a los pacíficos manifestantes a sus casas. Una ciudadanía indignada brinda la oportunidad de analizar desapasionadamente los cambios que urge ejecutar dentro del Organismo Judicial, en el sistema tributario y aduanero, a la Ley electoral y de partidos políticos, entre otros. Obliguemos a la clase política a fortalecer las instituciones congruentes con un verdadero Estado de Derecho y con las garantías a la libertad personal.
  2. Para reducir la corrupción en las aduanas, exijamos un arancel único y bajo, así como la eliminación de los demás obstáculos al comercio que otorgan un poder discrecional a los funcionarios. Para terminar con la corrupción, cerremos las aduanas. No seríamos el primer territorio liberado de ese yugo: el intercambio dentro de la Unión Europea, así como el comercio interestatal en Estados Unidos, se produce ordenadamente sin control aduanero. ¿Cuánto ahorraría el Gobierno de Guatemala si desmantela el oneroso y burocrático sistema aduanero?
  3. Eliminar las aduanas no nos convertiría en un país paria con criminalidad desbordada. ¡Hasta podría disminuir la inseguridad y la violencia! Las actividades lícitas, como el trasiego de alimentos, ya no serían tachadas de contrabando, ni distraerían la atención de las autoridades de crímenes serios; podrían enfocar todos sus esfuerzos en combatir el terrible tráfico de humanos y de armas, por ejemplo.
  4. Estamos hastiados de las mentiras, la demagogia y el populismo. Los partidos políticos fueron los grandes perdedores del escándalo que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Comprendimos que supuestos aliados y opositores dudaron en sacrificar a un miembro de la clase política, porque ello implica que cada uno de ellos podría correr similar suerte, desde el despojo de su inmunidad hasta la cárcel.
  5. Existen personas honradas que incursionan en la arena política, pero les cuesta hacer mella en su medio. Los buenos políticos son marginados o corrompidos en el camino. Se nos cayó el velo romántico de los ojos y vimos claramente los incentivos perversos que imperan sobre los actores. Los engranajes de esta gran maquinaria pervierten. Para tener una administración pública transparente, no basta con cambiar a las personas que pueblan la arena política.
  6. Las reglas del juego deben diseñarse siguiendo las recomendaciones de David Hume: “Al definir los controles de cualquier sistema de gobierno, y fijar los varios pesos y contrapesos de la constitución, debemos asumir que cada hombre es un bellaco, cuyas acciones no obedecen a otro fin más que el de servir sus intereses privados.” Con límites al poder adecuados, tanto los gobernantes ángeles como los gobernantes demonios, serán incapaces de pasar una costosa factura a los ciudadanos.
  7. Contra mis expectativas, las redes sociales y las organizaciones cívicas incidieron sobre las decisiones tomadas por nuestras autoridades. Completan así la mínima e insuficiente información que trasladan nuestros votos válidos en las urnas. Sigamos comunicando a los políticos que nuestras preferencias están alineadas con la transparencia, la justicia, y los límites al poder arbitrario. Si se comprometen con reformas en esta línea, no sólo les irá mejor en las urnas sino harán un bien a Guatemala.

Este artículo fue publicado el 15 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

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O’Grady: periodista amante de la libertad

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Yo admiro a Mary Anastasia O’Grady por su honestidad intelectual, su sentido de ética y su gran corazón. Tiende a levantar olas todos los lunes a través de su columna, publicada en el prestigioso medio The Wall Street Journal.

El sábado 9 de mayo, Mary O’Grady se convirtió en la cuarta mujer en recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Su nombre se suma así al de Bettina Bien Greaves, Jean Kirkpatrick y Deirdre McCloskey, quienes ya recibieron la distinción. La trayectoria de O’Grady demuestra a los estudiantes graduandos que los ideales de la libertad pueden moldear una carrera profesional exitosa.

Cada semana, Mary analiza la compleja situación económica y política de América Latina y Canadá. Consciente del impacto que pueden tener sus escritos en la región, es a la vez prudente y valiente. Evita simplificar la realidad, se esfuerza por comprender nuestras idiosincrasias y examina críticamente incluso las confesiones de los presidentes y de otros personajes poderosos a quienes tiene acceso directo.

Tres ejemplos concretos ilustran su estilo investigativo. Cuando el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, violó la ley  y fue destituido por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, O’Grady fue una de las pocas voces estadounidenses que no etiquetó el suceso de golpe de estado. De hecho, criticó duramente a su propio gobierno por colocarse del lado de la impunidad en ese caso. Más recientemente, señaló cómo fondos malversados de Petrobras se invirtieron en la campaña presidencial de la reelecta Dilma Rousseff. El tercer ejemplo actual tiene que ver con su osado cuestionamiento de los intransigentes métodos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en las negociaciones con el gobierno: teme que la institucionalidad democrática en Colombia esté en peligro.

Cubrir el continente entero le brinda a Mary una panorámica visión de conjunto. De sus escritos emanan lecciones importantes. El Estado de Derecho es frágil. Se puede construir o destruir. Tienden a prosperar y a ser menos corruptos aquellos países que optan por respetar las garantías individuales y participar del comercio libre. Para Mary, es inaudito que alguien admire el modelo cubano-venezolano, porque el mismo ha acarreado pobreza, violencia y desesperanza para los habitantes de esas naciones, al tiempo que provoca estragos en los países vecinos que reproducen algunas políticas públicas socialistas. Acusa a los funcionarios de Estados Unidos de anteponer su interés personal y partidista a los intereses de los latinoamericanos, y consecuentemente cargarnos altos costos, a raíz de la guerra contra las drogas, la imposición de estrictas leyes anti-adopciones, y el trato a los migrantes, entre otras medidas.

Poco sorprende que Mary irrite a funcionarios y reporteros de izquierda, quienes la tildan dramáticamente de fascista, oligarca y conservadora. ¡No! Curiosamente, O’Grady llegó al periodismo por la puerta trasera. De Assumption College y Pace University recibió títulos en Inglés y Administración Financiera, respectivamente. Tras completar su maestría, invirtió más de diez años en el sector financiero, prestando sus servicios en las empresas Advest, Thomson McKinnon Securities y Merrill Lynch. Abandonó ese mundo en 1995 para incorporarse a The Wall Street Journal (WSJ), y tan sólo cuatro años más tarde fue ascendida a redactora de las páginas editoriales. Se ha hecho acreedora de varios premios a lo largo de su carrera periodística, entre ellos el Premio Thomas Jefferson de la Association of Private Enterprise Education (2009) y el Premio de la Libertad Walter Judd de The Fund of American Studies (2012). Mary es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y del consejo directivo de Liberty Fund.

Hoy tenemos oportunidad de agradecer a Mary O’Grady los beneficios visibles e invisibles que ha generado para la región gracias a su trabajo.

Este artículo fue publicado el 8 de mayo del 2015 en Contra Poder y en CEES.

La foto es original de New Media, UFM.

 

 

 

 

 

 

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La voz del pueblo

Elections

Miles de guatemaltecos manifestaron contra la corrupción política. ¿Seremos escuchados? ¿Qué más podemos hacer? ¿Votar nulo?

Se estima que entre 20y 30 mil guatemaltecos se dieron cita en la manifestación pacífica el sábado 25 de abril. Fue convocada por diversos actores a través de la red y ningún político-salvador buscó convertirnos a su causa ese día. Quizás porque los políticos percibieron que nos embarga un profundo rechazo al modus operandi de los funcionarios públicos y los partidos políticos. Reaccionábamos indignados de cara a la investigación de corrupción en la SAT y las aduanas. Indudablemente, fue un loable ejercicio de ciudadanía y una catarsis. Generalmente, nos frustra nuestra incapacidad para incidir sobre la cosa pública. Pero, ¿seremos escuchados? ¿Cómo se mide la eficacia de una manifestación de esta naturaleza?

El ciudadano comprometido espera que la clase política escuche a “las masas”. Quedó claro el rechazo a la inmoralidad y el descarado latrocinio por nuestros representantes electos. Al mismo tiempo, tememos que poco cambie: que el binomio presidencial salga ileso del escándalo; que no se capture a Juan Carlos Monzón, el prófugo secretario de la vicepresidente; que los apresados protagonicen juicios tediosos y luego sean liberados; que el Legislativo y el Ejecutivo recobren su habitual ritmo de trabajo.

Parte del problema es que no todos preferimos lo mismo. Se pidió la renuncia del presidente y la vicepresidente, o de solo la segunda. Se objetó el concepto de la inmunidad. Unos pidieron la reorganización de la SAT y el Ejecutivo. Algunos celebraron la prórroga del mandato de la CICIG, otros siguen pensando que su presencia retarda la reforma dentro del organismo judicial. Las pancartas exigiendo justicia ponen el peso precisamente en los jueces y magistrados. Otros más piden un voto coherente y la renovación de la clase política.

Y es que se avecinan las elecciones generales. El panorama cambió con la renuncia de Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota. Anticipamos una reestructuración de las fuerzas partidistas antes de que se defina la contienda electoral. Con toda y la incertidumbre que ronda el proceso, ninguno de los candidatos nos satisface plenamente. La oferta no refleja nuestras preferencias, y también nos frustra no poder trasladar esta información a la clase política. Como electores tenemos tres alternativas: votar por un contendiente, anular el voto o abstenernos de votar.

Algunas voces se han elevado a favor del voto nulo, pero dicha opción es equiparable a salir a manifestar, pues a la larga, el juego político seguirá guiándose según las reglas vigentes. La mayoría de sistemas democráticos toman el voto nulo como un voto inválidamente emitido. Quien deliberadamente anula su voto se confunde con quienes lo hacen por equivocación o para perpetrar un fraude electoral. El mensaje que quiere enviar el votante pasa inadvertido.

El porcentaje de votos nulos tiene que ser lo suficientemente elevado e inusual como para comunicar la frustración ciudadana. Pero si la elección es determinada por los votos válidos emitidos, ganará quien obtenga mayoría contando los votos válidos. Nunca gana Nulo; se decretará un ganador.

Si emitimos un voto válido y marcamos la casilla por el candidato Z, los observadores sabrán que “Fulano prefiere a Z”. Internamente, podríamos estar pensando que Z es lo máximo, que es una figura mediocre, que su plataforma nos es indiferente, o que al votar por él logramos castigar a sus contrincantes, a quienes repudiamos más.

Es necesario reformar las actuales reglas del juego si queremos mejorar la calidad de la información que fluye entre el votante-ciudadano y el político. Y además, tenemos que ser realistas respecto de lo que podemos esperar de sistemas políticos participativos, porque nunca son la panacea.

Este artículo fue publicado el 1 de mayo del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La ilustración fue adaptada del original en http://www.objectifgard.com/wp-content/uploads/2012/10/Elections.jpg

Corrupción en Guatemala y Venezuela

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La visita de empresarios venezolanos a Guatemala coincidió con el anuncio de las capturas por corrupción en la SAT y las aduanas. ¿Qué une estos eventos?

La compleja red de defraudación aduanera que involucra a funcionarios públicos nos sorprendió menos que la captura de veintiún personas por su presunta vinculación con La Línea, como se llama la organización criminal. No esperábamos ver a figuras como Omar Franco y Carlos Muñoz en esposas, pero todos sabíamos que dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas había corrupción. La Administración Pérez anunció que la combatiría. Se aprobó una nueva Ley Nacional de Aduanas en el 2013 y se ordenó a miembros del ejército y la PNC que vigilaran las operaciones en dichas entidades. Estas publicitadas medidas no obstante, millones de quetzales destinados al erario público se han desviado a cuentas personales; Acción Ciudadana describió la corrupción como una “enfermedad viral” a principios de año.

En paralelo, los venezolanos Marcel Granier y Luis Alfonso Herrera hablaron sobre la podredumbre dentro de su gobierno y la erosión de las libertades civiles de las cuales han sido testigos. En un panel foro organizado por la Universidad Francisco Marroquín, advirtieron que el trágico deterioro experimentado por Venezuela puede repetirse en cualquier nación latinoamericana. Granier, presidente y Gerente General de Radio Caracas Televisión (RCTV) y 1BC, ha vivido en carne propia la censura contra los medios de comunicación independientes por parte del represivo régimen bolivariano. Herrera, abogado y filósofo asociado al tanque de pensamiento CEDICE, describió cómo al irrespetar los derechos de propiedad privada, se violan también las otras libertades individuales.

Si en Venezuela falta papel de baño y otros insumos básicos, es realmente debido a la destrucción del mercado, así como a la lenta muerte de las instituciones republicanas y del Estado de Derecho. Herrera comentó que en Venezuela no hay expropiaciones enmarcadas por el derecho, sino expoliación antojadiza. Al identificar la democracia con programas redistributivos populistas, los gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad.

Explicaron los expositores que en un principio, la ciudadanía no se percató del peligro que corría. Unos permanecían apáticos a los abusos contra otros. Se adaptaban para mantener su estilo de vida. El viciado modus operandi va atrapando nuevos cómplices que por tener la cola machucada y por proteger sus intereses, no denuncian lo que ocurre ni promueven reformas. Además, las autoridades hacen gala de la legalidad de su ilegítimo actuar, ya que han ido cambiando la constitución y las leyes para hacer caber sus desmanes, al tiempo que criminalizan actos cotidianos, antes libres, como vender, comprar, opinar y educar.

Es famosa la frase de Lord Acton sobre la corrupción asociada con el poder absoluto, pero casi nunca se cita la oración siguiente: “Los grandes hombres casi siempre son malos hombres, aún cuando ejercen influencia y no autoridad; todavía más cuando agregas la tendencia de la certeza de la corrupción por la autoridad”. Mientras las complejas burocracias y los reglamentos permitan a las autoridades tomar posesión de bienes ajenos, no importa quién asuma el poder. Con probabilidad se corromperá. Los excesos en la SAT, las aduanas y en los despachos del gobierno revolucionario bolivariano no cesarán cuando los cargos sean ocupados por personas éticas. Hace falta implantar reglas que prohíban los abusos inclusive a los pícaros.

A mayor libertad, menos corrupción. Entre más sencillos y claros sean los impuestos y los trámites aduaneros, menos corrupción. ¿Porqué? Porque es más fácil fiscalizar a las autoridades y porque el poder está disperso.

Este artículo fue publicado en la edición electrónica de la Revista Contra Poder el 20 de abril del 2015.

Tomé la fotografía que acompaña este artículo en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, el miércoles 15, durante el Foro de Libertad de Expresión y Propiedad Privada organizado por el Centro Henry Hazlitt. Los panelistas que aparecen en la foto son Marcel Granier y Luis Alfredo Herrera, ambos de Venezuela.

¿Para qué sirven las Cumbres de las Américas?

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Los ciudadanos perdemos más de lo que ganamos cuando se convocan estas reuniones regionales.

Atribuyen la idea a Simón Bolívar, pero él convocó una reunión en 1826 que contrasta con lo acontecido en Panamá. También fue distinta la Conferencia Internacional de los Estados Americanos (1889-90), realizada en Washington, D.C., que duró seis meses y abordó una limitada agenda: promover el comercio y establecer un mecanismo para dirimir conflictos entre los países de la región.

La semana pasada, Raúl Castro y Barack Obama se dieron un histórico apretón de manos. Eso fue tan solo la punta del iceberg. Un estimado de 12 mil asistentes, entre ellos 30 jefes de estado, paralizaron la capital panameña. Miles de reporteros y agentes de seguridad rondaron a los políticos. Sesionaron días antes cientos de representantes del sector empresarial y grupos de jóvenes y movimientos sociales. Entre anomalías, exclusiones y reclamos, se enfrentaron a golpes y gritos, en la vía pública y las mesas de trabajo oficiales.

Ésta fue la séptima bacanal desde que Bill Clinton convocó la I Cumbre de las Américas en 1994. Extensos planes de acción son elaborados y discutidos meses antes, para ser suscritos durante el encuentro, probablemente excediendo los fines para los que fue creada la OEA.

¿Benefician las cumbres a los habitantes de la región? ¿Se justifica erogar millones de dólares a la luz de los resultados? Listo cinco posibles razones que motivan a los organizadores y a los actores principales.

1. Oportunidad fotográfica: Los presidentes latinoamericanos, cuya imagen naturalmente se desgasta en el ejercicio del poder, gustan de publicidad halagadora. Obviamente, prefieren retratarse con sus homólogos más populares.

2. Distractores útiles: ¿Qué mejor que empezar una televisada pelea con representantes de países vecinos, para incendiar pasiones nacionalistas y hacernos olvidar los problemas que enfrentamos diariamente por culpa de una gobernanza deslucida?

3. Imponer la agenda privada del Secretario General: Quien controla la agenda impone su particular ideología. Si José Miguel Insulza lo hizo, Luis Almagro, también de izquierda, sin duda lo hará. Él y sus funcionarios pueden ensalzar las causas con las cuales simpatizan, y dejar fuera de las discusiones los enfoques que les irritan.

4. Politiza e internacionaliza asuntos económicos y civiles: Cuesta comprender porqué los políticos insisten en forjar consensos sobre asuntos privados para imponernos un único criterio. Temas como la eutanasia y el aborto son incendiarios. El concepto de “derechos humanos” hoy carece de sentido porque es un bolsón que todo lo atrapa, como evidenciaron los pleitos callejeros entre los supuestos activistas de derechos humanos a favor y en contra de los hermanos Castro y Chávez. Además, resulta contradictorio que la libertad de comerciar requiera cientos de páginas de regulaciones. El meollo del problema puede ser la obstinación por colectivizar cuestiones que podríamos dirimir en círculos familiares, comunitarios o locales, en lugar de luchar por alcanzar un artificial criterio unánime al nivel regional.

5. Fomenta la búsqueda de rentas: Deberíamos medir el altísimo gasto en que incurren los grupos de presión para esgrimir sus intereses en estos foros regionales. Algunos son agresivos buscadores de rentas, mientras que otros grupos se ven en la necesidad de defenderse frente a los embates de sus opositores. Unos promueven tratados proteccionistas, otros tratan de evitarlos. En la arena política, la ganancia de uno es la pérdida de otro. La sociedad civil se agremia y se organiza, desviando recursos de actividades productivas para destinarla a esta empobrecedora dinámica.

Ganaríamos si ya no se organizaran más cumbres.

Este artículo fue publicado el 17 de abril del 2015 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es un collage hecho a partir de fotos tomadas de internet, con créditos incluidos en las mismas.